La Proclamación de la Segunda República Española (1931)

El 14 de abril de 1931, tras la victoria de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales del 12 de abril, Niceto Alcalá Zamora proclamó la Segunda República en Madrid y se formó un gobierno provisional. Este gobierno estaba compuesto por miembros del “Comité ejecutivo” del Pacto de San Sebastián, lo que garantizaba la presencia de republicanos de diversas tendencias: desde la Derecha Liberal Republicana (Alcalá Zamora y Miguel Maura), hasta socialistas como Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, pasando por los republicanos de izquierda (Manuel Azaña, Marcelino Domingo) y representantes de los nacionalismos catalán y gallego.

Primeros Retos y Reformas

Desde sus primeros días, la República enfrentó retos importantes, comenzando por el conflicto territorial en Cataluña. Francesc Macià, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, proclamó la “República Catalana dentro de la Federación Ibérica”. La crisis se resolvió mediante la restauración de la Generalitat como gobierno autónomo, con Macià como presidente, y el inicio del proceso de redacción de un Estatuto de Autonomía, que fue sometido a referéndum el 2 de agosto de 1931. Sin embargo, para entrar en vigor, debía ser aprobado por las Cortes, donde encontraría resistencia.

Paralelamente, el gobierno provisional emprendió una serie de reformas en distintos ámbitos:

Reformas Laborales

En el campo, el ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, impulsó decretos para mejorar las condiciones laborales de los jornaleros, estableciendo la obligatoriedad de que los propietarios agrícolas ofrecieran trabajo, imponiendo la jornada laboral de ocho horas en el campo y decretando el laboreo forzoso para evitar que las tierras quedaran sin cultivar.

Reforma Militar

En el ámbito militar, el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, promovió una reforma destinada a reducir la influencia política del Ejército. Se obligó a los militares a jurar fidelidad a la República y se ofreció la posibilidad de pasar a la reserva con sueldo íntegro, lo que llevó a la salida de numerosos oficiales. También se reorganizó el Ejército, modificando el número de divisiones y academias militares, lo que generó un fuerte malestar entre sectores castrenses.

Reforma Educativa

En materia educativa, Marcelino Domingo promovió un ambicioso plan de creación de 6.570 escuelas y plazas para maestros. Además, se fundó el Patronato de Misiones Pedagógicas para llevar la educación y la cultura a zonas rurales. Sin embargo, una de las medidas más polémicas fue la supresión de la enseñanza religiosa obligatoria, lo que provocó un fuerte rechazo en sectores católicos.

Tensiones y Conflictos

Las tensiones con la Iglesia Católica aumentaron rápidamente. El cardenal Pedro Segura, arzobispo de Toledo y Primado de España, fue expulsado tras publicar una pastoral en defensa de la monarquía. En mayo de 1931, estallaron disturbios anticlericales tras una reunión de monárquicos en Madrid. Hubo incendios de iglesias, conventos y colegios religiosos en varias ciudades, actos que dañaron la imagen de la República ante la opinión pública católica.

El movimiento obrero también tuvo un papel central en la inestabilidad social. La CNT utilizó la huelga como herramienta de lucha, y muchas de ellas derivaron en enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden, resultando en víctimas mortales.

La Constitución de 1931

El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes, en las que los republicanos y socialistas obtuvieron el 80% de los escaños, relegando a la derecha a una posición minoritaria. Esta composición marcó la redacción de la Constitución de 1931, aprobada el 9 de diciembre sin el consenso de los sectores conservadores. La nueva Carta Magna establecía una República democrática y laica, reconocía derechos y libertades individuales, otorgaba el voto a las mujeres, legalizaba el matrimonio civil y el divorcio, y permitía la expropiación de tierras por utilidad social. Además, establecía la separación entre Iglesia y Estado, eliminaba la financiación estatal de la Iglesia, disolvía la Compañía de Jesús y prohibía a las congregaciones religiosas ejercer la enseñanza.

Estas medidas provocaron la dimisión de Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, quienes consideraban que el texto constitucional era demasiado radical. En su lugar, Manuel Azaña fue nombrado presidente del gobierno.

Oposición y Desafíos al Gobierno de Azaña

El gobierno de Azaña encontró una fuerte oposición desde la derecha y la extrema izquierda. En la derecha, la oposición estaba encabezada por el Partido Radical de Alejandro Lerroux y la recién creada Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), dirigida por José María Gil Robles, quien buscaba modificar la Constitución para revertir las reformas laicas y sociales. En la izquierda, la CNT, la FAI y el PCE rechazaban el gobierno por considerarlo reformista y burgués, promoviendo insurrecciones y huelgas.

En agosto de 1932, el general José Sanjurjo intentó un golpe de Estado, que fracasó rápidamente. Esto reforzó la posición de Azaña, permitiéndole aprobar en septiembre de 1932 dos leyes clave: la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La primera buscaba redistribuir tierras a los campesinos mediante expropiaciones, pero su aplicación fue lenta y frustrante tanto para los jornaleros como para los grandes propietarios. El Estatuto catalán, por otro lado, reconocía a Cataluña como una “región autónoma dentro del Estado español”, y en noviembre de 1932 se celebraron elecciones a la Generalitat, con victoria de Esquerra Republicana de Catalunya y Francesc Macià como presidente.

Crisis Social y Política de 1933

En 1933, la conflictividad social se intensificó. La CNT y la FAI promovieron nuevos levantamientos, destacando los sucesos de Casas Viejas (Cádiz) en enero, donde la brutal represión por parte de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto dejó un saldo de muertos que desprestigió gravemente al gobierno de Azaña. La derecha utilizó estos hechos para atacar al gobierno, mientras que la izquierda revolucionaria acusó a Azaña de traicionar la causa obrera.

El gobierno también generó tensiones con la Ley de Congregaciones Religiosas, aprobada en mayo de 1933, que prohibía la enseñanza religiosa en colegios. Esto provocó una fuerte movilización de los católicos y contribuyó a la reorganización de la derecha. En febrero de 1933 se fundó la CEDA, un partido católico dirigido por Gil Robles, que logró movilizar a amplios sectores de la sociedad en defensa de la religión, la familia y la propiedad. Al mismo tiempo, surgieron grupos abiertamente antirrepublicanos, como Renovación Española, los carlistas y Falange Española, fundada en octubre de 1933 por José Antonio Primo de Rivera.

El Fin del Primer Bienio Republicano

El gobierno de Azaña se debilitó aún más por las desavenencias entre republicanos de izquierda y socialistas, así como por sus conflictos con el presidente de la República, Alcalá Zamora. Ante la imposibilidad de formar un nuevo gobierno, Alcalá Zamora disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 19 de noviembre de 1933. Estas elecciones marcarían el fin del primer bienio republicano y abrirían una nueva etapa política en España.