La Liberalización del Mercado de la Tierra y las Desamortizaciones en la España del Siglo XIX

La liberalización del mercado de la tierra en España, un proceso clave del siglo XIX, requería la eliminación de las trabas del Antiguo Régimen. Desde 1836, los progresistas implementaron medidas cruciales, ya propuestas en intentos revolucionarios previos como las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal:

• Supresión de los mayorazgos (1836): Transformó los bienes vinculados, que eran inalienables, en propiedades plenas y libres.
• Abolición del régimen señorial (1837): Anuló los derechos señoriales jurisdiccionales sin indemnización y convirtió las tierras de los señoríos en propiedades plenas y libres. Se planteó la cuestión de la propiedad de la tierra (dominio útil del campesino vs. dominio directo del señor), resolviéndose generalmente a favor de los antiguos señores.
• Desamortizaciones: Expropiación estatal de tierras eclesiásticas y municipales para su venta en subasta pública. Hubo precedentes (Godoy a fines del siglo XVIII, Trienio Liberal), pero el proceso principal se desarrolló desde 1836-1837 en dos fases:

Fases de la Desamortización

1. Desamortización de Mendizábal (1836-1844): Iniciada durante un gobierno progresista, consistió en la venta de tierras expropiadas a la Iglesia (desamortización eclesiástica). Sus objetivos, motivados por la primera guerra carlista y la crisis de la Hacienda, fueron: sanear la Hacienda, financiar la guerra contra los carlistas y crear una base de apoyo liberal entre los nuevos propietarios.
2. Desamortización de Madoz (1855-1856): Durante el Bienio Progresista, incluyó tierras de la Iglesia aún no vendidas y, principalmente, propiedades municipales. Buscaba reducir la deuda pública y financiar infraestructuras, especialmente la red ferroviaria.

Consecuencias de las Reformas Agrarias Liberales

Las desamortizaciones y otras reformas agrarias liberales tuvieron importantes consecuencias económicas y sociales:

• Consolidación de la estructura de propiedad existente (latifundio, mediana propiedad, minifundio).
• Perjuicio a los campesinos no propietarios, a quienes no se les reconocieron derechos sobre tierras señoriales o municipales ni se les facilitó el acceso a las propiedades desamortizadas. El clero también fue perjudicado por la expropiación.
• Surgimiento de un nuevo propietario rural: burgueses urbanos que se convirtieron en terratenientes. Estos propietarios, junto con la nobleza, adoptaron un comportamiento rentista, sin invertir en la mejora de sus tierras, aprovechando la abundante mano de obra barata (jornaleros) y la política proteccionista del siglo XIX.
• Aumento de la superficie cultivada, pero no de la productividad agrícola, que siguió siendo baja en comparación con otras regiones europeas, excepto en zonas como Cataluña y Levante. El tipo de gran propietario agrario y la existencia de minifundios en el norte de España fueron causas clave de esta baja productividad.

La Crisis Colonial: La Pérdida de Cuba y Filipinas

Entre el final de la Guerra de los Diez Años (Paz de Zanjón, 1878) y el inicio de la última guerra cubana (1895), la única medida aprobada fue la abolición de la esclavitud (1888). Las propuestas de autonomía para Cuba fueron rechazadas. Las tensiones aumentaron debido a los aranceles proteccionistas españoles, que perjudicaban a Cuba y a Estados Unidos, su principal comprador.

En 1892, José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, que lideró la revuelta independentista iniciada el 24 de febrero de 1895. La insurrección, liderada por Antonio Maceo y Máximo Gómez, se extendió por toda la isla. El gobierno de Cánovas envió un ejército al mando del general Martínez Campos, quien fue relevado por el general Valeriano Weyler debido a la falta de éxitos militares. Weyler implementó una estrategia de “concentración” de campesinos, que resultó en una alta mortalidad.

Tras el asesinato de Cánovas, el gobierno liberal de Sagasta intentó la conciliación, relevando a Weyler y concediendo autonomía a Cuba (1897). Sin embargo, las reformas llegaron tarde, y los independentistas, con apoyo estadounidense, rechazaron el fin de las hostilidades.

Simultáneamente, se produjo la insurrección de Filipinas (1896-1897). La presencia española era más débil allí, limitada a órdenes religiosas y la explotación de recursos. El levantamiento fue reprimido y su líder, José Rizal, ejecutado.

En 1898, Estados Unidos declaró la guerra a España, usando como pretexto el hundimiento del buque *Maine*. La rápida guerra terminó con la derrota española en Cavite (Filipinas) y Santiago (Cuba). La Paz de París (diciembre de 1898) significó la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas para España.

El Sistema Canovista y la Restauración Borbónica

La inestabilidad del Sexenio Democrático llevó a la burguesía a posiciones conservadoras. Antonio Cánovas del Castillo fue el artífice de la Restauración Borbónica, preparando el regreso de Alfonso XII. Cánovas buscaba una restauración monárquica basada en un estado de opinión, no en un pronunciamiento militar. Redactó el Manifiesto de Sandhurst (1 de diciembre de 1874), donde el príncipe Alfonso exponía sus ideales.

Sin embargo, los militares se adelantaron, y la restauración se produjo por el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto (29 de diciembre de 1874). Alfonso XII entró en Madrid el 14 de enero de 1875.

Cánovas diseñó un sistema político estable, inspirado en el modelo británico, basado en:

• Soberanía compartida entre la Corona y las Cortes.
• Bipartidismo (Partido Conservador de Cánovas y Partido Liberal de Sagasta).
• Una Constitución moderada (la de 1876).

El sistema canovista era conservador, con un funcionamiento parlamentario liberal pero poco democrático. El turno de partidos se basaba en el falseamiento electoral (encasillado, fraude y caciquismo), resultando en un sistema oligárquico.

La Constitución de 1876

En diciembre de 1875, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal, pero manipuladas para asegurar una mayoría canovista. Estas Cortes aprobaron la Constitución de 1876, un texto flexible pero de carácter moderado y conservador, inspirado en la de 1845, aunque más abierta.

La Constitución establecía:

• Soberanía compartida entre las Cortes y la Corona.
• La Corona como pilar del régimen, con amplios poderes (legislativo, ejecutivo, veto).
• Cortes bicamerales: Congreso de los Diputados (el tipo de sufragio se definía por ley; el sufragio universal masculino se estableció en 1890) y Senado (conservador, con senadores vitalicios, nombrados por el rey y elegidos por contribuyentes y corporaciones).
• Independencia del poder judicial y unidad de códigos.
• Confesionalidad católica del Estado, con tolerancia de otros cultos en privado.
• Declaración de derechos (similar a la de 1869), pero con desarrollo restrictivo.
• Centralismo, con control gubernamental sobre ayuntamientos y diputaciones. Supresión de los fueros vascos y navarros.

La estabilidad del régimen se vio favorecida por el fin de las guerras carlista (1876) y cubana (1878). El ejército se convirtió en uno de los pilares de la Restauración, y se limitó su intervención en la política. El reinado de Alfonso XII consolidó el sistema, pero su desarrollo pleno se dio durante la Regencia de María Cristina, tras el Pacto del Pardo (1885), que estableció el turnismo entre conservadores y liberales.