La conflictividad social en España a principios del siglo XX

A principios del siglo XX, un 65% de la población española estaba formada por clases populares (obreros industriales, pequeños agricultores y jornaleros), que vivían y trabajaban en condiciones de gran precariedad. Esta situación hizo que creciera la afiliación sindical a UGT y CNT. Los gobiernos del turno, a la hora de atender la “cuestión social”, oscilaron entre aplicar medidas legislativas que atendieran las demandas de las clases populares, y la dura represión por medio del Ejército en los momentos de mayor agitación social. De este periodo podemos destacar:

  • Los incidentes que se conocieron como la “Semana Trágica” en Barcelona, que se iniciaron el 26 de julio de 1909, cuando en el puerto se embarcaban tropas hacia Marruecos, al tiempo que socialistas y anarquistas promovían una huelga general contra el Gobierno y la guerra.
  • La huelga acabó desbordada por una insurrección popular armada que llenó Barcelona de barricadas y dirigió sus ataques contra las fuerzas del orden, iglesias y conventos.
  • El Gobierno declaró el “estado de guerra” y envió al Ejército. Los enfrentamientos se prolongaron hasta el 1 de agosto y costaron centenares de muertos.

Posteriormente, la posición de neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial provocó un aumento de las exportaciones, dejando desabastecido al mercado interior, lo que derivó en una gran subida de precios de los productos básicos. El malestar social llevó a que, en marzo de 1917, los sindicatos UGT y CNT publicaran un Manifiesto conjunto que animaba a una Huelga General y denunciaba la precaria situación de la clase trabajadora, agravada por la inflación. La huelga general comenzó el 13 de agosto y durante 5 días se sucedieron huelgas en las principales poblaciones industriales, dejando a Madrid, Barcelona y Bilbao paralizadas.

La dictadura de Primo de Rivera

En este contexto, la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado contra el Gobierno constitucional en Barcelona y exponía sus intenciones en el manifiesto: “Al país y al Ejército Españoles”. Influenciado por las teorías regeneracionistas de Joaquín Costa, Primo de Rivera se presentaba como un “cirujano de hierro” que asumía las funciones de Gobierno de forma provisional para acabar con los males que estaba sufriendo España: desgobierno, caciquismo, desorden social, terrorismo, separatismo catalán…

La Segunda República

Tras la dictadura de Primo de Rivera, un desprestigiado Alfonso XIII intentaba retomar al régimen constitucional de la Restauración. La oposición política, organizada en el Pacto de San Sebastián, ya no aceptaba promesas de reformas, sino la eliminación de la monarquía, y formó un comité revolucionario que planteó las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 en clave de plebiscito entre monarquía y república. La coalición republicano-socialista venció en casi todas las capitales de provincia, lo que llevó a proclamar la República el 14 de abril en medio de un gran entusiasmo popular.

La reforma agraria en la Segunda República

En el Bienio Progresista, con Manuel Azaña como presidente de gobierno, la reforma agraria era el proyecto más urgente a acometer por la República, especialmente en Andalucía y Extremadura, regiones con estructura latifundista y elevado número de jornaleros, y cuya situación de miseria les empujaba a ocupaciones ilegales y estallidos de violencia. La reforma agraria impulsada por el Ministro de Agricultura Marcelino Domingo contaba con la resistencia de latifundistas, vinculados a partidos de derechas. Finalmente, en agosto de 1932, se aprobó la Ley de la Reforma Agraria.