Desamortizaciones en España: De Mendizábal a Madoz (1836-1924)

La Desamortización de Mendizábal (1836)

El proceso desamortizador, que ya se había intentado previamente, se aceleró a partir de 1833 debido a varias causas:

• La Guerra Carlista: El Estado necesitaba obtener recursos para asegurar la continuidad de Isabel II en el trono y, con ello, la del nuevo estado liberal.
• La necesidad de disminuir la deuda pública: Era crucial para poder solicitar préstamos a instituciones extranjeras y financiar los proyectos de desarrollo liberal.
• El clima anticlerical: El apoyo del clero al bando carlista generó un ambiente propicio para la desamortización.

Estos motivos llevaron a la aprobación de las medidas desamortizadoras impulsadas por Juan Álvarez Mendizábal en 1836 (primero como jefe de Gobierno y luego como ministro de Hacienda). Esta fue la primera de las dos grandes leyes de desamortización de la Revolución Liberal, y es conocida como la desamortización eclesiástica debido al importante volumen de bienes de la Iglesia que afectó. Su impacto fue tal que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas con Roma.

La legislación, que entró en vigor en febrero de 1836, declaraba la venta de todos los bienes del clero regular y, posteriormente, del clero secular (aunque su ejecución se dio durante la regencia de Espartero). Se perseguían tres objetivos principales:

1. Objetivo financiero: Obtener fondos para la guerra carlista y reducir la deuda pública, permitiendo el pago con títulos emitidos por el Estado.
2. Objetivo político: Ampliar el número de simpatizantes del liberalismo, creando un sector de propietarios vinculados al régimen isabelino. Los compradores de los bienes desamortizados ligarían su suerte a la victoria liberal, ya que un hipotético triunfo carlista implicaría la devolución de las fincas a la Iglesia.
3. Objetivo social: Crear una clase media agraria de propietarios emprendedores que modernizaran las explotaciones con criterios capitalistas.

Aunque Mendizábal fue destituido en mayo de 1836, en octubre se convirtió en ministro de Hacienda bajo el gobierno progresista de Calatrava. Las subastas se reanudaron y se aceleraron a partir de 1840, cuando la victoria liberal hizo irreversibles las ventas. La vuelta de los moderados en 1844 supuso la suspensión de la desamortización.

Aunque el tamaño de los lotes teóricamente los hacía asequibles a los campesinos, en la práctica las compras fueron acaparadas por aquellos con mayor solvencia económica: antiguos propietarios, inversores burgueses y funcionarios, quienes controlaban las subastas. El pago de los bienes se podía realizar en metálico o con títulos de deuda por su valor nominal. Hasta 1844, el Estado recaudó unos 3.500 millones de reales, de los cuales solo 500 fueron en metálico.

La Desamortización de Madoz (1855)

Con el regreso de los progresistas al gobierno en 1854, se reintrodujo el proceso desamortizador. La Ley Madoz (promulgada por el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, el 1 de mayo de 1855) marcó la última y más importante etapa de esta operación. Se la denominó desamortización general porque se pusieron en venta los bienes eclesiásticos no vendidos anteriormente y, sobre todo, los bienes municipales: bienes de propios (cuyo arrendamiento sufragaba los gastos de los Ayuntamientos) y bienes comunales (aprovechados libremente por los vecinos).

La desamortización de los bienes del clero restantes tensó nuevamente las relaciones con la Santa Sede, especialmente tras la firma del Concordato de 1851. La reina Isabel II inicialmente se negó a sancionar la ley, pero finalmente cedió, lo que provocó una nueva ruptura con Roma.

Los objetivos de la Ley Madoz eran:

• Económicos: Obtener recursos para el Estado, sanear la Hacienda Pública y financiar obras públicas, principalmente el ferrocarril.
• Políticos: Favorecer el enriquecimiento de terratenientes y la burguesía agraria afín al régimen liberal.

La ley se desarrolló rápidamente. Entre 1855 y 1895, el Estado ingresó 7.856 millones de reales, el doble de lo obtenido con la desamortización de Mendizábal. Se utilizó la subasta pública para la venta de los bienes. A diferencia de la anterior desamortización, los bienes se pagaron a su valor real, lo que redujo el interés de la burguesía y permitió una mayor participación del campesinado, especialmente en el centro y norte peninsular. En el sur, el gran tamaño de las fincas impidió al pequeño campesino acceder a las subastas.

Esta ley estuvo vigente hasta 1924, aunque desde 1867 apenas hubo subastas, ya que quedaba poco por vender.