La Segunda República Española (1931-1936): Reformas, Conflictos y el Camino a la Guerra Civil

1. Introducción: El Fin de la Dictadura y el Advenimiento de la República

El final de la dictadura de Miguel Primo de Rivera se debió a múltiples factores: la división del apoyo entre los militares al dictador y al rey, las huelgas, la represión contra el anarquismo y el sindicalismo, la indiferencia ante el problema agrario y las aspiraciones nacionalistas, entre otras. La crisis económica internacional, desencadenada por el crack de la bolsa de Nueva York en 1929, también tuvo repercusiones en España.

Alfonso XIII aceptó la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930. El general Dámaso Berenguer (conocido por el periodo como la “Dictablanda”) fue designado por el rey como nuevo jefe del gobierno, restableciendo la Constitución de 1876.

La implicación de la monarquía en la dictadura aumentó el apoyo a la República. El partido Alianza Republicana promovió el Pacto de San Sebastián, al que se sumaron la mayoría de los partidos republicanos, el PSOE y la UGT, con el objetivo de poner fin a la monarquía. Un pronunciamiento militar en Jaca (Huesca) en diciembre de 1930 proclamó la República, pero fracasó, resultando en el fusilamiento de sus líderes.

Juan Bautista Aznar, nuevo jefe de gobierno, convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Estas elecciones se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía. Aunque los monárquicos obtuvieron más concejales, la candidatura republicano-socialista ganó en 41 de las 50 capitales de provincia y en la mayoría de los núcleos industriales. Alfonso XIII, ante la falta de apoyos, renunció al trono y se exilió. El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República, con Niceto Alcalá Zamora al frente.

2. El Bienio Reformador o Republicano-Socialista (1931-1933)

Niceto Alcalá Zamora encargó la formación del gobierno a Manuel Azaña (Izquierda Republicana). Azaña tuvo que afrontar problemas de orden público (huelgas, quema de conventos), la fuga de capitales debido a la desconfianza de empresarios y propietarios agrícolas, y la oposición del sector más conservador de la Iglesia católica, liderado por el Cardenal Segura.

En las elecciones generales del 28 de junio, la coalición republicano-socialista obtuvo una amplia victoria (250 de 464 diputados). En diciembre se aprobó la Constitución de 1931, que estableció un sistema político democrático, parlamentario y laico. Sus principios fundamentales fueron:

• Soberanía popular y sufragio universal (incluyendo, por primera vez, el sufragio femenino).
• Poder ejecutivo: el presidente de la República podía nombrar y destituir al presidente del gobierno.
• Poder legislativo: Cortes unicamerales con control sobre el gobierno y capacidad para destituir al presidente de la República.
• Poder judicial: juicios con jurado y creación del Tribunal de Garantías Constitucionales.
• Autonomía de las regiones: aprobación de Estatutos de Autonomía mediante referéndum y posterior aprobación en el Congreso.
• Laicismo: supresión del presupuesto para el culto y el clero, enseñanza laica (en detrimento de las órdenes religiosas), disolución de la Compañía de Jesús, y validez del matrimonio civil y el divorcio.
• Derechos individuales y sociales: seguridad social, medidas de protección del trabajo femenino e infantil, y subordinación de la propiedad privada al interés público (permitiendo expropiaciones).

Las principales reformas del Bienio Republicano-Socialista (1931-1933) incluyeron:

• Reforma educativa: creación de 10.000 escuelas y 7.000 plazas de maestros para impulsar la escuela pública, obligatoria, gratuita y mixta. Las Misiones Pedagógicas llevaron la cultura a las zonas rurales.
• Reforma militar: supremacía del poder civil sobre el militar, cierre de la Academia Militar de Zaragoza (considerada antirrepublicana), reducción de oficiales y creación de la Guardia de Asalto. La reducción del presupuesto militar, sin embargo, impidió la modernización del ejército y generó rechazo hacia la República.
• Reformas socio-laborales (impulsadas por Largo Caballero): sustitución de los Comités Paritarios por Jurados Mixtos, puesta en cultivo de nuevas tierras, prohibición del uso de maquinaria para prevenir el paro agrario y obligación de contratar a trabajadores locales. Estas leyes encontraron la oposición de los patronos.
• Reforma agraria: Ley de Reforma Agraria para favorecer el asentamiento de campesinos en tierras expropiadas, ley de obras de puesta en riego para construir pantanos y embalses, y el Plan de obras hidráulicas (incluyendo el trasvase desde la vertiente atlántica a la mediterránea). Estas medidas fracasaron debido a la complejidad de la tramitación, la falta de presupuesto para indemnizaciones y la oposición de los terratenientes.
• Estatuto de Autonomía de Cataluña: aprobación del Estatuto catalán, creación de la Generalitat (un parlamento propio) y reconocimiento del catalán como lengua cooficial.

El aumento del paro y la lentitud de las reformas generaron descontento popular. La Iglesia y los conservadores rechazaron el laicismo y la secularización. Algunos sectores del ejército vieron la autonomía catalana como una amenaza a la unidad nacional.

En diciembre de 1931, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) convocó una manifestación en Castilblanco (Badajoz) para pedir trabajo. La Guardia Civil la disolvió, generando tensión y enfrentamientos. En enero de 1933, la CNT convocó una huelga general con enfrentamientos entre anarquistas y fuerzas de orden público. Paralelamente, campesinos afiliados a la CNT iniciaron una insurrección en Casas Viejas (Cádiz). La fuerte represión de este suceso debilitó al gobierno republicano.

El 10 de agosto de 1932, el general José Sanjurjo lideró un golpe de Estado en Sevilla, que fracasó por falta de apoyos. El Gobierno también enfrentó la creciente oposición de Acción Popular, liderada por José María Gil Robles, que impulsó la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), y de Falange Española de las JONS, el partido de influencia fascista de José Antonio Primo de Rivera.

3. El Bienio Conservador o Radical-Cedista (1933-1935)

La crisis de gobierno llevó al presidente de la República a disolver las Cortes y convocar elecciones en noviembre de 1933. La desunión de la izquierda favoreció la victoria de la derecha. Alejandro Lerroux (Partido Radical) formó un gobierno de coalición con el apoyo de Gil Robles (CEDA).

El nuevo gobierno adoptó medidas como: subvenciones al clero católico, ralentización de la construcción de escuelas públicas, paralización del proyecto de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, y una contrarreforma agraria (aumentando las indemnizaciones por expropiación). Se decretó la amnistía para Sanjurjo y se nombraron generales conservadores para cargos militares clave, como Franco, designado jefe del Estado Mayor.

La paralización de las reformas aumentó la conflictividad y radicalizó a la izquierda, que rechazó la entrada de la CEDA en el gobierno. La “revolución de octubre de 1934” comenzó con una huelga general. En Cataluña, el presidente Companys (ERC) proclamó la independencia, pero el ejército detuvo la rebelión y el Estatuto de Autonomía fue suspendido. En Asturias, más de veinte mil mineros ocuparon pueblos y formaron comités revolucionarios. El ejército de África, liderado por Franco, sofocó la revolución, con un saldo de más de 1.300 muertos y 30.000 detenidos.

4. El Gobierno del Frente Popular (febrero a julio de 1936)

La represión y los casos de corrupción del Partido Radical provocaron una crisis gubernamental, convocándose elecciones en febrero de 1936. Se presentaron dos grandes coaliciones:

• Frente Popular (izquierda): Izquierda Republicana (Azaña), Unión Republicana, PSOE y UGT, PCE (Partido Comunista Español), POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y Esquerra Republicana (partido catalán). Contó con el apoyo de la CNT.
• Bloque Nacional (derecha): CEDA, monárquicos y antiguos carlistas.

El Frente Popular ganó las elecciones por un estrecho margen. Manuel Azaña (presidente de la República) nombró a Casares Quiroga presidente del gobierno. Se restableció la autonomía catalana y se debatió el Estatuto vasco. El gobierno alejó de Madrid a generales sospechosos de golpismo: Franco (Canarias), Mola (Pamplona) y Goded (Baleares). Se impulsó la reforma agraria, expropiando más de medio millón de hectáreas y asentando a 110.000 familias en Extremadura y Andalucía. Se decretó la amnistía para los detenidos por la revolución de 1934.

El aumento del desempleo incrementó las tensiones entre grupos radicales de izquierda y derecha. El gobierno prohibió las actividades de la Falange y detuvo a su líder. El ejército y los sectores conservadores defendieron la vía del golpe militar para evitar una revolución comunista. En este clima de extrema crispación, el 12 de julio fue asesinado el teniente Castillo (Guardia de Asalto y militante socialista), presuntamente por miembros de la Falange. En represalia, al día siguiente fue asesinado José Calvo Sotelo, líder de la derecha y diputado monárquico. Este asesinato fue utilizado como excusa para iniciar el levantamiento militar del 18 de julio.

Conclusión

Las investigaciones sobre la República a menudo se han centrado en justificar las causas de su final, es decir, el estallido de la Guerra Civil. Algunos historiadores, como Robinson, atribuyen el fin de la República a la radicalización de la izquierda y la derecha. Otros, como Preston, señalan a la CEDA como la principal amenaza a la democracia. Aunque la Segunda República representó un intento de profunda renovación política, social y económica, las reformas se vieron superadas por las corrientes revolucionarias de base proletaria y la oposición de las fuerzas conservadoras.