Alternativas Políticas tras la Muerte de Franco
El 20 de noviembre de 1975, tras casi cuarenta años en el poder desde su victoria en la Guerra Civil (1936-1939), moría el general Franco. Dos días después, Juan Carlos I, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica del Estado, asumía ante las Cortes franquistas la Jefatura del Estado como rey de España.
Dentro del propio régimen y antes de la muerte del dictador se fueron formando dos tendencias:
- Por un lado, los que se empezaron a llamar “aperturistas”, que defendieron la necesidad de aplicar pequeñas reformas en un sentido democrático y parlamentario.
- Por otro, los inmovilistas (el “búnker”), donde se agruparon los sectores y personajes más extremistas y violentos, contrarios a cualquier cambio, como el almirante Carrero Blanco. No admitían ningún tipo de cambio en lo relativo a la organización del poder, las Leyes Fundamentales y los derechos y libertades de la ciudadanía.
Por otro lado, la oposición al franquismo propugnaba acabar de forma inmediata con el viejo régimen dictatorial y restaurar una verdadera democracia. Era la estrategia defendida por la izquierda antifranquista y, en general, por la mayoría de la oposición democrática. Los aún ilegales partidos políticos democráticos reclamaban la liquidación inmediata del aparato franquista, que se denominó “ruptura democrática”. Esta incluía la amnistía a los condenados por delitos políticos, la legalización de los partidos y de los sindicatos libres, y la convocatoria de elecciones democráticas. Acompañaron sus peticiones con huelgas y manifestaciones multitudinarias, las cuales culminaron con la muerte de cinco trabajadores por disparos de la policía. La oposición fue moderando sus posturas iniciales radicales y adoptó una estrategia pacifista.
Con todo esto, la vía propuesta por los aperturistas del régimen fue la estrategia que se impuso, conscientes de que el franquismo sin Franco era inviable y de que la definitiva integración de España en Europa requería una evolución política hacia formas más o menos democráticas. El primer acto político importante pendiente era la formación del nuevo gobierno que sustituyera al de Franco. El rey logró situar al frente de las Cortes franquistas a un hombre procedente del régimen que estaba comprometido con el cambio, llamado Torcuato Fernández Miranda. El paso siguiente, la elección del Jefe del Gobierno, se resolvió de forma compensatoria, y se confirmó a Arias Navarro en su puesto, los ministros fueron variados y se incorporaron algunos políticos partidarios de un cambio moderado (Fraga, Areilza, Garrigues). Este equipo emprendió la tarea de democratización parcial, que sin provocar a los ultras, contentase a la oposición y al pueblo español. Pero ello llevó a la oposición a endurecer su postura.
No obstante, el gobierno remitió a las Cortes una serie de proyectos de ley que ampliaron las libertades públicas. La mayoría de los proyectos eran tan restrictivos, aunque ampliaran el…
Actuaciones de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno
El 20 de noviembre de 1975, tras casi cuarenta años en el poder desde su victoria en la Guerra Civil (1936-1939), moría el general Franco. Dos días después, Juan Carlos I, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica del Estado, asumía ante las Cortes franquistas la Jefatura del Estado como rey de España.
Comenzaba así una nueva etapa en la historia de España: la transición, es decir, el proceso de desmantelamiento de la dictadura que culminó con el establecimiento de un régimen democrático. Pero para ello, en 1976 Arias Navarro se vio obligado a dimitir y le sustituyó Adolfo Suárez, un joven político formado en filas del Movimiento Nacional, pero que conectaba con las pretensiones de la Corona. Inicialmente, la elección de Adolfo Suárez no fue bien acogida por la oposición a la vista de su pasado falangista. Pero ya en la primera declaración del gobierno anunció una relación franca con la oposición, la instauración de un régimen democrático y de libertades, así como la convocatoria de elecciones antes de un año.
Los aún ilegales partidos políticos democráticos reclamaban la liquidación inmediata del aparato franquista. Acompañaron sus peticiones con huelgas y manifestaciones y perseguían tres objetivos: restaurar las libertades públicas, la amnistía para los presos políticos y la autonomía de las nacionalidades históricas. Inmediatamente, Suárez se empezó a entrevistar con los líderes de la oposición y del franquismo, convenciéndoles de que su proyecto de transición era el único viable.
Ley para la Reforma Política
Para avanzar en las reformas era necesario desmontar la estructura del régimen franquista y acabar con sus instituciones. El gobierno de Suárez presentó en 1976 la Ley para la Reforma Política a las Cortes con el doble fin de que, una vez aprobada, estas quedaran disueltas. Su objetivo era, entre otros, establecer unas Cortes cuyos miembros fueran elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto; reconocimiento del pluripartidismo; defensa de los derechos fundamentales de la persona, etc. Esta ley permitía la ruptura pactada del sistema, donde se intentó ir “de la Ley a la Ley a través de la Ley”, evitando rupturas traumáticas. La Ley, una vez aprobada por las Cortes franquistas (aunque suponía su autoliquidación), fue sometida a referéndum popular el 15 de diciembre de 1976, obteniendo algo más del 94% de los sufragios.
Legalización de Partidos y Elecciones de 1977
En los primeros meses de 1977 se legalizaron los sindicatos (CCOO, UGT…) y los partidos políticos. Bastante conflictiva fue la legalización del Partido Comunista (PCE), ya que los militares se oponían a ello; pero el PCE (igual que el PSOE) se comprometió a la moderación y se olvidó de sus ideas de ruptura, por lo que el gobierno lo legalizó. El 15 de abril de 1977 Suárez anunció elecciones para junio y los partidos que se presentaban fueron: Unión de Centro Democrático (UCD), que pretendía aglutinar al sector moderado y a su frente aparecían Suárez y el gobierno. Los hombres provenientes de la Dictadura se organizaron fundamentalmente alrededor de Alianza Popular, comandada por Manuel Fraga. También se presentaron el PSOE, el PCE y los partidos nacionalistas. Las elecciones se celebraron el 15 de…
Elaboración y Aprobación de la Constitución de 1978
Tras la muerte de Franco en 1975 y el nombramiento de don Juan Carlos I como rey de España, comenzaba un nuevo período en la historia política del país: la transición, es decir, el proceso de desmantelamiento de la dictadura que culminó con el establecimiento de un régimen democrático.
El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas tras el franquismo, basándose en la Ley para la Reforma Política impulsada por Adolfo Suárez. Venció la UCD de Suárez y el 13 de julio de 1977 se constituyeron las Cortes constituyentes. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso fue la encargada de elaborar una Constitución consensuada por siete de sus miembros ponentes, comisionados para su redacción, pertenecientes 3 a UCD, y uno por cada uno de los siguientes cuatro partidos: PSOE, AP, PCE y Minoría Catalana. Todos tuvieron que ceder desde sus posturas iniciales para alcanzar un consenso y en su confección primó el deseo de redactar un texto suficientemente abierto para que pudiera adaptarse a la ideología de cualquier partido democrático que llegara a gobernar.
Tras dieciséis meses de elaboración, la Constitución fue aprobada en octubre de 1978 por las Cortes y el 6 de diciembre de ese año se sometió a referéndum, con una participación del 67% del electorado, y un 88 % de votos afirmativos.
Características de la Constitución
La Constitución es un texto extenso y detallado de 169 artículos que define a España como un “Estado social y democrático de Derecho”, donde se promulga la soberanía nacional. El Título I recoge una amplia lista de derechos entre los que destacan: libertad ideológica, religiosa y de culto, libertad de expresión, derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga. El carácter de “Estado social”, hace referencia el título preliminar, queda plasmado en el reconocimiento de los principios que deben regir la política económica y social del Estado. Los principales son el mantenimiento del pleno empleo, asistencia y prestaciones sociales, protección de la salud pública, protección del medio ambiente, apoyo económico a los ciudadanos de la tercera edad y defensa del consumidor.
En cuanto a la parte orgánica, la Constitución establece como sistema político para España una monarquía parlamentaria:
- El Jefe de Estado es el rey que actúa como árbitro y moderador. Su poder está muy limitado.
- El poder ejecutivo recae esencialmente en el Gobierno, cuyo presidente es nombrado de forma oficial por el monarca; no obstante, en realidad la designación depende de la composición política del Congreso, puesto que es la votación de los diputados la que ratifica al presidente del Gobierno.
- El poder legislativo reside en las Cortes, que son bicamerales (Congreso y Senado) y cuyos miembros son elegidos por sufragio universal directo.
- El poder judicial lo integran jueces y magistrados independientes.
En lo referente a la organización territorial del Estado, no responde ni al modelo de Estado unitario ni al de Estado federal.