La regencia de María Cristina (1833-1840)
Durante los años de regencia de la reina madre se realizó el paso del absolutismo al liberalismo, paso que tuvo una primera manifestación violenta en el enfrentamiento entre carlistas y liberales. La Constitución de 1837, que reconocía el principio de la soberanía nacional, supuso la afirmación del régimen liberal.
El Manifiesto del 4 de octubre.
El primer acontecimiento político importante de la regencia de María Cristina fue el Manifiesto del 4 de octubre de 1833, elaborado por el presidente de Gobierno, Cea Bermúdez. El Manifiesto definía reformas administrativas como la nieva división en provincias, obra de Javier de Burgos, y era la expresión de un deseo de conciliar intereses entre los absolutistas y los liberales. Las reformas de Cea Bermúdez, que no habían satisfecho a nadie, fracasaron ante el comienzo de las guerras carlistas; el primer ministro dimitió.
El Estatuto Real de 1834.
Su sustituto Martínez de la Rosa, liberal moderado, propició el Estatuto Real, promulgado el 10 de abril de 1834. Una especie de «Carta otorgada», el Estatuto de 1834 no reconocía el principio de la soberanía nacional, otorgaba todo el poder al rey y a las cortes y defendía un sufragio censitario muy estricto. Se decidía que las Cortes tuvieran dos cámaras, la de los Próceres, formada por nobles, clérigos y burgueses designados por la Corona; y la de los Procuradores, formada por miembros elegidos entre los ciudadanos de renta elevada.
La desamortización de Mendizábal.
Uno de los aspectos más importantes de la «revolución liberal» fue la desamortización» eclesiástica llevada a cabo por el gobierno de Mendizábal. La desamortización había comenzado con Godoy y las Cortes de Cádiz la convirtieron en bandera de la necesaria reforma agraria. Mendizábal dictó decretos y leyes regulando el proceso desamortizados: los decretos del 18 de febrero y del 5 y 8 de marzo de 1836 decidían el cierre de conventos y monasterios de religiosos y religiosas y la anexión de sus bienes, que fueron vendidos en pública subasta y a muy bajo precio. Los objetivos de la desamortización eran múltiples; propiciar el acceso a la propiedad de la tierra de un gran número de pequeños propietarios y poner en explotación tierras fértiles pero incultas; conseguir dinero con el que sanear la Hacienda y hacer frente a los gastos generados por las guerras carlistas; la desamortización supuso igualmente un duro golpe para las órdenes religiosas y la Iglesia, que de una forma casi generalizada defendían la causa carlista y ganó para la causa liberal a las calases burguesas que se beneficiaron comprando a bajo precio los bienes desamortizados. Pero la desamortización de Mendizábal, que se completó con la Ley de 29 de julio de 1837, no consiguió los objetivos pretendidos. No favoreció a los campesinos sin tierra sino a los ya ricos propietarios burgueses, que incrementaron sus bienes; no favoreció, por lo tanto, el desarrollo agrícola; no benefició, por lo tanto, el desarrollo agrícola; no benefició las finanzas del Estado, porque los bienes se vendieron a un precio muy inferior al real y además, a partir de ese momento, el Estado tuvo que hacer frente a las tareas de asistencia social y beneficencia que hasta entonces había corrido a cargo de la Iglesia.
La Constitución de 1837.
La línea liberal moderada de la política gubernamental no-satisfacción a todo el mundo. Expresión de este descontento fue la sublevación de los sargentos de La Granja (agosto de 1836); que obligó a la regente María Cristina a firmar un decreto por el que se restablecía la Constitución de 1812. Así entraba en el gobierno el liberalismo progresista, que se encargó de la elaboración de una nueva Constitución de 1812. Así entraba en el gobierno el liberalismo progresista, que se encargó de la elaboración de una nueva Constitución, más práctica y adaptada a las nuevas realidades que la de 1812. La Constitución de 1837 reconocía la soberanía nacional, aunque matizaba por un fuerte poder de la Corona que podía vetar las leyes propuestas por las Cortes; defendía un sufragio censitario más abierto que el del Estatuto Real de 1834; reconocía a los municipios el derecho a elegir alcalde; y creaba la Milicia Nacional, defensora del orden constitucional.
La reina se sentía obligada a hacer concesiones a los moderados, ahora en la oposición, y aceptó una propuesta del moderado Pérez de Castro para reformar determinados aspectos de la Constitución a través de una nueva Ley de Ayuntamientos. La medida originó una rebelión de los Ayuntamientos de toda España y la creación de Juntas de Gobierno revolucionarias (septiembre de 1840). María Cristina tuvo que renunciar a la regencia (12 de octubre) y abandonar España. El general Espartero (1793-1879) fue el encargado de formar un nuevo gobierno.
La Primera Guerra Carlista (1833-1839)
Los problemas sucesorios planteados a la muerte de Fernando VII entre los partidarios de colocar en el trono al hermano del rey, el infante Carlos María Isidro, y los defensores del derecho a la Corona de la hija del rey, la princesa Isabel, se convirtieron en guerra civil: las guerras carlistas tuvieron su primera manifestación durante la regencia de la reina madre.
Al problema dinástico vino a superponerse un problema ideológico vino a superponerse un problema ideológico: los carlistas defendían el absolutismo y los fueros tradicionales; los cristianos – isabelinos, las ideas liberales y constitucionalistas. Los primeros hallaron apoyo sobre todo en los medios rurales, los campesinos, pequeños artesanos y una gran parte del clero. Los segundos contaron con el apoyo de las ciudades, la burguesía y una gran parte de la nobleza. Los focos principales del carlismo fueron el País Vasco, Navarra, la alta Cataluña y el Maestrazgo. Los carlistas actuaban por el sistema de guerrillas, mediante pequeños grupos (las partidas) de gran movilidad; avanzada la guerra, el general Zumalacárregui creó un fuerte ejército. El general carlista murió en el sitio de la ciudad de Bilbao (1835), liberada por Espartero.
Los sucesivos fracasos de las fuerzas carlistas y los enfrentamientos internos entre intransigentes y moderados, llevaron a buscar un acuerdo con Espartero. El 31 de agosto de 1839 se firmó el Convenio de Vergara, rubricado con el abrazo entre Espartero y el hombre fuerte de los carlistas, el general Maroto. Por el Convenio, Espartero se comprometía a conceder o modificar ciertos fueros y a respetar los grados del ejército carlista. A cambio, dos Carlos abandona España el 13 de septiembre. La primera fase de un conflicto que quedaba abierto había terminado; las guerras carlistas se caracterizaron por una extraordinaria crueldad y en ellas se vieron implicados no sólo los combatientes, sino la población entera.