La Segunda República Española (1931-1936)
Los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 convocadas por el Gobierno del almirante Aznar adquirieron un carácter electoral, de apoyo o rechazo a la monarquía. Aunque en la mayoría de los municipios rurales, dominados por caciques, se impusieron las candidaturas monárquicas, en las capitales de provincia y principales núcleos urbanos triunfó la conjunción republicano-socialista. Dos días después, el 14 de abril, Alfonso XIII decidía acatar la voluntad popular, renunciar a la potestad real y abandonar España. En Madrid, los representantes de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián (republicanos conservadores, de izquierda y radicales, socialistas y nacionalistas catalanes y gallegos) constituyeron un Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora. Al margen de la coalición quedaban la derecha monárquica, los nacionalistas vascos y el obrerismo más radical (comunistas y anarquistas). El 28 de junio se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes. Concluyeron con una nueva victoria de la conjunción republicano-socialista, que presentó una única candidatura en la mayoría de las circunscripciones. El ejecutivo quedó en manos de la coalición republicano-socialista. La primera tarea de las nuevas Cortes fue elaborar una nueva Constitución de carácter republicano.
La Constitución tenía un carácter democrático y progresista. España fue definida como “una república de trabajadores de todas las clases sociales”, al tiempo que se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.
Se garantizaba la igualdad absoluta ante la ley, la educación y el trabajo y, por primera vez, se concedía el voto a las mujeres. Por último, se declaraba la laicidad del Estado (separación Iglesia-Estado) y se reconocían el matrimonio civil y el divorcio. La Constitución obtuvo el rechazo absoluto de los partidos de derechas y de los sectores católicos. Tampoco contó con el consenso de los grupos republicanos más moderados. Alcalá-Zamora fue nombrado Presidente de la República y Manuel Azaña le sustituyó en el cargo de presidente del Gobierno.
Política de Reformas
La política de reformas, desarrollada especialmente durante el bienio de izquierdas, fue impulsada por el Gobierno de Manuel Azaña y se basó en la alianza entre la burguesía republicana de izquierda y el obrerismo socialista. La llegada de la República supuso la aprobación de una nueva legislación socio-laboral, cuyo líder fue el socialista Largo Caballero.
Se concretó principalmente en la Ley de Términos Municipales, la Ley de Jurados Mixtos, la Ley de Laboreo forzoso y el establecimiento de la jornada máxima laboral de ocho horas.
Estas normas pretendían mejorar la situación de los trabajadores. La Ley de Reforma Agraria de 1932, el proyecto de mayor envergadura, intentó dar solución al problema del campesinado sin tierras. Esta ley permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza, mientras que las cultivadas deficientemente, las arrendadas sistemáticamente o las que pudiendo ser regadas no lo eran, se podían expropiar indemnizando a sus propietarios.
Las complejidades legales y burocráticas y las limitaciones presupuestarias no tardaron en convertir la reforma en una decepción para el campesinado pobre: a finales de 1933 sólo se habían asentado a poco más de 4.000 campesinos, frente a los 60.000 previstos. La ley contó con la radical oposición de los grandes propietarios agrícolas, que en algunas regiones, como Andalucía, concentraban más del 50% de la tierra.
Uno de los primeros objetivos de la República fue limitar la influencia de la Iglesia. La Constitución estipuló la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la supresión del presupuesto de culto y clero. También se permitieron el divorcio y el matrimonio civil, se retiraron los crucifijos de las escuelas y se secularizaron los cementerios (ya no eran controlados por la Iglesia).
Reforma de las Instituciones
El temor a la influencia que las órdenes religiosas ejercían especialmente en la educación llevó al Gobierno republicano a prohibirles dedicarse a la enseñanza. El enfrentamiento más grave se produjo con los jesuitas, que profesaban un cuarto voto de obediencia al Papa. Acusados de depender de un poder extranjero, la Compañía de Jesús fue disuelta, y sus bienes, nacionalizados.
La jerarquía eclesiástica, salvando excepciones, no dudó en manifestar su rechazo hacia la República y en movilizar a los católicos en su contra. La República se propuso también reformar las instituciones militares, que contaba con un elevado número de oficiales mal pagados, y que era excesiva para las necesidades defensivas del país.
Con esta finalidad se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que ofrecía a los oficiales en activo la posibilidad de retirarse voluntariamente.
Además, se redujo el número de unidades y oficiales, y se cerró la Academia Militar de Zaragoza, vivero de los sectores más reaccionarios del ejército.
La reforma militar fue recibida por algunos sectores, sobre todo por los llamados africanistas, como una agresión a la tradición militar y al poder del ejército. Quince meses después de la proclamación de la república, algunos militares, con el general Sanjurjo a la cabeza, se sublevaron en Sevilla y protagonizaron un primer golpe de Estado contra la República.
Aunque el levantamiento fracasó, constituyó un serio aviso de que la lealtad del ejército no estaba ni mucho menos garantizada. En materia policial, se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la República, que estaba dotada de medios modernos de disolución de las concentraciones y manifestaciones obreras.
Reformas Territoriales y Culturales
Los gobernantes de 1931 emprendieron una reforma territorial que permitiría a las regiones con sentimientos nacionalistas acceder a la autonomía. En Cataluña se produjo la formación de un gobierno autonómico, la Generalitat, y la aprobación de un Estatuto de Autonomía. Las primeras elecciones al Parlamento catalán dieron la victoria a ERC y Francesc Macià fue elegido presidente de la Generalitat.
En el País Vasco, en 1936, ya iniciada la Guerra Civil, se aprobaría un estatuto. José Antonio Aguirre, principal dirigente del PNV, fue elegido primer lehendakari. A la reforma de la enseñanza se dedicaron muchos recursos.
La República emprendió un plan de construcción de miles de escuelas, con el fin de consolidar una enseñanza pública, obligatoria y gratuita. Se optó por un sistema de educación laico y se introdujo la coeducación, suprimiendo así la separación de los alumnos en las aulas por razón del sexo.
La dotación de nuevas plazas de maestros multiplicó por tres las creadas durante la década anterior. La no obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica en las escuelas y el carácter laico de la reforma educativa provocó una fuerte reacción entre los sectores políticos y sociales más conservadores.
La renovación cultural se materializó en iniciativas que pretendían hacer posible el acceso a la cultura a sectores tradicionalmente olvidados por los poderes públicos. Se impulsaron las Misiones Pedagógicas, se crearon bibliotecas y pinacotecas ambulantes, y se ofrecieron charlas y conferencias sobre literatura española, teatro, danza clásica, etc. También se abrieron Casas de la Cultura con bibliotecas estables, se fomentaron las vacaciones y colonias escolares y se apoyaron iniciativas como el Teatro Universitario “La Barraca”, dirigido por el poeta granadino Federico García Lorca.
Fin de la Segunda República
Las reformas emprendidas por la coalición republicano-socialista fueron contestadas por diversos sectores sociales. Por un lado, la derecha y los grupos de presión (organizaciones patronales, la Iglesia y el ejército) mostraron una fuerte resistencia al proceso reformista. Por otro, las reformas le parecían lentas e insuficientes a la izquierda obrera (anarquistas y comunistas), que defendía la necesidad de llevar a cabo una revolución social inmediata. A los ya tradicionales problemas de la economía española se unieron las repercusiones de la crisis económica de 1929.
Por otra parte, la política de contención del gasto adoptada por los gobiernos se tradujo en un incremento del paro.
El deterioro de la economía hizo aumentar la conflictividad social y las huelgas. Ello comportó un incremento de la violencia política, con continuos choques con la fuerza pública y una escalada de muertos, heridos y detenidos que fue desacreditando a la República. La pérdida de popularidad y el desgaste de la coalición de partidos que respaldaba al Gobierno fueron en aumento durante 1933. Las repercusiones del escándalo de Casas Viejas, la colaboración entre republicanos y socialistas fue haciéndose cada vez más difícil.
En septiembre, Alcalá-Zamora retiró su confianza al Gobierno y nombró a Diego Martínez Barrio presidente de un nuevo gabinete con la finalidad de convocar elecciones generales, fijadas para noviembre de 1933
Las elecciones de noviembre de 1933, las primeras en las que pudieron votar las mujeres en España, concluyeron con un vuelco en la composición de las Cortes. Las derechas lograron formar una única candidatura en numerosas circunscripciones, frente a unas izquierdas que optaron por presentarse en candidaturas separadas.
La adjudicación de escaños otorgó a la CEDA de Gil Robles y al Partido Republicano Radical de Lerroux más de un centenar de diputados a cada uno, insuficientes no obstante para poder gobernar en solitario. La salida fue la formación de un gobierno sostenido por los radicales y algunos pequeños partidos de centro, que puso en marcha una política revisionista de las reformas del primer bienio bajo la supervisión de la derechista CEDA, a cambio de que esta apoyase al Gobierno.
El nuevo Gobierno inició un giro en la política reformista del bienio anterior. En el campo frenó la reforma agraria, y también intentó contrarrestar la reforma religiosa aprobando un presupuesto de culto y clero. Además, se inició la destitución de los ayuntamientos en manos de republicanos y socialistas.
El giro conservador y la obstrucción de las reformas anteriores tuvieron como consecuencia una radicalización del PSOE y de la UGT, impulsada por Largo Caballero.
En junio de 1934, los socialistas declararon una huelga general campesina en defensa de las conquistas legales y de las mejoras socio-laborales alcanzadas. Ante esta situación, la CEDA endureció su posición y reclamó una acción más contundente en materia de orden público, exigiendo participar en el Gobierno bajo la amenaza de retirar su apoyo parlamentario.
El jefe del Gobierno, Lerroux, accedió a las peticiones, y el 5 de octubre de 1934 otorgó tres carteras ministeriales a la CEDA. Al día siguiente de la formación del nuevo Gobierno, por iniciativa de la UGT y con escasa participación de la CNT, se produjeron huelgas y manifestaciones en algunas grandes ciudades. Los acontecimientos de octubre de 1934 fueron graves en Asturias y Cataluña, pero el movimiento fracasó a nivel nacional.
En la primavera de 1935 se formó un nuevo gobierno presidido por Lerroux, que incluía a cinco miembros de la CEDA. El ejecutivo inició la contrarrevolución que Gil Robles venía anunciando a sus partidarios desde hacía dos años. A lo largo de 1935 se acentuaron las divisiones entre los partidarios que apoyaban a los gobiernos de centro-derecha, sobre todo a partir de los escándalos de corrupción en que se vieron envueltos Lerroux y los radicales, que provocaron su descrédito ante la opinión pública. Haciendo uso de sus prerrogativas, el presidente Alcalá-Zamora decidió disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para febrero de 1936.
Las izquierdas acudieron a las elecciones en una gran coalición que incluía a los republicanos reformistas, al PSOE e incluso a los comunistas, y adoptó el nombre de Frente Popular. Su programa defendía la concesión de una amnistía para las personas encarceladas por la revolución de octubre de 1934 y la aplicación de la legislación reformista suspendida por la coalición radical-cedista. La CNT no participó en el pacto, pero esta vez no pidió la abstención, lo cual significaba de hecho un apoyo al Frente Popular. Los partidos de derecha no lograron confeccionar una candidatura única, aunque en esencia todos pretendían implantar un régimen autoritario. El Frente Popular fue la fuerza ganadora, con el 48% de los votos. Las derechas obtuvieron el 46,5%. El PSOE y la CEDA formaron las principales minorías parlamentarias, aunque los republicanos (Azaña y Martínez Barrio) junto a la izquierda catalana sumaban más de 160 diputados. El PCE, incluido en el Frente Popular, obtuvo 17 escaños. Falange Española ni siquiera consiguió que su líder, José Antonio Primo de Rivera, revalidase su acta de diputado.
De acuerdo con lo firmado en el programa del Frente Popular, el nuevo gobierno quedó formado exclusivamente por republicanos (Izquierda Republicana y Unión Republicana), mientras que el resto de partidos de la coalición se comprometieron a darles apoyo parlamentario. Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República y Casares Quiroga, presidente del Gobierno. El nuevo gobierno puso en marcha el programa pactado en la coalición electoral. Se decretó una amnistía, se restableció el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en el País Vasco y Galicia se iniciaron las negociaciones para la aprobación de sus respectivos estatutos. Esperanzados con las perspectivas de cambio, los partidos de izquierda y los sindicatos se lanzaron a una movilización popular. Los anarquistas proponían acciones revolucionarias, y un sector del socialismo se orientó hacia soluciones radicales y cercanas a las del PCE.
La situación política y social fue deteriorándose: los enfrentamientos en las calles proliferaron y la escalada de huelgas y desórdenes generó un clima de violencia social. Falange Española y otros grupos de extrema derecha formaron patrullas armadas que iniciaron acciones violentas, y estas fueron respondidas del mismo modo por los militantes más radicales de la izquierda. Mientras el Gobierno trataba de controlar los disturbios y restablecer el orden, una buena parte de las derechas ya pensaba en un golpe de fuerza para acabar con el Frente Popular.
La preparación del golpe militar se inició incluso antes del triunfo electoral del Frente Popular. Buena parte de la oficialidad del ejército comenzó a planificar un levantamiento armado, organizado desde Pamplona por el general Mola, quien asumió el papel de director. El asesinato el
13 de julio de 1936 del líder de los monárquicos alfonsinos José Calvo Sotelo a manos de integrantes de fuerzas policiales, en venganza por el asesinato del teniente Castillo por la ultraderecha, aceleró la sublevación militar, que se inició el 17 de julio en Marruecos y dio comienzo a una Guerra Civil que duraría tres años.