5.1. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA: ANTECEDENTES Y CAUSAS. BANDOS DE CONFLICTO Y FASES DE LA GUERRA.
La Guerra de Independencia (1808-1813) fue un conflicto bélico y político desarrollado en España contra la ocupación napoleónica del país, que significó el comienzo del fin del Antiguo Régimen ya que en ella se comenzó a cuestionar el absolutismo y régimen señorial. Esta guerra supuso la primera experiencia constitucional del pueblo español, que tomó conciencia de su entidad nacional y soberanía.
Los antecedentes y causas de esta guerra fueron la inestabilidad del reinado de Carlos IV debido a una crisis de la monarquía y a una complicada situación internacional por el comienzo de la Revolución Francesa en 1789.
Durante el gobierno de Floridablanca, el inicio de la Revolución Francesa (1789) obligó a que se llevara a cabo una política de aislamiento para evitar la expansión del liberalismo revolucionario en España. Durante el gobierno del conde de Aranda, se emprendíó una política más prudente y neutral. Finalmente, el gobierno de Manuel Godoy (1792-1808) presentó dos etapas. En la primera tuvo lugar la derrota española en la Guerra contra la Convencíón y la firma de la Paz de Basilea, 1795. En la segunda, tras el ascenso de Napoleón al poder, España se alió con Francia en el Primer y segundo Tratado de San Ildefonso y los Pactos con Francia de 1804, que provocaron su derrota en la Batalla de Trafalgar (1805) contra Inglaterra. Por último, se firmó el Tratado de Fontainebleau (1807), en el que Napoleón Bonaparte, en su intento de expansión, pactó con Manuel Godoy la entrada de las tropas francesas a la península para ocupar Portugal y dividirlo en tres provincias, una de las cuales sería para Godoy.
La crisis de la monarquía de Carlos IV sucedíó por distintas razones. Para empezar, las guerras contra Inglaterra y Francia, los problemas agrícolas y la crisis del sector manufacturero causaron una crisis económica en el país. Para hacerla frente, Godoy llevó a cabo una desamortización de las tierras de la Iglesia, sin lograr recuperar el déficit de la Hacienda. Esto generó un conflicto con la Iglesia que, junto con el descontento social por la dejación de las tareas de gobierno de Carlos IV y Godoy, su enriquecimiento personal y el favor de la reina a Godoy, provocaron una crisis política. Esta crisis se agravó también por las conspiraciones de Fernando VII, el heredero al trono, contra Carlos IV y Godoy, como la Conspiración de El Escorial (1807) o el Motín de Aranjuez (1808), que provocó la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando.
Una de las causas inmediatas de la guerra fue la invasión de las tropas francesas. Su entrada y presencia en la península por el Tratado de Fontainebleau causó un profundo malestar entre la población, que consideraba que el ataque de Portugal era una excusa para ocupar toda la Península. Al mismo tiempo, Napoleón convocó a Carlos IV y Felipe VII a la ciudad francesa de Bayona, donde sucedieron las Abdicaciones de Bayona. Napoleón les convencíó, a cambio de compensaciones territoriales y económicas, para abdicar en su nombre y cederle el trono para él entregárselo a su hermano José Bonaparte, que se convirtió en José I de España. Junto con estos motivos, la salida del país de los últimos representantes de la familia real provocó el levantamiento del 2 de Mayo de 1808 en Madrid contra las tropas francesas presentes en la ciudad. Esta insurrección se extendíó rápidamente a muchas localidades de España bajo el liderazgo de las autoridades locales, que publicaron bandos contra el ejército francés, y fue reprimida duramente por el ejército napoleónico al mando del general Murat. Posteriormente, el alcalde de Móstoles declaró el inicio de la guerra.

Los principales bandos de la guerra fueron el bando francés y el antifrancés. El ejército francés, la Grand Armée de Napoleón, formado por 200.000 hombres, era muy superior en técnica y estrategia al español. El bando francés era apoyado en España por los afrancesados, un grupo ideológico minoritario partidario de José I y su sistema de gobierno. Por otro lado, el bando antifrancés, con una importante inferioridad respecto al francés, fue apoyado por Inglaterra y Portugal. En España eran apoyados por el grupo ideológico de los “patriotas”, divididos en liberales y tradicionalistas. José I intentó instaurar un gobierno liberal en el país mediante reformas revolucionarias políticas y sociales, que se recogen en el Estatuto de Bayona (una carga otorgada impuesta sobre la población). Sin embargo, a excepción de los afrancesados, la gran parte de la población no estaba a favor de este sistema. Por esta razón, los liberales se organizaron al margen del gobierno de José I y siguieron reconociendo a Fernando VII como rey (pensando que se encontraba cautivo y que reconocería su labor al llegar). Crearon Juntas locales y provinciales, dirigidas por la Junta Central, que se encargaban de la organización de la política del país y de dirigir la defensa y resistencia en la guerra. También convocaron las Cortes de Cádiz, que culminaron con la Constitución de 1812. Los tradicionalistas, por su parte, eran afines al Antiguo Régimen. Además, un elemento esencial del bando antifrancés fueron las guerrillas, resistencias poco numerosas que atacaban al enemigo mediante asaltos sorpresa o espontáneos.
La Guerra de Independencia puede dividirse en tres fases. En la primera fase (Mayo-Octubre 1808), los franceses ocuparon la península, provocando una importante reacción y resistencia española: como el sitio de Zaragoza (Palafox); la Batalla de Bailén, que supuso la primera derrota importante del ejército francés; y el éxito del duque de Wellington sobre Francia en apoyo a Portugal. En la segunda fase (Octubre 1808 -1812), la victoria en Ocaña en Octubre de 1809 y el avance hacia el sur permitieron a Napoleón la ocupación de gran parte de España, quedando libres únicamente Cádiz y el este peninsular. Entre 1810 y 1812, las tropas napoleónicas alcanzaron el máximo control militar sobre la población. En esta fase, Napoleón y la Grand Armée intervinieron personalmente en España para pacificar la situación. Sin embargo, debido a la coalición antifrancesa europea generada por la campaña de Rusia, regresó a Francia y tuvo que retirar las tropas de España para centrarse en Europa. Especialmente en esta fase, la acción de las guerrillas fue un factor crucial en la lucha contra el ejército francés, porque al tratarse de resistencias populares espontáneas e inesperadas, el ejército napoleónico no estaba preparado para hacerlas frente. En la tercera fase (1813-1814) se produjo la ofensiva final debido al debilitamiento de las tropas francesas en la Península por la campaña de Rusia. Esto benefició a las tropas angloespañolas de Wellington, que derrotaron a los franceses en las batallas de Ciudad Rodrigo y los Arapiles (Julio 1812). Tras estas batallas, las Cortes españolas nombraron a Wellington jefe de los ejércitos españoles y actuaron desde entonces bajo su mando. El avance de las tropas angloespañolas obligó a José I y los franceses a retirarse a Valencia. Sin embargo, tras la derrota en Vitoria (Junio 1813) y en San Marcial (Agosto 1813), el ejército francés abandonó España. Es por esto que, finalmente, Napoleón firmó con Fernando VII el tratado de Valençay (Diciembre 1813), en el cual Fernando VII fue repuesto en el trono, dando fin a la Guerra de Independencia.

5.2. LAS CORTES DE CÁDIZ. LA CONSTITUCIÓN DE 1812.
Durante la Guerra de Independencia (1810-1814) se inició en España una revolución liberal. Ante la imposición de un gobierno revolucionario por José I (Estatuto de Bayona), los liberales del bando antifrancés se organizaron políticamente al margen de su gobierno, que consideraban ilegítimo, y siguieron reconociendo a Fernando VII como único y legítimo rey. Para ello, crearon Juntas locales y provinciales, dirigidas por una Junta Central que centralizó el poder. Estas juntas se encargaban de la organización de la política del país y de dirigir la defensa y resistencia en la guerra contra los franceses. La Junta Central se fue trasladando progresivamente hacia el sur por el avance napoleónico de la guerra y, una vez allí, fue sustituido por el Consejo de Regencia debido a los problemas internos de la Junta Central (por su diversidad ideológica) y a la marcha de la guerra. Finalmente, las Cortes de Cádiz fueron convocadas por el Consejo de Regencia y culminaron con la Constitución de 1812.
Las Cortes de Cádiz abrieron sesiones el 24 de Septiembre de 1810 y proclamaron como rey legítimo a Fernando VII, ya que consideraban que se encontraba cautivo y que apoyaría la labor legislativa de los liberales cuando regresara a España. El principal objetivo de las Cortes de Cádiz fue la abolición del sistema del Antiguo Régimen y su sustitución por el liberalismo.
La composición social de las Cortes de Cádiz mostraba la compleja situación de la sociedad del momento. Los grupos sociales que predominaron en ellas fueron las clases medias urbanas, los eclesiásticos, los abogados y algunos comerciantes. Por el contrario, no hubo una gran representación de artesanos, trabajadores de la industria o campesinos. Los grupos ideológicos de estas Cortes se dividían en los absolutistas, partidarios de la monarquía absoluta y que estaban en contra de las reformas liberales; un grupo que pretendía un régimen intermedio entre el absolutismo y el modelo constitucional basado en la soberanía de la nacíón; y los liberales, partidarios de cambios radicales y con influencia del pensamiento ilustrado que propónían la redacción de una constitución para garantizar una monarquía limitada y una estructura igualitaria de la Sociedad. Sin embargo, debido a la dificultad de desplazamiento por la situación de guerra en la península, muchos diputados no pudieron acudir a la convocatoria y fueron sustituidos por diputados de Cádiz, que era un importante centro comercial y con gran influencia liberal. Es por esto que, finalmente, la mayoría de los diputados de las Cortes fueron de ideología liberal, lo que explica el carácter liberal de la Constitución de 1812. Para lograr su propósito, las Cortes llevaron a cabo una labor legislativa con diferentes reformas y redactaron la Constitución de 1812.
La labor legislativa de las Cortes de Cádiz supuso el fin de las estructuras del Antiguo Régimen. El primer decreto de las Cortes establecíó que la soberanía residía en la nacíón y que las Cortes asumían su representación, por lo que se limitaron los poderes del rey al dejar de ser soberano. Además, proclamaron la igualdad ante la ley, lo que significó el fin de la sociedad estamental basada en la desigualdad jurídica. Asimismo, se promovieron diversas reformas en las instituciones políticas, económicas, jurídicas y sociales del Estado. Entre estas reformas estaban la supresión de la Inquisición; la abolición del régimen señorial y de los señoríos jurisdiccionales; la abolición de la tortura; la libertad de imprenta y la supresión de la censura privada… En cuanto a las reformas económicas, estas incluyeron la liberación económica, comercial y de trabajo mediante la abolición del régimen gremial y de la Mesta; una reforma de la Hacienda que incluía la supresión de los antiguos tributos; y diversas desamortizaciones, como la desamortización eclesiástica (incautación de los bienes de las Órdenes militares y de los jesuitas) y la desamortización de los bienes propios y baldíos (no cultivados).

El objetivo final de las Cortes de Cádiz fue la redacción de la primera constitución en España. Tras un intenso debate sobre el modelo de constitución y monarquía, esta se promulgó el 19 de Marzo de 1812 (y como aquel día era la fiesta de San José, se conocíó popularmente como “La Pepa”). Sus referentes ideológicos fueron la Ilustración, el parlamentarismo inglés y la Constitución americana; y fue redactada conjuntamente por liberales y absolutistas, pero en ella predominó la tesis liberal debido a su mayoría representativa en las Cortes de Cádiz.
Los principios fundamentales de la Constitución de 1812 fueron los siguientes: la afirmación de la soberanía nacional, según la cual el poder político residía en la nacíón y no en el rey; la división de poderes, con el poder legislativo dirigido por el rey y las Cortes, de cámara única, el ejecutivo en manos del rey y del gobierno y el judicial independiente formado por los jueces y tribunales de justicia; el sufragio censitario, por lo que únicamente un pequeño porcentaje de la población podía votar; una declaración de derechos y libertades individuales, como el derecho a la educación, la libertad de pensamiento o la libertad de imprenta; la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos; y una monarquía hereditaria y moderada, en la que el rey promulgaba las leyes y tenía derecho a veto transitorio. Asimismo, se hicieron concesiones a los absolutistas y al clero, como la imposición de la religión católica como religión de Estado, oficial y única.
Esta constitución tuvo una vigencia corta, ya que duró desde 1812 hasta 1814, cuando fue abolida por la restauración durante el Sexenio absolutista de Fernando VII. Además, su aplicación fue complicada debido a la situación de guerra del país. Sin embargo, posteriormente volvíó a entrar en vigencia durante los tres años del Trienio Liberal (1820-1823). A pesar de su corta vigencia, tuvo una gran importancia porque fue la primera Constitución en España, fue larga y minuciosa, y tuvo mucha trascendencia tanto en España, para la redacción de las constituciones del Siglo XIX, como fuera de España (Portugal, Piamonte o las repúblicas iberoamericanas). En definitiva, esta constitución sirvió como referencia fundamental del liberalismo español y como modelo para las revoluciones liberales del Siglo XIX.
En conclusión, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 supusieron un avance del España hacia el liberalismo, y su espíritu y programa sirvieron como referencia durante la mayor parte del Siglo XIX.

5.3. EL REINADO DE Fernando VII: EL LIBERALISMO FRENTE AL ABSOLUTISMO. EL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS AMERICANAS.
Fernando VII, hijo de Carlos IV, se exilió tras las Abdicaciones de Bayona que otorgaron el trono a José Bonaparte. A su regreso después del Tratado de Valençay que puso fin a la Guerra de Independencia, las Cortes de Cádiz esperaban que apoyase la labor legislativa realizada en su ausencia. Sin embargo, los absolutistas le presentaron el Manifiesto de los Persas, donde le solicitaban la restauración del absolutismo, por lo que Fernando VII acabó promulgando el Decreto de Valencia del 4 de Mayo de 1814, que restauró el absolutismo y abolíó la legislación de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Esta vuelta al absolutismo coincidíó con la Restauración en Europa, un proceso iniciado tras la caída de Napoleón en 1814 con el objetivo de restablecer las monarquías absolutas y poner fin al régimen liberal promovido por la Revolución Francesa. Tras el Decreto de Valencia comenzó el Sexenio Absolutista (1814-1820). Dentro de un contexto de pobreza y atraso en el país, el reinado de Fernando VII presentó diversos problemas. Para empezar, el Estado se encontraba en quiebra como consecuencia de la Guerra de Independencia y de las guerras en América. Esta crisis económica estaba reforzada por la inestabilidad política de su gobierno, principalmente por la influencia de la camarilla de consejeros sobre sus acciones, que actuaban en beneficio propio. En este periodo se llevó a cabo una gran represión y exclusión política hacia los liberales y afrancesados, que fueron exiliados, encarcelados o ejecutados. Sin embargo, esta represión no evitó los numerosos pronunciamientos liberales que se iniciaron en esta época contra la imposición del absolutismo y con el objetivo de restituir la Constitución. Estos pronunciamientos, como el de Espoz y Mina (1814), estuvieron liderados por militares que se organizaron mediante sociedades secretas. Todos ellos fracasaron y sus líderes fueron reprimidos violentamente, a excepción del levantamiento de Rafael del Riego en Sevilla el 1 de Enero de 1820, cuyo ejército estaba destinado a reprimir la insurrección americana.
El éxito del pronunciamiento de Rafael del Riego obligó a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812, dando comienzo al Trienio Liberal (1820-1823). Este gobierno, formado por destacados liberales, inició una labor legislativa que recuperó muchos decretos de las Cortes de Cádiz. Se produjo una división de los liberales en los moderados o doceañistas, partidarios de instaurar la Constitución de 1812 progresivamente, y los radicales o veinteañistas, partidarios de instaurarla mediante reformas radicales. Aunque la mayoría no se llevaron a cabo, en este periodo se promovieron diversas reformas. En el sector agrícola se fomentaron diversas desamortizaciones y la libertad de contratación y comercialización. En cuanto a la religión, se suprimíó la Inquisición, se obligó a los clérigos a jurar la Constitución, se impuso la Ley de Supresión de Monacales, se redujo el diezmo a la mitad y se expulsó a los jesuitas. En la cultura se creó una ley de educación basada en la Ilustración, se reguló la enseñanza religiosa y se secularizó la educación. También se promovieron mejoras profesionales para los militares en recompensa de su labor liberal, aunque fueron obligados a jurar la Constitución. Finalmente, las reformas de la Hacienda incluyeron la reducción de los gastos, la demanda de créditos y una reforma tributaria. Asimismo, durante el Trienio Liberal tuvieron lugar distintas sublevaciones por parte de la oposición, como la guerrilla realista en Navarra y Cataluña; y la sublevación de la Guardia Real en Madrid en 1822 que provocó la creación de la Regencia de Urgel como gobierno provisional, ya que los realistas consideraban que el rey estaba cautivo por los liberales. Finalmente, Fernando VII buscó la ayuda de las monarquías absolutistas europeas de la Santa Alianza, que tras el Congreso de Verona de 1822, decidieron intervenir militarmente en España para restaurar el absolutismo. Las tropas francesas conocidas como “Los Cien Mil Hijos de San Luis” ocuparon rápidamente el país con apoyo de las tropas realistas 

españolas y devolvieron el trono a Fernando VII, que restauró de nuevo el absolutismo, surgiendo la Década Ominosa (1823-1833).
Esta etapa supuso la vuelta al absolutismo al anularse la legislación del Trienio Liberal y restablecerse las autoridades e instituciones previas a él. En una primera etapa se produjo una gran represión hacia los liberales, que en su mayoría fueron exiliados, y los demás encarcelados o ejecutados. Sin embargo, al final del periodo en 1826 tuvo lugar una apertura del régimen mediante diversas reformas promovidas por Cea Bermúdez o López Ballesteros, como la Creación del Consejo de Ministros y Ministerio de Fomento, la elaboración de los primeros presupuestos generales o la creación del Banco de San Fernando y la Bolsa de Madrid. La oposición al régimen tuvo dos vertientes. Por un lado estaban los apostólicos o realistas radicales, que apoyaban al hermano del rey, Carlos Mª Isidoro, querían instaurar un mayor absolutismo del existente (conspiración de Jorge Bessires en Getafe que no fue secundada), y se sublevaron en la revuelta de los Malcontents (1827, Cataluña). Por otro lado, los liberales organizaron diversos pronunciamientos.
El final del reinado de Fernando VII se complicó por una cuestión sucesoria. Debido a su enfermedad y a que su mujer se había quedado embarazada por primera vez, en 1830 derogó la Ley Sálica (que impedía la coronación femenina) mediante la Pragmática Sanción para garantizar que si su descendiente fuera mujer podría gobernar. Ese mismo año nacíó su hija Isabel II, proclamada heredera legal y quedando Carlos Mª Isidro segundo en el orden sucesorio. Sin embargo, este no respetó su testimonio y se apoyó de los carlistas para rebelarse (guerras carlistas). Durante el reinado de Fernando VII, se inició un proceso de independencia de las colonias españolas en América, que acabó en 1824. Las colonias tomaron como referencia la ideología revolucionaria de la Revolución Francesa y la Independencia de norteamérica y se rebelaron por diversas causas: el resentimiento de los criollos porque la mayoría de los cargos administrativos eran concedidos a gobernantes peninsulares en lugar de a ellos, el vacío de poder en España durante la Guerra de Independencia y el monopolio comercial de España sobre América que no les beneficiaba a ellos, sino a los comerciantes. La independencia americana puede dividirse en dos fases. Durante la primera (1808-1815), el vacío de poder en la península por la guerra hizo que las Juntas asumieran la representación popular de los cabildos en las principales ciudades americanas. En un principio juraron lealtad a Fernando VII, pero a partir de su restauración del absolutismo, algunas juntas como las de Buenos Aires, Caracas y Santa Fé de Bogotá iniciaron procesos independentistas. Bajo el liderazgo de Simón Bolívar y José Martí (Venezuela), Hidalgo (México) y José Francia (Paraguay), estos movimientos se extendieron a otros territorios. En la segunda fase (1815-1824), la reacción absolutista española frente a los levantamientos causó grandes enfrentamientos militares, hasta que, tras las derrotas españolas, las colonias fueron proclamando su independencia (Argentina, Ecuador, Venezuela…). Para América, esta independencia supuso la fragmentación del continente en nuevas repúblicas, causando graves problemas de inestabilidad. Para España significó la pérdida de los caudales de Indias y de sus territorios, lo que conllevó, además de un importante impacto económico, su decadencia internacional al pasar a ser una potencia de segundo orden.

6.1. El reinado de Isabel II (1833-1868): la primera guerra carlista.
Evolución política, partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.
El reinado de Isabel II (1833-1868) se divide en dos etapas: la minoría de edad (1833-1843) con las regencias María Cristina (1833-1840) y de Espartero (1840-1843); y el reinado efectivo (1843-1868) con la mayoría de edad.
La minoría de edad de Isabel II (1833-1843), comenzó con el estallido de la Primera Guerra Carlista (1833-1840), que tuvo lugar durante la regencia de María Cristina. Entre las causas encontramos, por un lado, la cuestión sucesoria, al nombrar Fernando VII a su hija Isabel heredera legítima al trono y a su madre para ejercer la regencia con la Pragmática Sanción. Los carlistas apoyaban a Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, como sucesor y por tanto a la Ley Sálica, frente a Isabel II, los liberales y la Pragmática Sanción; por otro lado, el enfrentamiento ideológico entre carlistas e isabelinos. El carlismo defendía el Antiguo Régimen (“Dios, Patria y Rey”), el tradicionalismo, el catolicismo conservador, y el mantenimiento de los fueros (usos y costumbres por los que se regían el País Vasco y Navarra frente a la política centralizadora liberal) para conservar las instituciones de gobierno autónomas, sus sistemas judiciales y exenciones fiscales. Geográficamente, sus partidarios se situaban en la mitad norte de España, especialmente en Navarra y País Vasco, así como parte de Cataluña, Aragón y Valencia. Entre sus apoyos destacan la baja nobleza, oficiales reaccionarios, artesanos y campesinos y parte del clero (rural). Por su parte el liberalismo defendía la política centralizadora, soberanía nacional y división de poderes. Estaban apoyados por los burgueses, funcionarios, hombres de negocios, mandos del ejército y alta nobleza y clero.
La Primera Guerra Carlista estalló el 1 de Octubre de 1833 con el Manifiesto de Abrantes (D. Carlos se proclama rey (Carlos V) a la muerte de su hermano y se desarrolló en tres fases:
 -1ª fase: avance carlista (1833-1835). Se hicieron fuertes en Navarra y País Vasco, dirigidos por Zumalacárregui, donde el ejercitó isabelino no pudo reprimirlos. Victorias carlistas en el valle de los Amézcoas y fracasos carlistas como el asedio a Bilbao (muerte de Zumalacárregui).
-2ª fase: repliegue carlista (1835-1837). Fracasan las expediciones fuera del País Vasco y Navarra con las Expediciones Gómez y Real; y son derrotados en Luchana (1836) por Espartero, replegándose más allá del Ebro.

 -3ª fase: triunfo isabelino (1837-1839). Espartero líberó gran parte de los territorios ocupados por los carlistas. La división del carlismo (entre apostólicos o intransigentes y marotistas o moderados) facilitó el Convenio de Vergara (1839) entre Maroto y Espartero (abrazo de Vergara) poniendo fin a la guerra. Se pactó admitir militares carlistas en el ejército isabelino y mantener los fueros a cambio de la renuncia de Navarra a su condición de reino. La cuestión foral será un conflicto sin resolver a lo largo de todo el Siglo XIX. Además del descalabro económico y humano que produjo la guerra, la victoria de los liberales supondrá su entrada definitiva en el gobierno. Sin embargo, el carlismo se mantuvo activo y provocó dos conflictos más: la Segunda Guerra Carlista. (1846-1849), ante el fracaso de la boda entre Isabel II y Carlos VI y la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) en el Sexenio Democrático.
En las regencias (1833-1843), los gobiernos liberales desmantelaron el Antiguo Régimen
gradualmente. Destaca el papel de los militares durante esta época, debido a la debilidad de los gobiernos, la falta de líderes carismáticos y la creencia de que un militar llevaría mejor el gobierno de una nacíón. Además, los liberales formaron dos partidos: Partido Moderado, continuistas doceañistas, defendían la soberanía compartida (Rey-Cortes), daban amplios poderes al rey y limitaban los derechos individuales; y el Partido Progresista, seguidores de los exaltados, defendían la soberanía nacional, limitaban el poder del rey.
La regencia de Mª Cristina (1833-1840), se inicia con la fase moderada (1833-1835), transición entre el Estado absolutista de Fernando VII y el liberal de Isabel II, con reformistas como Cea Bermúdez, que intentó contentar a liberales y carlistas. C. Bermúdez será sustituido por Martínez de la Rosa, liberal moderado. División provincial de Javier de Burgos. Se elaboró el Estatuto Real (1834), Carta otorgada (no constitución) que reconocía Cortes bicamerales: Estamento de Próceres (designación real) y Estamento de Procuradores (sufragio restringido), no reconocía: soberanía nacional, división de poderes, ni derechos individuales; dejando el poder legislativo en el Rey.
La insurrección en 1835 llevó a la revolución liberal (1835-1840), reclamando un gobierno progresista. El encargado será Mendizábal quien tomó medidas para desmantelar el Antiguo Régimen: libertad de imprenta, Ley de supresión de conventos y Decreto de Desamortización (1836) de los bienes del clero regular. Estas medidas provocaron su destitución. La regente intentó volver al moderantismo, lo que provocó el pronunciamiento en la Granja que obligó a entregar el gobierno a los progresistas y restablecer la Constitución de 1812. El gobierno progresista de Calatrava eliminó el régimen señorial, el mayorazgo y el diezmo, restablecíó la Ley Municipal.

Las Cortes elaboraron la Constitución de 1837, consolidando el régimen constitucional; proclamaba la soberanía nacional (en la práctica compartida Rey-Cortes); división de poderes, Cortes bicamerales (Congreso por sufragio censitario y Senado de designación real). Reconocía derechos individuales, libertad de prensa, autonomía municipal, y la Milicia Nacional. Intentar modificar la Ley Municipal (1840), provocó la oposición progresista y de Espartero, y la salida de Mª Cristina.
Tras el ministerio-regencia de Espartero, en 1841 las Cortes lo eligieron regente. Durante la regencia de Espartero (1840-1843), su autoritarismo (llegó a bombardear Barcelona) suscitó la oposición de progresistas y militares (Prim, Serrano, Narváez y O’donell). Moderados y progresistas organizaron un pronunciamiento liderado por Narváez, que le obligó a dimitir convirtiendo a Narváez en jefe de Gobierno y proclamando a Isabel II mayor de edad dando paso al reinado efectivo (1843-1868). A lo largo de sus tres fases se procedíó a la construcción del Estado liberal.
En la Década moderada (1844-1854), Narváez, líder de los moderados, acometíó distintas medidas: suprimíó la Milicia Nacional y creó la Guardia Civil (1844); promulga la Constitución de 1845, más conservadora que la de 1837, soberanía compartida Rey-Cortes, Cortes bicamerales, con sufragio censitario para el Congreso, y Senado vitalicio de designación real; Bravo Murillo sustituye a Narváez: control de la Administración provincial y local; nuevo Código Civil y Penal; Reforma fiscal; y firma del Concordato de1851 entre la Santa Sede e Isabel II.
Con el aumento del autoritarismo se funda el Partido Demócrata (1849). Reivindican el sufragio universal, Cortes unicamerales, libertad religiosa, instrucción primaria gratuita e intervención del Estado en ámbitos sociales. La suspensión de las de las Cortes 1854 aumentó el descontento. El Bienio progresista (1854-1856), comienza con el pronunciamiento del general O´Donnell en Vicálvaro (Vicalvarada). En su retirada, se le une el general Serrano, y proclaman el Manifiesto de Manzanares con promesas progresistas. Isabel II encargó gobierno a Espartero, con O’Donell como ministro de guerra. Restaura: Ley de Imprenta, Ley Electoral y 

Milicia Nacional. Elaboran la Constitución de 1856, non-nata, similar a la de 1837, soberanía nacional, Cortes bicamerales electivas, potestad legislativa Rey-Cortes, y ampliaba los derechos individuales. En economía aprobó la Desamortización de Madoz (1855) de bienes eclesiásticos, municipales y del Estado; Ley de Ferrocarriles (1855), Ley Bancaria (1856). La crisis social le hizo dimitir. De 1856 a 1868 se alternan moderados y Uníón Liberal. En esta época destaca la Ley Moyano de 1857 (moderada) que trataba de mejorar la Instrucción Pública. O´Donnell, con su partido la Uníón Liberal, intentaba establecer un liberalismo centrista (ala derecha progresista y ala izquierda moderada); devolvería España el prestigio internacional. Narváez con los moderados se enfrentó a la sublevación de los sargentos del cuartel de S. Gil y al Pacto de Ostende 1866 (progresistas, demócratas y republicanos firman un pacto con el objetivo de destronar a la reina y constituir un nuevo orden a través de unas Cortes Constituyentes) que llevará a la Revolución de 1868. La crisis económica y el malestar social (corrupción, fraude electoral) generó una gran crítica en el pueblo y un progresivo aislamiento de la monarquía. La muerte de Narváez y O´Donnell, aisló a la reina. Finalmente, en Septiembre de 1868 Prim (progresista) y Topete inician la sublevación “La Gloriosa”, dirigida por Serrano (unionista) (manifiesto “España con honra”) que provocó la caída y exilio de Isabel II y un gobierno provisional liderado por Serrano y Prim.

6.2. El reinado de Isabel II (1833-1878): las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. De la sociedad estamental a la sociedad de clases.
La desamortización, primero de los bienes eclesiásticos y luego de los municipios, fue la medida práctica de mayor transcendencia tomada por los gobiernos liberales, y se desarrolló durante todo el Siglo XIX, entrando incluso en el Siglo XX. El hecho de desamortizar tales bienes supónía primero, la incautación por parte del Estado de esos bienes, por lo que dejaban de ser de manos muertas (dejaban de estar fuera del mercado libre); y segundo, su puesta en venta, mediante subasta pública. Los ingresos eran destinados a sufragar la guerra carlista (Mendizábal) y la construcción del ferrocarril (Madoz).
El proceso desamortizador significó un cambio en el sistema de la propiedad de la tierra, que afectó a casi 20 millones de hectáreas. La desamortización eclesiástica trajo consecuencias en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, además de dividir a la opinión pública. La más importante fue llevada a cabo por Mendizábal (1836) durante la regencia de María Cristina (1833-1840), durante la minoría de Isabell II, y tras la insurrección liberal que llevó al poder a un gobierno progresista. El principal objetivo de Mendizábal fue eliminar o reducir la deuda pública. La mala situación de la Hacienda hacía imposible acometer nuevos préstamos, por lo que se decidíó buscar nuevas fuentes de financiación.
Los objetivos propuestos por esta desamortización fueron variados: ganar la guerra carlista, eliminar la deuda pública, atraerse a la burguésía adinerada (principales beneficiarios de este proceso) a las filas liberales, solicitar nuevos préstamos, y cambiar la estructura de la propiedad de la Iglesia. El decreto desamortizador de 1836, dictado en medio de la guerra carlista, puso en venta todos los bienes del clero regular (frailes y monjas): se subastaron tierras, casas, monasterios, conventos, obras de arte, libros. En 1837 se amplió al clero secular, aunque la ejecución de esta no fue hasta la regencia de Espartero el 2 de Septiembre de 1841.
La desamortización civil será realizada por Madoz ya durante el reinado efectivo de Isabel II dentro del Bienio Progresista (1854-1856). El 1 de Mayo de 1855 se promulgó la Ley General de Desamortización, con la que se ponían a la venta la totalidad de los bienes de propiedad colectiva y aquellos amortizados (eclesiástica o municipal). Se pretendía poner fin al proceso desamortizador iniciado por Mendizábal y suspendido durante la Década Moderada. De nuevo fue la gran burguésía la gran beneficiaria, aunque la participación de pequeños propietarios fue mayor que en la primera. Como consecuencias del proceso desamortizador encontramos:
 -Las tierras no se repartieron entre los menos favorecidos, ya que no se intentó hacer ninguna reforma agraria, sino conseguir dinero para los planes del Estado.
 -Aumentó el volumen general del producto agrícola al ponerse más tierras en producción.
 -Aparecíó un proletariado agrícola, formado por más de dos millones de campesinos sin tierra, jornaleros sometidos a duras condiciones de vida y trabajo.
 -Se conformó una burguésía terrateniente, emulando a la vieja aristocracia.
 -El latifundio predominó en el centro y el sur de España.
 -Se empeoró las condiciones del pequeño campesinado que antes disfrutaba de las propiedades comunales.
 -Se perdíó o expolió una gran parte del patrimonio artístico y cultural español.

El proceso desamortizador contribuyó a la transformación de la sociedad estamental en una nueva sociedad de clases y consolidó la alianza entre la ascendente burguésía y la nobleza terrateniente. Con la configuración del Estado liberal, los estamentos desaparecieron al imponerse la igualdad jurídica, poniendo fin a los privilegios. Todos pagaban impuestos, eran juzgados por las mismas leyes, y gozaban teóricamente de los mismos derechos políticos. Así la población constituía una sola categoría jurídica, la de ciudadanos. Los ciudadanos quedaron definidos por la pertenencia a una clase social, siendo grupos abiertos y no cerrados como en el Antiguo Régimen. La nobleza, disminuyó y perdíó su influencia al perder sus privilegios, pero se adaptó a las circunstancias. Siguió presente en los altos cargos de la Administración, del Ejército y en política (Senado), y mejoró su situación económica (alta nobleza). El clero cambió con la revolución liberal; perdíó su principal fuente de ingresos, el diezmo, y el monopolio de la enseñanza. La Iglesia perdíó parte de sus bienes con las desamortizaciones, y las órdenes religiosas disminuyeron; se mostró enemiga del liberalismo, contraria a la tolerancia religiosa y separación Iglesia-Estado.
La gran protagonista fue la burguésía, la sustitución de privilegios permitíó legalmente la movilidad social, y las desamortizaciones la posibilidad de conseguir bienes. El progreso económico, favorecíó la aparición de una burguésía de negocios: banqueros, comerciantes, propietarios de tierras y de inmuebles urbanos, grandes profesionales y altos cargos del Estado. Fuera de las grandes urbes, se desarrolló una burguésía más modesta.
Las clases medias constituían entre el 5% y 10% de la sociedad, eran propietarios de tierras, comerciantes, profesionales liberales y empleados públicos. Constituyeron un grupo influyente en el país. La revolución industrial aportó una nueva clase social, el proletariado industrial. En el Siglo XIX se desarrolló el movimiento obrero, favorecido por las malas condiciones laborales (largas jornadas), de vida (hacinamiento), económicas (salarios bajos), y falta de protección social.