La Desamortización en España

La desamortización fue un largo proceso histórico-económico iniciado en España a finales del siglo XVIII por Godoy (1798) y cerrado ya muy entrado el siglo XX (16 de diciembre de 1924). En otros países sucedió un fenómeno de características más o menos similares. Consistió en poner en el mercado, mediante una subasta pública, las tierras y bienes no productivos en poder de las llamadas «manos muertas», casi siempre la Iglesia Católica o las órdenes religiosas y territorios nobiliarios, que los habían acumulado como habituales beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos. Su finalidad fue acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores propietarios. Además, el erario obtenía unos ingresos extraordinarios con los que se pretendían amortizar los títulos de deuda pública. La desamortización se convirtió en la principal arma política con que los liberales modificaron el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen, para implantar el nuevo Estado burgués durante la primera mitad del siglo XIX.

Antecedentes y Primeras Etapas

Fue a partir de 1795 cuando la política belicista del gobierno y el consiguiente crecimiento brutal de la deuda pública obligaron al ministro Godoy a iniciar la desamortización. El gobierno declaró en venta los bienes de una serie de institutos eclesiásticos, y destinó los fondos obtenidos a amortizar la deuda e indemnizar a la Iglesia, pero el dinero de las tierras vendidas se gastó en nuevas campañas militares. Por tanto, la deuda ascendió notablemente, y se eliminó la asistencia social a enfermos, ancianos y marginados sociales, lo que condenó a esos colectivos a la miseria.

Durante la Guerra de la Independencia tanto el gobierno bonapartista como las Cortes de Cádiz realizaron una legislación paralela de supresión de conventos y órdenes religiosas y de puesta en venta de sus propiedades, destinando el producto a amortizar la deuda del Estado. La restauración del absolutismo en 1814 significó la anulación de las exclaustraciones y la devolución de los bienes vendidos a los frailes.

En el Trienio Liberal volvieron a entrar en vigor las decisiones de las Cortes de Cádiz: se aprobó el Decreto de supresión de monacales de octubre de 1820 y se emprendió la desamortización de bienes de propios y baldíos. Una buena parte de los bienes de los conventos fue vendida, principalmente, a inversores burgueses. Pero en 1823 retornó el régimen absolutista, y Fernando VII obligó a restituir los bienes vendidos, lo que provocó la indignación de los compradores, que desde entonces pasaron a apoyar al liberalismo y a enfrentarse al Rey.

La Desamortización de Mendizábal (1836)

A partir de 1833, el proceso de desamortización se precipitó debido a la guerra carlista, que obligaba al Estado a obtener recursos económicos; al apoyo del clero al bando carlista, que provocó un clima anticlerical en el país; y a los antiguos compradores de bienes desamortizados en el Trienio, expropiados en 1823, que presionaban al gobierno para que les devolviera sus bienes. Así, se publicó la primera desamortización del clero llevada a cabo por Mendizábal (1836). En ella, se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular, y se destinaban los fondos obtenidos a la amortización de la deuda pública. El programa del Decreto perseguía ganar la guerra allegando fondos y tropas, restaurar la confianza en el crédito del Estado y, a largo plazo, permitir una reforma de la Hacienda. Mendizábal, en el preámbulo, exponía otros objetivos básicos de la desamortización:

• Sanear la Hacienda reduciendo la deuda.
• Conseguir el acceso a la propiedad de sectores burgueses que mejorarían la producción y la revalorizarían.
• Crear un sector social de nuevos propietarios vinculados al régimen y al bando cristino.

Pero las tierras fueron compradas por nobles y burgueses adinerados, de forma que no pudo crearse una verdadera burguesía o clase media en España.

Aunque el gobierno cayó en mayo, en octubre, Mendizábal se convirtió en ministro de Hacienda bajo el gobierno progresista de Calatrava. Bajo la regencia de Espartero, se desamortizaron también los bienes del clero secular. En 1844, con la vuelta de los moderados, se suspendieron las subastas, pero ya se había desamortizado el 62% de las propiedades de la Iglesia. Mendizábal sabía que la admisión para el pago de títulos por su valor nominal resultaba perjudicial para los intereses del Estado. Lo que ocurre es que el ministro buscaba beneficiar a quienes, como él mismo, pertenecían a la elite financiera y comercial. El resultado es que, sumando lo vendido en el Trienio y en el período 1836-1851, el Estado recaudó unos 4.500 millones de reales, de los que sólo 500 lo fueron en dinero, cuando la deuda ascendía ya por entonces a unos 14.000 millones. Así, la desamortización de Mendizábal dejó una serie de consecuencias muy variadas:

• Las propiedades y fuentes de riqueza de la Iglesia, junto con el diezmo, fueron suprimidos y, aunque más tarde se estableció una Contribución de culto y clero, la Iglesia dejó de ser el estamento privilegiado, aunque con enorme influencia sobre la mentalidad y la educación.
• No resolvió el problema de deuda pública, pero sí contribuyó a atenuarlo.
• La producción agraria se mantuvo intacta debido a la inexistencia de mejoras por parte de los nuevos propietarios, puesto que vivían en las ciudades ajenos a los problemas agrícolas.
• También trajo un proceso de deforestación, pese a las prohibiciones del gobierno.
• Provocó un reforzamiento de la estructura de la propiedad de la tierra: acentuó el latifundismo en Andalucía y Extremadura y el minifundismo en el Norte.
• Los campesinos estuvieron exentos del proceso ya que, o no recibían información de las subastas, o no sabían pujar, o no tenían el dinero suficiente para hacerlo.
• En las ciudades ocurrió lo mismo. La alta burguesía acaparó los mejores edificios del centro, excluyendo a las clases medias, y dejando para los obreros los arrabales de la periferia.

La Desamortización de Madoz (1855)

La desamortización de Pascual Madoz (1855) fue uno de los puntos programáticos del bienio progresista. Establecía la venta en subasta pública de toda clase de propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, a la Iglesia, los baldíos de los Municipios y, en general, todos los bienes que permanecieran amortizados. Se trataba, por tanto, de completar y terminar el proceso de desamortización iniciado por Mendizábal en 1836. A diferencia de éste, la Ley Madoz se desarrolló a gran velocidad, por lo que el volumen de dinero acumulado fue casi el doble, y se destinó a cubrir el déficit del presupuesto del Estado, amortización de Deuda pública y obras públicas, reservándose 30 millones de reales anuales para la reedificación y reparación de las iglesias de España. Así, las consecuencias que produjo fueron la eliminación de la propiedad comunal y de lo que quedaba de la eclesiástica que, a su vez, provocó un agravamiento de la situación económica del campesinado y una ruptura de las relaciones con la Iglesia, ante la violación del Concordato. En conjunto, si se suman ambos procesos, entre 1836 y 1856 se transfirió el 20% de la superficie nacional. Además, se calcula que de todo lo desamortizado, el 30% pertenecía a la iglesia, el 20% a beneficencia y un 50% a las propiedades municipales fundamentalmente de los pueblos. En realidad, la desamortización de Madoz estuvo en vigor hasta 1895, pero desde 1856 apenas ya hubo subastas, ya que poco quedaba por vender. Sí continuó habiendo importantes ingresos hacia una sociedad burguesa. Significó el traspaso de una enorme masa de tierras a los nuevos propietarios y la fusión de la antigua aristocracia feudal con la burguesía urbana para crear la nueva elite terrateniente. El Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo (1924) derogó definitivamente las leyes sobre desamortización de los bienes de los pueblos y, con ello, la desamortización de Madoz.

Conclusiones

En conclusión, ambos procesos de desamortización dejaron notables consecuencias. En lo referido al ámbito social, España quedó fundamentalmente dividida en dos partes: la zona sur, con predominio del latifundismo, y una franja norte, con explotaciones rurales medias y pequeñas. Por otro lado, con la privatización de los bienes comunales empleados por muchos campesinos para su subsistencia (leña, pastos, etc.), se produjo una tendencia emigratoria del campo a zonas industrializadas del país o a América. En el ámbito económico, la Hacienda Pública procedió a su saneamiento con los reales obtenidos en las subastas. Además, se produjo un aumento de la producción agrícola gracias a la modernización de los cultivos: por ejemplo, en Andalucía se extendió el olivar y la vid, aunque influyó negativamente en el aumento de la deforestación. En el ámbito cultural, parte de los cuadros y libros de los monasterios fueron vendidos, pero también gran parte de ellos engrosaron los fondos de las bibliotecas públicas o universidades. De igual forma, ocurrió con numerosos edificios de interés artístico. En el ámbito político e ideológico, uno de los objetivos fue permitir la consolidación del régimen liberal y la compra de tierras para formar una nueva clase obrera, pero la mayor parte de las tierras desamortizadas fueron adquiridas por los grandes propietarios. Y, por último, cabe destacar que ambos procesos contribuyeron con la remodelación de las ciudades eminentemente burguesas, con construcciones de más altura, ensanches y nuevos espacios públicos. Los antiguos edificios religiosos pasaron a tener usos públicos (museos, cuarteles, hospitales).