España en el Siglo XIX: Del Absolutismo al Bienio Progresista

El Sexenio Absolutista (1814-1820)

Tras la batalla de los Arapiles, los franceses se retiran de Portugal y España. Napoleón negocia el Tratado de Valençay (11-12-1813), permitiendo la restitución de Fernando VII al trono a cambio de la ruptura de la alianza española con Inglaterra y la no persecución de los afrancesados. Fernando VII regresa a España, aclamado, pero con la idea de abolir la Constitución. A pesar de la existencia de cortes ordinarias, el rey, influenciado por los serviles, anula las cortes y la Constitución mediante el Real Decreto del 4-5-1814, tras recibir el “Manifiesto de los Persas”. Esto desencadena la persecución de los liberales, quienes son exiliados o ajusticiados. Este periodo coincide con la lucha de los reyes europeos (legitimistas) contra los liberales. España es excluida del Tratado de Viena. Los liberales intentan reinstaurar lo logrado en Cádiz mediante insurrecciones, y los soldados que regresan de Francia se convierten en liberales, provocando pronunciamientos contra el rey absolutista.

Estos pronunciamientos, aunque frecuentes, no tuvieron éxito debido a la falta de conexión entre los militares y el pueblo.

Economía

La economía española estaba en ruinas tras la guerra. Las arcas estaban vacías, la deuda pública era enorme y el comercio con las colonias americanas se había interrumpido debido a las guerras de independencia. Se intentaron reformas económicas, como la propuesta de Martín de Garay de una contribución única y directa, pero fueron rechazadas.

El Trienio Liberal (1820-1823)

El 1 de enero de 1820, el oficial Riego se pronuncia en Sevilla a favor de la Constitución de 1812. Fernando VII jura la Constitución tres meses después, dando inicio al Trienio Liberal. Este periodo se caracterizó por la inestabilidad gubernamental debido a:

  1. División de los liberales: Doceañistas (moderados) que buscaban negociar con el rey y veinteañistas (exaltados) que defendían la aplicación estricta de la Constitución.
  2. Política involucionista del rey: Fernando VII intentó obstaculizar las reformas liberales y solicitó la intervención de las potencias europeas.

Se convocaron cortes, se eligieron diputados y se aprobó una amnistía para los liberales exiliados. Se implementó legislación liberal, aboliendo los señoríos jurisdiccionales y la Inquisición, aunque la propiedad de la tierra generó desacuerdos. Se intentó la desamortización de tierras comunales y de conventos, pero no tuvo el éxito esperado. Se redujo el diezmo a la mitad, generando descontento campesino. Se estableció una contribución basada en la propiedad y se reconstituyó la milicia nacional. La política religiosa fue anticlerical, suprimiendo la Inquisición y la Compañía de Jesús, y se intentó la supresión de conventos. Se instauró el impuesto de consumos, muy impopular. El enfrentamiento entre el rey y los liberales llevó a la regencia absolutista de Urgel, que fue sofocada. En el Congreso de Verona, Fernando VII solicitó ayuda para restaurar el absolutismo, lo que llevó a la intervención de las tropas del Duque de Angulema en 1823, restaurando a Fernando VII como rey absoluto.

La Década Ominosa (1823-1833)

El 1 de noviembre de 1823 se reinstauró el absolutismo, dando inicio a la Década Ominosa. Se distinguen dos fases:

Primera Fase (1823-1826)

Caracterizada por la represión de los liberales, la destrucción de las reformas del Trienio y la restauración del absolutismo total. La economía sufrió una inoperancia total, coincidiendo con la pérdida de las colonias americanas. Se restauró el sistema fiscal tradicional, se anuló la desamortización y se restableció el diezmo. La Inquisición fue restablecida como “Juntas de Fe”. Se suprimió la milicia nacional y se crearon los Voluntarios Realistas.

Segunda Fase (1826-1833)

Fue una etapa más templada, con Fernando VII acercándose a políticas reformistas por necesidades económicas. Ministros como Cea Bermúdez y López Ballesteros intentaron reformas en la hacienda, diferenciando el dinero del Estado y el de la Casa Real. Se intentó hacer pagar a los ricos, sin éxito. La agricultura seguía bajo presión fiscal. Se intentó mejorar el comercio. La industria textil catalana experimentó un ligero crecimiento. La repatriación de capitales de América impulsó inversiones en la península. Se aprobó el código de comercio y se creó la bolsa española. Aparecieron los primeros bancos y sectores siderúrgicos. A pesar de los intentos, la hacienda no se recuperó.

Narváez y O’Donnell

Tras el exilio de Narváez en 1843, se nombró reina a Isabel II con 13 años. Su gobierno fue mayoritariamente moderado, excepto durante el Bienio Progresista (1854-1856).

1844-1854

La reina confió en el general Narváez, líder de los moderados. Se creó la Guardia Civil, se promulgó una nueva ley de ayuntamientos y se reformó el sistema fiscal en 1845, con contribuciones directas e indirectas. Los gastos se destinaron principalmente al pago de la deuda, gastos militares y obras públicas.

Elaboración de la Constitución de 1845 (Moderados)

Esta constitución, vigente hasta 1868, establecía una soberanía compartida entre las cortes y el rey, la confesionalidad del Estado, la abolición de la milicia, un sistema bicameral, la restricción del derecho de voto y la censura de prensa. Se creó el Tribunal Supremo y el Consejo de Ministros. Se firmó un concordato con el Vaticano en 1851, donde la Iglesia reconocía las pérdidas por la desamortización a cambio de un sueldo mensual para los religiosos y la devolución de propiedades no vendidas. La Iglesia recuperó peso en la educación. La situación política llevó a un descontento que culminó en el Bienio Progresista.

El matrimonio de Isabel II con su primo Francisco de Asís de Borbón fue problemático. La segunda guerra carlista estalló en Cataluña.

El Bienio Progresista

El pronunciamiento de Vicálvaro, liderado por O’Donnell, y el Manifiesto de Manzanares dieron lugar a una revolución. Espartero regresó del exilio y se puso al frente del gobierno progresista. El Manifiesto de Manzanares proponía un gobierno que cumpliera la constitución, mejorara la ley electoral, diera libertad de prensa, descentralizara autoridades locales y redujera impuestos. Se redactó una constitución que no llegó a publicarse, defendiendo la soberanía nacional y la tolerancia religiosa. Se llevaron a cabo reformas económicas para atraer capitales extranjeros, se fomentó la construcción del ferrocarril y se realizó una desamortización civil liderada por Madoz. Las libertades progresistas provocaron agitación social, con la aparición de demócratas, republicanos y el movimiento obrero. El gobierno progresista se desgastó y O’Donnell creó la Unión Liberal. En 1856, Espartero dimitió y O’Donnell fue nombrado jefe de gobierno, dando inicio a los últimos 12 años del reinado de Isabel II.

Tras O’Donnell, se sucedieron gobiernos moderados inestables, hasta el gobierno largo de O’Donnell (1858-1863), un periodo de auge gracias a la corrupción electoral. Los problemas se centraron en el campo, con reclamaciones de tierras por parte de los jornaleros. Se emprendieron acciones propagandísticas en el extranjero. A partir de 1863, comenzaron los problemas económicos y la reina volvió a nombrar a Narváez, marcando el inicio del fin del reinado de Isabel II.