La Segunda República Española: Proclamación, Constitución de 1931 y Bienio Reformista

La proclamación de la República el 14 de abril de 1931 supone, por primera vez, el intento de instaurar en España un sistema democrático moderno.

En la noche del 14 de abril de 1931, Niceto Alcalá Zamora proclamaba en Madrid la República, constituyéndose un gobierno provisional. En él se daban cita los integrantes creados por el Pacto de San Sebastián, por tanto: Alcalá Zamora (Derecha Liberal Republicana); Alejandro Lerroux (centrista Partido Radical); de partidos republicanos de izquierda figuraban Manuel Azaña; por el Partido Socialista (PSOE) figuraban Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero; partidos nacionalistas Santiago Casares Quiroga.

El gobierno provisional promovió una intensa e inmediata labor legislativa:

• En Cataluña volvía a acentuarse el problema de la organización territorial del Estado. “La república catalana” resolvió restaurando la Generalitat, como gobierno autónomo bajo la presidencia de Maciá. Se inició, a su vez, el proceso de redacción del Estatuto de Autonomía.
• Sobre el trabajo en el campo, los decretos impulsados por el ministro de Trabajo, Largo Caballero, establecían, por el decreto de términos municipales, la obligatoriedad para los propietarios agrícolas de dar trabajo preferentemente a los braceros domiciliados en el término municipal; por el decreto de laboreo forzoso, se obligaba a los propietarios a tener cultivadas las tierras y, por otro, se extendió al campo la jornada de ocho horas.
• Los decretos sobre el Ejército fueron obra del ministro de la Guerra, Manuel Azaña. Obligaba a los militares a suscribir una promesa de fidelidad a la República. Nuevos decretos modificaron el número de divisiones, las academias militares y la política de destinos y ascensos, y desaparece la ley de jurisdicciones.
• Los decretos de Instrucción Pública preveían la creación de miles de escuelas y de plazas para maestros. Se creó el Patronato de Misiones Pedagógicas como órgano de difusión cultural; otros decretos, como el que suprimía la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas, despertó gran inquietud en los medios católicos, pero era algo que se veía venir dado que el gobierno estaba dispuesto a promover una enseñanza laica.
• Las relaciones con la Iglesia Católica fueron complicadas. El Arzobispo de Toledo publicó una pastoral en defensa de la monarquía de Alfonso XIII. Pero lo más grave ocurría en Madrid, donde volvía el anticlericalismo más atroz: grupos de incontrolados se dedicaban a incendiar iglesias, conventos y colegios religiosos. La agitación se extendía a otras poblaciones, como Málaga, Sevilla…
• En el campo, la tensión no era menor. Aquí se planteaba la lucha de clases entre un campesinado, en espera del “reparto de la tierra”, y en algunas zonas hubo intentos de ocupación de tierras por parte de los campesinos.

El gobierno provisional convocó elecciones a Cortes constituyentes, celebradas en junio. La conjunción de republicanos y socialistas que constituían el gobierno provisional abarcaba al 80% de la Cámara, siendo los dos partidos más votados. Este hecho se dejó notar durante la redacción de la Constitución, al responder su texto a las ideas de los republicanos de izquierda.

Sobre la división de los poderes, el legislativo residía en las Cortes, constituidas por una sola cámara; el poder ejecutivo recaía en el gobierno y en el presidente de la República; la función de administrar justicia recaía en los jueces y tribunales. Asimismo, se creaba un Tribunal de Garantías Constitucionales para garantizar la constitucionalidad de las leyes y resolver los posibles conflictos entre el Estado y las regiones autónomas. Si el reconocimiento de los Estatutos de Autonomía dio lugar a un duro debate en la Cámara, mucho más encendido fue el relativo a los artículos destinados a fijar la “cuestión religiosa”, en los que se contemplaba la separación de la Iglesia y el Estado; su aconfesionalidad; la libertad de cultos; se disolvía la Compañía de Jesús y se prohibía a las congregaciones religiosas ejercer la enseñanza, el comercio y la industria.

La aprobación de estos artículos provocó la primera crisis de gobierno de la República al dimitir el presidente del gobierno, Alcalá Zamora. Al fin, las Cortes aprobaron la Constitución el 9 de diciembre de 1931. La nueva Constitución, por tanto, nacía sin consenso.

Una vez aprobada la Constitución, las Cortes eligieron como presidente de la República a Alcalá Zamora, quien a su vez encargó a Manuel Azaña la formación del primer gobierno, lo que supuso una continuidad de la etapa del gobierno provisional, ya que mantuvo gran parte de los ministerios, y se profundizaron en las reformas desarrolladas por el gobierno anterior.

El gobierno, no obstante, contó desde el principio con una fuerte oposición. En la izquierda, la CNT, la FAI y el PCE se enfrentaban al gobierno. Los conflictos sociales no cesaban. El gobierno Azaña se encontró ante una fuerte conflictividad social, con enfrentamientos entre las masas obreras y campesinas y las fuerzas del orden público (Guardia Civil y Guardia de Asalto).

Se discutían dos proyectos de Ley: la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La reforma agraria creó grandes expectativas entre los jornaleros del campo. Pero solucionar el problema de la tierra no era fácil.

Ante las dificultades de formar un nuevo gobierno, se convocaron elecciones en 1933. Fueron ganadas por la derecha, siendo la etapa siguiente de una fase contrarreformista a nivel legislativo. La sociedad se estaba dividiendo en dos sectores irreconciliables: o estaba a favor de las reformas o en contra.