Desamortización en España: Transformaciones Económicas y Sociales

Introducción: La desamortización fue un proceso clave en la historia de España, marcado por la incautación de bienes raíces, principalmente eclesiásticos y civiles, por parte del Estado. Estos bienes fueron nacionalizados y posteriormente vendidos en subasta, transformándose en propiedades privadas. El objetivo principal era eliminar los bienes “vinculados” y facilitar su venta o reparto.

Antecedentes de la Desamortización

Aunque los gobiernos progresistas impulsaron la desamortización con mayor intensidad durante las Regencias de Mª Cristina (1836-1837) y Espartero (1841-1843), así como durante el Bienio Progresista (1854-1856), existieron varios antecedentes importantes:

1. Reinado de Carlos III: Se plantearon cambios teóricos al sistema señorial, ya que los reformistas consideraban que la amortización de bienes raíces causaba el estancamiento agrícola.
2. 1795, Godoy: Inició una desamortización tímida de bienes eclesiásticos, con la venta de bienes de los jesuitas y obras pías.
3. Cortes de Cádiz: Se adoptaron medidas para suprimir conventos y vender sus propiedades, pero la restauración del absolutismo en 1814 anuló estas medidas.
4. Trienio Liberal: Se retomaron las decisiones de Cádiz, pero el regreso al absolutismo en 1823 forzó la restitución de los bienes vendidos.

Tras la muerte de Fernando VII, los liberales progresistas implementaron una maquinaria jurídico-económica para desamortizar de forma masiva, incluyendo la eliminación de señoríos jurisdiccionales y de los mayorazgos.

La Desamortización de Álvarez de Mendizábal (1835-1836)

(Eclesiástica)

Durante el reinado de María Cristina, se eliminaron las viejas estructuras del Antiguo Régimen, especialmente por los progresistas. Álvarez de Mendizábal, ministro de Hacienda, fue el responsable de la ley de desamortización más importante, destinada a llevar a cabo la reforma agraria. Esta ley perseguía tres objetivos principales:

• Objetivo financiero: Recaudar impuestos para reducir la deuda pública del Estado y financiar la guerra contra los carlistas.
• Objetivo político: Ampliar la base de apoyo al liberalismo creando una clase de propietarios que respaldarían el régimen liberal isabelino. Los compradores de bienes desamortizados ligarían su suerte al bando liberal en la guerra, ya que una victoria carlista implicaría la devolución de las fincas.
• Objetivo social: Fomentar la creación de una clase media de campesinos propietarios para aumentar la productividad de la tierra y dar acceso a la propiedad a los campesinos sin tierra.

En octubre de 1835, Mendizábal lanzó un decreto para suprimir las órdenes religiosas, excepto las educativas y las dedicadas a la asistencia de enfermos, argumentando que sus bienes eran excesivos en comparación con otros países. En febrero de 1836, se decretó la venta de los bienes de comunidades y corporaciones religiosas extintas, subastados entre inversores burgueses. Se desamortizó el 62% de las propiedades de la Iglesia, primero el clero regular (tierras, casas, monasterios y conventos) y después el clero secular.

Progresistas como Flórez Estrada se opusieron a estas medidas, declarándose partidarios de la desamortización, pero con el objetivo de mejorar la condición de las clases rurales. Propuso arrendar las tierras por 50 años entre colonos y campesinos, argumentando que esto sería ventajoso para el Estado, ya que no se perderían los ‘bienes nacionales’ y se podría invertir el importe de las rentas.

Sin embargo, los moderados paralizaron el decreto durante su gobierno (1844-1854), quedando poco patrimonio eclesiástico por nacionalizar.

Aunque la Hacienda mejoró, no se alcanzaron los ingresos esperados, y la mayoría de las tierras pasó a manos de la alta burguesía y terratenientes, consolidando la concentración de tierras. Como resultado, los campesinos sin tierras siguieron en su situación y se generaron conflictos.

La Desamortización de Pascual Madoz (1 de mayo de 1855)

(Civil)

Iniciada en el Bienio Progresista con la ley Madoz o ‘desamortización general’, esta ley no solo afectó a los bienes de la Iglesia, sino también a los bienes del Estado, los bienes propios y baldíos de los municipios (todos los bienes amortizados), convirtiéndose en una desamortización civil.

El objetivo principal de la Ley Madoz era obtener ingresos para el Estado, al igual que la desamortización de Mendizábal, pero sin una preocupación por facilitar el acceso a la tierra de los campesinos. Los bienes desamortizados se vendieron a quienes pudieran pagar más por ellos, a través de subastas públicas. Se introdujeron modificaciones en la forma de pago, que debía ser en efectivo y en un plazo de 15 años, con un descuento por los plazos adelantados.

Entre 1855 y 1856, se subastaron más de 43.000 fincas rústicas y unas 9.000 urbanas, por un valor cercano a los 8.000 millones de reales. Sin embargo, la desamortización de bienes del clero generó tensiones con la Santa Sede, ya que se produjo poco después del Concordato de 1851.

A pesar de la oposición inicial de la reina, que tenía dudas por motivos de conciencia, la ley fue finalmente sancionada, lo que provocó la ruptura con la Santa Sede.

Consecuencias de las Desamortizaciones

1. Desmantelamiento de la riqueza de la Iglesia: La Iglesia dejó de ser un estamento privilegiado, aunque mantuvo su influencia en la mentalidad y la educación, que casi monopolizaba.
2. Eliminación de la propiedad comunal: Agravó la situación económica de los campesinos, que perdieron el acceso a los terrenos comunales de los municipios. Esto impulsó la migración de la población rural a las ciudades.
3. Reducción de la deuda: Se pagaron 5.000 millones de reales de una deuda de 14.000 millones, y aumentaron los ingresos por contribución en la Hacienda.
4. Estancamiento de la producción agraria: Los nuevos propietarios se limitaron a cobrar las rentas y las incrementaron, implantando contratos de arrendamiento más caros.
5. Desvío de la inversión: La compra de tierras absorbió dinero que podría haberse invertido en la industrialización de España, como en ferrocarriles e industrias.
6. Favorecimiento de los grandes terratenientes y la burguesía: Acentuó el latifundismo en regiones como Andalucía y Extremadura. Los campesinos humildes no pudieron acceder a las tierras debido a la falta de dinero e información, encontrándose con lotes muy grandes, pujas altas o subastas amañadas.
7. Expolio de bienes culturales: Se produjo un gran expolio de bienes culturales, especialmente de monasterios, con la venta de obras de arte y muebles a precios bajos. Además, la alta burguesía acaparó los mejores inmuebles urbanos, contribuyendo a un urbanismo que marginó a las clases medias y obreras, relegándolas a las periferias de las ciudades.