El Reinado de Isabel II (1833-1868)
En 1833, tras la muerte de Fernando VII, se desencadenó un conflicto sucesorio entre los partidarios de Carlos María Isidro (absolutistas) y los de Isabel II (liberales), hija del rey difunto. La minoría de edad de Isabel llevó a la regencia de María Cristina, dando inicio a la Primera Guerra Carlista.
La Regencia de María Cristina y la Transición Liberal (1833-1840)
Paralelamente a la guerra, se aceleró la revolución liberal. Fernando VII había establecido gobiernos de transición para asistir a María Cristina. Cea Bermúdez fue el primer presidente, pero su inmovilismo llevó a su sustitución por Martínez de la Rosa, quien propuso el Estatuto Real. Las reformas, sin embargo, fueron consideradas insuficientes.
Mendizábal, sucesor de Martínez de la Rosa, impulsó reformas más profundas, incluyendo medidas financieras contra el carlismo y la famosa desamortización. Sin embargo, la presión social llevó a la demanda de la Constitución de 1812, y María Cristina nombró a Calatrava presidente. Se convocaron Cortes extraordinarias que redactaron la Constitución de 1837.
La Regencia de Espartero (1840-1843)
Tras la dimisión de María Cristina, Espartero asumió la regencia, disolviendo las Juntas Revolucionarias y gobernando de forma autoritaria. Su mandato terminó abruptamente, y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, proclamándola reina a los 13 años.
La Década Moderada (1844-1854)
Con Isabel II en el trono, los moderados, liderados por Narváez, accedieron al gobierno. Su gestión se caracterizó por la inestabilidad política, la manipulación electoral, la reducción del poder legislativo y la promulgación de la Constitución de 1845.
Las Guerras Carlistas
En 1846, se inició la Segunda Guerra Carlista, más una revuelta contra el liberalismo que una guerra convencional. La Tercera Guerra Carlista (1872-1876), aprovechando el destronamiento de Isabel II, culminó con la derrota definitiva del carlismo.
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812
En el verano de 1808, las Juntas locales y provinciales que lideraban la resistencia contra la invasión francesa formaron una Junta Suprema Central. Esta Junta reconoció a Fernando VII como rey legítimo y asumió la autoridad hasta su regreso. Ante el avance francés, la Junta se trasladó a Sevilla y, finalmente, a Cádiz en 1810.
Convocatoria y Composición de las Cortes
La Junta Central se disolvió y nombró una Regencia, que convocó a las Cortes. El proceso electoral fue complejo, y muchos diputados no pudieron asistir, predominando los residentes en Cádiz. Se formó una cámara única y se aprobó la soberanía nacional.
La composición de las Cortes destacó por la presencia del clero, miembros de la nobleza y clases medias urbanas. Aunque no existían partidos políticos formalmente, se distinguieron tres grupos: absolutistas, jovellanistas y liberales.
Obra Legislativa y la Constitución de 1812
El objetivo principal de las Cortes era desmantelar el Antiguo Régimen e instaurar un estado liberal. Entre sus logros destacan:
- La Constitución de 1812.
- El Decreto de abolición de los señoríos jurisdiccionales, eliminando privilegios feudales.
- La desamortización de bienes de manos muertas.
- La supresión del Santo Oficio de la Inquisición.
El Trienio Liberal (1820-1823)
En 1820, Rafael de Riego, al mando de una compañía de soldados, se sublevó en Andalucía y proclamó la Constitución de 1812. La pasividad del ejército, la acción liberal y la neutralidad campesina obligaron a Fernando VII a aceptar la Constitución. Se formó un gobierno y se convocaron elecciones a Cortes.
La Obra Legislativa del Trienio
Los liberales, vencedores en las elecciones, iniciaron una importante obra legislativa:
- Restauración de parte de la obra de Cádiz.
- Disminución del diezmo.
- Reformas en el sistema fiscal, el código penal y el ejército.
- Impulso al comercio.
- Modernización política y administrativa.
- Formación de ayuntamientos y diputaciones.
- Reconstrucción de la Milicia Nacional.
Oposición y Conflictos Internos
Estas reformas generaron la oposición de la monarquía. Fernando VII, forzado a aceptar la situación, obstaculizó las leyes y conspiró para recuperar su poder absoluto con ayuda de potencias extranjeras.
Los campesinos, descontentos con la supresión de los señoríos jurisdiccionales y los nuevos impuestos, se unieron a la protesta antiliberal. La nobleza y la Iglesia impulsaron revueltas, y en 1822 se alzaron partidas absolutistas, llegando a establecer una regencia en Seo de Urgel en 1823.
Dentro del liberalismo, surgieron divisiones entre moderados (partidarios de reformas limitadas) y exaltados (defensores de reformas radicales).