La Represión, el Exilio y los Movimientos de Protesta contra la Dictadura. La Cultura durante el Franquismo en España y en el Exilio
La dictadura franquista duró casi 40 años, desde el final de la Guerra Civil hasta la muerte de Franco en 1975. Durante este tiempo, la oposición al régimen fue constante, aunque en las primeras décadas fue duramente reprimida. Sin embargo, a partir de los años 60, la lucha contra el franquismo cobró mayor protagonismo.
En los años 40 y 50, la represión política llevó al exilio a unas 500.000 personas, muchas de ellas intelectuales y artistas. Francia fue el destino principal, aunque México y Argentina acogieron a varios exiliados. En España, el régimen eliminó cualquier forma de oposición con leyes represivas y miles de ejecuciones. Se prohibieron los estatutos de autonomía y las lenguas regionales, mientras que los partidos políticos fueron declarados ilegales. En esta época, los maquis intentaron resistir mediante sabotajes y ataques, pero fueron desmantelados a finales de los años 40. Paralelamente, algunos sectores, como los monárquicos liderados por don Juan de Borbón, intentaron sin éxito proponer un cambio político.
A partir de los años 50 y especialmente en los 60, crecieron los movimientos de protesta. La oposición estudiantil se hizo fuerte en las universidades, y el movimiento obrero empezó a organizar huelgas a pesar de la prohibición. Inspirados por la lucha internacional por los derechos civiles, diversos sectores de la sociedad comenzaron a reclamar libertades y mejoras. La Iglesia también se distanció del franquismo, con figuras como el cardenal Tarancón o sacerdotes vascos que se unieron a la oposición. En este contexto, el Congreso del Movimiento Europeo de 1962 recomendó no aceptar a España en la Comunidad Económica Europea hasta recuperar la democracia. También surgieron grupos nacionalistas como ERC en Cataluña y ETA en el País Vasco, que en 1968 inició su actividad armada contra el régimen.
En los últimos años del franquismo, el régimen enfrentó una creciente oposición y una grave crisis económica tras la Crisis del Petróleo de 1973. Franco nombró presidente del Gobierno a Carrero Blanco, quien planeaba asegurar la continuidad del franquismo, pero fue asesinado por ETA en 1973. Su sucesor, Arias Navarro, intentó introducir reformas, pero sin éxito. Mientras tanto, la conflictividad social aumentó y se crearon plataformas de oposición como la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, que exigían elecciones libres. También se intensificó la represión: en 1974 fue ejecutado Salvador Puig Antich, y en 1975, poco antes de la muerte de Franco, se llevaron a cabo las últimas ejecuciones del régimen. La dictadura dejó un país en crisis económica, con fuertes tensiones sociales y un rechazo internacional, dando paso a la Transición.
En cuanto a la cultura, en España coexistieron tres tendencias: la oficial, que exaltaba el régimen; la liberal, formada por antiguos franquistas desencantados; y la de protesta, que usaba la creatividad para esquivar la censura. Destacan autores como Cela y Buero Vallejo, así como cineastas como Berlanga. En el exilio, muchos intelectuales siguieron desarrollando su obra, como los miembros de la Generación del 27, Ortega y Gasset o Picasso. Editoriales como Ruedo Ibérico publicaron textos prohibidos en España, que circulaban de forma clandestina.
La Evolución Política Tras la Muerte de Franco. Retos, Logros, Dificultades y Resistencias al Establecimiento de la Democracia
El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I asumió la Jefatura del Estado tras la muerte de Franco, jurando fidelidad a las Leyes Fundamentales del régimen. A partir de ese momento, tuvo que decidir entre el continuismo, la reforma o la ruptura con el franquismo. Finalmente, optó por la vía democrática, dando inicio a la Transición, un proceso de cambio en un contexto de crisis económica y tensiones políticas que culminaría con la aprobación de la Constitución de 1978.
Dentro del franquismo existían dos posturas enfrentadas: los “aperturistas”, que veían necesario un cambio hacia un sistema democrático, y los “inmovilistas”, que defendían la continuidad del régimen. Los aperturistas, entre los que estaban Manuel Fraga y Torcuato Fernández Miranda, serían clave en la Transición. En la oposición, el PSOE, liderado por Felipe González, y el PCE, encabezado por Santiago Carrillo, promovieron la “Platajunta”, una coalición que exigía amnistía, libertades políticas y elecciones libres.
El Rey, en un primer momento, mantuvo a Arias Navarro como presidente, lo que generó decepción en la oposición y un aumento de la agitación social. Sin embargo, ante la incapacidad de Arias para impulsar reformas, el monarca lo sustituyó en julio de 1976 por Adolfo Suárez, quien tenía el objetivo de instaurar un régimen democrático sin una ruptura total con el franquismo. Suárez, con el apoyo del Rey y los aperturistas, llevó a cabo reformas clave: en 1976 impulsó la Ley para la Reforma Política, aprobada en referéndum con el 94% de los votos, que permitía la creación de un sistema parlamentario con elecciones libres. En 1977 legalizó el PCE, a pesar de la oposición del ejército y sectores franquistas. Ese mismo año se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936, en las que triunfó la UCD de Suárez, con el PSOE como principal partido de la oposición.
En el ámbito político, la Ley de Amnistía de 1977 permitió la liberación de presos políticos, incluidos aquellos con delitos de sangre, aunque también garantizó la impunidad de los crímenes del franquismo. Además, los Pactos de la Moncloa, firmados ese año, establecieron medidas económicas para frenar la inflación y estabilizar el país, asegurando así el avance del proceso democrático.
Durante la Transición, la violencia política fue un factor determinante, con más de 700 muertos entre 1975 y 1982. Grupos de extrema izquierda como el GRAPO y la organización terrorista ETA perpetraron atentados, especialmente contra miembros de las fuerzas de seguridad y políticos. Por otro lado, la ultraderecha, con grupos como los Guerrilleros de Cristo Rey o el Batallón Vasco Español, llevó a cabo asesinatos y ataques contra la izquierda, con la complicidad en muchos casos de sectores policiales y políticos. Un ejemplo fue la masacre de Atocha en 1977, donde un grupo de ultraderecha asesinó a cinco abogados laboralistas. Además, la policía franquista mantuvo tácticas represivas, con detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos durante manifestaciones.
A pesar de la violencia y la resistencia de sectores franquistas y extremistas, la Transición logró consolidar la democracia en España, culminando con la aprobación de la Constitución de 1978, que estableció un sistema parlamentario y garantizó derechos y libertades fundamentales.
La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías
En julio de 1976, el rey Juan Carlos I nombró a Adolfo Suárez presidente del gobierno con el objetivo de llevar a España hacia la democracia tras la dictadura de Franco. Suárez impulsó una serie de reformas clave, como la Ley para la Reforma Política de 1976, la legalización del Partido Comunista de España y la convocatoria de las primeras elecciones democráticas en junio de 1977. Estas medidas culminaron con la aprobación de la Constitución de 1978, que consolidó la democracia en España.
La Constitución fue redactada por una comisión con representantes de UCD, PSOE, AP, PCE y Pacte Democràtic per Catalunya, aunque algunos partidos, como el PNV, no la apoyaron. Fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 con un 88% de votos a favor y estableció los principios fundamentales del nuevo Estado: un Estado de derecho con división de poderes, la soberanía nacional, el sufragio universal y la protección de derechos y libertades fundamentales. Se definió a España como una monarquía parlamentaria, en la que el rey tiene funciones representativas, mientras que el poder ejecutivo recae en el presidente del gobierno. Además, se reconoció la descentralización territorial mediante la creación de Comunidades Autónomas con distintos niveles de autogobierno.
El Estado de las Autonomías fue una de las principales novedades de la Constitución. España se organizó en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, diferenciando entre las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia), que accedieron rápidamente a la autonomía, y el resto de regiones, que lo hicieron más lentamente. El proceso de descentralización se desarrolló a lo largo de los gobiernos de UCD, PSOE y PP, aunque la ambigüedad del Título VIII de la Constitución generó debates sobre el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, un tema que sigue en discusión.
Tras la aprobación de la Constitución, Suárez disolvió las Cortes y convocó elecciones en marzo de 1979, que ganó UCD. Sin embargo, este segundo gobierno estuvo marcado por una creciente inestabilidad debido a conflictos internos en el partido, la crisis económica, el terrorismo y las tensiones con los militares. La situación desembocó en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando un grupo de guardias civiles liderados por Antonio Tejero asaltó el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Paralelamente, el general Milans del Bosch declaró el estado de guerra en Valencia. Tras horas de incertidumbre, el golpe fracasó gracias a la intervención del rey Juan Carlos I, quien reafirmó su apoyo a la democracia en un mensaje televisado.
Calvo Sotelo asumió la presidencia, pero la crisis de UCD siguió agravándose. En política interior, su mandato estuvo marcado por el avance del proceso autonómico, mientras que en política exterior destacó la adhesión de España a la OTAN en 1982, lo que generó protestas. La división dentro de UCD aumentó con la aprobación de la Ley de Divorcio, que provocó desacuerdos internos. Finalmente, el partido se fragmentó, con algunos de sus miembros uniéndose al PSOE o a Alianza Popular, mientras que otros, como Suárez, formaron el Centro Democrático y Social (CDS). Ante la descomposición de UCD, Calvo Sotelo convocó elecciones generales en octubre de 1982, en las que el PSOE obtuvo una victoria aplastante con más de diez millones de votos y una amplia mayoría absoluta. Este resultado marcó el fin de la Transición y el inicio de una nueva etapa democrática en España.
La Normalización Democrática y la Alternancia Política hasta 2018. La Amenaza del Terrorismo de ETA y el Terrorismo Yihadista
Tras la dimisión de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo asumió la presidencia, pero su gobierno duró poco por la crisis interna de UCD, que acabó disolviéndose. Algunos de sus miembros se unieron al PSOE, otros a Alianza Popular, y Suárez fundó el CDS. Ante esta situación, se convocaron elecciones en 1982, en las que el PSOE obtuvo una victoria aplastante, marcando el fin de la Transición y el inicio de un nuevo periodo democrático con un gobierno de izquierdas.
Durante los mandatos de Felipe González (1982-1996), el PSOE modernizó el país: amplió la sanidad pública, reformó la educación con la LOGSE (escolarización obligatoria hasta los 16 años) y aprobó una reforma fiscal. También se legalizó parcialmente el aborto y se introdujo el servicio social sustitutorio. En economía, se aplicó una reconversión industrial para reducir la inflación y adaptarse a la entrada en la CEE, aunque esto provocó paro y conflictos laborales. España ingresó en la CEE en 1986 y vivió un crecimiento económico hasta 1992.
El terrorismo de ETA siguió siendo una amenaza. El gobierno actuó con pactos y medidas policiales, pero también surgieron los GAL, grupos ilegales que generaron un gran escándalo. En política exterior, el PSOE convocó un referéndum sobre la OTAN en 1986 y ganó el “sí”. En los años 90, la corrupción y el desgaste del gobierno provocaron la pérdida de apoyo al PSOE y la victoria del PP en 1996.
José María Aznar lideró el PP (1996-2004). Primero gobernó en minoría con apoyo de nacionalistas y, en 2000, logró mayoría absoluta. Aplicó una política económica liberal, redujo el gasto público y preparó la entrada en el euro. Bajaron la inflación, el paro y el déficit. ETA siguió actuando, con casos como el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, y se firmaron pactos con el PSOE. La participación en la guerra de Irak generó un gran rechazo social.
El 11 de marzo de 2004, atentados en Atocha causaron 193 muertos. El gobierno culpó a ETA, pero luego se descubrió que fueron islamistas. Esto, sumado a la gestión del gobierno, dio la victoria al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.
Zapatero (2004-2011) aprobó leyes como el matrimonio homosexual, la ley de dependencia, la memoria histórica y la ley contra la violencia de género. Rechazó el Plan Ibarretxe y apostó por fortalecer la relación con Europa. En 2008 estalló la crisis económica: subió el paro, el déficit y la prima de riesgo. El gobierno aplicó recortes que generaron malestar social. En ese contexto surgió el 15-M (2011), un movimiento ciudadano que criticó el bipartidismo, la corrupción y el poder de los bancos. De ahí nació Podemos. Zapatero adelantó las elecciones y el PP ganó en 2011 con mayoría absoluta.
Mariano Rajoy (2011-2018) gobernó en plena crisis. Aplicó recortes, reformas laborales y políticas de austeridad. Aunque la economía mejoró desde 2014, el empleo era precario y aumentó el descontento. En 2015 surgieron dos nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, rompiendo el bipartidismo. Durante su mandato, ETA se disolvió (2018), hubo atentados yihadistas en Barcelona (2017) y creció el conflicto con el independentismo catalán, que culminó con el referéndum ilegal del 1 de octubre y la aplicación del artículo 155.
Finalmente, los escándalos de corrupción del PP provocaron una moción de censura que llevó al poder al PSOE de Pedro Sánchez.