La Segunda República Española (1931-1936)
1. La Proclamación de la República
Tras los primeros días de entusiasmo que siguieron a la proclamación de la República, reaparecieron los viejos problemas básicos de la sociedad española: atraso económico (arcaísmo agrario, graves desigualdades en la propiedad de la tierra, escasa y débil industrialización, mercado interior débil, dependencia exterior…), estructuras sociales arcaicas (exceso de población agraria jornalera, clases dominantes con mentalidad de Antiguo Régimen), ejército intervencionista y muy politizado, y una Iglesia católica acostumbrada al control social y cultural como en el Antiguo Régimen. Otros problemas graves que venían de lejos se refieren al centralismo frente al despertar de los nacionalismos periféricos o al secular retraso cultural y de la enseñanza del pueblo español (35% de analfabetos). Todo este conjunto de graves problemas exigía soluciones que muchos sectores populares querían inmediatas.
Las primeras decisiones del Gobierno Provisional se dirigieron hacia estos problemas. En el campo, se decretó la obligatoriedad para los patronos de contratar a los jornaleros domiciliados en el término municipal de la finca, se crearon los Jurados Mixtos del Trabajo Rural, se obligó a los dueños a seguir trabajando las fincas de acuerdo con la costumbre de la zona y se decretó la jornada máxima de ocho horas, lo que provocó la irritación de unos propietarios acostumbrados a no tener límites en sus relaciones con los braceros y ya temerosos de la reforma agraria que se anunciaba. En cuanto al Ejército, el ministro Manuel Azaña decretó la obligatoriedad de jurar fidelidad a la República, permitió la jubilación con el sueldo íntegro a los oficiales que no desearan servir al nuevo régimen, derogó la Ley de Jurisdicciones y poco después cerró la Academia General Militar (evitación del exceso de oficiales). Por último, en educación, se crearon las Misiones Pedagógicas (extensión cultural en el área rural), se crearon 5000 bibliotecas rurales y se planificó la creación de 6750 escuelas y 7000 plazas de maestro. Todo ello creó gran inquietud en la Iglesia, que venía monopolizando la cultura y la educación en España y veía con hostilidad el avance de la cultura y la enseñanza laicas. Desde entonces, sectores muy influyentes de la Iglesia, encabezados por el cardenal Segura, actuarían con todos los medios contra la República, lo que encendió el anticlericalismo (incendio de conventos en Madrid el 11 de mayo).
Todas estas medidas, importantes y necesarias, se tomaron en medio de un agravamiento de las tensiones y los conflictos sociales, a menudo muy mal resueltos por las nuevas autoridades: ocho muertos en la huelga de pescadores de Pasajes; huelga de la Telefónica convocada por CNT que desbordó a los propios organizadores; huelga general en Sevilla con violencia armada y aplicación de la ley de fugas a cuatro militantes comunistas; huelga de los mineros asturianos para recuperar la jornada de siete horas que les había quitado Primo de Rivera; huelga durante todo el mes de agosto de los más de 40.000 metalúrgicos de Barcelona… En el campo, además, la situación era peor: por cualquier asunto saltaba el conflicto que siempre originaba muertos y graves enfrentamientos con la Guardia Civil: así en Palacios Rubio (Salamanca), Rute, Corral de Almaguer y otros muchos lugares.
2. La Constitución de 1931
En estas difíciles circunstancias, el 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes con gran participación (excepto en algunas zonas dominadas por los anarquistas) y triunfo completo de la agrupación republicano-socialista (116 diputados socialistas, 56 radical-socialistas, 26 de Acción Republicana, 90 del Partido Radical, 36 de Esquerra Catalana…). El 14 de julio se reunieron las Cortes presididas por Besteiro, del ala moderada de los socialistas, y se eligió la comisión que había de redactar la nueva Constitución, presidida por Jiménez de Asúa. Los debates fueron muy intensos y tuvieron importantes consecuencias: a propósito de decisiones sobre la Iglesia (disolución de los jesuitas, separación Iglesia-Estado) y otras como la regulación del matrimonio civil y del divorcio, la posibilidad de expropiación con fines sociales y de nacionalización de servicios públicos, Alcalá Zamora dimitió como presidente del Gobierno Provisional, sustituido por Manuel Azaña.
El 9 de diciembre de 1931 la Constitución fue aprobada por gran mayoría y se eligió presidente de la República a don Niceto Alcalá Zamora. En ella se establecía que todos los poderes emanan del pueblo, se redactaba una amplia declaración de derechos democráticos, separaba la Iglesia y el Estado, establecía la igualdad de derecho de sufragio entre hombres y mujeres, el divorcio, la expropiación y nacionalización de bienes mediante indemnización y reconocía el derecho de autonomía a las nacionalidades históricas. Se trata de una constitución moderna, avanzada, inspirada en la alemana de 1919 y en la austriaca de 1920, pero que no fue unánimemente aceptada: las clases dominantes, las oligarquías y los viejos poderes tradicionales no estaban dispuestos a asumir una norma fundamental que democratizaba efectivamente el poder y que devolvía el protagonismo al pueblo español.
3. El Bienio Reformista (1931-1933)
Con su aprobación se terminó la etapa del Gobierno Provisional, y se inició el Bienio Reformador, caracterizado por el gobierno de republicanos de izquierda y socialistas presidido por Azaña y en el que ya se inició la conspiración por parte de sus enemigos. Los temas básicos que se pretendían abordar eran la reforma agraria y el Estatuto de Cataluña. Pero la derecha conservadora no aceptó el texto constitucional y, apoyada por la Iglesia, buscó su revisión tanto por la vía parlamentaria (creación de la CEDA a principios de 1933, Confederación Española de Derechas Autónomas) como por la vía de la conspiración (sublevación de Sanjurjo en agosto de 1932).
La reforma agraria (aprobada en septiembre del 32), que provocó la oposición frontal de los terratenientes y conservadores de todo tipo, pretendía afrontar el grave problema social de los jornaleros sin tierra, asentándolos en fincas abandonadas y expropiando otras mediante indemnización limitada, especialmente a la alta nobleza, a la vez que se pretendía crear una clase de campesinos medios capaces de impulsar la producción y de incrementar el mercado interno. Pero las resistencias de unos y la impaciencia de otros (ocupaciones ilegales de fincas por jornaleros, enfrentamientos constantes con la Guardia Civil…) envenenaron una cuestión que debía haber sido resuelta de manera razonable. El decreto de intensificación de cultivos, para obligar a los terratenientes a contratar a jornaleros (en Salamanca los propietarios habían propuesto incluso dejar de sembrar para envenenar la situación), aplicado en Badajoz (donde los ganaderos se negaban a cultivar y a contratar campesinos) y luego en otras ocho provincias, aumentó el conflicto, a la vez que la lentitud burocrática (y política) en la aplicación de la reforma exasperaba a los campesinos.
Por su parte, el Estatuto de Cataluña, aprobado también en septiembre de 1932, originó una fuerte oposición conservadora y graves recelos en el Ejército. Los enemigos de la República aventaron el fantasma del separatismo y de la ruptura de la patria, temores que se afirmaron cuando, en las elecciones autonómicas, triunfó Esquerra y su líder Macià. El proyecto de autonomía para el País Vasco se aprobó en noviembre de 1933, pero el nuevo gobierno de derechas le dio carpetazo.
Por lo que respecta a la Iglesia, ya hemos mencionado su oposición a la República, confirmada por el propio Pío XII, que se negó a llegar a ningún acuerdo con el Gobierno español dadas las medidas que se tomaron limitando el papel de las órdenes religiosas en la enseñanza (Ley de Congregaciones Religiosas), que se sumaban a las decisiones sobre el divorcio y el matrimonio civil o la disolución de los jesuitas. El enfrentamiento con la Iglesia en un país católico fue uno de los asuntos que más perjudicó al régimen republicano.
En cuanto a la reforma militar, llevada adelante sobre todo por Azaña en su época de ministro del Ejército, se basó en la filosofía de modernizar y adecuar a los nuevos tiempos a las Fuerzas Armadas, lo que suponía reducir el exagerado número de oficiales y jefes (ofreciendo una jubilación anticipada conservando el rango y el sueldo completo a todos los que lo desearan), racionalizar el sistema de ascensos y establecer un servicio militar de doce meses, además de tratar de garantizar su fidelidad a la República. Se suprimieron unidades poco o nada operativas y se cerró la Academia de Zaragoza. Estas medidas fueron interpretadas por los enemigos del régimen como un intento de “triturar” al Ejército, y las conspiraciones empezaron muy pronto (la sanjurjada de agosto de 1932 es la más significativa). El Ejército español era demasiado conservador y estaba demasiado comprometido con las oligarquías y la Iglesia como para resultar leal.
Finalmente, los graves conflictos sociales, especialmente el suceso de Casas Viejas (represión sangrienta de las fuerzas del orden ante una insurrección anarquista), dieron al traste con el Gobierno. Las elecciones de noviembre de 1933 dieron el poder a la derecha conservadora, y se inició con ello un nuevo periodo republicano: el Bienio Radical-Cedista (diciembre de 1933-diciembre de 1935).
4. El Bienio Radical-Cedista y la Revolución de 1934
En el Bienio Reformador, el Gobierno Azaña había pretendido enfrentarse a cuatro de los grandes problemas del país: social, militar, religioso y el que atañe a la estructura del Estado, y todo ello en un ambiente de enorme crispación y continuos conflictos a menudo mal resueltos. Las clases conservadoras no estaban dispuestas a perder sus privilegios, de modo que la gran patronal y los terratenientes boicotearon todas las reformas sociales, a la vez que la Iglesia y sectores importantes del Ejército se enfrentaban directamente a la República. Así se llegó a la sanjurjada el 10 de agosto de 1932, sublevación militar encabezada por el general Sanjurjo que desveló ya el carácter golpista y desleal de buena parte del Ejército. Tras el fracaso de este golpe de Estado, las Cortes aprobaron, en septiembre de 1932, dos leyes fundamentales y polémicas: la reforma agraria y el Estatuto de Cataluña, lo que endureció todavía más la oposición de las derechas. A la vez, desde la izquierda radical se pretendía desbordar al Gobierno por la vía de los hechos, especialmente en el campo, donde la reforma agraria avanzaba con enorme y desesperante lentitud.
Así las cosas, el año 1933 empezó (mes de enero) con la brutal represión de los sucesos de Casas Viejas, que puso a la izquierda en contra del Gobierno de Azaña. La aprobación en junio de la Ley de Congregaciones Religiosas, que imponía el establecimiento de una enseñanza pública y laica y el cese de la actividad de la Iglesia en este campo, enardeció los ánimos de los católicos. La situación llegó a hacerse insostenible para el Gobierno y Azaña dimitió el 8 de septiembre; un mes después, el presidente Alcalá Zamora disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 19 de noviembre. La situación política se polarizó cada día más entre las izquierdas, que tendían a la unidad de acción, y las derechas, coaligadas en la CEDA (partido de derecha autoritaria, presidido por Gil Robles, proclive a las soluciones fascistas que ya defendía José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española el 29 de octubre de 1933).
Las elecciones de noviembre del 33 dieron la victoria al centro y a la derecha (Partido Radical, de Lerroux, y la CEDA), cuyos gobiernos iniciaron una política destinada a anular o dejar sin efecto las reformas hechas en el periodo anterior, especialmente lo relativo a la reforma agraria y las autonomías (de allí el nombre de Bienio Contrarreformista con que se conoce a estos dos años de gobiernos radical-cedistas). Por ello, en el campo y en Cataluña y País Vasco las fuerzas políticas se radicalizaron.
El Partido Socialista, temeroso de que el Gobierno se deslizara hacia el fascismo, como ocurría en otros lugares de Europa, reaccionó preparando una insurrección armada apoyada en una huelga general. Esta revolución estalló en octubre de 1934, y aunque la huelga fue general en Madrid (con enfrentamientos armados) y muy seguida en otros lugares industriales (zona industrial del País Vasco y Cataluña, donde Companys declaró el “Estado Catalán”), algunas capitales y comarcas andaluzas, extremeñas y murcianas, etc. (en realidad fue el movimiento revolucionario más importante de la historia española), triunfó de modo completo sólo en Asturias (de ahí que se la conozca con el nombre de “Revolución de Asturias” o de Revolución de 1934). El Gobierno reprimió duramente la insurrección con el Ejército africano (tercios y regulares) al mando del general Franco. La lucha fue terrible (bombardeos aéreos, desembarco de tropas…), pueblo a pueblo, y se saldó con más de mil muertos, treinta mil prisioneros, muchos más expulsados de sus trabajos y prohibición de actividades y de la prensa socialista y comunista. Importantes líderes políticos, como Azaña (ajeno a los hechos) fueron detenidos. Consejos de guerra sumarísimos, condenas a muerte, ejecuciones legales y extralegales, torturas y detenciones arbitrarias crisparon al país, desatándose una oleada de solidaridad con los represaliados que perjudicó al Gobierno.
La Revolución de 1934 mostraba a las claras que frente al rechazo de las reformas necesarias por parte de la derecha, la izquierda optaba por la vía revolucionaria: en estas circunstancias la solución democrática se debilitó hasta casi desaparecer.
En esta situación de enfrentamientos constantes y de fractura social, el escándalo del estraperlo, una historia de soborno y corrupción que afectó de lleno al Gobierno, lo hizo caer. La crispación se apoderó de la derecha, que preparaba ya el golpe: Goded y Fanjul, con Gil Robles, lo prepararon para diciembre, pero Franco prefirió esperar. Alcalá Zamora disolvió las Cortes y convocó elecciones para febrero de 1936.
5. Las Elecciones de 1936 y el Frente Popular
Para este enfrentamiento electoral, la izquierda se agrupó en el Frente Popular (enero de 1936) y presentó como programa continuar las reformas del Bienio Progresista: reforma agraria, autonomías regionales, extensión de la enseñanza pública y amnistía para los represaliados por la Revolución del 34. Mientras, la derecha ya había pactado con el fascismo italiano, recibiendo dinero y armas para derribar a la democracia. Por tanto, quedó claro que las clases conservadoras, con sus aliados en la Iglesia y en el Ejército, no iban a respetar las urnas (José Antonio Primo de Rivera anunciaba que el futuro de las urnas era romperlas y que era necesario ir con todas las consecuencias a una guerra civil). España se deslizaba hacia la tragedia.
Las elecciones de febrero de 1936 dieron un claro triunfo al Frente Popular, que obtuvo 278 diputados frente a los 124 de la derecha y los 51 de partidos centristas (radicales, Lliga, PNV, republicanos conservadores). La misma noche del triunfo electoral de la izquierda se reactivó la conspiración golpista: Franco, que era jefe del Estado Mayor Central, llamó a Pozas (director de la Guardia Civil) y al ministro de la Guerra y les propuso declarar el estado de guerra; la misma propuesta hizo Gil Robles, pero Portela, jefe del Gobierno, lo rechazó. El día 19 Azaña formó gobierno con republicanos de izquierda y apoyo parlamentario de socialistas y comunistas, y su primera medida fue la amnistía para los represaliados por la Revolución de 1934. El Gobierno de Cataluña salió del penal de Santa María y regresó triunfalmente a Barcelona; en medio de un gran entusiasmo Companys fue reelegido presidente de la Generalidad. Se relanzó la reforma agraria a la vez que los campesinos extremeños y andaluces ocuparon fincas adelantándose a las decisiones del Gobierno. Por todo ello, la derecha clamó por la autoridad y habló de atropellos, ataques a la propiedad, descomposición de la patria…: buscó a toda costa el golpe de Estado. En el PSOE un grupo importante pensó que el momento de la revolución había llegado; la CNT empujó acciones revolucionarias y el pequeño Partido Comunista (que desde febrero crecía mucho) prefirió seguir apoyando la legalidad del Gobierno Azaña.
El 15 de marzo la Falange, en pleno frenesí conspirador, fue declarada ilegal, y su líder detenido. El orden público fue constantemente alterado por las fuerzas de choque fascistas y las milicias izquierdistas: asaltos a sedes, choques en las universidades, enfrentamientos en las calles, asesinatos, tiroteos…; la espiral de violencia fue creciendo. En esta situación, los acontecimientos se precipitaron: el 7 de abril las Cortes destituyeron al presidente de la República, Alcalá Zamora (republicano conservador) y nombraron para el cargo a Manuel Azaña, formándose un gobierno presidido por Casares Quiroga. El 12 de julio fue asesinado en Madrid el teniente Castillo, conocido por sus ideas de izquierda; al día siguiente, en represalia, fue asesinado Calvo Sotelo, uno de los líderes más intransigentes de la extrema derecha. Y el 17 de julio se inició la sublevación militar que daría inicio a la Guerra Civil, a la “tragedia de España”.
6. La Cultura Española de la Edad de Plata hasta 1936
A fines del siglo XIX España entró en una nueva era que, en el ámbito cultural, se inició con la Generación del 98 y se continuó de forma ininterrumpida con nuevas generaciones hasta el final abrupto que supuso la Guerra Civil. Se trata de un periodo fecundo que por la gran personalidad y obra de pensadores, escritores y artistas de fama universal ha sido considerado como una segunda edición del Siglo de Oro y que se conoce como Edad de Plata.
Hasta la Primera Guerra Mundial la Generación del 98 dominó la vida intelectual española con maestros que por entonces alcanzaron la fama y la madurez, como Unamuno, Baroja, etc. Se trató de una generación pesimista, preocupada por España, sus hombres y sus tierras, que descubrió el paisaje y el ser de Castilla y que jugó un importante papel en la conformación de las ideas regeneracionistas.
En la segunda década del siglo XX afloró una nueva generación conocida como Novecentista, muy ligada a la Universidad, formada a menudo en el extranjero y portadora de ideas renovadoras. El principal representante de este grupo fue Ortega y Gasset, filósofo de importancia y gran escritor, acompañado de otras figuras de relieve como el médico y humanista Marañón, el lingüista e historiador Menéndez Pidal o los insignes historiadores Sánchez Albornoz y Américo Castro. En Cataluña destacó Eugenio D’Ors, intelectual influido por el pensamiento francés y que, a su vez, tuvo fuerte influencia en generaciones posteriores, como todos los mencionados.
Y en los años de la Dictadura de Primo de Rivera aparecieron nuevas formas en la literatura y, especialmente, en la poesía, cultivada por una joven generación (Generación del 27: Alberti, Lorca, Salinas…) que encontró en la lírica y en la expresión de emociones un vehículo de expresión que a menudo alcanzó auténticas cimas en la musicalidad, el ritmo y la estética.
En cuanto al arte, las primeras décadas del siglo verán la entrada en España de las corrientes europeas y aparecerán genios universales como Picasso, Miró y Dalí. La nota dominante fue la multiplicidad de tendencias artísticas (los “ismos” y las vanguardias) y la rapidez con que unas sucedieron a otras en la preferencia de los artistas, a la vez que el arte se hizo minoritario al apartarse de la sensibilidad de la mayoría de la gente. Si hasta el fin de la Primera Guerra Mundial siguieron predominando las corrientes heredadas de años anteriores, como el Modernismo y el Impresionismo, a partir de los años veinte los cambios radicales se impusieron y con ello se configuró un nuevo panorama que, como en el caso de la literatura, chocó abruptamente con el fascismo y fue desterrado por los vencedores de la Guerra Civil.