El Sistema Democrático: Algunas Precisiones
La palabra democracia procede del griego demos y kratos. Se opone a la monarquía, a la oligarquía y a todas las formas totalitarias. El poder lo ejerce el pueblo a través del voto. Cuando las comunidades son pequeñas es posible ejercer la democracia directa, pero cuando las sociedades son grandes es imposible compaginar las exigencias familiares y profesionales de la política. Es preciso escoger unos representantes que voten en nuestro nombre: es la democracia representativa.
La elección de representantes es la solución a un problema que genera dos problemas: que las deliberaciones que se realizan en nuestro nombre no agoten los argumentos que los ciudadanos incorporaríamos al debate; y que las decisiones que se toman no sean las que la ciudadanía respaldaría.
Han nacido en política dos modelos de democracia: la democracia deliberativa considera que la democracia exige la promoción del debate racional de la ciudadanía en igualdad por todos los afectados, y la democracia participativa exige la promoción de la participación ciudadana en todas cuantas instituciones trabajen por la configuración de la voluntad popular (ONG, asociaciones vecinales, etc.).
El Estado de Derecho y la Configuración de la Voluntad Popular
La Deliberación y la Razón Pública
La deliberación aspira a que el voto de todos sea razonado, aspira a la constitución de una razón pública. No es posible sin un catálogo de libertades civiles, un sistema universal de educación, de partidos políticos y de medios de comunicación.
Razón Pública y Libertades Civiles
Se trata de que todos los ciudadanos de la comunidad política puedan ejercer su razón con una reflexión propia. Es lo que se denomina una razón autónoma. El uso autónomo de la razón supone:
- Una concepción moderna del criterio de la autoridad.
- Que el uso que el público hace de su razón esté garantizado por la ley frente a los abusos y coerciones de los poderes establecidos.
La primera versión del derecho a la libertad de opinión y expresión se produce de la mano de la idea de tolerancia religiosa. Durante la cristiandad medieval se fraguó la connivencia entre iglesia y estado de tal modo que la unidad del estado se fundaba en la unidad de la creencia religiosa de sus súbditos: un rey, un pueblo y una fe.
La idea de tolerancia religiosa nos lleva a una característica fundamental del Estado de Derecho: su laicidad.
El estado laico se opone así al estado confesional. Si en este la autoridad política y religiosa recae en una misma institución o persona hablamos entonces de teocracia. El estado democrático debe ser un estado laico, pues la libertad de creencia forma parte de su esencia.
Razón Pública y Educación Pública
Si todos debemos participar en la construcción pública de la razón, tenemos que tener a nuestra disposición los medios necesarios para formar nuestro juicio. La educación es la columna vertebral de la razón pública, y como la razón pública es de todos, la educación será para todos. Por tanto, es obligación del estado proveer un sistema educativo que ponga al alcance de todos los niveles mínimos de educación necesarios para ejercer una ciudadanía responsable a través de un sistema gratuito.
Al igual que para educar a un niño no basta la escuela, la constitución de la razón pública exige mucho más que un sistema educativo público: exige una vida cultural lo más rica y accesible posible.
Razón Pública y Medios de Comunicación
Televisión, radio, prensa e internet son medios de comunicación que tienen dos obligaciones fundamentales: informar con veracidad de lo que pasa y formar reflexivamente de lo que pasa.
Es muy complicado diferenciar los hechos de su valoración:
- El formato no es neutral. Parece obvio que debemos jerarquizar los hechos noticiados por su grado de importancia. Este grado no se refleja en su contenido, sino en el formato en el que se presenta. Hay que fijarse en el espacio que se le dedica, el lugar en el que se presenta, etc.
- El lenguaje con el que contamos la noticia está cargado de valoraciones.
- La información es un negocio que mueve miles de millones de euros al año. Debe ser rentable por lo que puede que se publiquen las noticias que mejorarán las ventas antes que las importantes.
- Los medios informativos son propiedad de corporaciones empresariales y grupos de opinión, que tienen intereses concretos que defender.
- Los consumidores recibimos la información con muy escasa capacidad de contrastarla de manera crítica. Las razones son: 1. La cantidad inmensa de información disponible solo manejable por los profesionales dedicados a ello. 2. La imposibilidad de contrastar in situ los hechos narrados.
Pero la opinión es un derecho que deben salvaguardar los poderes públicos. Para ello:
- Se regula el derecho a la información mediante leyes.
- Se establecen códigos deontológicos que autorregulan el ejercicio de la labor periodística.
- Se establecen libros de estilo que editan a los medios los modos más objetivos de presentar y redactar las noticias.
- Se establecen medios públicos de comunicación sujetos al control de una comisión parlamentaria.
- Se promueve la pluralidad informativa a través de la subvención a los diversos medios que existen en el mercado de la información.
Razón Pública y Partidos Políticos
Los partidos políticos están integrados por: afiliados, que pagan cuota; profesionales, que desempeñan cargos administrativos, y simpatizantes, que no pagan cuota pero hacen público su apoyo a los candidatos.
Las funciones de los partidos políticos son:
- Contribuyen a la formación de la razón pública.
- Intervienen y votan en los debates parlamentarios.
Para ello tienen que financiarse, y en este sentido las opciones son:
- Financiación pública a cargo del estado y en función del número de escaños conquistados.
- Procedente de particulares y plantea el problema de la compra de futuras prebendas que el poder ponga a disposición del vendedor.
Pero a pesar de las críticas lo cierto es que:
- El pluralismo de los partidos es la única garantía del pluralismo de las ideas y de la democracia.
- Pocas actividades hay más dignas que la política ejercida con honestidad en aras del bien común, como ocurre a los políticos amenazados en nuestro país por organizaciones terroristas.