Dos Opciones Enfrentadas en la España del Siglo XIX

Tras la muerte de Fernando VII, dos opciones se enfrentaron en España: los insurrectos, que proclamaron rey al niño Carlos María Isidro, defendiendo el absolutismo y la sociedad tradicional; y los partidarios de Isabel II, que buscaban iniciar un proceso reformista de carácter liberal. Comenzaba así una larga guerra civil entre los defensores del Antiguo Régimen y los liberales.

El Carlismo: Tradicionalismo y Antiliberalismo

El carlismo se presentaba como una ideología tradicionalista y antiliberal. Bajo el lema ”Dios, Patria y Fueros”, agrupaba a los defensores de la legitimidad dinástica de Carlos María Isidro, de la monarquía absoluta, de la preeminencia social de la Iglesia y de la conservación de un sistema foral particularista. Entre sus dirigentes había miembros del clero y de la pequeña nobleza rural. Los carlistas también tomaron fuerza en las zonas rurales del País Vasco, Navarra y parte de Cataluña, Aragón y Valencia, donde contaron con una amplia base social y campesina, formada en su mayoría por pequeños propietarios empobrecidos que desconfiaban de los nuevos impuestos estatales.

La Causa Isabelina y la Adhesión Liberal

La causa isabelina contó con el apoyo de la alta nobleza y de los funcionarios, así como de un sector de la jerarquía eclesiástica. La regente María Cristina se vio obligada a buscar la adhesión de los liberales, aceptando sus demandas de poner fin al absolutismo y al Antiguo Régimen.

Los Primeros Gobiernos de Transición (1833-1836)

El testamento de Fernando VII establecía un consejo de gobierno para asesorar a la regente María Cristina, presidido por Francisco Cea Bermúdez y formado por absolutistas moderados, con la pretensión de llegar a un acuerdo con los carlistas. El nuevo gabinete proponía tímidas reformas administrativas, como la nueva división provincial promovida por Javier de Burgos en 1833, que dividió España en 49 provincias. Sin embargo, ante la extensión de la insurrección carlista, el trono isabelino se tambaleó por falta de apoyos sólidos. Algunos militares y asesores reales convencieron a la regente de la necesidad de nombrar un nuevo gobierno capaz de conseguir la adhesión de los liberales. Para presidirlo fue elegido Francisco Martínez de la Rosa, un liberal moderado que inició reformas limitadas. Su propuesta fue el Estatuto Real, un conjunto de reglas para convocar unas Cortes que seguían siendo las mismas del Antiguo Régimen, pero adaptadas a los nuevos tiempos.

La Constitución de 1845 y el Poder Compartido

De la obra de los moderados destaca la Constitución de 1845, en la que la soberanía es compartida entre las Cortes y la Reina, a la que se otorgan amplios poderes. El poder legislativo también es compartido. Las Cortes estarían formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso estaría formado por representantes elegidos por sufragio censitario, representando a menos del 1% de la población. El Senado estaría formado por senadores elegidos por la Reina en un número ilimitado. Se declaran los derechos y libertades, incluida la libertad de expresión, pero sus límites quedarían en manos de las leyes, que serían decididas por las Cortes, favoreciendo a las clases altas e impidiendo el acceso al poder de otros grupos, como los progresistas.

El Bienio Progresista (1854-1856)

El instigador de la Vicalvarada fue el general Leopoldo O’Donnell, líder del partido liberal. El movimiento no pretendía destronar a Isabel II, sino forzarla a admitir las reformas democráticas interrumpidas en 1844. A raíz de ello, se inició un periodo de dos años conocido como el Bienio Progresista. Isabel II pidió a Espartero que formara gobierno, lo que llevó a la expulsión de los jesuitas y a la prohibición de procesiones y manifestaciones católicas. Espartero impulsó la segunda desamortización en 1855, con el embargo de los bienes comunales de los municipios, permitiendo el cultivo en tierras antes improductivas. El Bienio coincidió con un momento de auge económico debido a la guerra de Crimea (1853-1856), en la que Turquía, Francia y Gran Bretaña lucharon contra el Imperio Ruso.

Diferencias entre Liberalismo Moderado y Progresista

• Liberalismo Moderado:
  • Jefes: General Narváez.
  • Apoyos: Nobleza reformista y burguesía industrial, financiera y terrateniente.
  • Soberanía: Compartida (el rey tiene el poder ejecutivo e influencia en el legislativo).
  • Sufragio: Censitario muy restringido.
  • Derechos: Limitados.
  • Constitución: 1845.
• Liberalismo Progresista:
  • Jefes: General Espartero.
  • Apoyos: Pequeña y mediana burguesía industrial y comercial, y grupos populares urbanos.
  • Soberanía: Nacional (limitar la influencia del rey en el poder legislativo).
  • Sufragio: Censitario más amplio.
  • Derechos: Más extensos.
  • Constitución: 1812 y 1837.

Proteccionismo y Librecambismo

El proteccionismo busca prohibir o gravar con impuestos la entrada de productos extranjeros en el país, para que a los productores extranjeros no les resulte rentable exportar. Al principio, la burguesía catalana no encontró el apoyo del resto de España. Los productores cerealísticos defendían el librecambismo para poder exportar sus cereales, pero la competencia de los cereales de Estados Unidos hizo que se inclinaran hacia el proteccionismo.

La Agricultura Española en el Siglo XIX

La agricultura española estaba atrasada, con una productividad escasa y métodos tradicionales. La economía se basaba en la agricultura, y una mala cosecha podía provocar una gran tasa de mortalidad. Los productos principales eran: trigo y cereales en el sur, maíz y patata en el norte, y vid y olivo en el Mediterráneo. La abundancia de mano de obra barata no estimuló a los propietarios a modernizar los cultivos.

El Partido Demócrata y los Derechos Sociales

En 1849, una escisión de los progresistas dio origen al Partido Demócrata, que pedía la ampliación de los derechos políticos a toda la población y una serie de derechos sociales. Sus miembros eran partidarios de la soberanía popular, el sufragio universal masculino, la elección de los ayuntamientos y diputaciones, reconocían el predominio social de la Iglesia y exigían libertad de culto. Provenían principalmente de las clases populares urbanas.