La Guerra de Independencia Española y la Transformación del Régimen de Propiedad de la Tierra

La Guerra de Independencia Española (1808-1814)

Carlos IV heredó el trono español en 1788 tras la muerte de su padre Carlos III. En 1789, el estallido de la Revolución Francesa generó rechazo en el monarca y la corte española.

En 1793, Luis XVI fue guillotinado, y España se unió a la Coalición militar europea contra la Convención Nacional Francesa. Esta guerra, conocida como la Guerra del Rosellón, terminó con la Paz de Basilea en 1795, dejando a España subordinada a los intereses de Francia. En 1796, se firmó el Tratado de San Ildefonso, una alianza militar con Francia contra Gran Bretaña. La derrota de la flota franco-española en la Batalla de Trafalgar en 1805 marcó un punto de inflexión.

En 1801, el Tratado de Aranjuez obligó a España a declarar la guerra a Portugal en nombre de Francia. En 1807, el Tratado de Fontainebleau autorizó la entrada de ejércitos franceses a España para atacar Portugal. Sin embargo, al entrar en 1808, el ejército francés comenzó a ocupar ciudades estratégicas, lo que provocó el Motín de Aranjuez. Este motín forzó a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo Fernando.

Fernando VII, buscando el apoyo de Napoleón, estableció una Junta de Regencia antes de partir hacia Francia. Napoleón, aprovechando la situación, nombró a su hermano José como rey de España y convocó unas Cortes que aprobaron el Estatuto de Bayona.

La evidente ocupación francesa desencadenó el levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808, liderado por Daoiz, Velarde y Ruiz. En Sevilla, se constituyó la Junta Suprema de España e Indias, que gobernó en ausencia de Fernando VII, declaró la guerra a Francia y organizó un ejército para resistir la invasión.

Las tropas españolas, con el apoyo de las fuerzas británicas comandadas por el Duque de Wellington, lograron importantes victorias, como la Batalla de Bailén en 1808, la primera derrota del ejército napoleónico. La invasión de Rusia obligó a Napoleón a dividir sus fuerzas, lo que facilitó el contraataque español. Las victorias en las batallas de Ciudad Rodrigo y Arapiles en 1812, seguidas de la victoria en San Marcial en 1813, debilitaron a las fuerzas francesas. Finalmente, Napoleón se vio obligado a firmar el Tratado de Valençay en 1813, poniendo fin a la guerra.

Consecuencias de la Guerra

La Guerra de Independencia tuvo un alto coste para España: una alta mortalidad, la destrucción de la población agraria y el comercio, y una enorme deuda pública. La guerra también dividió a la sociedad española entre los afrancesados, que veían en la administración francesa una oportunidad para modernizar el país, y los patriotas, que defendían el retorno de Fernando VII.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

En medio del conflicto, la Junta Central Suprema convocó a las Cortes en Cádiz, ciudad que aún no había sido conquistada. Las Cortes se inauguraron en 1810 y llevaron a cabo una importante labor legislativa:

  • Abolición del régimen señorial
  • Libertad de imprenta
  • Desamortización de los bienes eclesiásticos
  • Liberación de la industria y limitación del papel gremial
  • Supresión del Tribunal de la Inquisición
  • Elaboración de una Constitución

La Constitución de 1812, aprobada el 19 de marzo, establecía la soberanía nacional, los derechos del ciudadano, las libertades civiles, la igualdad jurídica y fiscal, y el sufragio universal masculino para mayores de 25 años. Definía a España como una monarquía parlamentaria basada en la división de poderes: el poder legislativo recaía en las Cortes, el poder ejecutivo en el monarca y el poder judicial en los tribunales.

Las Cortes de Cádiz también aprobaron leyes y decretos para instaurar un régimen liberal, como una reforma agraria que expropió bienes eclesiásticos en desuso e impulsó medidas propias del liberalismo económico.

El Retorno de Fernando VII y el Fin del Trienio Liberal

A pesar de la labor de las Cortes, Fernando VII, al regresar a España en 1814, se negó a jurar la Constitución y restauró el absolutismo, truncando el régimen liberal y reprimiendo a sus partidarios. Sin embargo, en 1820, el pronunciamiento de Rafael del Riego obligó al rey a aceptar la Constitución de 1812, dando inicio al Trienio Liberal (1820-1823).

La Desamortización y la Transformación del Régimen de Propiedad de la Tierra

El Antiguo Régimen y la Necesidad de Cambio

Durante el Antiguo Régimen, gran parte de la tierra estaba en manos muertas, pertenecientes a la Iglesia, que no tributaba ni podía vender sus propiedades. En el sur de España, abundaban los latifundios. En el siglo XVIII, los reformistas intentaron cambiar el sistema señorial de propiedad, pero fue en el siglo XIX cuando se produjeron los cambios más significativos.

Las Desvinculaciones y la Desamortización

Las desvinculaciones liberaron las tierras de los patrimonios vinculados, convirtiendo a sus titulares de usufructuarios a propietarios, lo que les permitió vender sus posesiones. Los objetivos principales de este proceso eran:

  • Abolir los señoríos para acabar con las relaciones de dominio de los señores sobre los habitantes de sus territorios.
  • Convertir la tierra en propiedad particular y libre.
  • Suprimir el mayorazgo.

La desamortización permitió al Estado nacionalizar los bienes eclesiásticos y civiles para su posterior venta en subasta pública. En España, la desamortización se produjo de manera discontinua, impulsada o frenada según el signo político de los gobiernos.

Etapas de la Desamortización

Desde 1767 hasta 1924, pasó a manos privadas el 39% de la superficie del Estado. Una de las primeras desamortizaciones eclesiásticas ocurrió durante el reinado de Carlos IV en 1798, cuando el Estado obtuvo permiso de la Santa Sede para expropiar los bienes de los jesuitas y de obras pías.

Durante la Guerra de Independencia (1808-1814), tanto el gobierno de José I como las Cortes de Cádiz decretaron nuevas desamortizaciones. Las más importantes fueron la de Mendizábal (1836-1837) y la de Madoz (1855).

La Desamortización de Mendizábal

La desamortización de Mendizábal ayudó a financiar la guerra y a disminuir la deuda pública. Se pusieron en venta todos los bienes del clero regular. En 1877, se ampliaron los bienes afectados a los del clero secular. En las ventas, se admitió el pago en metálico y en títulos de deuda pública. Sin embargo, el gran tamaño de los lotes impidió la participación del campesinado, beneficiando a los más pudientes.

La Desamortización de Madoz

La Ley de Desamortización General de Pascual Madoz (1855) puso en venta los bienes eclesiásticos no afectados anteriormente, pero principalmente los bienes de los pueblos. En este caso, solo se aceptó el pago en metálico. El gran tamaño de las fincas en el sur de España siguió impidiendo el acceso del campesinado a la subasta.

Consecuencias de la Desamortización

Las principales consecuencias del proceso de desamortización fueron:

  • La tierra no se repartió equitativamente.
  • Parte de la nueva burguesía emuló el estilo de vida de la vieja nobleza, en lugar de invertir y aumentar la riqueza nacional.
  • Aumentó la superficie de cultivo y la productividad.
  • Se acentuó el tipo de propiedad existente: minifundismo en el norte y latifundismo en el centro-sur peninsular.
  • Se propició el surgimiento de un proletariado agrícola.

Efectos en Andalucía

En Andalucía, no hubo una gran modificación de la estructura económica. Los antiguos terratenientes aumentaron su patrimonio. En la Baja Andalucía, se consolidó el latifundismo, mientras que en la Alta Andalucía se desarrolló la mediana y pequeña propiedad. La producción aumentó en torno al 5%, debido a un sistema de explotación agraria que ofrecía grandes beneficios a los propietarios, que explotaban a una mano de obra abundante y barata. Este sistema comenzó a ser cuestionado por el proletariado agrícola.

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En Andalucía no hubo una gran modificación de la estructura económica.

Los viejos señores aumentaron su patrimonio. En la baja Andalucía se consolidó el latifundismo, mientras que la alta Andalucía se reformó la mediana y la pequeña propiedad. La producción aumentó en torno al 5 %. Esto se debió fundamentalmente a la existencia de un sistema de explotación agraria que ofrecía grandes beneficios a los pocos propietarios asistentes, explotaban una mano de obra muy abundante y barata con el menor coste posible. 

El buen funcionamiento de este sistema hacía innecesario su cambio. Este cambio comenzaría a ser demandado por el proletariado agrario.