1. Las Causas de la Revolución
1.1. La Crisis Económica
Parte del reinado de Isabel II se caracterizó por una fase de expansión económica. Pero en 1860, la situación empezó a cambiar, y se hizo patente el inicio de una importante crisis económica. La recesión se manifestó a un nivel financiero e industrial, y construyó la primera gran crisis del sistema capitalista, pero coincidió con una crisis de subsistencias.
La crisis financiera se originó a raíz de la crisis de los ferrocarriles. La construcción de la red ferroviaria implicó una gran inversión de capitales en Bolsa, pero su rendimiento económico fue menos del esperado. El escaso desarrollo industrial español no permitió que el transporte de mercancías y viajeros tuviese una gran demanda. Los inversores exigieron subvenciones al gobierno, pero este carecía de fondos y le era imposible recurrir al préstamo.
La crisis coincidió con una crisis industrial. La industria textil se abastecía en gran parte con algodón importado de EEUU, pero la Guerra de Sucesión encareció la importación de materia prima y provocó un período de ”hambre de algodón”. Pequeñas industrias del sector algodonero no pudieron afrontar los precios en un momento en el que descendía la demanda de productos textiles debido a la crisis económica y al fuerte aumento de los precios de los alimentos.
La crisis de subsistencias se inició en 1866 y la causó una serie de malas cosechas, que resultaron en una escasez de trigo. La combinación de ambas crisis, la agrícola y la industrial, agravó la situación. En el campo, el hambre condujo a un clima de fuerte violencia social. En las ciudades, la consecuencia fue una oleada de paro.
1.2. El Deterioro Político
Los grandes negociantes reclamaban un gobierno que tomase medidas para salvar sus inversiones en Bolsa. En 1866, después de la revuelta de sargentos del cuartel de San Gil y de su dura represión, O’Donnell fue apartado del gobierno por la reina, pero los siguientes gabinetes del Partido Moderado continuaron gobernando por decreto, cerraron las Cortes e hicieron oídos sordos a los problemas del país.
El Partido Progresista, dirigido por Prim, practicó una política de retraimiento: se negó a participar en las elecciones y defendió la conspiración como único medio para poder gobernar. El Partido Demócrata, ambos firmaron el Pacto de Ostende en 1867 en esta ciudad belga, con la voluntad de unificar sus actuaciones para acabar con el moderantismo en el poder. El compromiso proponía el fin de la monarquía isabelina y dejaba la decisión sobre la nueva forma de gobierno en manos de unas Cortes constituyentes.
A dicho pacto se adhirieron los unionistas en 1867. Esta adhesión fue fundamental para el triunfo de la revolución y para definir su carácter. Por un lado, los unionistas aportaron una buena parte del ejército. Pero por otro lado, su carácter conservador y opuesto contrarrestó el peso de los demócratas.
2. La Revolución de Septiembre de 1868
2.1. La Revolución del 68 y el Gobierno Provisional
El 19 de septiembre de 1868, se protagonizó un alzamiento militar contra el gobierno de Isabel II. Prim, exiliado en Londres, y Serrano, desterrado en Canarias, se reunieron con los sublevados y consiguieron el apoyo de la población.
El gobierno de Isabel II se aprestó a defender el trono con las armas. Envió de Madrid un ejército para enfrentarse con los sublevados, al mando del general Serrano, en Puente de Alcole, donde el 28 de septiembre se libró una batalla que dio la victoria a las fuerzas afines a la revolución. El gobierno no vio más salida que dimitir y la reina no tuvo más remedio que exiliarse.
En la revolución tuvieron un gran protagonismo las fuerzas populares, sobre todo urbanas, dirigidas por un sector de los progresistas, demócratas y republicanos. En muchas ciudades españolas se constituyeron Juntas revolucionarias. Las consignas eran parecidas en todos lados: demandas de libertad, soberanía, separación de la Iglesia y el Estado.
En los primeros días de octubre, tras entrar a Madrid, los sublevados propusieron a la Junta revolucionaria de la capital, el nombramiento de un Gobierno provisional de carácter centrista. El general Serrano fue proclamado regente, y Prim, presidente de un gobierno integrado por progresistas y unionistas. El nuevo ejecutivo ordenó disolver las Juntas y desarmar a la Milicia Nacional.
2.2 La Constitución de 1869 y la Regencia
El nuevo gobierno provisional promulgó una serie de decretos para dar satisfacción a algunas demandas populares y convocó elecciones a Cortes constituyentes. Los comicios fueron los primeros en España que reconocieron el sufragio universal masculino. Aparecieron en la Cámara dos importantes minorías: la carlista y la republicana. Las Cortes se reunieron en el mes de febrero y crearon una comisión parlamentaria encargada de redactar una nueva Constitución, que fue aprobada el 1 de junio de 1869.
La Constitución de 1869 estableció un amplio régimen de derechos y libertades: derechos de manifestación, libertad de enseñanza e igualdad para obtener empleo. Se reconocía la libertad de profesar de manera pública o privada cualquier religión. La Constitución también proclamaba la soberanía nacional, de la que emanaban tanto la legitimidad de la monarquía como los tres poderes. El Estado se declaraba monárquico pero las leyes residían en las Cortes: el rey tan solo las promulgaba, no podía vetarlas. Las provincias de ultramar, Cuba y Puerto Rico, gozaban de los mismos derechos que las peninsulares.
Proclamada la Constitución, las Cortes establecieron una regencia, que recayó en el general Serrano, mientras Prim era designado jefe de gobierno. Su tarea no era fácil: la situación económica era grave y, además, había que encontrar un monarca para la Corona española. Sin embargo, el nuevo gobierno fue recibido con simpatía por gran parte de los países europeos, ya que ponía fin a la larga etapa de inestabilidad política de Isabel II.
2.3 El Intento de Renovación Económica
Uno de los objetivos de la ”Gloriosa” era reorientar la política económica. La política económica de esta etapa se caracterizó por la defensa del librecambismo y por la apertura del mercado español a la entrada del capital extranjero.
El ministro de Hacienda suprimió la contribución de consumo, aunque volvió a restablecerse con una nueva ley en 1870. Para compensar la pérdida introdujo la contribución personal. Otro decreto estableció la peseta como unidad monetaria, en un intento de unificar y racionalizar el sistema monetario.
Pero el problema más grave era la deuda política. Además, la grave crisis de los ferrocarriles solo parecía tener solución utilizando recursos públicos para subvencionar a las compañías ferroviarias. Todo ello se pretendió solucionar mediante la Ley de Minas, una medida coherente con la liberalización de la economía. Con los ingresos obtenidos se hizo frente a la devolución de los préstamos.
La última gran acción fue la liberalización de los intercambios exteriores, mediante la Ley de Bases Arancelarias. Esta medida contó rápidamente con la oposición de los industriales algodoneros catalanes, que veían peligrar su monopolio sobre el mercado español.