El Reinado de Fernando VII: Derogación de la Constitución y el Sexenio Absolutista (1814-1820)

El 4 de mayo de 1814, Fernando VII aceptó la propuesta y decretó la derogación de la Constitución. Primera reacción absolutista contra la incipiente libertad, el rey anuló la obra legislativa de las Cortes y promovió una represión contra los constitucionalistas, muchos de ellos tuvieron que exiliarse. Empezaba así en la historia española la intolerancia y la represión por cuestiones ideológicas que provocó el exilio de 15.000 familias españolas. Comenzaba así un periodo de 6 años en que iba a dominar el sector más reaccionario de la sociedad con la Iglesia a la cabeza, se restableció la Inquisición, todos los obispos se opusieron a la idea de una amnistía que se planteó en 1816. La vuelta al absolutismo supuso la postración económica y la ruina de la hacienda. América se independizaba.

El Trienio Liberal (1820-1823)

Hubo pronunciamientos protagonizados por sectores militares partidarios de la Constitución de 1812, que siempre terminaron en fracaso. En 1820 triunfó el encabezado por Rafael Riego. El 1 de enero de 1820 en el pueblo sevillano de Las Cabezas de San Juan, Riego proclamó la Constitución de 1812. Fernando VII, viéndose vencido, pronunció la frase: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. Se iniciaba así el periodo conocido como Trienio Liberal. Los 3 años que duró fueron el primer ensayo de gobierno constitucional de la historia de España. Se puso en práctica una política moderada. La Iglesia fue apartada de los órganos del poder del Estado, los jesuitas fueron expulsados.

Emancipación de la América Española

Durante el Trienio Liberal se produjo la emancipación de la mayor parte de la América Española.

El Golpe de Estado contra el Gobierno Liberal

En 1822 había zonas en Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra… en las que los nobles y clérigos tenían organizadas partidas militares. Estos grupos absolutistas llegaron a controlar amplias zonas catalanas y navarras. A la acción de los golpistas se unió la intervención de las potencias europeas acordada en el Congreso de Verona que se concretó en la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis. El ejército, formado por 60.000 franceses y unos 35.000 realistas españoles, cruzó la frontera y recorrió el país persiguiendo al gobierno liberal.

Década Absolutista (1823-1833)

A partir del golpe de estado dirigido por Fernando VII se produjo una segunda restauración absolutista, que duró hasta su muerte. La vuelta del absolutismo trajo consigo una ola de represión y la abolición de todo tipo de libertades políticas. Muchos liberales fueron ejecutados, entre ellos Riego. La Iglesia se convirtió en el principal aliado de Fernando VII y justificó la represión. Esta represión provocó que miles de españoles tuvieran que exiliarse a países europeos. En esta década hubo cambios en la organización del Estado, así se instituyó el Consejo de Ministros y se reorganizó el sistema de la Hacienda pública. La economía española, después de casi dos décadas de inestabilidad y guerras, comenzó a despegar.

Regencia de María Cristina y la Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Organización Política: Monarquía Constitucionalismo y Partidos Políticos

Los tres primeros años de regencia, en plena Guerra Carlista, sirvieron para que los liberales moderados fueran afianzándose en la política. La regencia de María Cristina, en 1833, promulgó el decreto redactado por Javier de Burgos por el que se organizaba territorialmente el Estado en 49 provincias, organización que se ha mantenido hasta hoy. El principal instrumento político para la transición fue una carta preconstitucional, el Estatuto Real (1834), una especie de Carta Otorgada que no reconocía la soberanía nacional, ni las libertades políticas ni la división de poderes y dejaba la iniciativa legislativa en manos del monarca. La guerra civil y la desastrosa situación económica provocaron en 1835 sublevaciones de las milicias urbanas que exigían más libertades políticas y de sufragio y reclamaban la entrega del poder a políticos progresistas como José María Calatrava.

La Segunda Constitución Liberal (1837)

Durante 1836 se produjeron en Barcelona y Málaga revueltas y sublevaciones. Un grupo de suboficiales entró por la fuerza en el Palacio de San Ildefonso de La Granja, lugar en el que María Cristina pasaba sus vacaciones de verano. Los militares obligaron a la regente a firmar un decreto por el que se restituía la Constitución de 1812 y se derogaba el Estatuto Real de 1834. Este hecho es conocido como Motín de La Granja. Cuando finalizó la Guerra Carlista en 1839, un gobierno intentó limitar las reformas y la participación de las clases medias urbanas promulgando una ley de ayuntamientos (1840) que suprimía el derecho de los ciudadanos a elegir a sus alcaldes, quienes pasaban a ser nombrados por el gobierno directamente.

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

En 1833 había comenzado la larga guerra civil entre los carlistas y los isabelinos que finalizaría en 1840. El apoyo popular con el que contó este movimiento fue tan grande que hizo que las hostilidades se mantuvieran a lo largo de todo el siglo XIX. Los carlistas, absolutistas intransigentes y partidarios de los derechos hereditarios del hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, se enfrentaron a la regente María Cristina, que estaba apoyada por un grupo de liberales y de absolutistas más moderados, los isabelinos, que aceptaron a Isabel II como heredera de su padre. Durante la primera guerra, los carlistas se hicieron fuertes en el norte de la península. El general carlista Ramón Cabrera llegó en una expedición desde la zona del Maestrazgo hasta las puertas de Madrid. El coronel Tomás de Zumalacárregui, que a la muerte de Fernando VII se unió a la causa de Carlos María Isidro, consiguió organizar y dirigir el ejército rebelde del norte y consolidó el poder carlista en el País Vasco. La muerte de este célebre caudillo militar, acaecida en junio de 1835 durante el sitio de Bilbao, puso fin a la tendencia del carlismo en la región vasco-navarra. A partir de 1835, la victoria del ejército isabelino obligó a Carlos María Isidro a huir a Francia. En 1839, el general isabelino Baldomero Fernández Espartero y el general carlista Maroto mantuvieron conversaciones para poner fin a la guerra que culminaron en el Convenio de Vergara. Con la firma del Convenio de Vergara se garantizaba la conservación de algunos derechos forales y se reconocían los empleos y los grados del ejército carlista. Sin embargo, el pretendiente Carlos no lo aceptó y se exilió en Francia, tampoco lo aceptaron el general Cabrera ni los carlistas catalanes quienes, presionados por el general Espartero, tuvieron que huir a Francia en 1840, lo que puso fin a la Primera Guerra Carlista.

El Reinado de Isabel II (1843-1868)

El Bienio Progresista (1854-1856)

Se inició con un pronunciamiento militar conocido como la Vicalvarada. Su instigador fue el general Leopoldo O’Donnell. El movimiento no pretendía destronar a la reina Isabel II. En 1844, según se afirma en el Manifiesto de Manzanares que redactó el liberal Antonio Cánovas. A partir de este golpe de estado comenzó una nueva etapa política que duró dos años en la que se elaboró una nueva carta constitucional, que no se puso en práctica por lo que se conoce como non nata. Isabel II pidió al general progresista Espartero que formara gobierno. Los jesuitas fueron expulsados de España. Otra medida importante del Gobierno fue la aplicación de una segunda desamortización (1855). Las consecuencias de estas medidas fueron beneficiosas en parte, ya que se cultivaron tierras que antes eran improductivas. Pero esta desamortización también provocó un empeoramiento de las condiciones de vida de los jornaleros y de los agricultores. Del año 1855 es también la Ley de Ferrocarriles que planificó la red ferroviaria. En 1856 se promulgó una Ley Bancaria que facilitaba las inversiones exteriores para la creación de entidades de crédito, regulándose así el sistema bancario español. El Bienio Progresista coincidió con un buen momento de la economía española, la razón de esta bonanza económica fue la Guerra de Crimea (1853-1856) en la que Turquía, Francia y Reino Unido lucharon contra el Imperio Ruso.

El Sexenio Revolucionario y la Primera República (1868-1874)

La revolución de 1868 en España y la fuga de la reina Isabel II dio lugar a un gobierno provisional presidido por el general Francisco Serrano y Domínguez. El nuevo gobierno convocó Cortes Constituyentes que proclamaron la Constitución de 1869, que establecía como forma de gobierno una monarquía constitucional. Se buscó un candidato, encontrando al segundo hijo de Víctor Manuel II (el primer rey de Italia), Amadeo Fernando María de Saboya, que reinó en España con el nombre de Amadeo I.

El 11 de febrero de 1873, el rey Amadeo I abdicaba de la corona ante el Senado y el Congreso. En su mensaje a las Cortes definió a los españoles como ingobernables, regresando a Italia, falleciendo el 18 de enero de 1890 en Turín. Las Cortes proclamaron la República, la cual duró menos de once meses: del 11 de febrero de 1873 al 3 de enero de 1874. Tuvo cuatro presidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Esta corta vida fue debida principalmente a las conjuraciones de los monárquicos, la guerra carlista, los conflictos de política exterior y las dificultades coloniales.

El 1 de junio de 1873 presentó la dimisión Figueras, confesando ser incapaz de hacer frente a la situación de caos y anarquía a la que habían arrastrado a España las sublevaciones cantonales, las conspiraciones pro-monárquicas y la indisciplina del Ejército. Las Cortes proclamaron la República federal, grata a Pi y Margall, que fue designado presidente, pero tampoco pudo acabar con los desórdenes, que se multiplicaron. Los federales constituyeron cantones en Málaga, Cádiz, Sevilla y Cartagena. El conflicto carlista se extendía por todo el norte peninsular. Presentó su dimisión el 18 de julio de 1873. Le sustituyó el diputado Nicolás Salmerón, brillante catedrático almeriense que a las pocas semanas de acceder a la presidencia consiguió detener el movimiento cantonista y frenar el avance de los partidarios de Carlos VII. No obstante estos brillantes logros, presentó su renuncia apenas transcurridos tres meses de su elección ante el grave cargo de conciencia que le suscitaba firmar una serie de sentencias de muerte consideradas imprescindibles para restablecer la disciplina y acabar con las deserciones en el seno del Ejército. El 7 de septiembre de 1873 es nombrado Jefe de Estado y de Gobierno Castelar. Obligado por la descomposición social reinante, disolvió las Cortes y gobernó casi dictatorialmente, llegando incluso a actuar en contra de sus propias convicciones con tal de conseguir la paz y el orden que él consideraba primordiales para la reconstrucción nacional. Acometió con gran vigor la tarea de salvar la nación y luchó tenazmente para recuperar el principio de autoridad, siendo acertada su decisión de restablecer el servicio militar obligatorio en aras de restaurar la disciplina castrense. Restableció la disciplina social. No vaciló en aplicar la pena de muerte. Algunos líderes políticos, entre ellos sus antecesores Pi y Salmerón, le acusaron de haber olvidado los principios revolucionarios que alentaron el nacimiento de la República y, sometido a una moción de confianza, perdió la votación y se vio forzado a dimitir. Eran las siete de la mañana del 3 de enero de 1874. Iniciado el proceso para dilucidar si el diputado Eduardo Palanca sustituía a Castelar, llegaron noticias de que el Capitán General de Madrid, Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque, se disponía a tomar el Congreso, apareciendo unos Ayudantes del General Pavía que venían con el mandato de desalojar el Salón de Plenos, orden que fue acogida con protestas por los diputados, aunque estas cesaron inmediatamente al hacer su aparición varios miembros de la Guardia Civil y algunos soldados de Capitanía. La I República anticipaba su final cuando el reloj del hemiciclo marcaba las siete y media. Fue encargado del poder ejecutivo al Duque de la Torre, dirigiendo el nuevo Gobierno un manifiesto al país, justificando el golpe de Estado, y se reorganizó a base de separar el poder ejecutivo, que confió al Duque de la Torre, del cargo de primer ministro, que encomendó al general Juan Zavala y de la Puente. Este gobierno tuvo que enfrentarse con tres graves problemas: el cantonalismo de Cartagena, que logró dominar el general López Domínguez, el 13 de enero de 1874; la última guerra carlista que adquiría proporciones considerables, ya que Carlos VII dominaba gran parte del norte de España e incluso llegó a amenazar Madrid; la guerra separatista que ardía en Cuba desde el año 1868. Entre tanto, el partido alfonsino dirigido por Cánovas del Castillo engrosaba sus filas. Anticipándose a Cánovas, que propugnaba una acción constitucional antes que un pronunciamiento, el general Arsenio Martínez Campos Antón proclamó en Sagunto rey de España a Alfonso XII, el 29 de diciembre de 1874.