La Desamortización en España

Contexto Histórico

Las desamortizaciones: Ni la nobleza ni la Iglesia se implicaban de forma directa en la agricultura. Esta actividad era realizada por arrendatarios que pagaban una parte de su cosecha como renta, resultando así para ellos una agricultura de subsistencia. Los excedentes iban a parar a los propietarios, quienes los convertían en dinero principalmente en los mercados locales. Todo ello resultaba una explotación económica muy conservadora, ajena a inversiones productivas y, por tanto, sin la posibilidad de ser mejoradas en su rendimiento y rentabilidad.

La mayor parte de las tierras de uso agrario estaban amortizadas, eran propiedades vinculadas a sus instituciones propietarias por lo que no podían ser ni parceladas ni vendidas. Se les llamaba propiedades de manos muertas y comprenden las pertenecientes a la Iglesia, la Nobleza y los bienes comunales de los municipios. Las tierras de la nobleza sufrían la vinculación de los mayorazgos. Además, subsistían aún restos del régimen señorial, que otorgaba derechos jurisdiccionales a los propietarios bajo sus dominios.

Consecuencias del Régimen de Propiedad

Esto suponía:

• La obligación a los arrendatarios de usar los molinos, hornos o lagares de su propiedad y pagar por ello.
• Decidir sobre los cultivos y producciones.
• Cobrar derechos de aduanas por entrada de mercancías en las ciudades, o por atravesar territorios, o por el uso de puentes o caminos.

Las tierras comunales eran propiedad de los municipios y eran rentabilizadas por los habitantes de los pueblos recogiendo los frutos silvestres o usando sus pastos.

Objetivos de las Desamortizaciones

Las desamortizaciones fueron decididas por los políticos liberales de mediados de siglo ya que querían crear una nueva clase social emprendedora y activa. Estas desamortizaciones consistieron en la apropiación por parte del estado de los bienes inmuebles que hasta ahora constituían el patrimonio amortizado, principalmente, las propiedades de la Iglesia y Concejos municipales, para enajenarlos inmediatamente a favor de ciudadanos individuales. A la nobleza le afectó debido a la supresión de vinculaciones y mayorazgos, con lo que fueron liberadas para ser parceladas y vendidas.

Efectos de las Desamortizaciones

Así las medidas desamortizadoras afectaron a:

• Las propiedades plenas.
• El patrimonio artístico y cultural de las instituciones afectadas.
• Los derechos censales.

La entrada de toda esta masa de bienes de mercados se efectuó por el sistema de subasta pública.

Finalidades de las Desamortizaciones

Además de intentar crear una nueva clase social, había otras finalidades:

• Asentar nuevos apoyos para la causa liberal. Los nuevos propietarios vincularon sus propiedades recién adquiridas a la suerte del régimen político.
• Debilitar las bases económicas de los enemigos de la revolución liberal, principalmente Iglesia y Nobleza.
• Los ingresos obtenidos por las ventas contribuirían a paliar las crecientes deudas del Estado.

Principales Desamortizaciones

Las principales desamortizaciones fueron obra de los gobiernos liberales, entre las que destacan las de Mendizábal en 1836 y Madoz en 1855. Aunque anteriormente ya se habían producido desamortizaciones de bienes eclesiásticos por otros motivos:

• Tras la expulsión de los jesuitas en 1767 se incautaron y vendieron sus bienes.
• La desamortización de Godoy en 1798 que comprendió la venta de bienes pertenecientes a hospitales, casas de misericordia, cofradías y hospicios.
• La desamortización impulsada tras la Guerra de la Independencia que afectó a los bienes de la Inquisición y la reducción de un tercio de conventos y monasterios.
• La breve acción desamortizadora durante el Trienio Liberal.

Desamortización de Mendizábal (1836)

Esto ocurrió durante la regencia de Mª Cristina. Supuso la incautación por parte del Estado de los bienes de las principales órdenes religiosas, exceptuando las dedicadas a la enseñanza de niños pobres y asistencia de enfermos.

En 1837 se amplió a los bienes del clero secular. Afectó a un tercio de las tierras cultivadas del país. Supuso también la ruptura de relaciones con el Papado.

Desamortización de Madoz (1855)

Con la Ley de Desamortización General del 1 de Mayo de 1855 continuó la desamortización empezada anteriormente por Mendizábal. Incluyó los bienes comunales pertenecientes a los municipios, y a las órdenes militares. La venta de los bienes desamortizados con el decreto de Mendizábal todavía no se había completado. El proceso de enajenación se mantuvo hasta 1924 y nuevamente se hizo a la medida de la nobleza terrateniente y la alta burguesía. Se dieron cambios agrarios y una evolución positiva en el sector agrario español, pero el grueso de la actividad agraria estaba centrada en el cultivo cerealista, que tuvo su momento de grandes exportaciones aprovechando las guerras europeas.

El Sexenio Democrático (1868-1874)

Los progresistas, liderados por el general Prim, firmaron el Pacto de Ostende (1866) con unionistas y demócratas con el objetivo de derrocar a la reina Isabel II e implantar el sufragio universal. La crisis económica y el descontento político contra los impopulares y corruptos moderados desencadenaron la revolución. En septiembre de 1868, el unionista almirante Topete se pronunció en Cádiz junto a Prim y el general Serrano, al frente de la Unión Liberal desde 1867. La sublevación fue apoyada por las Juntas revolucionarias que se organizaron en las grandes ciudades, la mayoría dirigidas por los demócratas, partidarios del sufragio universal, amplias libertades (de culto, de asociación, etc.) y la supresión de los odiados consumos y de las quintas. La revolución de 1868, llamada Gloriosa, triunfó con rapidez en el país ya que sólo se opusieron algunos moderados que formaban la camarilla de la reina. Derrotados éstos en la batalla de Alcolea, la reina Isabel II perdió el trono y se exilió a Francia. Comenzó el llamado Sexenio Democrático (1868-74) que pasará por varias etapas.

El Gobierno Provisional (1868-1871)

Tras la revolución se formó un Gobierno Provisional presidido por el general Serrano y compuesto por unionistas y progresistas, con Prim al frente del Ministerio de la Guerra. El nuevo gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal, que fueron ganadas por los progresistas. Las Juntas revolucionarias fueron disueltas y los demócratas se escindieron en dos facciones: los dispuestos a colaborar con el Gobierno (fuera monarquía o república) y los que querían una república federal. El Gobierno Provisional eliminó los consumos como deseaban las clases populares pero no las quintas. Al año siguiente se aprobó la Constitución de 1869. Una vez aprobada la Constitución, se inició la Regencia de Serrano y Prim fue nombrado jefe de gobierno. Como se establecía la monarquía y nadie quería a los Borbones, hubo que buscar un rey lo que no resultó fácil. Finalmente fue elegido por las Cortes el italiano Amadeo de Saboya, el candidato de Prim.

La monarquía democrática de Amadeo I (enero 1871 – febrero 1873)

El mismo día en que el joven rey desembarcaba en Cartagena, Prim fue asesinado. La monarquía democrática no llegó a consolidarse porque Amadeo, pese a su buena voluntad, se encontró con muchos problemas. Carlistas y monárquicos alfonsinos eran enemigos suyos, así como los republicanos. No contaba con apoyos sociales y sí con la oposición de la aristocracia y de la Iglesia. Los progresistas, por otra parte, estaban divididos entre constitucionalistas de Sagasta y radicales de Ruiz Zorrilla. Las disensiones con unionistas y demócratas eran cada vez mayores, lo que originaba una gran inestabilidad política. Para agravar la situación estallaron dos guerras: la 3ª carlista y en Cuba. Amadeo, cansado e impotente, abdicó.

La Primera República (1873-1874)

Fracasada la monarquía de Amadeo, ante la ausencia de otro candidato monárquico aceptable y tras una votación en Cortes, fue proclamada la Primera República (11 de Febrero de 1873). En las elecciones de mayo los republicanos obtuvieron el 90% de los votos, pero hubo gran abstención. La República tuvo muchos problemas. Los republicanos, en su mayoría intelectuales y clases medias reformistas, no tenían apenas apoyo social y además estaban divididos en federales – con Pi y Margall al frente, partidarios de un Estado federal descentralizado – y centralistas, a la vez que los intransigentes promovían la violencia para alcanzar reivindicaciones sociales. Hubo una enorme inestabilidad política, sucediéndose en menos de un año cuatro presidentes. Pi y Margall elaboró un proyecto de constitución (1873) que defendía la República como forma de Estado, el federalismo y la separación de Iglesia y Estado, así como más amplias libertades y derechos ciudadanos, pero no llegó a entrar en vigor.

Pero la agitación social era continua. Los campesinos andaluces ocuparon tierras y los obreros organizaron una huelga general en Alcoy. Seguían las guerras en Cuba y la Tercera Carlista y por último estalló un movimiento insurreccional promovido por los federales intransigentes: el Cantonalismo. Tras el cantonalismo, la República federal giró a la derecha y se volvió centralista con Castelar, quién gobernó de forma autoritaria disolviendo las Cortes. Los republicanos federales le forzaron a dimitir. El 3 de enero de 1874, el general Pavía irrumpió en el Congreso y lo disolvió, acabando la Primera República. El golpe de Estado estableció un gobierno autoritario presidido por el general Serrano, quién suspendió la Constitución y los derechos. Cánovas del Castillo, líder del partido alfonsino, preparó la vuelta de los Borbones en la persona de Alfonso, hijo de Isabel II. El general Martínez Campos se pronunció en Sagunto (diciembre de 1874) y Alfonso XII fue declarado rey, comenzando el periodo de la Restauración.