1. La España de la Posguerra: Hubo un gobierno azul del 39-45, en el que Serraño Suñez, que era ministro de Gobernación y cuñado de Franco, quería diseñar un Estado con tinta fascista. Como en entreguerras, la Falange y el ejército ocupaban cargos públicos. En cuanto a la legislación, se aprobó un Fuero del Trabajo que regula las relaciones sociolaborales. Hubo una ley de Unidad Sindical, que era corporativista, es decir, solo había un sindicato de medida aparentemente integradora y neutral, pero que en la práctica, dado el carácter capitalista del régimen, favorecía abiertamente los intereses del capital frente a los del trabajo. En 1942 se aprobó la Ley Constitutiva. Las Cortes eran meramente consultivas, formadas por una cámara única integrada por procuradores, los de honor y los electos. Franco, por lo ocurrido en la II Guerra Mundial, tenía un compromiso moral; colaboró con dinero, alimento y un pequeño ejército para luchar contra Stalin, y España se declaró neutral. La División Azul era una unidad de voluntarios españoles que sirvió en el ejército alemán durante la II Guerra Mundial. La amistad con el Eje provocó el Aislamiento Internacional, que consistió en la retirada de embajadores en España, y esta no fue admitida por la ONU, ni por la OTAN, ni por el Plan Marshall, que era una ayuda americana a la Europa destruida y posteriormente no fue admitida por EE.UU. Esto conllevó a que se produjeran manifestaciones profranquistas en la Plaza de Oriente. Entre 45-51 hubo un Gobierno católico, no era un gobierno azul, cuyo objetivo fue obtener el favor de los aliados liberales. La labor legislativa se aprobó el Fuero a los españoles en 1945, que era una especie de constitución en la que los ciudadanos tenían una declaración de derechos, legislada por el dictador cuando quería. En este mismo año se aprobó la ley de Referéndum, con la que se consultaría al pueblo español cuestiones importantes. En 1947, las Cortes aprobaron la ley de sucesión que confería al régimen un carácter monárquico, reservándole al dictador el ejercicio vitalicio de poder y la facultad de designar al futuro monarca. El franquismo tuvo la oposición de los Borbones, maquis y gobierno republicano exiliado. Juan de Borbón, desde el exilio, dirigió el Manifiesto de Lausana, con el que incitaba a Franco a abandonar el poder para restaurar una monarquía parlamentaria. Los maquis eran antiguos comunistas y anarquistas, eran guerrillas que desde Francia operaban en el norte de la península. La economía era intervencionista, proteccionista, autosuficiente y autárquica, basada en reducir al máximo las importaciones del extranjero, favoreciendo los productos autónomos. Las causas de esta economía fueron la destrucción producida por la Guerra Civil y el aislamiento internacional. Las consecuencias fueron la carestía, la inflación, el racionamiento y un mercado negro. Se produjo un estancamiento económico, lo que provocó protestas sociales en 1951. En la agricultura, la SNT se encargaba de regular los precios. En la industria, se aprobó la ley de Fomento que daba permisos estatales, es decir, industrias con capital estatal. La INI comprendía monopolios estatales, eran de transporte como Iberia y Renfe, de siderurgia como Ensidesa y eléctrica como Endesa. Los factores de la consolidación del régimen franquista, entre los cuales encontramos la fidelidad de las clases y grupos sociales que le habían brindado apoyo desde 1936, conllevó a la derrota de los maquis. El régimen se beneficiaba de la división del campo republicano y de la izquierda en el exilio. La amistad con EE.UU. por el contexto de la Guerra Fría, ya que EE.UU. consideró que el valor geoestratégico de España era motivo para llegar a acuerdos con un régimen político antidemocrático. Por ello, los embajadores de EE.UU. y Reino Unido regresaron a Madrid y España fue admitida por la ONU de nuevo. A cambio de ayudas técnicas, económicas y armamentarias, los Estados Unidos pudieron instalar bases americanas en España. El régimen de Franco firmó un concordato con el Vaticano, una alianza entre el Estado franquista y la Iglesia católica. En 1956, España tuvo que aceptar la independencia de Marruecos en el contexto de descolonización. En cuanto a la economía, se produjo una persistencia de la autarquía, lo que provocó protestas obreras y universitarias. Tuvo sus consecuencias: se aprobó la Ley de Convenios Colectivos y hubo un aumento salarial. El dictador dio entrada en el Gobierno a una nueva hornada de políticos católicos, procedentes del OPUS y vinculados a la banca española e internacional. Estos tenían que modernizar e integrar la economía española en el mercado mundial. Mantuvo una línea represiva, social y política. Se aprobó una última ley, la de Los Principios Fundamentales del Movimiento, en la que se define el régimen como una monarquía “tradicional, católica, social y representativa”.
