A lo largo de los siglos XIX y XX, las relaciones entre España y sus colonias se caracterizaron por un periodo de conflictos. El liberalismo y la Constitución de Cádiz de 1812 (que introdujo conceptos de soberanía popular, derechos ciudadanos e igualdad jurídica, basados en el pensamiento ilustrado) crearon tendencias para reclamar su autonomía y luchar por la independencia. Dentro de ese marco, tuvo lugar la independencia de la mayoría de las colonias americanas, como México, Argentina, Colombia o Chile.
España tuvo ciertos territorios coloniales en el Caribe y el Pacífico. La Guerra Hispanoamericana (1898) marcó un hito crucial. Durante esta guerra, España perdió sus últimas grandes colonias: Puerto Rico, Cuba y Filipinas. El fracaso y la firma de la Paz de París señalaron el fin del imperio colonial español, provocando la crisis de 1898 y el movimiento regeneracionista.
En la primera mitad del siglo XX, bajo un escenario de políticas imperialistas y nacionalistas agresivas, la relación con las colonias africanas se distinguió por su explotación. En 1912, España estableció oficialmente un protectorado en el norte de Marruecos (dividido entre España y Francia), enfrentándose a una intensa resistencia que derivó en angrientos conflictos bélicos. La administración de estas colonias africanas se vio dificultada debido a la escasez de recursos y el deseos de preservar una imagen de poder colonial, originando múltiples conflictos sociales en España: motines antiquintas (a causa de las políticas de exención denominadas “el impuesto de sangre de los pobres”) que, al igual que en “La Semana Trágica” (1909), desencadenaron conflictos sociales de gran envergadura. La política colonial también dio como resultado la injerencia militar en la vida política.
Con el paso del tiempo, el sentimiento anticolonial se intensificó, y después de la Segunda Guerra Mundial, España se vio cada vez más aislada a nivel global. El proceso de descolonización se agravó en los años 50 y 60, con la renuncia del protectorado de Marruecos y la aceptación de la independencia de Marruecos (1956), así como con las independencias de Guinea Ecuatorial (1968) y de Sidi Ifni (1969). En 1975, después de la “Marcha Verde”, concluyó la ocupación del Sahara español, que se encontraba dividido entre Marruecos y Mauritania, mientras que los saharauis luchaban por la independencia y se alineaban con el Frente Polisario. Por lo tanto, España concluyó su etapa colonial, dejando un legado de conflictos y relaciones complejas con sus antiguas colonias.
Evolución del Derecho al Voto en España (Siglos XIX-XX)
La historia del derecho al voto en España durante los siglos XIX y XX muestra un proceso complicado de progresos y retrocesos en la batalla por la representación política y la igualdad de derechos. A excepción de la Constitución de 1812, el sistema de voto adoptado por las primeras constituciones españolas fue el sufragio censitario. En el siglo XIX, una élite controlaba el poder político, restringiendo de esta manera la participación del pueblo. Este sistema otorgaba el derecho al voto únicamente a aquellos ciudadanos que satisfacían determinados criterios económicos y sociales, dejando fuera a las clases más desfavorecidas. La Ley Electoral progresista de 1837 incrementó el sufragio censitario, disminuyendo las demandas económicas.
La situación se transformó drásticamente después de la Revolución Gloriosa de 1868, que derrocó a Isabel II. En este contexto, se proclamó la Constitución de 1869, que estableció por primera vez en España el sufragio universal masculino. Esta constitución significó un progreso importante al permitir que todos los hombres de más de 25 años participen en las elecciones, sin importar su clase social. No obstante, la experiencia fue efímera; la inestabilidad política, las divisiones entre liberales y conservadores y la corta etapa de la Primera República (1873-1874) favorecieron a la Restauración, que instauró el sistema censitario en la Constitución de 1876. Varios años después, la Ley Electoral de 1890 establecía en España el sufragio universal masculino (de más de 25 años).
El movimiento por el sufragio ganó impulso a comienzos del siglo XX en un escenario de creciente conciencia política y social. En el transcurso de la Segunda República (1931-1936), se consiguió un avance significativo, dado que la Constitución de 1931 estableció el sufragio universal, asegurando el derecho a votar a todos los ciudadanos, sean hombres o mujeres. Este aspecto requiere un especial atención en la labor de Clara Campoamor. Esta representó una victoria histórica. Las primeras elecciones con sufragio universal tuvieron lugar en noviembre de 1933, y las siguientes fueron en febrero de 1936.
No obstante, después de la Guerra Civil, se estableció la dictadura del franquismo, que limitó el derecho a votar. No se volvió a la situación anterior a 1936 hasta la instauración de la democracia, cuando la Constitución de 1978 restauró el sufragio universal, asegurando el derecho a votar a todos los ciudadanos que superen los 18 años, consolidando de esta manera un sistema democrático donde la participación política es un derecho fundamental.