La constitución republicana de 1931 y el Bienio reformista:

la constitución de 1931 fue muy avanzada para su tiempo tenia un marcado carácter democrático y progresista, que se evidencia en el articulo primero del titulo preliminar, donde se define a España como una república de trabajadores de todas las clases que se organiza en un régimen de Libertad y Justicia y se establecen que todos los poderes emanan del pueblo. Agrupaba los siguientes principios: el Estado se configuraba de forma “integral“, pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobierno autónomos en algunas regiones.

El poder legislativo residía plenamente en las Cortes, constituida por una sola cámara con atribuciones muy amplias. El poder ejecutivo recaía en el gobierno, formado por el Consejo de ministros y el jefe de gobierno. El poder judicial se confiaba unos jueces independientes.

La constitución incluía también una amplia declaración de derechos y libertades y manifestaba una preocupación por los temas sociales. Establecía el voto desde los 23 años y por primera vez, concedía el voto a las mujeres.

La constitución no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas, y aunque fue aprobada por amplia  mayoría, existían profundas discrepancias entre la izquierda y la derecha, sobre todo lo referente a la cuestión religiosa y autonómica.

Manuel hazaña sustituyo en la jefatura del gobierno a nizeto Alcalá zamora, y este paso a ser presidente de la república.

Bienio reformista:

la cuestión religiosa:uno de los primeros objetivos de la república fue limitar la influencia de la iglesia y secualizar la sociedad española. También se permitieron el divorcio y el matrimonio civil y secualizaron los cementerios.

El proceso se completo con la Ley de Congregaciones, que limito la posesión de vienes a las ordenes religiosas y previo la posibilidad de su disolución en caso de peligro para el Estado. El resurgimiento de los viejos movimientos populares anticlericales, que entre los días 11 y 12 de Mayo de 1931 incendiaron conventos y edificios religiosos en varias ciudades como Madrid, Sevilla, Cádiz…, ando esos temores. La actitud manifiestamente hostil del cardenal segura, provoco que el gobierno optase por una medida de fuerza y dictase una expulsión del territorio español.

La modernización del ejercito:
Manuel azaña, impulso una reforma que pretendía crear un ejercito profesional y democrático. Para ello se creyó necesario reducir los efectivos militares, acabar como la macrocefalia, poner fin al foro especial de los militares, y terminar con la tradicional intervención del ejercito en la vida política.

Con esta finalidad se promulgo la Ley de Retiro de la Oficialidad, que establecía que todos los oficiales en activos debían prometer su adhesión a la República.

Posteriormente se creo la Guardia de Asalto, una fuerza de orden publico fiel a la República. La reforma, técnicamente bien planteada tuvo resultado limitados. Fue recibida por algunos sectores, sobre todo por los llamados africanistas, como una agresión a la tradición militar y al poder del ejercito.

La reforma agraria:
Fue el proyecto de mayor envergadura iniciado por la República. Se pretendía poner fin al predominio del latifundismo existente en una buena parte del centro y el sur de españa y mejorar las condiciones de vida de los campesinos pobres.

Una serie de primeros decretos, que perseguían proteger a los campesinos sin tierras y a los arrendatarios, establecieron la prohibición de rescindir los contratos de arrendamientos.

Pero la verdadera reforma consistía en la elaboración de una Ley de Reforma Agraria, aprobado por las Cortes en Septiembre de 1932. La ley permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza.

La aplicación de esta ley se encomendó al Instituto de las Reformas
Agrarias, que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y se encargaba de facilitar los asentamientos de familias campesinas. La aplicación de la Ley de Reforma Agraria originó un considerable aumento de la tensión social.

La reforma del Estado centralista: en cataluña, el 14 de Abril de 1931, Francesc macià, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña había proclamado la República catalana. Esta proclamación creaba un grave problema, dado que el Pacto de San Sebastián determinaba que debía ser la Constitución la que estableciese el nuevo tipo de Estado y la situación de las diferentes nacionalidades dentro de este.

La constitución, aprobada en Diciembre de ese mismo año, ofreció un marco legal al Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero establecíó recortes con respecto al texto elaborado en Nuria.

En el País Vasco, nacionalistas del PNV y carlistas aprobaron, en Junio de 1931, un proyecto de estatuto (Estatuto de Estrellas.) pero su aprobación se retraso indefinidamente debido a la oposición del republicanismo de izquierda y de los socialistas, que consideraban este proyecto en exceso confesional, poco democrático e incompatible con la constitución republicana.

En Galicia, la conciencia nacionalista era menos acusada y el nacionalismo gallego distaba mucho de ser una fuerza hegemónica.

La obra educativa y cultural: otra reforma importante, fue la de la enseñanza. Por un lado, el objetivo primordial era promover una educación liberal y laica y hacer del Estado el garante del derecho a la educación extendido, por primera vez, a toda la población.

Por otro lado, los dirigentes republicanos estaban convencidos a la necesidad de mejorar el nivel cultural de la población.

La reformas laborales: el socialista Francisco Largo Caballero inició, desde el Ministerio de Trabajo, una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales. Se aprobó la Ley de contratos de trabajos, que regulaba la negociación colectiva, y la Ley de jurados mixtos, con el poder de arbitraje vinculante en caso de desacuerdo. Se establecíó también la semana laboral de 40 horas y se estimulo el aumento de los salarios. Se promovíó la creación de seguros sociales, se redujo la jornada laboral de los trabajadores del campo y se reforzó el papel de los sindicatos agrícolas en la contratación de tareas del campo.

Estas medidas provocaron la irritación de las organizaciones patronales, que se opusieron a su promulgación y consiguieron frenar algunos proyecto