1. La caída de la monarquía de Alfonso XIII y la proclamación de la República

La monarquía de Alfonso XIII enfrentaba numerosos problemas. El rey había apoyado la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), que fracasó en sus objetivos y terminó empeorando la situación del país. Cuando cayó la dictadura, se intentó volver al sistema parlamentario, pero este ya no tenía credibilidad. En este contexto, en agosto de 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián, en el que varios partidos republicanos, socialistas y nacionalistas se comprometieron a acabar con la monarquía y establecer una república. De ahí surgió un Comité Revolucionario que más adelante sería clave para la transición.

El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales. Aunque eran locales, se interpretaron como un plebiscito sobre la monarquía. La victoria republicana en la mayoría de las ciudades demostró el rechazo popular al rey. Dos días después, el 14 de abril, Alfonso XIII abandonó el país y se proclamó la Segunda República en un ambiente de entusiasmo generalizado.

2. El Gobierno Provisional y las Cortes Constituyentes

2.1. Los primeros meses de la República

La renuncia al trono y el exilio de Alfonso XIII dieron paso a un Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora e integrado por los representantes de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián: republicanos, socialistas y nacionalistas catalanes y gallegos. El Gobierno decretó una serie de medidas de urgencia en las primeras semanas: amnistía para los presos políticos, proclamación de las libertades políticas y sindicales y nombramiento de los altos cargos de la Administración. Además, convocaron nuevas elecciones municipales. Durante estas primeras semanas, la jerarquía de la Iglesia manifestó su oposición frontal a la nueva república, algo que provocó una oleada de anticlericalismo popular en varias ciudades españolas.

2.2. Las elecciones de junio de 1931 y la Constitución

El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes. En estas elecciones, los socialistas y los republicanos de izquierda obtuvieron nuevamente la victoria. Aunque ninguno de sus partidos obtuvo una mayoría suficiente para gobernar en solitario, el PSOE fue el grupo parlamentario más numeroso. Los debates en las Cortes evidenciaron una falta de consenso entre los grupos, por lo que resultaba evidente que el texto constitucional se elaboraría bajo el criterio de la mayoría parlamentaria, formada por socialistas y republicanos de izquierda.

Los debates parlamentarios más encendidos entre las izquierdas y las derechas se dieron en torno a los siguientes temas:

• Derechos sociales e individuales de los ciudadanos.
• Sufragio femenino.
• Relaciones Iglesia-Estado: La definición de España como un Estado laico, la prohibición a las órdenes religiosas para ejercer la enseñanza o la expulsión de los jesuitas también fueron puntos de desencuentro.

La Constitución de 1931 tenía un marcado carácter democrático y progresista. Establecía la soberanía popular, unas Cortes unicamerales y una división de poderes muy marcada. El poder legislativo recaía en las Cortes, con amplias facultades para controlar al Gobierno y al jefe del Estado. La jefatura del Estado tenía escasas atribuciones; era un cargo institucional nombrado por los diputados y por una comisión elegida por los ciudadanos, con un mandato de 6 años. Se garantizaba la igualdad ante la ley, el acceso a la educación, el derecho al trabajo, la obligación social de trabajar y la no discriminación por razones de origen, sexo o riqueza. Además, se reconocían el matrimonio civil y el divorcio. Por primera vez, se implantó el sufragio universal para todos los hombres y mujeres mayores de 23 años. El Estado se reservaba el derecho a expropiar bienes privados en casos de interés general y se definía como laico.

3. Partidos políticos y sindicatos durante la Segunda República

Los republicanos de izquierda (como Izquierda Republicana de Manuel Azaña) se apoyaron en las clases medias y los intelectuales; fueron partidarios de grandes reformas, pero sin acercarse a posturas revolucionarias.

Entre las fuerzas obreristas, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) era el partido mejor organizado y con mayor número de militantes, a los que había que sumar su fuerza sindical (UGT, Unión General de Trabajadores). Dentro del socialismo español había una corriente socialdemócrata que planteaba aplazar el proceso revolucionario, mientras que la corriente revolucionaria (liderada por Largo Caballero) veía la República como un paso intermedio para hacer la revolución socialista. A la izquierda del PSOE se encontraba el PCE (Partido Comunista de España).

Por lo que respecta a la otra gran familia del movimiento obrero, los anarquistas, la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) contaba con un impresionante número de militantes. Dentro del anarquismo español convivía la rama partidaria de un mayor acercamiento a la República con otra que defendía un camino más corto hacia la revolución social, organizada en torno a la FAI (Federación Anarquista Ibérica), que optaba por la vía armada e insurreccional.

Las opciones republicanas de centro estuvieron representadas por el Partido Radical de Alejandro Lerroux y por los seguidores de Alcalá Zamora.

Respecto a la derecha, el partido más importante fue la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), liderada por José María Gil Robles, defensora de los grandes propietarios agrarios y del peso de la Iglesia y del Ejército.

Entre la extrema derecha encontramos a las fuerzas monárquicas, hostiles a la República: Renovación Española (liderada por José Calvo Sotelo) y la Comunión Tradicionalista (carlistas) defendían abiertamente la necesidad de un golpe de Estado. Por último, había grupos fascistas como las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista) y Falange Española (liderada por José Antonio Primo de Rivera), que más tarde se unificaron. Falange y las JONS defendían un nacionalismo español antidemocrático y organizaron grupos paramilitares para enfrentarse a los militantes del movimiento obrero.

4. El Bienio Reformista (1931-1933)

Una vez aprobada la Constitución, se constituyó un Gobierno presidido por Manuel Azaña, apoyado por republicanos de izquierda y socialistas.

4.1. Reformas laborales

Bajo la dirección del socialista Largo Caballero como Ministro de Trabajo, se pusieron en marcha reformas para mejorar la situación de los trabajadores:

• Ley de Términos Municipales: Obligaba a contratar preferentemente a jornaleros del propio municipio.
• Ley de Jurados Mixtos: Creaba organismos para arbitrar conflictos laborales.
• Ley de laboreo forzoso: Obligaba a cultivar tierras abandonadas.
• Establecimiento de la jornada laboral de 8 horas en el campo.

La legislación de Largo Caballero pretendía dignificar el trabajo en el mundo agrario y en la industria, pero también afectó a campos como el comercio o los impuestos.

4.2. La reforma agraria

La cuestión agraria era uno de los grandes temas pendientes de solucionar en España. La Ley de Bases de la Reforma Agraria (1932) pretendía crear una nueva clase media de propietarios rurales, sacar de la miseria a miles de jornaleros y permitir que estos pudiesen aumentar su capacidad de ahorro y consumo. La Reforma permitía al Estado expropiar las tierras de una parte de la nobleza sin tener que pagar indemnizaciones (las tierras de los Grandes de España). Por otra parte, las tierras mal cultivadas, las que eran arrendadas sistemáticamente, o las que no eran regadas pudiendo hacerse, se podían expropiar mediante el pago de una indemnización a sus propietarios.

La aplicación de la Reforma agraria corrió a cargo del Instituto de la Reforma Agraria (IRA), encargado de indemnizar a los propietarios expropiados y asentar a familias campesinas pobres en sus nuevas tierras. La Reforma agraria presentó complicaciones desde el principio, especialmente por la compleja burocracia y la falta de presupuesto. La lentitud en la puesta en marcha de la reforma generó un gran descontento y frustración en las capas de campesinos más pobres. Por otra parte, la Reforma agraria contó con la oposición frontal de los grandes propietarios agrícolas, que en algunas regiones controlaban más del 50% de la tierra, y también de miles de propietarios de tierras con menos de 100 hectáreas.

4.3. La cuestión religiosa

Uno de los grandes objetivos de la República fue el de reducir la influencia social de la Iglesia y promover la secularización de la sociedad española. El texto constitucional de 1931 estableció la no confesionalidad del Estado y la libertad de cultos. Además, se retiró la financiación pública del culto y el clero, se legalizó el divorcio y el matrimonio civil, se retiraron los crucifijos de las escuelas y se secularizaron los cementerios.

El Gobierno de Azaña prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. La Ley de Congregaciones (mayo de 1933) limitó la cantidad de bienes que estas podían tener y además permitía la posibilidad de disolver órdenes religiosas que pudiesen suponer un peligro para el Estado (como la Compañía de Jesús, que fue disuelta). Por su parte, la jerarquía eclesiástica rechazó la República desde el principio y no dudó en movilizar a la población católica contra ella. La cuestión religiosa alejó a las derechas de la República. Más que en su añoranza de la monarquía, los sectores conservadores y tradicionales vieron en sus valores y moral católica una seña de identidad sobre la que oponerse a la República, a la que pronto empezaron a calificar de roja y atea.

4.4. La reforma militar

Manuel Azaña, como Ministro de Guerra, inició un proceso de reforma del ejército con el objetivo de modernizarlo, democratizarlo y evitar la intervención de los militares en la vida política del país, ya que un buen número de oficiales seguía siendo fiel a la monarquía. La reforma concedió la posibilidad de jubilación anticipada con sueldo íntegro a los oficiales que no jurasen lealtad a la República (Ley Azaña). El exceso de oficiales era uno de los problemas principales del ejército español, por lo que Azaña decretó el cierre de la Academia Militar de Zaragoza (dirigida por Franco). Los militares más reaccionarios, especialmente los africanistas, vieron estas reformas como una agresión a la tradición y el poder del ejército. En agosto de 1932, el general José Sanjurjo intentó sublevarse contra la República en Sevilla con apoyo de otros generales (golpe conocido como la Sanjurjada).

Aunque el Gobierno pudo controlar el levantamiento y el golpe de Estado fracasó, la Sanjurjada fue la mejor prueba de que la República no contaba con la lealtad de una parte significativa del ejército. Además, la reforma creó la Guardia de Asalto, una fuerza policial leal a la República preparada para intervenir en problemas de orden público.

4.5. La reforma territorial

Los dirigentes del bienio reformista entendieron que era necesario desarrollar los artículos de la Constitución que daban la posibilidad de conceder autonomía a los territorios con mayor implantación de fuerzas nacionalistas, con el objetivo de buscar su integración en el Estado.

En Cataluña, los partidos nacionalistas acordaron con el Gobierno la formación de una institución autónoma, la Generalitat de Catalunya, lo que condujo a la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña (Estatuto de Nuria) en 1932. El Estatuto establecía un gobierno y un parlamento autónomos, con competencias en materia económica, social y educativa. Además, el catalán fue reconocido como lengua cooficial. Las primeras elecciones al parlamento catalán se saldaron con la victoria de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la presidencia de Francesc Macià, que sería sustituido por Lluís Companys tras la muerte del primero en 1933.

En el País Vasco, el PNV (Partido Nacionalista Vasco) y los carlistas redactaron su propio proyecto de Estatuto de Autonomía (Estatuto de Estella). Sin embargo, el carácter marcadamente católico del texto hizo que su aprobación se retrasase, ya que los republicanos de izquierda y los socialistas lo consideraban incompatible con la aconfesionalidad establecida por la Constitución. No se aprobaría hasta iniciada la Guerra Civil.

En Galicia el proceso fue mucho más lento y el proyecto de estatuto, aunque plebiscitado favorablemente en 1936, no pudo ser aprobado por las Cortes debido al inicio de la guerra.

4.6. Reforma educativa y cultural

El Gobierno republicano invirtió muchos recursos en el campo educativo: se construyeron miles de escuelas para desarrollar un modelo educativo laico, público, obligatorio y gratuito, en el que se eliminó la separación por razón de género (coeducación). Se contrataron miles de maestros y profesores para que actuasen como garantes del nuevo sistema educativo y también como referentes de los valores del régimen republicano tanto entre los escolares como entre los adultos.

El carácter laico de la escuela republicana y la no obligatoriedad de la asignatura de religión católica provocó una fuerte reacción de los sectores conservadores. La apuesta por la cultura durante el Bienio reformista no solo se centró en la educación, sino que vino acompañada de proyectos para hacer llegar contenidos culturales a los sectores de la sociedad que tradicionalmente no habían tenido acceso a ellos. Para ello se impulsaron las Misiones Pedagógicas, bibliotecas ambulantes, teatro (como La Barraca de Lorca), cine y conferencias que visitaban pueblos de todo el país. Además, se fundaron cientos de Casas de la Cultura e institutos para obreros.

5. La crisis de la coalición de izquierdas (1933)

Las reformas emprendidas por el Gobierno de Azaña fueron criticadas desde distintos sectores. Las derechas y los grupos de presión tradicionales (terratenientes, Iglesia, parte del ejército) mostraron su oposición a casi toda la labor desarrollada por el Gobierno. Por otro lado, anarquistas y comunistas consideraban que las reformas eran insuficientes y lentas.

A nivel económico, a los problemas tradicionales de la economía española se le sumó el impacto de la crisis económica mundial iniciada en 1929 (Crack del 29). La burguesía industrial y los grandes terratenientes desconfiaron del régimen republicano desde el principio, por lo que la inversión privada sufrió un gran descenso. Por su parte, el gobierno se vio obligado a contener el gasto público. Todo ello se tradujo en un aumento del paro.

Este deterioro de la economía hizo crecer los conflictos sociales y las huelgas. En 1933, tanto la CNT-FAI como la UGT promovieron levantamientos obreros y campesinos en distintas zonas del país, en protesta por el desempleo y la lentitud de la Reforma agraria. Azaña tuvo que tomar duras medidas represivas para mantener el orden público. Uno de los principales problemas en este sentido fueron los sucesos de Casas Viejas (Cádiz, enero de 1933), donde un intento de levantamiento anarquista fue reprimido brutalmente por la Guardia de Asalto, causando numerosas muertes y un gran escándalo político.

La reorganización política de las derechas (creación de la CEDA), la pérdida de apoyos de Azaña entre la izquierda tras los sucesos de Casas Viejas y los efectos de la crisis económica hicieron que el gobierno sufriese una gran pérdida de confianza y popularidad. En septiembre de 1933, el Presidente de la República, Alcalá Zamora, retiró su apoyo al gobierno de Azaña y nombró a Diego Martínez Barrio (del Partido Radical) presidente de un nuevo ejecutivo encargado de disolver el Parlamento y convocar elecciones generales.

6. El Bienio Conservador (1933-1935)

6.1. Las elecciones de 1933

En noviembre de 1933 se celebraron elecciones generales, las primeras en las que votaron las mujeres en España. Las derechas, bien organizadas y con candidaturas unificadas en muchas circunscripciones, ganaron terreno, mientras que las izquierdas, divididas y debilitadas, retrocedieron notablemente. El Partido Radical de Lerroux y la CEDA de Gil Robles obtuvieron más de 100 escaños cada uno, pero ninguno tenía mayoría absoluta para gobernar solo. Por eso, formaron un gobierno minoritario del Partido Radical con Lerroux como presidente, apoyado parlamentariamente desde fuera por la CEDA, a cambio de revisar las reformas del bienio anterior.

6.2. La paralización de las reformas

El nuevo gobierno, liderado por los radicales y apoyado por la CEDA, detuvo o revirtió muchas de las reformas del periodo anterior:

• En el campo: Se frenó la reforma agraria, se devolvieron tierras expropiadas a la nobleza y se aprobaron leyes que favorecían a los propietarios, lo que provocó una bajada de los sueldos de los jornaleros. Además, hubo conflictos con la Generalitat de Catalunya por la Ley de Contratos de Cultivo.
• Religión: Se aprobó un presupuesto para el clero (compensación por la retirada de financiación directa) y se iniciaron negociaciones para un nuevo Concordato con la Santa Sede.
• Ejército: Se aprobó una amnistía para los militares implicados en la Sanjurjada de 1932, incluido Sanjurjo, que se exilió a Portugal. Militares antirrepublicanos fueron ascendidos a puestos clave.
• Ayuntamientos: Se destituyó a muchos alcaldes y concejales de izquierdas, sustituyéndolos por afines a los radicales y la CEDA.
• Educación: Se redujo significativamente el presupuesto para la construcción de escuelas.
• Autonomías: Se paralizó la tramitación del Estatuto de autonomía del País Vasco.

6.3. Radicalización obrera y entrada de la CEDA en el Gobierno

La paralización de las reformas y el giro conservador del gobierno provocaron que el PSOE y el sindicato UGT, especialmente su sector liderado por Largo Caballero, se radicalizaran, adoptando un discurso revolucionario. En 1934, los socialistas promovieron huelgas y un levantamiento campesino, pero fueron reprimidos y sus líderes encarcelados temporalmente. En octubre de ese mismo año, la CEDA exigió una mayor participación en el gobierno y una política más dura contra las huelgas y el movimiento obrero. Amenazaron con retirar su apoyo parlamentario si no se les daba poder ministerial. Lerroux cedió y la CEDA consiguió tres ministerios en octubre de 1934.

6.4. La Revolución de Octubre de 1934: Asturias y Cataluña

La entrada de la CEDA en el Gobierno fue interpretada por la izquierda obrera (especialmente PSOE y UGT) como el preludio de un giro hacia el fascismo, similar a lo ocurrido en Italia o Alemania con Mussolini y Hitler. Esto provocó una huelga general revolucionaria impulsada principalmente por los socialistas.

La revuelta fracasó en la mayor parte del país debido a la falta de coordinación, el escaso apoyo de la CNT (excepto en Asturias) y la rápida respuesta represiva del ejército y la policía. Sin embargo:

• En Asturias: La rebelión alcanzó gran virulencia. Obreros y mineros socialistas, anarquistas y comunistas, unidos en la Alianza Obrera y bien armados (incluyendo dinamita), tomaron el control de gran parte de la región, incluyendo Oviedo. El gobierno envió al ejército, incluyendo tropas de la Legión y Regulares traídas de África bajo el mando de los generales Franco y Goded, que sofocaron la revolución con una durísima represión (miles de muertos y detenidos).
• En Cataluña: El presidente de la Generalitat, Lluís Companys, aprovechando la huelga general, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española el 6 de octubre. El ejército intervino rápidamente, Companys y su gobierno fueron detenidos, se suspendió la autonomía catalana y también fue arrestado Manuel Azaña (que se encontraba casualmente en Barcelona), aunque luego fue absuelto.

6.5. Crisis del gobierno radical-cedista y el escándalo del estraperlo

Tras la Revolución de Octubre, la represión se generalizó. En 1934, una parte del Partido Radical, liderada por Martínez Barrio, se separó en desacuerdo con la creciente influencia de la CEDA y la dura represión, fundando Unión Republicana.

En 1935, Lerroux formó un nuevo gobierno con una mayor presencia de la CEDA, otorgándole cinco ministerios; Gil Robles fue nombrado ministro de la Guerra y Franco jefe del Estado Mayor Central. Este nuevo gobierno intensificó las políticas conservadoras: se mantuvo suspendido el Estatuto catalán, se impulsó una contrarreforma agraria y se devolvieron propiedades a los jesuitas. También se propuso una reforma constitucional que buscaba limitar las autonomías, eliminar el divorcio y restringir la expropiación de tierras, aunque no llegó a aprobarse.

Ese año estallaron varios escándalos de corrupción que afectaron gravemente al Partido Radical. El más sonado fue el caso del estraperlo, relacionado con la autorización fraudulenta de un juego de ruleta eléctrica ilegal. Altos cargos del Partido Radical, incluido un sobrino de Lerroux, estaban implicados. Otro escándalo (Nombela) también salpicó al partido. Estos escándalos hundieron la credibilidad del Partido Radical y de Lerroux.

Frente a la creciente inestabilidad política y la descomposición de la coalición gubernamental, el presidente de la República, Alcalá Zamora, decidió disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones generales para febrero de 1936.

7. El Frente Popular y el camino a la guerra (1936)

7.1. Elecciones de febrero de 1936 y victoria del Frente Popular

Aprendiendo del error de la división en 1933, la izquierda se unió en una coalición electoral llamada Frente Popular. Incluía a republicanos de izquierda (Izquierda Republicana, Unión Republicana), socialistas (PSOE), comunistas (PCE), y otros grupos menores. Su programa común pedía principalmente la amnistía para los presos políticos de la Revolución de 1934 y la reanudación de las reformas del primer bienio. Aunque los anarquistas (CNT) mantenían su postura anti-electoral por ideología, esta vez no llamaron explícitamente a la abstención, lo cual se interpretó como un apoyo indirecto al Frente Popular.

La derecha, en cambio, acudió dividida a las elecciones. La CEDA y los monárquicos (agrupados en el Bloque Nacional con los carlistas) formaron coaliciones en algunas provincias, pero no lograron una unidad completa. Falange Española se presentó por separado. El Frente Popular ganó las elecciones con aproximadamente el 48% de los votos, obteniendo una clara mayoría de escaños (278 diputados) gracias a la ley electoral. La coalición de derechas obtuvo alrededor del 46,5% (124 diputados). La CEDA fue el partido más votado dentro del bloque derechista, pero José Antonio Primo de Rivera (líder de Falange) no consiguió escaño. El centro político (liderado por Portela Valladares) apenas logró el 5% de los votos y quedó prácticamente borrado del mapa político.

Tras las elecciones, se formó un gobierno compuesto exclusivamente por republicanos de izquierda (Izquierda Republicana y Unión Republicana), con el apoyo parlamentario del resto de partidos del Frente Popular (PSOE, PCE). Manuel Azaña fue elegido nuevo presidente de la República (tras destituir a Alcalá Zamora) y Santiago Casares Quiroga fue nombrado presidente del Gobierno.

7.2. Las reformas del Frente Popular

El nuevo gobierno del Frente Popular, cumpliendo su programa electoral, aplicó rápidamente una amnistía política que liberó a miles de presos encarcelados por los sucesos de octubre de 1934. También se readmitió en sus puestos a los trabajadores despedidos por motivos sindicales o políticos durante el bienio anterior.

Se restableció la Generalitat de Catalunya y se aceleraron los trámites para aprobar los estatutos de autonomía del País Vasco (que se aprobaría en octubre de 1936, ya iniciada la guerra) y Galicia (plebiscitado en junio de 1936, pero interrumpido por la guerra).

Además, se reanudó con vigor la reforma agraria. Se aceleraron las expropiaciones y el asentamiento de campesinos, especialmente en Extremadura y Andalucía, lo que generó un fuerte rechazo entre los grandes propietarios de tierras y aumentó la tensión social en el campo.

7.3. Radicalización social, polarización política y preparación del golpe de Estado

Durante la primavera de 1936, bajo el gobierno del Frente Popular, la tensión social y política se disparó. Surgieron divisiones dentro de la izquierda: un sector (republicanos y socialistas moderados) quería consolidar las reformas dentro del marco democrático republicano, mientras que otro sector (el ala caballerista del PSOE, la UGT, la CNT y el PCE) impulsaba una movilización social que a menudo desbordaba al gobierno, con numerosas huelgas, ocupaciones de fábricas y tierras, y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Al mismo tiempo, las derechas (CEDA, monárquicos, carlistas y falangistas), sintiendo sus intereses económicos y su visión de España amenazados por las reformas y la movilización obrera, adoptaron posturas cada vez más antidemocráticas y conspirativas. Consideraban al gobierno débil e ilegítimo. La violencia política creció exponencialmente en las calles, con atentados, asesinatos y enfrentamientos armados entre militantes de izquierda (socialistas, comunistas, anarquistas) y de extrema derecha (principalmente falangistas y carlistas).

Frente a este clima de creciente polarización y desorden público, sectores importantes del Ejército (especialmente los africanistas y los monárquicos), con el apoyo de élites económicas y sociales conservadoras, comenzaron a preparar activamente un golpe militar para derribar al gobierno del Frente Popular. La conspiración fue coordinada principalmente por el general Emilio Mola desde Pamplona, con la participación de otros generales como Sanjurjo (en el exilio) y, más tardíamente, Franco (destinado en Canarias). Contaron con el apoyo financiero de empresarios como Juan March y la connivencia de partidos de derecha y de la extrema derecha (monárquicos, carlistas, falangistas).

El asesinato del teniente José Castillo (instructor de milicias socialistas y miembro de la Guardia de Asalto) por pistoleros de ultraderecha el 12 de julio de 1936, y la subsiguiente represalia en la madrugada del 13 de julio con el secuestro y asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo por parte de compañeros de Castillo, actuaron como el detonante final que aceleró la sublevación militar.

El 17 de julio de 1936, las guarniciones militares del protectorado de Marruecos se sublevaron. Al día siguiente, 18 de julio, el golpe se extendió a la Península. El fracaso parcial del golpe, que no logró triunfar en las principales ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao) ni controlar todo el territorio, dividió a España en dos zonas y dio inicio a la Guerra Civil Española, que duraría casi tres años.

8. El impacto de la República sobre la vida de las mujeres

En la década de los 30, el movimiento feminista en España era todavía una minoría activa, pero la llegada de la República supuso un marco legal que permitió avances importantes hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. A pesar de que amplios sectores de la sociedad (tanto de derechas como de izquierdas) mantenían prejuicios sobre la capacidad política o la igualdad de género, el derecho al voto de las mujeres fue uno de los logros más significativos y debatidos.

En las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931, las mujeres no pudieron votar, pero sí ser elegidas diputadas. Figuras como Clara Campoamor (Partido Radical), Victoria Kent (Partido Radical Socialista) y Margarita Nelken (PSOE) fueron elegidas. Clara Campoamor defendió apasionadamente en las Cortes el derecho al sufragio femenino sin restricciones, argumentando que era una cuestión de justicia e igualdad democrática. Por otro lado, Victoria Kent y parte de la izquierda temían que, debido a la supuesta falta de preparación política y la fuerte influencia de la Iglesia sobre las mujeres, el voto femenino pudiera beneficiar electoralmente a los partidos conservadores, poniendo en peligro la propia República. Margarita Nelken también compartió inicialmente estas reservas.

Finalmente, gracias al apoyo de Campoamor, parte de los socialistas y algunos partidos de derechas, el sufragio femenino fue aprobado en la Constitución de 1931, y las mujeres pudieron votar por primera vez en las elecciones generales de 1933.

Además del voto, se lograron otros avances legales importantes:

• Igualdad jurídica: La Constitución estableció la igualdad ante la ley sin distinción de sexo. Se reformó el Código Civil para eliminar la dependencia legal de la mujer casada respecto al marido (abolición de la “licencia marital”).
• Matrimonio y divorcio: Se reconoció el matrimonio civil como única forma legal y se aprobó la Ley de Divorcio (1932).
• Leyes laborales: Se intentó proteger el trabajo femenino, prohibiendo cláusulas de despido por matrimonio o maternidad.
• Acceso a la educación: Se promovió la coeducación y se facilitó el acceso de las mujeres a todos los niveles educativos. El analfabetismo femenino disminuyó (aunque seguía siendo alto, pasando del 60% al 37% aproximadamente) y aumentó su presencia en la enseñanza secundaria y universitaria, aunque seguían siendo minoría.

Sin embargo, estos avances legales chocaron con los fuertes prejuicios machistas y la mentalidad tradicional profundamente arraigada en la sociedad española. En la práctica, las mujeres seguían teniendo un papel secundario en la vida pública, eran minoría en la educación superior y en el mercado laboral cualificado, y a menudo percibían salarios inferiores a los de los hombres por el mismo trabajo.

9. El Golpe de Estado de julio de 1936 y el inicio de la Guerra Civil

El golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, planificado desde la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de ese año, fue organizado por una trama militar encabezada por los generales Emilio Mola (el “Director”), José Sanjurjo (previsto como líder del movimiento, desde el exilio) y Francisco Franco, junto a otros sectores del ejército. Contó con el apoyo de grupos políticos de derecha y extrema derecha (monárquicos, carlistas, falangistas), élites económicas (grandes empresarios y terratenientes) y sectores de la Iglesia Católica.

El asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio actuó como catalizador y precipitó la sublevación, que comenzó el 17 de julio en Melilla y se extendió al resto del protectorado de Marruecos, y el 18 de julio a numerosas guarniciones de la Península. El plan inicial de los golpistas era tomar el control del poder rápidamente en todo el país mediante un pronunciamiento militar clásico. Sin embargo, el golpe fracasó en su objetivo de un triunfo rápido y total. La resistencia de parte del ejército y las fuerzas de seguridad leales al gobierno, junto con la movilización de las milicias obreras y populares (armadas por el gobierno), impidió el éxito del golpe en zonas clave como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y gran parte de la mitad oriental y norte de España.

Este fracaso parcial provocó la división de España en dos zonas: una controlada por el gobierno legítimo de la República y otra controlada por los militares sublevados (que se autodenominaron “nacionales”). Esta fractura desembocó inmediatamente en una guerra civil abierta.

Los golpistas actuaron con extrema dureza en las zonas que lograron controlar desde el principio (como Navarra, Castilla la Vieja, Galicia, parte de Aragón y Andalucía Occidental), desatando una represión sistemática: detuvieron y fusilaron a las autoridades republicanas, militares leales, líderes políticos y sindicales de izquierda, y a miles de simpatizantes republicanos. En las grandes ciudades y zonas industriales donde el golpe fracasó, las organizaciones obreras (socialistas, anarquistas, comunistas) jugaron un papel crucial en la derrota de los sublevados, formando milicias populares que se convirtieron en la principal fuerza de defensa de la República en los primeros momentos.

Aunque los golpistas solo controlaron inicialmente alrededor de un tercio del territorio español y menos de la mitad de la población, sí contaban con el apoyo de la mayoría de los oficiales del ejército y de las unidades más experimentadas (el Ejército de África). El gobierno republicano, por su parte, mantuvo la lealtad de parte del ejército, la Guardia de Asalto, la Armada y la Aviación, pero vio cómo su autoridad se erosionaba en favor de los comités y milicias obreras que surgieron espontáneamente para defender la República y, en muchos casos, impulsar una revolución social.

Ambos bandos comenzaron a organizar sus respectivos territorios y ejércitos. La violencia política se desató en ambas retaguardias, con represalias y ejecuciones masivas contra los considerados enemigos. Se estima que al menos 50.000 personas fueron ejecutadas sumariamente en cada zona durante el caótico verano de 1936.

10. Evolución militar de la Guerra Civil (1936-1939)

Durante la Guerra Civil, el bando sublevado (o “nacional”), que pronto quedó bajo el liderazgo único de Francisco Franco (tras la muerte accidental de Sanjurjo en julio de 1936 y de Mola en junio de 1937), mantuvo generalmente la iniciativa militar. Esto se debió a factores como la mayor experiencia de sus mandos, la disciplina de sus tropas (especialmente el Ejército de África), un mando unificado y centralizado, y el crucial apoyo militar y material de potencias extranjeras como la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler. En el bando republicano, en cambio, la eficacia militar se vio a menudo lastrada por las divisiones políticas internas, las tensiones entre el gobierno y las milicias, y un apoyo internacional más limitado y condicionado.

10.1. La guerra de columnas (verano-otoño 1936)

En los primeros meses, la guerra se caracterizó por el avance de columnas militares improvisadas. El golpe de Estado había dejado en manos de los sublevados las mejores unidades del ejército español: el Ejército de África (la Legión y los Regulares indígenas), acantonado en Marruecos. Sin embargo, la mayor parte de la marina de guerra permaneció leal a la República, lo que inicialmente dificultó el paso de estas tropas a la Península a través del Estrecho de Gibraltar. No obstante, el rápido apoyo aéreo y naval de la Alemania nazi y la Italia fascista permitió a Franco trasladar sus tropas a Andalucía a finales de julio y principios de agosto (primer puente aéreo de la historia).

Desde el sur, las columnas del Ejército de África, dirigidas por Franco, avanzaron rápidamente hacia el norte por Extremadura, conectando con la zona sublevada del norte (dirigida por Mola) y dirigiéndose hacia Madrid. En su avance, tomaron ciudades clave como Badajoz (donde se produjo una masacre de republicanos) y Toledo (liberando a los sitiados en el Alcázar, una victoria de gran valor propagandístico para Franco). Mientras tanto, desde el norte, las columnas de Mola intentaban también avanzar hacia Madrid, pero fueron frenadas en la sierra.

En el frente de Aragón, las milicias anarquistas y comunistas organizadas en Barcelona y Valencia avanzaron hacia Aragón, tratando de tomar Zaragoza, Huesca y Teruel, pero sus ofensivas fueron detenidas.

En noviembre de 1936, las tropas de Franco llegaron a las puertas de Madrid. El gobierno republicano, presidido entonces por Largo Caballero, se trasladó a Valencia, dejando la defensa de la capital en manos de una Junta dirigida por el general Miaja. La ciudad organizó una defensa tenaz bajo el lema “¡No pasarán!”, apoyada por la llegada de las primeras Brigadas Internacionales (voluntarios extranjeros antifascistas) y columnas de milicianos anarquistas catalanes (como la Columna Durruti). Madrid resistió el asalto frontal y se convirtió en un símbolo de la resistencia republicana, permaneciendo sitiada pero sin caer hasta el final de la guerra.

10.2. Batallas por Madrid y la campaña del Norte (1937)

La resistencia republicana en Madrid demostró que la guerra sería larga y no un paseo militar como esperaban los golpistas. Durante los primeros meses de 1937, Franco intentó cercar y aislar la capital republicana mediante maniobras envolventes. Esto dio lugar a dos grandes batallas cerca de Madrid:

• Batalla del Jarama (febrero de 1937): Intento franquista de cortar la carretera de Valencia. Fue una batalla muy sangrienta con participación destacada de las Brigadas Internacionales. Los republicanos lograron frenar el avance, pero a un alto coste.
• Batalla de Guadalajara (marzo de 1937): Ofensiva lanzada por tropas italianas fascistas (el CTV) enviadas por Mussolini para apoyar a Franco. Las tropas republicanas, con apoyo aéreo soviético, infligieron una importante derrota a los italianos, lo que tuvo un gran impacto moral y propagandístico.

Tras el fracaso en la toma de Madrid, Franco decidió cambiar de estrategia y concentrar sus esfuerzos en conquistar la franja cantábrica controlada por la República (País Vasco, Cantabria y Asturias), una zona industrial y minera de gran valor estratégico. Entre abril y octubre de 1937, las tropas franquistas, con un masivo apoyo aéreo alemán (Legión Cóndor) e italiano, lanzaron una ofensiva que culminó con la ocupación de toda la región:

• Caída de Bilbao (junio de 1937). Durante esta campaña se produjo el tristemente famoso bombardeo de Guernica (26 de abril de 1937) por la aviación nazi, un ataque deliberado contra población civil que conmocionó a la opinión pública internacional.
• Caída de Santander (agosto de 1937).
• Caída de Asturias (octubre de 1937).

Para intentar aliviar la presión sobre el frente norte, el ejército republicano lanzó ofensivas de distracción en otros frentes, como la Batalla de Brunete (cerca de Madrid, julio de 1937) y la Batalla de Belchite (cerca de Zaragoza, agosto-septiembre de 1937). Aunque lograron algunos éxitos iniciales, estas ofensivas no consiguieron detener la caída del norte y supusieron un gran desgaste para el ejército republicano.

Con la conquista del norte, Franco obtuvo el control de importantes recursos industriales y mineros, y pudo concentrar todas sus fuerzas en los frentes del este y centro.

10.3. Ofensivas decisivas y la Batalla del Ebro (1938)

A lo largo de 1938, la superioridad material y militar del bando franquista se hizo cada vez más evidente. Tras asegurar el norte, Franco lanzó una gran ofensiva en el frente de Aragón en marzo de 1938. Sus tropas rompieron las líneas republicanas y avanzaron rápidamente hacia el este, alcanzando el mar Mediterráneo en Vinaroz (Castellón) en abril. Este avance fue crucial porque dividió el territorio republicano en dos zonas: Cataluña quedó aislada del resto de la España republicana (zona centro-sur).

El gobierno republicano, ahora presidido por Juan Negrín y trasladado a Barcelona, decidió lanzar una última gran ofensiva para intentar revertir la situación: la Batalla del Ebro (julio-noviembre de 1938). El ejército republicano cruzó el río Ebro y logró sorprender inicialmente a las fuerzas franquistas, avanzando en territorio enemigo. Sin embargo, Franco concentró una enorme cantidad de tropas y artillería, y la batalla se convirtió en una larga y sangrienta lucha de desgaste. Fue la batalla más larga y cruenta de toda la guerra, con decenas de miles de bajas en ambos bandos (se estima unos 15.000 muertos y muchísimos heridos y prisioneros). Finalmente, en noviembre de 1938, las tropas republicanas, agotadas y sin reservas, tuvieron que retirarse cruzando de nuevo el Ebro. La derrota republicana en la Batalla del Ebro fue decisiva: significó la destrucción de la capacidad ofensiva del ejército republicano y dejó el camino abierto para la conquista de Cataluña.

Mientras tanto, la situación internacional era cada vez más desfavorable para la República. En septiembre de 1938, Francia y Reino Unido firmaron los Acuerdos de Múnich con Hitler, cediendo ante las exigencias alemanas sobre Checoslovaquia y demostrando que las democracias occidentales no estaban dispuestas a enfrentarse al fascismo, lo que acabó con las esperanzas republicanas de una intervención internacional.

10.4. La ofensiva final y la derrota de la República (1939)

Tras la derrota en el Ebro, el ejército republicano en Cataluña estaba prácticamente desmantelado, desmoralizado y sin capacidad de resistencia. En diciembre de 1938, Franco lanzó la ofensiva final sobre Cataluña. Sus tropas avanzaron rápidamente, ocupando Barcelona en enero de 1939 sin apenas resistencia.

El gobierno republicano, junto con el presidente Azaña, cruzó la frontera hacia Francia, seguido por una enorme riada de refugiados civiles y militares (se estima que cerca de medio millón de españoles se exiliaron a Francia en lo que se conoce como La Retirada). Francia y Reino Unido reconocieron oficialmente al gobierno de Franco en febrero de 1939.

En la zona centro-sur, que aún resistía, el bando republicano se fragmentó definitivamente debido a las luchas internas. Surgió una profunda división entre:

• Los partidarios de resistir a toda costa, liderados por el presidente del gobierno Juan Negrín y apoyados por el Partido Comunista. Esperaban que el inminente estallido de una guerra europea (la Segunda Guerra Mundial) cambiara el escenario internacional.
• Los partidarios de buscar una rendición negociada con Franco para evitar más sufrimiento, liderados por militares como el coronel Segismundo Casado y apoyados por socialistas moderados, republicanos y anarquistas desencantados.

En este contexto, el 5 de marzo de 1939, el coronel Casado dio un golpe de Estado en Madrid contra el gobierno de Negrín, con el objetivo de tomar el control de la capital y negociar la paz con Franco. Se produjeron enfrentamientos armados en Madrid entre las fuerzas de Casado y las unidades leales a Negrín (principalmente comunistas), que acabaron con la victoria de Casado. Sin embargo, Franco rechazó cualquier tipo de negociación y exigió la rendición incondicional.

Tras la rendición de Madrid el 28 de marzo, las fuerzas franquistas ocuparon rápidamente el resto del territorio que aún controlaba la República (Valencia, Alicante, Murcia, etc.) sin encontrar apenas resistencia. El 1 de abril de 1939, Franco emitió el famoso último parte de guerra desde Burgos, declarando: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.” Esto marcó el final oficial de la Guerra Civil española y el inicio de la larga dictadura franquista.

11. Claves de la Guerra Civil Española

11.1. Guerra y revolución social

Durante los primeros meses de la Guerra Civil, especialmente en las zonas donde el golpe de Estado fracasó y la autoridad del gobierno republicano se vio debilitada (como Cataluña, Aragón, Valencia y partes de Andalucía), se desató un profundo proceso de revolución social espontánea. Este proceso fue impulsado principalmente por las organizaciones obreras, en particular los anarquistas de la CNT-FAI, pero también por socialistas de la UGT y comunistas.

Las milicias obreras, que habían sido clave para derrotar a los golpistas en muchas ciudades, tomaron el control de facto en numerosas áreas. Se produjo una oleada de colectivizaciones: los trabajadores tomaron el control de fábricas, talleres, transportes y servicios urbanos, mientras que los campesinos ocuparon y colectivizaron grandes fincas agrarias. Muchos patronos industriales, terratenientes y personas consideradas afines a los sublevados huyeron, fueron encarcelados o incluso asesinados. Se crearon comités y consejos obreros que gestionaban la producción y la vida local, a menudo al margen de las instituciones republicanas.

Las principales organizaciones obreras (PSOE, PCE, CNT-FAI, POUM – Partido Obrero de Unificación Marxista) jugaron un papel fundamental no solo en frenar el golpe de Estado, sino también en organizar las columnas de milicianos que marcharon a los frentes, especialmente en la defensa de Madrid. La fuerza adquirida por estas organizaciones llevó a que, en septiembre de 1936, bajo el gobierno de Largo Caballero, varios líderes anarquistas de la CNT-FAI entraran por primera vez en el gobierno republicano, incluyendo a Federica Montseny, la primera mujer en ocupar un ministerio en España y en Europa occidental.

Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, surgieron tensiones crecientes dentro del bando republicano sobre la relación entre la guerra y la revolución. Los republicanos, los socialistas moderados y, sobre todo, los comunistas (PCE), argumentaban que la prioridad absoluta era ganar la guerra. Para ello, consideraban necesario reconstruir un Estado fuerte, centralizar el poder, crear un ejército regular disciplinado (el Ejército Popular de la República) y controlar o disolver las milicias y los comités revolucionarios. Creían que la revolución social asustaba a las clases medias y a las democracias occidentales, cuyo apoyo necesitaban. Por otro lado, los anarquistas (CNT-FAI) y parte de la izquierda revolucionaria (como el POUM) defendían que la guerra y la revolución eran inseparables y que la movilización popular y las conquistas sociales eran la mejor garantía para derrotar al fascismo.

Estas tensiones estallaron violentamente en los Hechos de Mayo de 1937 en Barcelona. Fuerzas de la Generalitat (controlada por ERC y PSUC – comunistas catalanes) intentaron desalojar a la CNT del edificio de la Telefónica. Esto desencadenó varios días de enfrentamientos armados en las calles de Barcelona entre anarquistas y militantes del POUM por un lado, y fuerzas gubernamentales y comunistas por otro. El gobierno central envió tropas para restablecer el orden. Los enfrentamientos se saldaron con la derrota de los anarquistas y el POUM, la caída del gobierno de Largo Caballero (que se había opuesto a la represión contra el POUM), la formación de un nuevo gobierno bajo Juan Negrín con mayor influencia comunista, la salida de los ministros anarquistas del gobierno, y la ilegalización y persecución del POUM (acusado falsamente por los comunistas de ser una agencia fascista; su líder, Andreu Nin, fue detenido y asesinado).

A partir de mayo de 1937, el gobierno republicano logró gradualmente disolver los comités y las colectividades, centralizar el poder y consolidar el Ejército Popular, poniendo fin al proceso revolucionario en aras del esfuerzo bélico.

11.2. La dimensión internacional del conflicto

La Guerra Civil española tuvo un impacto internacional inmediato y significativo, convirtiéndose en un preludio de la Segunda Guerra Mundial y en un campo de pruebas ideológico, diplomático y militar para las grandes potencias europeas en la tensa década de 1930, marcada por el ascenso de los fascismos.

La guerra fue interpretada de maneras opuestas: para las derechas conservadoras y católicas de Europa y América, fue una lucha entre la civilización cristiana y el comunismo ateo (“cruzada” contra el “peligro rojo”). Para las izquierdas y los sectores democráticos, fue la primera gran batalla entre la democracia y el fascismo internacional.

A pesar de que el conflicto se originó por un golpe de Estado militar contra un gobierno democráticamente elegido, las principales potencias democráticas, Francia y el Reino Unido, adoptaron una política de No Intervención. Temerosas de que la guerra española pudiera extenderse y provocar un conflicto europeo a gran escala, y siguiendo su política de apaciguamiento hacia la Alemania nazi y la Italia fascista, impulsaron la creación de un Comité de No Intervención en Londres (agosto de 1936). En teoría, los 27 países firmantes (incluyendo Alemania, Italia y la URSS) se comprometían a no vender armas ni intervenir militarmente en España.

Sin embargo, el Comité de No Intervención fue, en la práctica, una farsa que perjudicó gravemente a la República. Mientras Francia y Reino Unido cumplieron (e incluso presionaron a otros para cumplir) el embargo de armas al gobierno legítimo español, Alemania nazi e Italia fascista apoyaron masivamente al bando sublevado desde el primer momento:

• Italia envió un cuerpo de ejército completo (el CTV, Corpo Truppe Volontarie, con unos 70.000 hombres), además de aviones, tanques, barcos y abundante material bélico.
• Alemania envió la Legión Cóndor, una unidad aérea y terrestre de élite (unos 16.000 hombres) que utilizó España como campo de pruebas para sus nuevas tácticas (bombardeo en picado, guerra relámpago) y armamento. La Legión Cóndor fue responsable de bombardeos devastadores como el de Guernica. Alemania también proporcionó tanques, artillería y asesores militares.
• Portugal, bajo la dictadura de Salazar, también apoyó a Franco, permitiendo el paso de armas y voluntarios por su frontera.

Este apoyo italo-alemán fue decisivo para la victoria de Franco, especialmente en los primeros meses (traslado del Ejército de África) y en el dominio aéreo y material durante toda la guerra.

La República, abandonada por las democracias occidentales, solo recibió ayuda militar significativa de dos fuentes principales:

• La Unión Soviética (URSS): Stalin decidió apoyar a la República enviando material bélico (aviones, tanques, armas), asesores militares y agentes políticos (del Komintern y la NKVD). Sin embargo, esta ayuda no fue gratuita: la República tuvo que pagarla con las reservas de oro del Banco de España (el llamado “oro de Moscú”). Además, la ayuda soviética estuvo condicionada a la creciente influencia política del Partido Comunista de España (PCE) dentro del bando republicano.
• México: El gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas fue uno de los pocos que apoyó abiertamente a la República, enviando armas y acogiendo a refugiados.

Además de la ayuda estatal, la Guerra Civil atrajo a decenas de miles de voluntarios extranjeros que lucharon en ambos bandos, aunque mayoritariamente en el republicano. Los más conocidos fueron los combatientes de las Brigadas Internacionales: unos 35.000 (aunque otras fuentes hablan de hasta 60.000) voluntarios antifascistas de más de 50 países (principalmente franceses, alemanes, italianos, polacos, estadounidenses, británicos, etc.), organizados por la Internacional Comunista (Komintern). Aunque muchos carecían de experiencia militar, su llegada fue crucial para la defensa de Madrid en 1936 y participaron en las principales batallas hasta su retirada en 1938. También hubo voluntarios extranjeros luchando en el bando franquista (irlandeses, franceses, rusos blancos, etc.), pero en número mucho menor.

11.3. La estrategia militar y política de Franco

Tras la muerte accidental de José Sanjurjo (líder inicial previsto para el golpe) en un accidente aéreo el 20 de julio de 1936, y la posterior muerte también accidental de Emilio Mola (el principal organizador) en junio de 1937, Francisco Franco emergió como la figura clave y el líder indiscutible del bando sublevado.

Franco, que se había unido relativamente tarde a la conspiración, contaba con varias ventajas: comandaba las tropas más experimentadas y mejor entrenadas (el Ejército de África), tenía prestigio militar y, sobre todo, fue quien consiguió rápidamente la crucial ayuda militar de Hitler y Mussolini, lo que le permitió trasladar sus tropas a la Península y obtener superioridad material. Aprovechando esta posición de fuerza, el 1 de octubre de 1936, Franco fue nombrado Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Gobierno del Estado por la Junta de Defensa Nacional (el órgano de gobierno inicial de los sublevados) en Burgos, concentrando en sus manos todo el poder militar y político.

La estrategia militar de Franco se caracterizó a menudo por un avance lento pero sistemático, priorizando la ocupación segura del territorio y la eliminación de cualquier resistencia sobre la rapidez. Aunque a veces fue criticado por sus propias filas por decisiones como desviar tropas para liberar el Alcázar de Toledo en lugar de marchar directamente sobre Madrid, su enfoque buscaba asegurar el control total y evitar bolsas de resistencia. Franco concebía la guerra no solo como una operación militar, sino también como una guerra de exterminio del enemigo político e ideológico. Según sus propias palabras y las de otros líderes sublevados, era preferible una ocupación “sistemática del territorio, acompañada de una limpieza necesaria”, que dejara el país “purificado” de enemigos (republicanos, izquierdistas, masones, etc.). Esta política de “limpieza” se tradujo en una represión brutal y planificada en las zonas que sus tropas iban ocupando, con ejecuciones masivas de prisioneros, autoridades republicanas, militantes de izquierda y sospechosos de simpatizar con la República.

Políticamente, Franco se movió hábilmente para consolidar su poder personal y unificar las diversas facciones que apoyaban el golpe (falangistas, carlistas, monárquicos alfonsinos, cedistas, militares). En abril de 1937, mediante el Decreto de Unificación, Franco fusionó por la fuerza a Falange Española y de las JONS y a la Comunión Tradicionalista (carlistas) en un único partido oficial: la Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET y de las JONS), también conocido como el Movimiento Nacional. Franco se autoproclamó Jefe Nacional de este partido único, eliminando cualquier disidencia interna (encarceló a líderes falangistas y carlistas que se opusieron). Durante la guerra, Franco fue sentando las bases ideológicas y estructurales de su futuro régimen dictatorial: el nacionalcatolicismo (alianza Trono-Altar), el culto a la personalidad del Caudillo (líder providencial), el corporativismo, el anticomunismo, el antiliberalismo, el control férreo de la prensa y la propaganda, y el establecimiento de un sistema de partido único.

11.4. La represión en la retaguardia

La Guerra Civil española fue un conflicto extraordinariamente brutal, no solo en los frentes de batalla, sino también en las retaguardias de ambos bandos. Durante los primeros meses de la guerra, coincidiendo con el colapso del Estado de derecho en muchas zonas y el auge de milicias y comités incontrolados, se desató una ola de violencia política y represión contra aquellos considerados enemigos o simplemente sospechosos.

Decenas de miles de personas quedaron atrapadas en zonas controladas por el bando contrario a sus ideas o lealtades. Se estima que aproximadamente 50.000 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en cada bando durante la guerra, especialmente en el verano y otoño de 1936. Estas ejecuciones se realizaban a menudo mediante los llamados “paseos” (sacar a la gente de sus casas o detenerla en la calle, llevarla a las afueras y fusilarla sin juicio) o “sacas” (extracciones masivas de presos de las cárceles para ser ejecutados). En muchos casos, el caos y la falta de control permitieron que personas aprovecharan la situación para saldar cuentas personales, denunciando a vecinos por rencillas, envidias o para apoderarse de sus propiedades.

En el bando republicano, la represión se dirigió principalmente contra personas consideradas afines al golpe militar: militares sublevados, falangistas, carlistas, miembros de partidos de derechas, grandes propietarios, industriales, aristócratas y, de forma muy significativa, miembros del clero católico. La violencia anticlerical fue especialmente intensa en los primeros meses: alrededor de 6.800 religiosos (obispos, sacerdotes, monjes y monjas) fueron asesinados, y miles de iglesias y conventos fueron saqueados, profanados o incendiados. Sin embargo, a medida que el gobierno republicano (especialmente a partir de 1937) logró restablecer gradualmente su autoridad y el control sobre las fuerzas de orden público y el ejército, la violencia incontrolada disminuyó significativamente, aunque continuaron existiendo tribunales populares y represión política organizada. Tras el fin de la guerra, las familias de muchas víctimas de la represión republicana pudieron recuperar los cuerpos y recibieron algún tipo de reconocimiento o compensación por parte del régimen franquista.

En el bando sublevado (franquista), la represión fue aún más sistemática, planificada desde las altas instancias militares y políticas, y prolongada en el tiempo. Se dirigió contra políticos republicanos, sindicalistas, militantes de partidos y organizaciones de izquierda (socialistas, comunistas, anarquistas), intelectuales, maestros, militares y guardias civiles leales a la República, masones y, en general, cualquier persona sospechosa de apoyar al Frente Popular o simplemente de no adherirse al “Alzamiento Nacional”. La represión franquista no solo fue intensa durante la guerra, sino que continuó de forma masiva e institucionalizada durante muchos años después de la victoria en 1939 (al menos hasta 1945-1948, aunque la represión política duró toda la dictadura). Se calcula que la represión franquista durante y después de la guerra causó al menos 150.000 víctimas mortales (aunque algunas estimaciones son más altas).

Las víctimas de la represión franquista fueron sometidas a fusilamientos masivos (a menudo tras juicios sumarísimos sin garantías), encarcelamientos en condiciones inhumanas, trabajos forzados (en batallones de trabajadores o en la construcción de obras como el Valle de los Caídos), torturas, depuraciones laborales y profesionales, y despojo de propiedades. Una característica distintiva de la represión franquista fue el ocultamiento de los cuerpos: los ejecutados eran generalmente enterrados en fosas comunes anónimas, a menudo en lugares apartados, y se prohibió a las familias recuperar los cadáveres o siquiera conocer su paradero, lo que añadía una profunda humillación y dolor al sufrimiento de los familiares. A pesar de las leyes de Memoria Histórica aprobadas en España desde principios del siglo XXI, que intentan reparar moral y jurídicamente a las víctimas del franquismo y facilitar la localización y exhumación de fosas, todavía hoy existen miles de fosas comunes sin exhumar en España, y se estima que unas 114.000 personas asesinadas por el franquismo permanecen desaparecidas.

11.5. El papel de la Iglesia Católica

Aunque el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue en su origen un conflicto fundamentalmente político y militar, pronto adquirió una fuerte dimensión religiosa, especialmente por la postura adoptada por la Iglesia Católica.

Durante la Segunda República, la mayoría de la jerarquía eclesiástica española había mantenido una postura hostil hacia el régimen republicano, especialmente hacia su legislación laicista (separación Iglesia-Estado, divorcio, supresión de la enseñanza religiosa obligatoria, disolución de los jesuitas, etc.). La Iglesia se identificó mayoritariamente con las opciones políticas conservadoras y monárquicas. Esta identificación, sumada al anticlericalismo histórico de parte de la izquierda española, hizo que la Iglesia y sus miembros se convirtieran en blanco de ataques y violencia en las zonas controladas por el Frente Popular tras el estallido de la guerra, especialmente durante los primeros meses de descontrol revolucionario. Como se mencionó, la persecución religiosa en la zona republicana fue brutal, con el asesinato de miles de clérigos y la destrucción de patrimonio religioso.

Ante esta persecución y basándose en su oposición previa a la República, la jerarquía eclesiástica española (con muy pocas excepciones, como el cardenal Vidal i Barraquer de Tarragona) apoyó de forma casi unánime y entusiasta al bando sublevado. Los obispos españoles (excepto el de Vitoria y el mencionado Vidal i Barraquer) firmaron en julio de 1937 una Carta Colectiva dirigida a los obispos de todo el mundo, en la que justificaban el levantamiento militar como una respuesta necesaria para defender la fe y la civilización cristiana frente a la “barbarie” republicana y comunista. La Iglesia promovió activamente la idea de que la guerra era una “Cruzada”, una guerra santa en defensa de la religión católica y de la unidad de España. Esta calificación de “Cruzada” fue utilizada ampliamente por la propaganda franquista y contribuyó a legitimar el golpe y a movilizar apoyos (tanto internos como internacionales, especialmente en el mundo católico) para el bando sublevado.

El apoyo de la Iglesia Católica fue fundamental para la consolidación del poder de Franco y para la configuración ideológica de su régimen. A cambio de este apoyo, la Iglesia fue altamente recompensada después de la guerra. Bajo la dictadura franquista, la Iglesia Católica recuperó y aumentó enormemente su poder e influencia en todos los ámbitos de la vida española (educación, moral pública, censura, etc.). El nacionalcatolicismo se convirtió en uno de los pilares ideológicos del franquismo, estableciéndose una estrecha alianza entre el Estado y la Iglesia. El catolicismo volvió a ser la religión oficial del Estado, se derogó toda la legislación laica de la República y la Iglesia gozó de enormes privilegios económicos y sociales durante las cuatro décadas de dictadura.

12. Evolución política de los bandos durante la guerra

12.1. Evolución del bando republicano

La zona republicana se caracterizó por una mayor diversidad política y por tensiones internas que a menudo dificultaron la unidad y la eficacia en la dirección de la guerra.

12.1.1. Los gobiernos iniciales del Frente Popular (julio-septiembre 1936)

El golpe de Estado del 18 de julio sorprendió y desbordó completamente al gobierno republicano presidido por Santiago Casares Quiroga (de Izquierda Republicana), que dimitió el mismo día 19. Le sucedió brevemente Diego Martínez Barrio (de Unión Republicana), quien intentó una negociación de última hora con los militares golpistas (ofreciendo ministerios a Mola), pero fracasó. Ante la extensión de la sublevación, Martínez Barrio también dimitió. El presidente Azaña nombró entonces a José Giral (también de Izquierda Republicana) como presidente del Gobierno. La decisión más trascendental de Giral fue decretar la entrega de armas a las organizaciones obreras y los sindicatos para que pudieran defender la República frente a los militares sublevados. Aunque esta medida fue clave para frenar el golpe en muchas ciudades, también contribuyó al colapso de la autoridad estatal y al inicio del proceso revolucionario. El gobierno de Giral intentó organizar la resistencia y mantener la legalidad republicana, pero se vio superado por los acontecimientos, la rápida pérdida de territorio y el poder creciente de los comités y milicias obreras. Incapaz de detener el avance de Franco hacia Madrid, Giral presentó su dimisión en septiembre de 1936.

12.1.2. El gobierno de Largo Caballero (septiembre 1936 – mayo 1937)

En septiembre de 1936, ante la crítica situación militar (asedio de Madrid inminente), se formó un nuevo gobierno de coalición más amplio, presidido por el líder del ala izquierda del PSOE y de la UGT, Francisco Largo Caballero, conocido popularmente como el “Lenin español”. Este gobierno representó el momento de mayor influencia de las organizaciones obreras en el poder republicano: incluyó a ministros socialistas (de ambas tendencias), republicanos de izquierda, comunistas (PCE) y, por primera vez en la historia, a cuatro ministros anarcosindicalistas de la CNT (entre ellos, Federica Montseny). El objetivo principal de este gobierno era ganar la guerra, para lo cual intentó crear un Ejército Popular regular, centralizar el esfuerzo bélico y buscar el apoyo internacional. Su etapa coincidió con la exitosa defensa de Madrid, el mayor éxito militar y moral del bando republicano. Sin embargo, el gobierno de Largo Caballero también estuvo marcado por las crecientes tensiones internas entre las distintas fuerzas políticas y sindicales, especialmente entre los comunistas (partidarios de priorizar la guerra y frenar la revolución) y los anarquistas y el POUM (partidarios de profundizar la revolución). Estas tensiones culminaron en los Hechos de Mayo de 1937 en Barcelona, que provocaron una grave crisis política. La negativa de Largo Caballero a ilegalizar el POUM (como exigían los comunistas) y su pérdida de apoyos llevaron a su dimisión en mayo de 1937.

12.1.3. El gobierno de Juan Negrín (mayo 1937 – abril 1939)

Tras la caída de Largo Caballero, se formó un nuevo gobierno presidido por otro socialista, Juan Negrín, pero con una composición diferente: excluyó a la CNT y estuvo dominado por socialistas (del sector de Negrín y Prieto), republicanos y, sobre todo, por los comunistas (PCE), cuya influencia política y militar creció enormemente gracias al apoyo soviético. El gobierno de Negrín se centró casi exclusivamente en el esfuerzo bélico, bajo la consigna de “resistir es vencer”. Impulsó la consolidación del Ejército Popular, la centralización del poder estatal (trasladando el gobierno primero a Valencia y luego a Barcelona), y reprimió cualquier disidencia interna (ilegalización del POUM). Negrín era consciente de la creciente dificultad de ganar la guerra militarmente, pero su estrategia se basaba en prolongar la resistencia a toda costa, esperando un cambio en el contexto internacional: confiaba en que el estallido de una guerra general en Europa (entre las democracias y las potencias fascistas) obligaría a Francia y Reino Unido a intervenir en España y salvar a la República. Para facilitar esta posible ayuda, Negrín intentó dar una imagen moderada de la República (presentó un programa de 13 puntos que garantizaba la propiedad privada y la libertad religiosa) y llegó a disolver las Brigadas Internacionales en 1938. Sin embargo, la política de apaciguamiento occidental (Acuerdos de Múnich) frustró sus esperanzas. Tras la caída de Cataluña, Negrín intentó organizar la resistencia en la zona centro-sur, pero su autoridad fue desafiada por el golpe de Casado en marzo de 1939, que precipitó el fin de la guerra.

12.2. Evolución del bando sublevado

En contraste con la división republicana, el bando sublevado (o “nacional”) se caracterizó por una rápida unificación política y militar bajo el liderazgo absoluto de Franco.

Inicialmente, los militares golpistas se organizaron en una Junta de Defensa Nacional en Burgos, presidida nominalmente por el general Cabanellas. Sin embargo, la muerte de Sanjurjo y la necesidad de un mando único para dirigir la guerra llevaron a la elección de Franco como Generalísimo y Jefe del Gobierno del Estado en octubre de 1936.

Dentro del bando sublevado coexistían diversas tendencias políticas e ideológicas que habían apoyado el golpe:

• Falangistas: Partidarios de establecer un Estado fascista totalitario, inspirado en Italia y Alemania. Su líder, José Antonio Primo de Rivera, fue encarcelado en Alicante al inicio de la guerra y fusilado por los republicanos en noviembre de 1936, lo que dejó al partido descabezado y facilitó su control por Franco.
• Carlistas (tradicionalistas): Defensores de una monarquía tradicional, católica y autoritaria, con un pretendiente propio (Javier de Borbón-Parma). Aportaron unidades de voluntarios muy combativas (los requetés).
• Monárquicos alfonsinos: Partidarios de la restauración de la monarquía borbónica en la figura de Don Juan de Borbón (hijo de Alfonso XIII). Incluían a políticos conservadores como los de Renovación Española (Calvo Sotelo, asesinado antes del golpe).
• Militares: Muchos militares no tenían una ideología política definida más allá del nacionalismo español, el autoritarismo, el anticomunismo y el deseo de orden.
• Católicos conservadores: Procedentes en gran parte de la CEDA (que prácticamente desapareció como partido durante la guerra), apoyaron el golpe por motivos religiosos y antisocialistas.

Franco, consciente de esta diversidad y de las posibles rivalidades (especialmente entre falangistas y carlistas), actuó rápidamente para imponer su autoridad y unificar políticamente a todas estas fuerzas bajo su mando. Aprovechando la falta de liderazgo claro en Falange y la presión de la guerra, decretó en abril de 1937 la Unificación: fusionó a Falange Española y a la Comunión Tradicionalista (junto con los restos de otros grupos) en un único partido oficial, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET y de las JONS). Franco se autoproclamó Jefe Nacional de este partido único, subordinando todas las facciones a su liderazgo personal. Aquellos líderes falangistas (como Manuel Hedilla) o carlistas que se opusieron a la unificación fueron encarcelados o apartados.

Durante la guerra, Franco fue construyendo las instituciones y la base ideológica del nuevo Estado que surgiría de la victoria: promulgó las primeras Leyes Fundamentales (como el Fuero del Trabajo en 1938, de inspiración fascista), estableció un control férreo de la prensa y la propaganda, y consolidó la doctrina del nacionalcatolicismo y el culto a su figura como Caudillo providencial de España. Al final de la guerra, Franco había logrado no solo la victoria militar, sino también la eliminación de toda oposición política y la consolidación de su poder personal absoluto, sentando las bases de una dictadura que duraría casi cuarenta años.

13. Consecuencias de la Guerra Civil

La Guerra Civil española (1936-1939) tuvo consecuencias devastadoras y duraderas para España en todos los ámbitos: demográfico, económico, social, político y moral.

• Demográficas: El número exacto de víctimas es difícil de determinar con precisión, pero las estimaciones más aceptadas sitúan el total de muertes directamente relacionadas con la guerra entre 500.000 y 600.000 personas. Esta cifra incluye:
  • Muertos en combate en los frentes.
  • Víctimas de la represión franquista durante y después de la guerra (alrededor de 150.000).
  • Víctimas de la represión republicana (unas 50.000).
  • Muertes causadas por bombardeos sobre la población civil.
  Además de las muertes directas, hay que sumar las causadas indirectamente por la malnutrición, el hambre y las enfermedades derivadas de las pésimas condiciones de vida durante y después del conflicto, cuyo cálculo es muy complejo. También se produjo un descenso drástico de la natalidad.
• Exilio: La derrota republicana provocó un exilio masivo. Se calcula que alrededor de medio millón de españoles (principalmente republicanos, intelectuales, políticos, sindicalistas y militares leales) tuvieron que abandonar el país para escapar de la represión franquista. El principal destino fue Francia, donde muchos fueron internados en campos de concentración en condiciones muy duras. Posteriormente, muchos exiliados se trasladaron a países de América Latina (especialmente México, Argentina, Chile, Cuba). Muchos de los exiliados en Francia se unieron a la Resistencia contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial (se estima que unos 10.000 españoles murieron luchando contra el nazismo, y unos 60.000 participaron en la liberación de Francia, siendo clave en la liberación de París en 1944). Sin embargo, miles de republicanos españoles también acabaron en campos de concentración nazis (como Mauthausen), donde murieron unos 5.000. Además, miles de niños (los “niños de la guerra”) fueron evacuados a países como la URSS, México o Reino Unido; muchos de ellos nunca regresaron a España o tardaron décadas en hacerlo. El exilio supuso una enorme pérdida de capital humano e intelectual para España.
• Económicas: La guerra destruyó infraestructuras (viviendas, puentes, ferrocarriles), tejido industrial y producción agrícola. La renta nacional y per cápita no recuperaron los niveles de 1935 hasta bien entrada la década de 1950. La economía española quedó desarticulada y el régimen franquista impuso una política económica autárquica y intervencionista que prolongó el estancamiento durante años (la “larga posguerra”). El hambre y el racionamiento fueron una realidad cotidiana para la mayoría de la población durante la década de 1940.
• Políticas: La consecuencia política más inmediata y duradera fue el fin de la experiencia democrática de la Segunda República y la instauración de una larga dictadura militar encabezada por Franco, que duró casi 40 años (1939-1975). Se suprimieron todas las libertades políticas y sindicales, se ilegalizaron todos los partidos (excepto el Movimiento Nacional), se persiguió cualquier forma de disidencia y se impuso un régimen autoritario, nacionalista y católico.
• Sociales y Morales: La guerra dejó una sociedad profundamente dividida y traumatizada entre vencedores y vencidos. Los que se identificaron con el bando vencedor (franquista) monopolizaron el poder y los privilegios, mientras que los vencidos (republicanos y sus familias) sufrieron una dura y prolongada represión que incluyó fusilamientos, largas penas de cárcel, trabajos forzados, depuraciones laborales, expropiaciones, humillaciones públicas y discriminación social. Se llevó a cabo una depuración sistemática de funcionarios públicos, maestros, profesores universitarios y cualquier persona sospechosa de haber apoyado a la República. Esta fractura social y el miedo impuesto por la dictadura marcaron a varias generaciones de españoles. La memoria histórica de la guerra y la dictadura sigue siendo un tema sensible y objeto de debate en la sociedad española actual.

14. Glosario de términos clave

Anticlericalismo: Actitud o ideología contraria al poder e influencia de la Iglesia (especialmente la Católica) en asuntos políticos, sociales y culturales. En la Segunda República, se manifestó en medidas laicistas y, durante la guerra, en violencia contra el clero en la zona republicana.

República democrática: Forma de gobierno en la que la jefatura del Estado no es hereditaria (como en la monarquía) sino electiva, el poder reside en el pueblo (soberanía popular) y se ejerce a través de representantes elegidos democráticamente. La Segunda República Española (1931–1939) intentó establecer este sistema tras la caída de Alfonso XIII.

Reforma agraria: Conjunto de medidas políticas destinadas a cambiar la estructura de la propiedad de la tierra, generalmente para redistribuirla entre los campesinos sin tierra o con poca tierra. La Ley de Reforma Agraria de 1932 fue uno de los proyectos más ambiciosos y conflictivos de la Segunda República.

Estatuto de autonomía: Ley orgánica que establece y regula la organización institucional y las competencias de una comunidad autónoma dentro del Estado español. Durante la Segunda República, se aprobó el Estatuto de Cataluña (1932) y se iniciaron los procesos para el País Vasco y Galicia.

Frente Popular: Coalición electoral de partidos de izquierda (republicanos, socialistas, comunistas, etc.) que ganó las elecciones generales de febrero de 1936 en España. Su victoria exacerbó la polarización política y fue uno de los factores que condujeron al golpe de Estado y la Guerra Civil.

Africanistas: Nombre dado a los militares españoles que habían desarrollado gran parte de su carrera en las guerras coloniales del norte de África (Protectorado de Marruecos). Solían tener una mentalidad dura, autoritaria y corporativista. Muchos de ellos (como Franco, Mola, Sanjurjo, Yagüe) fueron los principales impulsores del golpe de Estado de 1936.

Anarquismo: Ideología política y social que rechaza toda forma de autoridad jerárquica o poder coercitivo, especialmente el Estado, y aboga por una sociedad basada en la libre asociación y cooperación de los individuos. En España, tuvo una gran influencia en el movimiento obrero a través de la CNT y la FAI.

Revolución de 1934 (o Revolución de Octubre): Insurrección obrera impulsada principalmente por el PSOE y la UGT contra el gobierno radical-cedista, en protesta por la entrada de la CEDA en el ejecutivo. Tuvo especial virulencia en Asturias (donde se convirtió en una auténtica revolución social) y Cataluña (con la proclamación del Estado Catalán por Companys). Fue duramente reprimida por el ejército.

Golpe de Estado: Intento de tomar el poder político de un modo repentino, ilegal y generalmente violento, por parte de un grupo (a menudo militar). El golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936 contra el gobierno de la Segunda República fracasó parcialmente y dio inicio a la Guerra Civil Española.

Alzamiento Nacional: Término utilizado por los militares sublevados y la propaganda franquista para referirse al golpe de Estado de julio de 1936 y a la Guerra Civil. Buscaba legitimar la sublevación presentándola como un movimiento patriótico y necesario para salvar a España.

Cruzada: Término de origen medieval (guerras de los cristianos para recuperar Tierra Santa) que fue adoptado por la Iglesia Católica y el bando franquista para calificar la Guerra Civil. Presentaba el conflicto como una guerra santa en defensa de la fe católica y la civilización cristiana contra el comunismo, el ateísmo y la República.

Brigadas Internacionales: Unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros (unos 35.000-60.000 hombres y mujeres de más de 50 países) que lucharon en el bando republicano durante la Guerra Civil Española. Fueron organizadas principalmente por la Internacional Comunista (Komintern) y jugaron un papel importante en batallas clave como la defensa de Madrid, Jarama, Guadalajara o el Ebro.

Colectivizaciones: Proceso de expropiación y gestión colectiva de tierras, fábricas, talleres y servicios que se llevó a cabo en la zona republicana durante la Guerra Civil, especialmente en los primeros meses y bajo la influencia anarquista (CNT) y socialista (UGT). Los medios de producción pasaron a ser controlados y administrados por los propios trabajadores.

Comité de No Intervención: Organismo internacional creado en Londres en agosto de 1936 por iniciativa de Francia y Reino Unido, con el objetivo teórico de evitar la internacionalización de la Guerra Civil española impidiendo el envío de armas y voluntarios a ambos bandos. En la práctica, fue ineficaz (Alemania e Italia siguieron ayudando a Franco, y la URSS a la República) y perjudicó principalmente a la República, que vio dificultado su acceso legal a la compra de armas.

Paseos y sacas: Eufemismos utilizados durante la Guerra Civil para referirse a las ejecuciones extrajudiciales. Los “paseos” consistían en sacar a una persona de su casa o detenerla, llevarla a un lugar apartado (generalmente de noche) y asesinarla. Las “sacas” eran extracciones masivas de presos de las cárceles para ser ejecutados sin juicio. Fueron prácticas comunes en ambas retaguardias, especialmente en los primeros meses de la guerra.

Hechos de Mayo (1937): Graves enfrentamientos armados que tuvieron lugar en Barcelona en mayo de 1937 entre diferentes facciones del bando republicano: por un lado, anarquistas (CNT-FAI) y marxistas antiestalinistas (POUM); por otro, fuerzas de la Generalitat, comunistas (PSUC-PCE) y socialistas. Los enfrentamientos reflejaron la profunda división interna sobre la relación entre guerra y revolución, y se saldaron con la derrota de los anarquistas y el POUM, la caída del gobierno de Largo Caballero y un aumento de la influencia comunista.