Elecciones, Constitución y Autonomía

La actividad política desde abril hasta junio de 1977 fue intensa, con la legalización del PCE, tensión dentro de las filas del búnker, la renuncia de Don Juan de Borbón a sus derechos al trono, etc.

Primeras elecciones democráticas

El siguiente paso en la instauración de una democracia era la convocatoria de elecciones libres para elegir a los representantes del Parlamento. Según la Ley para la Reforma Política, las Cortes quedaban compuestas por dos Cámaras: el Congreso con 350 diputados y el Senado con 207. Votó algo más del 78% del censo. UCD consiguió el mayor número de votos, seguido del PSOE, el PCE, AP y los partidos nacionalistas. La norma electoral favoreció a UCD, que consiguió el 47% de los escaños. El resultado reveló un bipartidismo imperfecto. El Rey confirmó como presidente del gobierno a Suárez, quien se apoyó en la UCD para gobernar, y de esta coalición salieron sus ministros. Pero UCD no contó con mayoría absoluta en el Congreso, lo que obligó al presidente a consensuar las reformas con el resto de partidos políticos. Su principal labor fue la de acordar un nuevo marco jurídico de ordenación del Estado. El nuevo gobierno también solicitó la integración de España en la Comunidad Económica Europea en julio.

Las nuevas Cortes y la Constitución

Las elecciones de junio no tuvieron un carácter constituyente, pero todos eran conscientes de que la primera tarea de las nuevas Cortes debía ser la elaboración de una Constitución sin exclusiones. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, integrada por 36 diputados de los diferentes partidos, fue la encargada de elaborar el texto constitucional. Designó a 7 ponentes pertenecientes a los partidos de las elecciones para la preparación de una Constitución aceptable para la mayoría de los españoles. Ambas Cámaras aprobaron el texto constitucional el 31 de octubre en sesión conjunta. El documento se sometió a referéndum el 6 de diciembre de 1978 tras una inmensa campaña favorable al sí. El 27 de diciembre era sancionada por el Rey y dos días después se publicaba en el BOE. Poco después se procedía a la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales que debían ir seguidas de municipales. Se concretaba así el largo proceso constituyente y la configuración del sistema democrático.

La Constitución recogía las características esenciales de las democracias occidentales y del constitucionalismo español, a través de sus 169 artículos. Dirigida a establecer una sociedad democrática avanzada, el articulado título preliminar señalaba los aspectos fundamentales. Definía a España como un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Proclamaba la soberanía nacional residente en el pueblo español, cuya forma política es la monarquía parlamentaria. Se fundamentaba en la indisoluble unidad de la Nación Española, reconocía y protegía el derecho a la autonomía. Garantizaba los derechos humanos y las libertades y establecía la aconfesionalidad del Estado, pero tenía en cuenta las creencias religiosas de los españoles. Las libertades y derechos quedaban protegidos por el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el poder judicial.

Establecía la separación e independencia de los tres poderes:

• El Legislativo, que recae en las Cortes, formadas por dos Cámaras, son depositarias de la soberanía nacional y elaboran las leyes.
• El Ejecutivo: el Gobierno elige la política interior y exterior de España. Las Cortes controlan al Ejecutivo mediante la investidura y la moción de censura.
• El Judicial, formado por jueces y magistrados independientes, administra la justicia que emana del pueblo en nombre del Rey.

La configuración del Estado de las Autonomías

Durante los años de la dictadura, el Estado español fue centralista y prohibió las peculiaridades regionales. Al iniciarse la Transición, con muchas manifestaciones reclamando el reconocimiento de los nacionalismos históricos, y de acuerdo con la Ley de Reforma Política, Suárez inició en 1977 el proceso preautonómico y de descentralización del Estado de todas las regiones que lo solicitasen. Por decreto ley, restablecía provisionalmente la Generalitat, con el presidente Josep Tarradellas.

El caso vasco fue distinto debido al terrorismo de ETA. Los nacionalistas exigían la incorporación de Navarra al País Vasco, y el PNV no reconocía la Constitución y exigía la soberanía nacional vasca. En diciembre de 1977 se constituía el Consejo General Vasco, presidido por Ramón Rubiales. Los estatutos vasco y catalán siguieron un proceso similar. Los estatutos aprobados por las Cortes fueron refrendados electoralmente el 25 de octubre de 1979. El catalán lo fue de forma rotunda; en el País Vasco hubo más oposición. En marzo de 1980, Cataluña y el País Vasco celebraron sus primeras elecciones autonómicas. A lo largo de 1978 se crearon por decreto ley otros entes preautonómicos.

La polémica jurídica sobre el asunto autonómico

El proceso iniciado en 1977 se recogió en la Constitución. El Título VIII fue muy discutido y resultó el título más débil. Los ponentes hicieron un gran esfuerzo para encontrar un texto aceptable para todos. La Constitución contemplaba dos vías de acceso autonómico:

• Una rápida, según el artículo 151, para las “nacionalidades históricas”. Permitía alcanzar un mayor autogobierno. Este fue el caso de Andalucía, que recurrió al referéndum para tener los mismos derechos que las “nacionalidades históricas”.
• La vía más lenta, del artículo 143, estaba diseñada para el resto de regiones y sus competencias eran menores. La Comunidad Valenciana y Canarias siguieron este camino.

El proceso autonómico estuvo condicionado por la LOAPA, consensuada entre el PSOE y la UCD. Los partidos nacionalistas recurrieron al Tribunal Constitucional, que declaró parte de la ley inconstitucional. El proceso autonómico proporcionó un nuevo mapa político-administrativo de España con 17 comunidades autónomas entre 1977 y 1983, más las ciudades de Ceuta y Melilla en 1995. Los recursos al Tribunal Constitucional evidencian los problemas que surgen entre ellas o con el Estado.

Terrorismo durante el Gobierno de Aznar

Aznar heredó el problema del terrorismo. Consiguió que se crease un espacio único para que colaborasen la policía del resto de países. En 1997, la escalada de actuaciones de tremenda repercusión, como el secuestro de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, conmocionaron al país. La organización terrorista ETA, en 1998, declaró una tregua unilateral para reorganizarse. Los nacionalistas vascos firmaron el Pacto de Estella con ETA para conseguir nacionalismo a cambio del fin del terrorismo, pero ETA lo rompió 14 meses más tarde. El atentado más grave de Europa, el 11M, de carácter islamista, tuvo lugar 3 días antes de las elecciones.