El Sexenio Democrático (1868-1874)

Podemos considerar al Sexenio como la última etapa de la revolución liberal en España, lo que representó en su momento un claro intento de ampliar el liberalismo e instaurar un sistema democrático, modernizando España. Pero los seis años estuvieron marcados por una fuerte inestabilidad, con un cambio de régimen, de monarquía a república, y problemas tan graves como el levantamiento carlista, la aparición del federalismo o el problema de Cuba. En definitiva, la burguesía democrática no consiguió estabilizar el régimen y los sectores populares no vieron satisfechas muchas de sus reivindicaciones.

La revolución de septiembre de 1868, que inaugura el Sexenio, viene precedida de una crisis económica, que tiene un carácter doble: por una parte, se trata de una recesión financiera e industrial, motivada por los problemas derivados de la construcción del ferrocarril y del estancamiento de la industria textil catalana; por otra, la carestía de los precios llevó a una crisis de subsistencia. Es decir, elementos nuevos y viejos unidos que desencadenan una crisis económica no conocida hasta el momento. Desde un punto de vista político, los años 60 coinciden con el deterioro del sistema liberal isabelino. Al final, el poder queda tan sólo en manos del partido moderado. Los progresistas, que se retraen en las elecciones, aspiran a llegar al poder a través del clásico golpe militar, como los protagonizados por Prim o la sublevación del cuartel del San Gil, intentos fracasados pero que debilitan la monarquía isabelina. Finalmente, los progresistas articularán una oposición al régimen contando con otros grupos, como los demócratas, que cristalizará en el Pacto de Ostende, al que se unirán los generales unionistas, Serrano, Topete o López de Ayala. Sin el concurso de buena parte del ejército y con una sociedad que reclama cambios, la suerte de la monarquía isabelina estaba echada.

1.- La Revolución de 1868, el Gobierno provisional y la Constitución de 1869

Al grito de “¡Viva España con honra!” se sublevó el 17 de septiembre de 1868 en Cádiz el almirante Topete. A la sublevación se unirán Prim y Serrano. Las tropas leales al Gobierno isabelino acudieron a sofocar la sublevación, que ya se había extendido por numerosas ciudades. El único encuentro militar se desarrolló en la batalla de Alcolea, en la que Serrano derrotó a los isabelinos, mandados por Novaliches. Mientras tanto, se habían desarrollado juntas revolucionarias en gran parte del país. La dirección política la tomaron los progresistas, que crearon un Gobierno provisional, que iba desde la Unión Liberal hasta los demócratas, denominados ahora cimbrios, que acataban la monarquía como futura forma de Estado. El Gobierno estuvo presidido por el general Serrano. Durante los ocho meses de su mandato, el Gobierno estableció el sufragio universal, convocando Cortes Constituyentes para enero de 1869. Al mismo tiempo, se clausuraban las juntas, que veían frustradas sus aspiraciones de realizar una reforma social donde se eliminaran las quintas y el impuesto de consumos e instaurar una República.

Las elecciones de enero de 1869 daban la mayoría de los escaños a la coalición gubernamental, que elaboraba la primera Constitución democrática de España. Establecía un amplio régimen de derechos y libertades. Se reconocían los derechos de manifestación, reunión y asociación, la libertad de enseñanza o la libertad de profesar cualquier religión. La Constitución se basaba en la soberanía popular, considerando al pueblo como origen y fuente de esta. El Estado se declaraba monárquico, pero la potestad de hacer las leyes residía exclusivamente en las Cortes: el rey tan solo las promulgaba, no podía vetarlas y sus poderes quedaban bastante limitados. Las Cortes eran bicamerales, compuestas por las cámaras del Congreso y el Senado. En conclusión, la Constitución de 1869 ha sido valorada como la más avanzada del constitucionalismo español del siglo XIX. Incorpora los principios de la democracia, que provienen de la revolución de 1848 en Europa.

El Gobierno, en concreto el ministro de Hacienda, Figuerola, establecía toda una serie de medidas económicas basadas en un sistema de librecambio a través de la ley de bases Arancelarias, unificaba además la moneda para toda España, la peseta, e intentaba impulsar la economía a través de dos medidas como la Subvención de las compañías ferroviarias y la ley de Minas, que propició que se instalaran en España compañías extranjeras, como en Riotinto.

2.- Amadeo de Saboya

Había una nueva Constitución, pero España era una monarquía sin rey. Por ello, se estableció una regencia presidida por Serrano, mientras que Prim era nombrado jefe del Gobierno. La diplomacia española buscará el futuro rey en varias cortes y los partidos políticos se dividieron atendiendo a los candidatos. Resultaron frustrados los intentos de buscar un rey en la persona de Montpensier, vetado por Napoleón III, o de Leopoldo Hollenzollern, igualmente con la oposición de Napoleón. Finalmente, el nuevo rey sería el italiano Amadeo de Saboya, apoyado por Prim y los progresistas. El rey y su esposa Victoria contaron desde el principio con la clara oposición de la aristocracia, el clero, y una parte importante del ejército mostró desde el comienzo su resistencia al nuevo monarca; tampoco obtuvo el favor popular.

Los dos años del reinado de Amadeo de Saboya se vieron marcados por dificultades constantes; su reinado estuvo envuelto en una gran inestabilidad. Heredaba Amadeo el problema cubano, que se había iniciado en 1869 con el llamado “grito de Yara” y que desembocaría en la guerra de los Diez Años. La revuelta comenzó con algunos criollos que pedían reformas y se amplió el descontento a grupos populares a los que se les prometió el fin de la esclavitud. La oposición de los sectores económicos peninsulares a realizar reformas frustró la posibilidad de una solución pacífica. Además, los carlistas se sublevaron en 1872, para intentar sentar en el Trono a su candidato Carlos VII. La rebelión se inició en el País Vasco y se extendió por Navarra y zonas de Cataluña, siendo un foco permanente de problemas y de inestabilidad. En este mismo año, 1872, se produjeron insurrecciones populares de carácter republicano federalista, en las que se combinaban la acción de los republicanos con las ideas internacionalistas llegadas a España de la mano de la Primera Internacional.

Políticamente, Amadeo I tuvo desde el principio la oposición de los moderados, que aspiraban a la restauración borbónica en la persona del príncipe Alfonso. Cánovas del Castillo, el principal dirigente de este grupo, fue captando disidentes unionistas y progresistas. Esta opción contó con los apoyos de la Iglesia y con la élite del dinero. Ahora bien, el primer problema político fue la permanente división entre los grupos que habían traído al monarca italiano. La muerte de Prim dividió el partido progresista entre constitucionalistas (Sagasta) y radicales (Ruiz Zorrilla), mientras que los unionistas, cada vez más alejados del Gobierno, ponían sus ojos en el partido canovista.

Esto se tradujo en tres elecciones y seis gobiernos en tan poco tiempo. Tan solo el primer gobierno de Serrano fue unitario; el resto fue de tan solo un grupo, contando con la férrea oposición del resto, que incluso en momentos electorales pactaban con grupos tan opuestos como los carlistas. En el último gobierno, el de Ruiz Zorrilla, y con el telón de fondo de la posible disolución del cuerpo de artilleros, se produjo la renuncia del rey en febrero de 1873. Lo que suponía el fracaso de la monarquía democrática.

La Primera República

Tras la abdicación de Amadeo I, el 11 de febrero de 1873 se reunían el Congreso y el Senado en Asamblea Nacional. En votación se decidía la proclamación de la primera República española. El primer gobierno que salía de la Cámara estaba presidido por Figueras y de él formaban parte republicanos, como Pi y Castelar, pero también monárquicos como Echegaray, Fernández de Córdova o Becerra. Para estos últimos, la República era tan sólo un cambio de régimen, con la misma Constitución de 1869, sólo que republicana. Mientras tanto, surgían juntas y en algunas localidades se cambiaban los ayuntamientos; también se dieron motines populares. Parte de los grupos populares -jornaleros andaluces- veían en la República el consiguiente reparto de tierras. Ya en febrero, Cristino Martos (presidente del Congreso) planeó un golpe de estado contra la República, con la ayuda de algunos ministros radicales y militares como Moriones. Falló el intento y el 24 de febrero se nombró un gobierno sólo republicano.

El 23 de marzo se disolvió la Asamblea, tras haber aprobado la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y la supresión de las quintas. Se convocaban elecciones para mayo, en lo que serían las primeras Cortes republicanas. Mientras tanto, en abril, nuevamente los radicales intentan un nuevo golpe de estado, contenido esta vez por el ministerio de la Gobernación (Estévanez) y los Voluntarios de la República.

Las elecciones se celebraron entre el 10 y el 13 de mayo. La nota sobresaliente fue la abstención, más del 60 por ciento del censo electoral. El triunfo fue de los republicanos federales. La nueva Cámara votaba el 8 de junio la proclamación de una República Federal, tal como se había perfilado en el partido republicano, siguiendo la teoría pactista de Pi y Margall (en el mundo tan sólo fue reconocida por las repúblicas federales de Suiza y Estados Unidos). Dejaba Figueras la presidencia del Gobierno y accedía a la misma Pi y Margall el 11 de junio, con un gabinete heterogéneo designado por la Cámara. El principal proyecto fue una nueva Constitución, en este caso con los adjetivos de republicana y federal. Recogía la Constitución una amplia declaración de derechos y libertades: libertad de culto, separación de la Iglesia y el Estado, supresión de quintas, reforma de los impuestos y legislación proteccionista para los obreros. Habría un presidente de la República y un sistema bicameral. Sin embargo, la gran novedad era la estructura del Estado: un sistema federal de diecisiete Estados, con autonomía sobre aspectos económicos y administrativos, que elaborarían sus propias constituciones. Es el primer intento en España por crear un Estado descentralizado.

Ahora bien, la República tuvo que hacer frente a graves problemas. Algunos ya heredados de etapas anteriores, como Cuba o la insurrección carlista, que pasó de la amenaza de unas partidas a un auténtico frente abierto que se extendió por Cataluña, Valencia y Aragón; en algunas localidades se reponen algunos principios forales. El conflicto se extendería hasta 1876. Otros conflictos son nuevos, como el movimiento cantonal. El denominado republicanismo federal intransigente (Barcia, Contreras, Gálvez) no esperó al federalismo emanado de la Constitución y procedió a crear un federalismo desde abajo, es decir, desde los cantones (declaración de independencia de localidades). Además, se sumaba en algunas ocasiones (Alcoy) insurrecciones donde participaban activamente los internacionalistas. La geografía del cantonalismo se corresponde con el arco Mediterráneo y el cantón más emblemático fue Cartagena, el que más tiempo se mantendría (Contreras dispuso de los buques de la armada). Los protagonistas de los levantamientos eran un conglomerado social compuesto de artesanos, pequeños comerciantes y asalariados. Pi se negó a acabar con el cantonalismo por las armas y dimitió, sustituido por Nicolás Salmerón, que dio por acabada la política de negociación con los cantones. La intervención militar acabó con el cantonalismo; el ejército volvía a ser el garante del orden. Salmerón dimitió a mediados de septiembre al negarse a firmar las penas de muerte impuestas contra algunos cantonalistas.

La presidencia recayó en Emilio Castelar, que lejos del federalismo optaba por un republicanismo unitario y mucho más conservador en cuestiones sociales; era un claro desplazamiento de la República a la derecha. El nuevo ejecutivo aplicó una política de autoridad y fuerza, reorganizó el ejército y mantuvo el Parlamento cerrado hasta el 2 de enero de 1874; se abandonaban las pretensiones federalistas y sociales. Pero Castelar no tenía la mayoría en las Cortes. En la sesión del 3 de enero de 1874, Castelar era derrotado, lo que implicaba un nuevo gobierno más a la izquierda. Ante este hecho, el capitán general de Castilla, Manuel Pavía, entró en el hemiciclo de las Cortes con la Guardia Civil. El ejército acababa, a través de un pronunciamiento, con la experiencia parlamentaria de la República.

El poder pasó a una coalición de unionistas y progresistas encabezadas por Serrano, con un intento de república conservadora. Pero los grupos sociales que podían estabilizar este régimen ya habían optado por la vuelta a España de Alfonso XII y la restauración de la monarquía.

El 29 de septiembre de 1874, se pronunció el general Martínez Campos en Sagunto y proclamó rey de España a Alfonso XII.