Las desamortizaciones. En España, la tierra estaba mal repartida desde épocas remotas. Estos grandes patrimonios territoriales no podían ser divididos por herencia ni ser donados o vendidos. Habitualmente se denunciaba su explotación, lo que impedía obtener el mejor rendimiento. Sin embargo, el establecimiento de una economía capitalista era incompatible con el mantenimiento de privilegios que obstaculizaban el intercambio de bienes, las tierras en este caso. La desamortización consistía en la conversión de la propiedad vinculada de la tierra en propiedad privada particular y enajenable.

Fue muy característico de la mentalidad ilustrada considerar que las tierras vinculadas eran mal explotadas por sus propietarios, contribuyendo al atraso de España. Sin embargo, no se planteó seriamente la cuestión de proceder a la desamortización de estas tierras hasta que el Estado no se vio obligado a ello para sufragar los gastos ocasionados por las guerras o ante los graves problemas de la Hacienda Pública.

El gobierno de Carlos IV, agobiado por los gastos ocasionados por las guerras, recurrió a las manos muertas: decidió en 1798 la primera desamortización de los bienes de la Iglesia para hacer frente a las necesidades de la hacienda real. El resultado no fue espectacular, pero la deuda no dejó de crecer y las tierras fueron a parar a los grandes propietarios, que eran los únicos que podían comprarlas. Hubo también un proceso desamortizador durante el reinado de José Bonaparte a expensas de los bienes del clero y de los aristócratas que se resistieron a la dominación francesa.

Las Cortes de Cádiz también emprendieron una obra desamortizadora supeditada a la deuda pública. Los decretos de 1812 y 1813 iniciaban una tímida desamortización eclesiástica y civil. La desamortización eclesiástica quedó interrumpida en 1814 con el regreso de Fernando VII. La desamortización fue concebida como una medida fiscal, no como una reforma agraria.

La desamortización de Mendizábal durante las regencias de María Cristina y Espartero recibe su impulso definitivo. La obra desamortizadora estaba orientada hacia el enorme patrimonio del clero. Pero estas medidas desamortizadoras no conllevaron las necesarias reformas de la Iglesia y agrarias. Con el triunfo definitivo del régimen liberal, el proceso desamortizador es replanteado por María Cristina con anterioridad a la subida de Mendizábal al poder, mientras tres decretos: supresión definitiva de la Inquisición, expulsión de la Compañía de Jesús y la supresión de monasterios y conventos que no tuvieran como mínimo 12 individuos.

Con J. Álvarez de Mendizábal se realiza la primera obra desamortizadora propiamente dicha con una serie de leyes durante el bienio. Se centra en los bienes del clero regular. El plan de Mendizábal acelera su proceso de aplicación ante las necesidades económicas del Estado para hacer frente a la guerra carlista y, en consecuencia, se hace atropelladamente, no siendo alcanzados los objetivos previstos que eran:

• Solución de los apuros de la Hacienda y del problema de la deuda.
• Reforma agraria en beneficio de la masa campesina.
• Reforma de la Iglesia.
• Ampliación de la base social del nuevo régimen liberal.

Esta desamortización se realizó fundamentalmente mediante dos decretos en el 36 que enumeran los institutos religiosos, los monasterios y conventos afectados por la misma, y el más importante, el del 37, completando el anterior. Fueron declarados propiedad nacional los bienes raíces, rentas, derechos y acciones de las comunidades e institutos religiosos de ambos sexos, con muy pocas excepciones, disponiéndose además que fueran sacados en pública subasta.

Mendizábal esperaba que las tierras fueran a parar a manos de los agricultores medios, dispuso que se admitieran dos tipos de compradores:

• Los que pagarían en efectivo.
• Los que lo harían con títulos de deuda.

En opinión de algunos autores, el proceso desamortizador de Mendizábal fracasó en su cuádruple objetivo mencionado, pero su radicalismo anticlerical puso en contra del régimen isabelino a: la Iglesia en bloque, el campesinado, los sectores liberales y el grupo ilustrado.

En cuanto a los beneficios obtenidos por la Hacienda Pública, fueron menores en comparación con lo que se esperaba. La realidad es que no solo no desapareció la deuda pública, sino que aumentó.

Desamortización de Espartero. Durante la regencia de Espartero se completa el proceso desamortizador iniciado por Mendizábal. En 1841, una nueva ley desamortizadora afectó a inmuebles y tierras que el clero secular tenía en las ciudades. Estas propiedades fueron declaradas bienes nacionales y sacadas a subasta.

Paralelamente, otra ley se ocupó del tema de las necesidades de la Iglesia y de sus ministros. La ley de Espartero estuvo en vigor tres años. Esta desamortización estaba tan vinculada al partido progresista que su caída ocasionó su paralización. La interrupción de la obra desamortizadora fue obra de Narváez y no será hasta el bienio progresista cuando se complete la tarea desamortizadora.

Desamortización de Madoz. La ley general de desamortización de 1855 venía a completar la obra de Mendizábal. Con esta ley se pretendía concluir la venta de los bienes del clero interrumpida por los moderados y autorizar la enajenación de los bienes propios y baldíos de los ayuntamientos que fueron sacados a subasta. La venta de los citados bienes se destinaría a amortizar la deuda del Estado, a nivelar el presupuesto y a financiar obras públicas, especialmente el ferrocarril.

En los catorce meses en que estuvo en vigor la ley de Madoz se realizaron un gran número de ventas. La ley de Madoz encontró una fuerte resistencia en el partido moderado, que argumentó que la desamortización no debería llevarse a cabo por el desequilibrio social que ocasionaría el traspaso de los bienes.