El régimen de la Restauración entró en una progresiva descomposición a causa de los nulos deseos de renovación política de los dirigentes dinásticos y de la fuerte heterogeneidad y debilidad de la oposición. Los partidos dinásticos se fragmentaron en grupos encabezados por diferentes políticos. Por ello, no se podían constituir gobiernos estatales y se recurrió a los gobiernos de concentración impulsados por Maura en 1918. Fracasados los de concentración, se volvió al turno dinástico entre 1918 y 1923. El país conoció 10 cambios de gobierno y ninguno de ellos alcanzó más de un año de vida. Los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial fueron de gran conflictividad en toda Europa. El triunfo de la Revolución Bolchevique y el establecimiento del Estado Soviético en Rusia dieron alas y esperanza a todos los grupos revolucionarios. En España, el final del conflicto propició un cambio brusco en las condiciones económicas, la producción descendió, aumentó el paro, lo cual provocó de nuevo la movilización obrera y un crecimiento del sindicalismo. El movimiento huelguístico fue en Barcelona donde alcanzó mayores dimensiones. En 1919 se inició la huelga en la Canadiense. En Andalucía, la situación de miseria campesina y el aumento de los precios dio paso al trienio bolchevique de 1918 a 1921. Los anarquistas impulsaron revueltas campesinas motivadas tanto por ‘el hambre de tierras’ como por las condiciones de vida y el deterioro de salarios. Se quemaron cosechas y se ocuparon tierras. La conflictividad laboral degeneró en una radicalización de las posiciones de los sindicatos y de la patronal, sobre todo en Cataluña. Para detener la fuerza sindical, los patronos instituyeron la Federación Patronal, contrataron a pistoleros a sueldo para asesinar a los dirigentes obreros. Además, fundaron el Sindicato Libre que usaron en su favor fomentando las acciones violentas. Todo ello originó la época conocida como el pistolerismo de 1916 a 1923, durante la cual tuvieron lugar más de 800 atentados en los que murieron 226 personas, entre ellas el presidente del Estado Eduardo Dato, asesinado por militantes cenetistas. Los sectores que le dieron apoyo defendieron su acción como una solución para poner fin a la crisis política y a la conflictividad social. Para los golpistas, entre las razones que justificaban la necesidad de cambiar la situación cabe destacar: la inestabilidad y el bloqueo del sistema político parlamentario, así como su desprestigio derivado del fraude electoral, el miedo de las clases acomodadas a una revolución social, el aumento de la influencia del republicanismo y de los nacionalismos periféricos y el descontento del ejército tras el desastre del Annual. En la decisión de Primo de Rivera influyó el apoyo del ejército, el placet del rey así como el deseo de evitar que las Cortes exigieran responsabilidades por los hechos de la Guerra de Marruecos. El dictador justificó el golpe militar a través de un discurso, en su manifiesto inaugural. Primo de Rivera anunció su firme voluntad de limpiar el país de caciques y de acabar con el bandolerismo político, la indisciplina social y las amenazas a la unidad nacional. La dictadura fue una solución inconstitucional para frenar la posible reforma que podía resultar amenazadora para ciertos sectores e intereses sociales. La dictadura de Primo de Rivera atravesó dos fases sucesivas. Hasta 1925 gobernó el Directorio Militar cuyos miembros eran militares, pero a partir de ese año el gobierno dictatorial incluyó entre sus ministros personalidades civiles como José Calvo Sotelo en Hacienda y Eduardo Aunos en el Ministerio de Trabajo. Se pasó entonces al Directorio Civil, el peso de los militares continuó siendo importante y el carácter del régimen no abandonó su estilo autoritario. Las primeras medidas del Directorio Militar fueron: la suspensión del régimen constitucional, disolución de las cámaras legislativas, cese de las autoridades civiles. Una de las intenciones del dictador era eliminar el caciquismo, se elaboró un Estatuto Municipal y otro Provincial. Se disolvieron los ayuntamientos y fueron sustituidos por juntas vocales. La regeneración prometida quedó en una farsa y la renovación política se limitó a sustituir unos caciques por otros. El conflicto de Marruecos centró el interés de Primo de Rivera, en 1925 con Francia se organizó el desembarco de Alhucemas, que se saldó con éxito. Abd el-Krim se rindió y se entregó a las tropas francesas. Se creó un partido único que se llamó Unión Patriótica. Se trataba de un partido gubernamental sin un programa ideológico definido y cuya misión primordial era proporcionar apoyo social a la dictadura y seguir las directrices del poder. Los afiliados procedían básicamente de las filas del catolicismo, de los funcionarios de las administraciones y de los caciques rurales. La dictadura se benefició de la buena coyuntura económica internacional. En ese contexto, el régimen puso en marcha un programa de fomento de la economía española en el terreno industrial y en las infraestructuras. La idea rectora fue la nacionalización de importantes sectores de la economía y el aumento de la intervención estatal. El Estado tuvo un protagonismo notable gracias al fomento de obras públicas. El gobierno aprobó el decreto de protección de la industria nacional, también se concedieron grandes monopolios como el de telefonía, y la exclusiva en la importación, refinado, distribución, y venta del petróleo a la compañía Campsa. Todo fue financiado mediante los presupuestos extraordinarios, pero se iba acumulando una gran deuda extraordinaria. El mundo agrario seguía en manos de los grandes propietarios y se promovió el regadío. En el terreno social se puso en marcha un modelo de regulación del trabajo que pretendía eliminar los conflictos laborales. Se creó la Organización Corporativa Nacional que agrupaba a patronos y obreros y regulaba los conflictos laborales a través de los comités paritarios. Su misión era la reglamentación de los salarios y de las condiciones de trabajo. El sistema fue bien visto en general. La oposición a la dictadura integrada por algunos líderes de los partidos dinásticos, republicanos, los comunistas, nacionalistas, sectores del ejército e intelectuales. Varios dirigentes participaron en conspiraciones militares, como el complot de la Sanjuanada en junio de 1926 o el dirigido por el político conservador José Sánchez Guerra en 1929. Con respecto a los intelectuales y al mundo universitario, la dictadura pretendió controlarlos mediante la censura y limitando su libertad, llegando incluso a cerrar universidades. Este fue el origen de un gran sindicato, la Federación Universitaria Española (FUE) de carácter republicano. El enfrentamiento de los intelectuales con la dictadura estuvo protagonizado por figuras como Unamuno, Ortega. Los republicanos organizaron la Alianza Republicana que desarrolló una amplia campaña en el exterior. En Cataluña, las medidas tomadas por Primo de Rivera (prohibición del uso público de la lengua catalana, el baile de la sardana) provocaron un distanciamiento incluso entre los sectores que habían acogido la dictadura con cierta simpatía. En la oposición del catalanismo de izquierda y el republicanismo se distinguió el grupo Estat Català con sus intentos de invasión armada por Francesc Macià. Por último, la CNT se mostró contraria al régimen y fue intensamente perseguida. En 1927 se creó la Federación Anarquista (FAI).
También el PSOE cambió su posición en 1929 y se declaró a favor de la República. La creciente oposición a Primo de Rivera se intensificó cuando el rey y su camarilla se convencieron de que la dictadura era un peligro para la monarquía. El rey optó por retirarle su confianza a Primo de Rivera, que dimitió el 30 de enero de 1930. El general Berenguer fue el encargado de sustituirle, la oposición comenzó a organizarse y los republicanos, los catalanistas de izquierda y el PSOE acordaron la firma conjunta del Pacto de San Sebastián en agosto de 1930. Berenguer fue incapaz de preparar las elecciones y fue sustituido por un gobierno presidido por el almirante Aznar que puso en marcha unos comités en 3 niveles establecidos: municipales, provinciales, legislativos. El gobierno decidió convocar en primer lugar las elecciones municipales y las fijó para el 12 de abril de 1931. Se intentaba volver a la normalidad pero Alfonso XIII se había comprometido excesivamente con la dictadura y las elecciones se presentaron como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía.