Ley de Responsabilidades Políticas: Represión y Consecuencias en la España Franquista

Ley de Responsabilidades Políticas (1939): Análisis y Consecuencias

Introducción: Nos encontramos ante varios artículos de la Ley de Responsabilidad Política, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 13 de febrero de 1939. Se trata de un texto de fuente primaria, de carácter jurídico (una ley) y contenido político. El autor es colectivo (el gobierno), bajo la subordinación de Franco, y se dirige a un colectivo. Su finalidad es pública. Su objetivo es mostrar las decisiones tomadas por el Gobierno con respecto a las personas que antes (1934) o durante la Guerra Civil Española (1936-1939) se opusieron al Movimiento Nacional. Se publicó poco antes de la caída definitiva de Madrid y la finalización de la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939.

Tema Central e Ideas Principales

El tema central del texto es la regularización de la situación de quienes no habían apoyado el golpe militar. Las principales ideas son:

  1. Sancionar conductas de los responsables de la guerra: («conspiración roja») contra los republicanos y los integrantes y partidarios de los partidos de izquierda y los sindicatos obreros.
  2. Indicar los tribunales que van a juzgar, integrados por representantes del ejército, de la Magistratura, de la Falange (extrema derecha fascista) y de las J.O.N.S.
  3. Remarcar los culpables acusados de atentar contra el Movimiento Nacional (art. 1º). Se considera culpables a todas las personas que defendieron la República entre el 1 de octubre de 1934 (Revolución de Octubre) y el 18 de julio de 1936, que a partir de ese momento se opusieron al Movimiento, que no aceptaron el nuevo régimen político o que se manifestaron contra él. También se incluyen los organismos y agrupaciones contrarios al régimen (art. 2): todos los partidos integrantes del Frente Popular (coalición de partidos de izquierda que venció las elecciones de 1936) y las agrupaciones que lo apoyaron, incluyendo las organizaciones nacionalistas.
  4. Señalar algunas sanciones (art. 3º), como la pérdida de todos sus derechos, la pérdida total de sus bienes y la ilegalización de todos los partidos, organizaciones y agrupaciones opositoras.

Contexto Histórico

Según iba avanzando la II República, se intensificaba la crisis. Por un lado, las reformas progresistas (agraria, religiosa, educativa, militar…) generaron tensiones entre sectores conservadores, militares (intento de golpe de estado la “Sanjurjada”) y la Iglesia. Por otro lado, se produjo una polarización ideológica derecha-izquierda: la derecha se organizó en torno a la CEDA y otros partidos conservadores, mientras que la izquierda se dividió entre socialistas, comunistas y anarquistas, aunque logró unificarse temporalmente en el Frente Popular. También hay que destacar el auge de ideologías extremas: el fascismo (Falange Española), el comunismo y el anarquismo libertario revolucionario. Entre las causas de la crisis, hay que destacar las tensiones regionales con los estatutos de autonomía catalán y vasco, que generaron enfrentamiento entre centralistas y autonomistas, mientras la derecha veía estas concesiones como una amenaza a la unidad de España.

A partir de las elecciones de 1936, con el Gobierno del Frente Popular, la Falange (extrema derecha fascista), los carlistas y los generales Sanjurjo, Mola y Franco prepararon un golpe de Estado que llevó a que el 17 de julio de 1936 se produjera una sublevación militar apoyada por algunos civiles. El asesinato del líder de la derecha, José Calvo Sotelo, en julio de 1936 en respuesta al asesinato del republicano teniente Castillo fue el detonante inmediato del alzamiento. Ante el fracaso del levantamiento en las principales ciudades españolas y la imposibilidad de tomar Madrid, el enfrentamiento entre las fuerzas sublevadas y las fuerzas leales al gobierno republicano derivó en una guerra civil. La sublevación supuso la movilización popular y tras la reacción de la República se dio paso a la guerra. En ella se enfrentaba el bando sublevado y el bando republicano, y tras la conquista progresiva del territorio por parte del bando franquista (Guipúzcoa, Vizcaya, Asturias, Cataluña, Madrid…) la guerra finalizó el 1 de abril de 1939.

Consecuencias de la Guerra Civil

Las consecuencias de la guerra tras tres años de lucha fueron muy graves. Entre ellas destaca:

  • Políticas: En España se acabó con la democracia y su sistema de valores y se instauró un régimen totalitario, inicialmente de corte fascista, que durante 40 años y sustentado en una feroz represión sometió al país al miedo. Esta feroz represión se sustentó en la Ley de Responsabilidades Políticas que estamos analizando.
  • Económicas: Las destrucciones provocadas por la guerra y el embargo internacional provocaron un hambre generalizada. Para paliarlo, se optó por una política autárquica (autoabastecimiento) desplegada en el racionamiento de los productos básicos y llevada a cabo mediante las “cartillas de racionamiento”. Esto último motivó la existencia de un abundante mercado negro (estraperlo).
  • Demográficas: La Guerra se saldó con más de 600.000 muertos de los dos bandos, tanto en el frente como en la retaguardia, tanto durante la guerra como en la represión posterior y con unos 200.000 exiliados.
  • Culturales: La Guerra Civil provocó la depuración de muchos intelectuales y el aislamiento internacional y cultural del país solo paliado a finales de los años cincuenta. El exilio de pensadores, artistas, etc., sometió al país a un desierto intelectual y cultural.

Conclusiones

Finalizamos el comentario señalando la importancia del texto: Esta ley constituye uno de los instrumentos fundamentales para la represión política en la España de Franco. Se trata de uno de los ejemplos más claros de vulneración del derecho como se concibe en Occidente. Además, tuvo carácter retroactivo. Une en una misma ley las responsabilidades de personas físicas y de personas jurídicas, imponiendo penas muy graves, no previstas en la legislación penal de la época. Establece la represión política permitiendo la condena de acusados ausentes o desaparecidos. Y, por último, establece un sistema judicial extraordinario, quebrando el principio de que la responsabilidad penal era personal e intransferible y ordenando que las sanciones económicas impuestas a una persona responsable, muerta, fueran transmisibles a sus herederos.