La Constitución de 1869 y la Regencia
Se crearon una serie de decretos para satisfacer las demandas populares y se convocaron elecciones a Cortes constituyentes. Fueron las primeras votaciones donde se reconoció el sufragio universal masculino (mayores de 25 años). La victoria fue para progresistas, unionistas y un sector de los demócratas. También aparecieron en las Cortes dos minorías importantes: los carlistas y los republicanos. En febrero de 1869, las Cortes crearon una comisión parlamentaria encargada de redactar una nueva Constitución, que fue aprobada el 1 de junio de 1869.
La Constitución de 1869, la primera democrática de la historia de España, estableció un amplio régimen de derechos y libertades: derecho de manifestación, reunión y asociación, libertad de enseñanza e igualdad para obtener empleo. Se reconocía la libertad religiosa, aunque el Estado debía mantener el culto católico. Se proclamaba la soberanía nacional. El Estado se declaraba monárquico, pero las leyes las hacían las Cortes (que eran bicamerales, Senado y Congreso). El rey tan sólo las promulgaba y no tenía derecho a veto. Sus poderes quedaban muy limitados. Cuba y Puerto Rico tenían los mismos derechos que la metrópoli, y Filipinas se regía por una ley especial. Se estableció una regencia que recayó en el general Serrano. Prim era el jefe de gobierno. Su tarea no fue fácil: republicanos descontentos, los carlistas que vuelven a las insurrecciones, la situación económica era grave y además había que encontrar un nuevo monarca. Sin embargo, el nuevo gobierno fue visto con simpatía por parte de los países europeos.
El Intento de Renovación Económica
Uno de los objetivos de “La Gloriosa” fue reorientar la política económica. Se pretendía establecer una legislación que protegiera los intereses económicos de la burguesía nacional y de los inversores extranjeros. Se defiende el librecambismo y el mercado español se abre al capital extranjero. El ministro de Hacienda suprimió la contribución de consumos, aunque volvió a restablecerse en 1870 para las haciendas locales. Introdujo la contribución personal que gravaba a todos los ciudadanos según su renta. Se creó la peseta como unidad monetaria. El problema más grave era el caótico estado de la Hacienda española. La deuda pública se elevaba a 22109 millones de reales, con intereses anuales de 591 millones, más las deudas que existían con los bancos extranjeros. Además, la crisis de los ferrocarriles sólo tenía solución utilizando recursos públicos para subvencionar a las compañías ferroviarias. Todo ello se pretendía solucionar con la Ley de Minas de 1871 (venta de minas a países extranjeros). La última gran acción fue la liberalización de los intercambios exteriores (julio de 1869) mediante la Ley de Bases Arancelarias. Con esta ley se pretendía que los países extranjeros pudiesen vender sus mercancías sin tener que pagar altos aranceles o impuestos aduaneros. La oposición de los textiles catalanes y comerciantes de cereales del interior fue inmediata.
La Frustración de las Aspiraciones Populares
La Constitución de 1869 consolidó un régimen político basado en los principios liberal-democráticos. Sin embargo, frustró las aspiraciones de otros grupos políticos, sobre todo las de carácter popular. Los republicanos no estaban de acuerdo con la forma de gobierno monárquica; los radicales estaban disgustados por el mantenimiento del culto y del clero; y la persistencia de las desigualdades sociales no gustaba a campesinos, jornaleros y trabajadores de fábrica, que no veían mejorar su situación. Durante el periodo de regencia del general Serrano (1869-1870) hubo una fuerte conflictividad social. El campesinado (sobre todo el andaluz y extremeño) pedía un mejor reparto de la tierra; mientras las revueltas urbanas protestaban contra los impuestos, las quintas y el aumento de los precios. El movimiento obrero, que ahora nacía, pedía una mejora de las condiciones salariales y del trabajo.
Los republicanos encarnaron ese descontento general, pero el fracaso de sus insurrecciones y la imposibilidad de conseguir esos objetivos populares por la vía parlamentaria, condujeron a la mayoría de estos sectores a posicionarse a favor de ideas más radicales y apolíticas (I Internacional). Las ideas internacionalistas llegaron a España a partir de 1868, gracias a la apertura de fronteras y el reconocimiento del derecho de asociación y de libertad de imprenta. La expansión de las ideas de la I Internacional (anarquismo y socialismo) abrió una nueva etapa y condujo a la organización del proletariado y del campesinado alrededor de las nuevas organizaciones de clase (partidos obreros), alejadas de los partidos clásicos.