El Protectorado Español en Marruecos y la Dictadura de Primo de Rivera

El Desastre de Annual y la Política Española en Marruecos

Tras el desastre del 98, la política exterior española se centró en el norte de África. En la Conferencia de Algeciras (1906), España obtuvo la administración del Rif, la zona norte de Marruecos, estableciendo un protectorado. Este territorio generó numerosos problemas para los gobiernos españoles, debido a los continuos enfrentamientos armados con los bereberes, lo que implicó un gran gasto económico, pérdidas humanas y descontento social.

En 1920, las autoridades españolas decidieron reforzar su presencia militar en la zona para consolidar su control. Al año siguiente, el general Silvestre lideró un rápido avance militar hacia la bahía de Alhucemas, comprando la lealtad de varias tribus rifeñas y estableciendo una precaria línea de suministros. Esta situación, sumada a las pésimas condiciones de la tropa española, permitió a Abd El Krim atacar por sorpresa el campamento español en Annual.

Silvestre ordenó una retirada que se convirtió en una masacre, con miles de muertos y la pérdida de todo el territorio controlado hasta Melilla. El gobierno de Maura elaboró el Informe Picasso, que se limitó a señalar responsabilidades militares. Sin embargo, la oposición exigía responsabilidades políticas, incluyendo las del propio monarca. El temor a las posibles repercusiones del Informe Picasso provocó el golpe de Estado del Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, quien declaró el Estado en guerra y asumió todos los poderes. Alfonso XIII apoyó públicamente a Primo de Rivera, encargándole la formación de gobierno, lo que consolidó el éxito del golpe.

Golpe de Estado y Directorio Militar (1923 – 1925)

Primo de Rivera justificó sus intenciones en un manifiesto, presentando la dictadura como un régimen transitorio destinado a erradicar los males del país. El primer gobierno del general fue un Directorio Militar, compuesto por él mismo como jefe de gobierno y otros nueve miembros del ejército. La mayoría de la población reaccionó pasivamente ante el golpe, con la excepción de los anarquistas.

Los presidentes del Congreso y el Senado solicitaron al rey que convocara elecciones a Cortes antes de que transcurrieran tres meses desde su disolución. Alfonso XIII respondió que no era tiempo de Cortes ni de Constituciones, sino de restablecer la paz y el orden en el país. A pesar de carecer de un programa político definido, Primo de Rivera tenía objetivos claros: acabar con el caciquismo, restablecer el orden público, apartar a los viejos políticos liberales y pacificar Marruecos.

Para eliminar el sistema de la Restauración y el caciquismo, los ayuntamientos fueron reemplazados por juntas de vocales asociados, integradas por personas de alto prestigio social, solvencia acreditada y, preferiblemente, con título profesional o, en su defecto, por los mayores contribuyentes. La ley municipal de 1924 establecía elecciones por sufragio universal para los ayuntamientos, pero nunca se aplicó. De esta manera, el caciquismo no solo persistió, sino que se persiguió a los opositores al régimen. En ese mismo año, Primo de Rivera creó un partido único, la Unión Patriótica (UP), que se convirtió en un instrumento de propaganda institucional.

Para controlar el orden público, se impusieron medidas represivas contra la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) y el PCE (Partido Comunista de España), que fueron declarados ilegales. También se reprimieron manifestaciones independentistas, prohibiendo el uso de símbolos del catalanismo y del catalán en ámbitos oficiales. Con el Estatuto Provincial de 1925 se suprimió la Mancomunidad de Cataluña, lo que impulsó el nacionalismo radical y el separatismo.

La acción más destacada de este período fue la intervención en Marruecos. Inicialmente, Primo de Rivera intentó negociar la paz con Abd El Krim, lo que generó un conflicto con los militares africanistas. Las negociaciones terminaron con el ataque de los rifeños en 1924 a las tropas españolas que se retiraban desde Xauen, causando miles de bajas y penetrando en el Marruecos francés. En 1925, Francia y España acordaron una ofensiva militar conjunta por mar y tierra, conocida como el Desembarco de Alhucemas, que resultó en una victoria decisiva que derrotó a Abd El Krim, quien se entregó a los franceses en 1926.

Tras este éxito, Primo de Rivera buscó institucionalizar la dictadura, desmilitarizando el gobierno e incorporando a civiles. Así, en 1925, se constituyó el llamado Directorio Civil, una nueva etapa en la que el general incumplió su promesa de abandonar el poder una vez pacificado el país.

El Directorio Civil (1925 – 1930)

En 1927, se creó la Asamblea Nacional Consultiva con el objetivo de elaborar una nueva constitución, el Estatuto Fundamental de la Monarquía. Esto provocó la oposición de los viejos políticos dinásticos, la negativa de los socialistas a seguir colaborando y la desconfianza del monarca, lo que paralizó el proyecto.

La política económica de la dictadura se caracterizó por el intervencionismo estatal y el nacionalismo económico. Sus principales objetivos fueron regular e impulsar la industria nacional mediante elevados aranceles proteccionistas y la concesión de ayudas a las grandes empresas. También se crearon grandes monopolios estatales como CAMPSA y Telefónica, y se realizó una gran inversión en obras públicas. Sin embargo, esta política condujo al aumento de la deuda y al descuido del sector agrícola, donde no se abordó el problema de la propiedad de la tierra.

La dictadura fue una etapa de pocos conflictos sociales, debido a la represión y la censura, pero también a factores como el desarrollo de una amplia política social (construcción de viviendas asequibles, escuelas y servicios sanitarios) y un nuevo modelo de relaciones laborales basado en el corporativismo. La Organización Corporativa Nacional estaba integrada por comités paritarios de cada oficio, formados por igual número de obreros y patrones, con el objetivo de resolver los conflictos.

La Caída de la Dictadura y la Monarquía Alfonsina

La dictadura comenzó a perder apoyos a partir de 1926, siendo el conflicto más importante el militar por los ascensos. Mientras que los militares junteros defendían el ascenso por antigüedad, los africanistas eran partidarios del ascenso por méritos de guerra. La política de Primo de Rivera fue errática, apoyando a unos y otros según el momento, premiando a los afines y castigando a los críticos, lo que le generó numerosos enemigos dentro del ejército, el principal apoyo de la dictadura.

El 24 de junio de ese mismo año hubo un intento fallido de poner fin a la dictadura, conocido como la “Sanjuanada”, en la que participaron políticos de la Restauración, republicanos y prestigiosos generales como Valeriano Weyler. En 1929 se produjo un nuevo intento fallido de golpe, protagonizado por el político conservador José Sánchez Guerra, que se saldó con una durísima represión.

Intelectuales y periodistas también mostraron una fuerte oposición al régimen, destacando figuras como Ortega y Gasset o Unamuno. En 1926, se fundó la Alianza Republicana, integrada por todos los partidos republicanos, mientras que en agosto de 1929 PSOE y UGT firmaron un manifiesto conjunto de rechazo a la dictadura y apoyo a un estado republicano. La CNT, por otra parte, se fue radicalizando, y los partidarios de la insurrección revolucionaria constituyeron en 1927 la Federación Anarquista Ibérica (FAI).

Ante los numerosos conflictos sociales y la falta de apoyos, Primo de Rivera dimitió el 28 de enero de 1930. Con la retirada del general, Alfonso XIII entregó el poder al general Dámaso Berenguer, que lideró un gobierno popularmente conocido como la Dictablanda. En agosto de 1930 una coalición de partidos de diferente signo firmaba el Pacto de San Sebastián, en el que se formaba un comité revolucionario liderado por Niceto Alcalá Zamora con el objetivo de proclamar la República. La insurrección debía producirse el 15 de diciembre, pero los capitanes de la guarnición de Jaca comenzaron la sublevación tres días antes.

En 1931, Alfonso XIII entregó el poder al almirante Juan Bautista Aznar, quien finalmente estableció un calendario de elecciones para la vuelta a la normalidad constitucional: las primeras en celebrarse serían las elecciones municipales el 12 de abril de 1931. Los partidos del Pacto de San Esteban hicieron campaña para presentar esas elecciones como plebiscito entre Monarquía o República. El triunfo aplastante de la coalición republicano-socialista en las grandes ciudades se interpretó como un rechazo directo a la monarquía, que dio paso a la retirada del rey y la proclamación de la II República Española el 14 de abril de 1931.