I. EJECUCIÓN DEL P.

La gestión del P. de ingresos se realizará en siguientes fases sucesivas o simultáneas:

1. Reconocimiento del derecho: Es acto que, conforme a normativa aplicable a cada recurso específico, declara y liquida crédito a favor de AGE, de sus organismos autónomos o de entidades gestoras y servicios comunes de Seguridad Social.
2. Extinción del derecho: Podrá producirse por su cobro en metálico, así como en especie, o compensación, en casos previstos en disposiciones especiales que sean de aplicación. Extinciones de derechos por otras causas serán objeto de contabilización diferenciada, distinguiendo entre producidos por anulación de liquidación y producidos en proceso de recaudación por prescripción, condonación o insolvencia.

II. PROCEDIMIENTO DE GASTO PÚBLICO: SUS FASES

Principios por los que se ejecuta:

• De eficacia en consecución de objetivos.
• De eficiencia en asignación y utilización de recursos.
• Objetividad y transparencia de actividad administrativa.
• Actuación del sector público orientada al logro de objetivos.
• De control de resultados.
• Cooperación y coordinación con otras AAPP para racionalizar empleo de recursos.
• P. de responsabilidad de gestores en consecución de resultado.
• Calidad de servicios para ciudadanos.

Sistema de objetivos:

1. Centros gestores del gasto responsables de distintos programas presupuestarios establecerán, a través de elaboración de programas plurianuales, sistema de objetivos a cumplir en su respectiva área de actuación, adecuado a naturaleza y características de ésta.
2. Sistemas de gestión y control de gastos públicos deberán orientarse a asegurar realización de objetivos finales de programas presupuestarios y a proporcionar información sobre su cumplimiento, desviaciones que pudieran haberse producido y sus causas. Titulares de centros gestores del gasto responsables de distintos programas presupuestarios formularán balance de resultados e informe de gestión relativos al cumplimiento de objetivos fijados para ese ejercicio en programa plurianual correspondiente a dicho centro gestor del gasto, que se incluirán a memoria de correspondientes cuentas anuales, en términos establecidos en art. 128 de esta Ley. Ministerio de Hacienda, en colaboración con distintos centros gestores de gastos, impulsará y coordinará evaluación continua de políticas de gasto con finalidad de asegurar que mismas alcancen sus objetivos estratégicos e impacto socioeconómico que pretenden.

Gestión del P. de gastos del Estado y de sus organismos autónomos y de Entidades gestoras y Servicios comunes de Seguridad Social se realizará a través de 5 fases:

1. Aprobación del gasto
2. Compromiso de gasto
3. Reconocimiento de obligación
4. Ordenación del pago
5. Pago material

Aprobación del gasto: Es acto mediante el que se autoriza realización de gasto determinado por cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin totalidad o parte de crédito presupuestario. Aprobación inicia procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con 3º ajenos a Hacienda Pública estatal o a Seguridad Social.

Compromiso de gasto: Es acto mediante el que se acuerda, tras cumplimiento de trámites legalmente establecidos, realización de gastos previamente aprobados, por importe determinado o determinable. Compromiso es acto con relevancia jurídica con 3ºs, vinculando a Hacienda Pública estatal o a Seguridad Social a realización del gasto a que se refiere en cuantía y condiciones establecidas.

Reconocimiento de obligación: Es acto mediante el que se declara existencia de crédito exigible contra Hacienda Pública estatal o contra Seguridad Social, derivado de gasto aprobado y comprometido y que comporta propuesta de pago correspondiente. Reconocimiento de obligación con cargo a Hacienda Pública estatal se producirá previa acreditación documental ante órgano competente de realización de prestación o derecho del acreedor de conformidad con acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron gasto. Ministro de Hacienda, previo informe de Intervención General de Administración del Estado, determinará documentos y requisitos que, conforme a cada tipo de gastos, justifiquen reconocimiento de obligación. Obligaciones de AGE, de sus organismos autónomos y de Seguridad Social se extinguen por pago, compensación, prescripción o cualquier otro medio en términos establecidos en esta Ley y en sus disposiciones especiales. Cuando naturaleza de operación o gasto así lo determinen, se acumularán en un solo acto las fases de ejecución precisas.

IV. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES (IMPORTANTE)

Ordenación del pago: Bajo la superior autoridad del Ministro de Economía, competen al Director General del Tesoro y Política Financiera las funciones de Ordenador General de pagos del Estado. De igual forma, bajo la superior autoridad del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, competen al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social las funciones de Ordenador general de pagos de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social. Las órdenes de pago se expedirán a favor del acreedor que figura en la correspondiente propuesta de pago si bien, por Orden del Ministro de Economía, se podrán regular los supuestos en que puedan expedirse a favor de Habilitaciones, Cajas pagadoras o Depositarías de fondos, así como entidades colaboradoras y otros agentes mediadores en el pago, que actuarán como intermediarias para su posterior entrega a los acreedores. Los Ministros de Economía y de Trabajo y Asuntos Sociales, en los ámbitos de sus respectivas competencias, podrán disponer la modificación o eliminación de cualquiera de los procedimientos de pago a través de intermediario señalados en el apartado anterior.

Embargo de derechos de cobro: Las providencias y diligencias de embargo, mandamientos de ejecución, acuerdos de inicio de procedimiento administrativo de compensación y actos de contenido análogo, dictados por órganos judiciales o administrativos, en relación con derechos de cobro que los particulares ostenten frente a la Administración General del Estado o frente a la Administración de la Seguridad Social y que sean pagaderos a través de la Ordenación de Pagos del Estado o a través de la Ordenación de pagos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, se comunicarán necesariamente a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o a la Tesorería General de la Seguridad Social para su debida práctica mediante consulta al sistema de información contable y contendrán al menos la identificación del afectado con expresión del nombre o denominación social y su número de identificación fiscal, el importe del embargo, ejecución o retención y la especificación del derecho de cobro afectado con expresión del importe, órgano a quien corresponde la propuesta de pago y obligación a pagar. Los órganos de la Administración General del Estado, distintos de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, a los que se comuniquen los actos referidos en el párrafo anterior que recaigan sobre derechos de cobro pagaderos por la Ordenación de Pagos del Estado únicamente deberán remitirlos a la citada Dirección General cuando los mismos reúnan los requisitos especificados en el párrafo anterior. En caso contrario, aquéllos deberán proceder a la devolución motivada de los documentos recibidos al órgano judicial o administrativo que haya dictado el acuerdo.

Pagos indebidos y demás reintegros: A los efectos de esta Ley se entiende por pago indebido el que se realiza por error material, aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor. El perceptor de un pago indebido total o parcial queda obligado a su restitución. El órgano que haya cometido el error que originó el pago indebido, dispondrá de inmediato, de oficio, la restitución de las cantidades indebidamente pagadas conforme a los procedimientos reglamentariamente establecidos y, en defecto de procedimiento específico, con arreglo al que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas o el de Empleo y Seguridad Social en el ámbito de la Seguridad Social. La revisión de los actos de los que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a los pagos indebidos a que se refiere el apartado 1 anterior se realizará de acuerdo con los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos o anulables, previstos en la Ley 3es, previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro establecidos en las normas reguladoras de los distintos ingresos, según la causa que determine su invalidez. La efectividad de los ingresos por reintegro se someterá a lo establecido en el Capítulo II del Título I de esta Ley. A salvo de lo establecido por la normativa reguladora de los distintos reintegros, el reintegro de pagos indebidos o declarados inválidos con arreglo a lo establecido en el apartado anterior devengará el interés previsto en el artículo 17 de esta Ley, desde el momento en que se produjo el pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o, en su caso, hasta la fecha en que el perceptor proceda a la devolución voluntaria de los fondos percibidos sin el previo requerimiento de la Administración. Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará también de aplicación en los casos en los que proceda el reintegro de las cantidades percibidas de la Hacienda Pública estatal por haber incumplido el perceptor de los fondos las condiciones establecidas para su entrega o por no haberse justificado correctamente su cumplimiento.

Anticipos de caja fija y fondos de maniobra:  De acuerdo con lo preceptuado en esta Ley y en su desarrollo reglamentario, los ministros y los presidentes o directores de los organismos autónomos, previo informe de su Intervención Delegada en ambos casos, establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija, determinando los criterios generales de los gastos que puedan ser satisfechos por tal sistema, los conceptos presupuestarios a los que serán aplicables los límites cuantitativos establecidos para cada uno de ellos, su aplicación al presupuesto y cuantas estimaciones se consideren oportunas. Se entienden por anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos. En todo caso, la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para cada ministerio u organismo autónomo el siete por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.

Pagos a justificar: Cuando, excepcionalmente, no pueda aportarse la documentación justificativa de las obligaciones en el momento previsto en el apartado 4 del artículo 73, podrán tramitarse propuestas de pagos presupuestarios y librarse fondos con el carácter de a justificar. Asimismo, podrá procederse a la expedición de libramientos a justificar cuando los servicios y prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en el extranjero. El mismo carácter tendrán las propuestas de pago efectuadas para satisfacer gastos a realizar en localidad donde no exista dependencia del ministerio, organismo, entidad gestora o servicio común de que se trate. De acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de esta Ley, con cargo a los libramientos a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones del mismo ejercicio. No obstante, el Consejo de Ministros podrá acordar que, con los fondos librados a justificar para gastos en el extranjero imputados a un presupuesto, sean atendidos gastos realizados en el ejercicio siguiente, si ello fuese considerado relevante para el interés general. Los perceptores de estas órdenes de pago a justificar quedan obligados a rendir cuenta justificativa de la aplicación de las cantidades recibidas. El plazo de rendición de las cuentas será de tres meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de seis meses. Los perceptores de las órdenes de pago a justificar son responsables, en los términos previstos en esta Ley, de la custodia y uso de los fondos y de la rendición de la cuenta. En el curso de los dos meses siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por la autoridad competente.

V. EL TESORO PÚBLICO: CONCEPTO Y FUNCIONES. ORGANIZACIÓN Y MEDIOS (Import)

Constituyen el Tesoro Público todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, las agencias estatales y el resto de entidades del sector público administrativo estatal con exclusión de los sujetos contemplados en el artículo 2.1.d) y h) y 2.3, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. Funciones del Tesoro Público: – Pagar las obligaciones del Estado y recaudar sus derechos. – Servir el principio de unidad de caja mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias. – Distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones del Estado. – Contribuir al buen funcionamiento del sistema financiero nacional. – Emitir, contraer y gestionar la Deuda del Estado y ejecutar las operaciones financieras relativas a la misma. – Responder de los avales contraídos por el Estado según las disposiciones de esta Ley. – Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anteriormente enumeradas. Presupuesto monetario: El Ministro de Economía, al objeto de conseguir una adecuada distribución temporal de los pagos y una correcta estimación de la necesidad de endeudamiento del Estado, aprobará anualmente, a propuesta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, un Presupuesto monetario al que habrá de acomodarse la expedición de las órdenes de pago. También contendrá dicho presupuesto una previsión sobre los ingresos del Estado. Para la elaboración del mismo, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá recabar del sector público estatal, definido en el artículo 2.1 de esta Ley, cuantos datos, previsiones y documentación estime oportuna sobre los pagos e ingresos que puedan tener incidencia en el presupuesto mencionado. El Presupuesto monetario podrá ser modificado a lo largo de un ejercicio en función de los datos sobre su ejecución o cambios en las previsiones de ingresos o de pagos.

Criterios de ordenación de pagos: Con carácter general, la cuantía de los pagos ordenados en cada momento se ajustará al Presupuesto monetario, señalado en el artículo anterior. El Ordenador de Pagos aplicará criterios objetivos en la expedición de las órdenes de pago, tales como la fecha de recepción, el importe de la operación, aplicación presupuestaria y forma de pago, entre otros. Medios de pago: En las condiciones que establezcan los Ministros de Economía y de Hacienda, en sus respectivos ámbitos, los ingresos y los pagos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos podrán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, efectivo o cualesquiera otros medios de pago, sean o no bancarios. En las mencionadas condiciones podrá establecerse que, en la realización de determinados ingresos o pagos de la Administración General del Estado, sólo puedan utilizarse ciertos medios de pago especificando en cada caso las particulares condiciones de utilización.