Los moderados, con el general
Narváez a la cabeza, impulsaron una serie de medidas orientadas a la centralización y unificación del Estado: la supresión de la Milicia Nacional y la creación de la Guardia Civil (1844); de una nueva Constitución de 1845 (inspirada en el liberalismo doctrinario incorporaba la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, un Senado de designación real, el sufragio censitario más restringido, la confesionalidad católica del Estado y un recorte de libertades); la ley de administración local y provincial de 1845 (que limitaba el poder de los ayuntamientos); o las reformas de la enseñanza, la hacendística (1845) y de los códigos penal (1848) y civil
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El impacto del 48 europeo, atenuado en España por la acción decidida de Narváez (que implantó un dictadura legal) y el escaso apoyo popular, fue el contexto para el nacimiento del partido demócrata, que se iría desgajando del programa progresista. El temor a la revolución provocó una política más restrictiva que culminó en el intento de reforma constitucional de Bravo Murillo (1852), finalmente desbaratado por la oposición unánime. El desgaste del partido moderado, la inestabilidad política y la oposición de progresistas, moderados «puritanos» y demócratas desencadenó un pronunciamiento («Vicalvarada») al que se unieron elementos civiles progresistas. El posterior Manifiesto de manzanares (Cánovas) decantó la situación hacia la revuelta popular (juntas) culminado en la revolución de 1854 y provocando la caída de los moderados y el comienzo del bienio progresista (1854-1856), con la vuelta de Espartero al gobierno.  Los progresistas intentaron configurar un nuevo régimen recuperando los principios de 1837 y reorientando la economía, a través de la Constitución de 1856 («nonata»), que proclamaba la soberanía nacional, limitaba las facultades de rey, ampliaba los derechos individuales e incluía la tolerancia religiosa. Además impulsaron la descentralización administrativa (ley municipal), la reforma del sistema tributario, la ampliación del sufragio (ley electoral), la desamortización general de Madoz (1855) y la Ley General de Ferrocarriles (1855). Finalmente, la inestabilidad gubernamental, el descontento popular creciente, la huelga general de 1855, las agitaciones y motines populares provocaron el agotamiento político y la división de los progresistas y su enfrentamiento con los unionistas, lo que se saldó con la dimisión de Espartero en 1856 y el final del bienio.  Tomó el relevo O ́Donnell, que procedíó a eliminar parte de la labor política y legislativa del bienio y restablecíó la Constitución de 1845, al que sucedíó Narváez en el «bienio moderado» (1856-1858) durante el que practicó una política autoritaria y conservadora (amén de grandes obras públicas y la Ley Moyano), hasta la vuelta al gobierno de la Uníón Liberal (1858-1863). La estabilidad política y una buena coyuntura económica (no exenta de agitaciones sociales) permitieron a la Uníón Liberal desarrollar una legislación centrada en aspectos económicos y administrativos que se vio reforzada por una política exterior de prestigio (se intervino en África, el Caribe, Conchinchina, México). Tras un breve paréntesis de gobiernos moderados (inestables e ineficaces) en un clima de conspiraciones y retraimiento de progresistas y demócratas agravado por la protesta estudiantil (noche de San Daniel), el gobierno volvíó temporalmente a la Uníón Liberal (1865-66). Gravemente debilitada fue incapaz de atraerse a los progresistas, cuya estrategia era el retraimiento, y de integrarlos en el juego político, evidencia de la crisis general del sistema, lo que acabó apartándolos definitivamente del poder. El regreso de los moderados con Narváez (1866-68) significó una política inmovilista orientada desde las camarillas palaciegas que acabó precipitando el final del reinado por el efecto combinado de factores como un crisis económica (1866) y de subsistencias (entre 1867 y 1868), los pronunciamientos (de Prim, y de los sargentos del cuartel de San Gil), el Pacto de Ostende (1866) y la difusión del ideario demócrata, motivos que desembocaron en la revolución Gloriosa de 1868. 

El triunfo de la revolución hizo posible la reorientación del liberalismo y la aplicación de un amplio programa de reformas que pretendía la regeneración política y social de España. Con la Constitución de 1869 España se constituía en monarquía parlamentaria y triunfaban los principios del liberalismo democrático: soberanía nacional y sufragio universal.