La Agricultura Española en el Siglo XIX
Hasta el siglo XIX, la agricultura, principal actividad económica en España, sufrió un persistente atraso tecnológico y bajos rendimientos. El campo español arrastraba graves desequilibrios, destacando el problema de la propiedad de la tierra. Mientras en el norte y este peninsular abundaban los minifundios, desde el valle del Tajo hacia el sur predominaban los latifundios.
Orígenes de la Desigualdad
Estas singularidades se originan en la Reconquista, que favoreció la concentración de la propiedad en pocas manos, principalmente la nobleza y el clero, quienes vivían de las rentas del campo.
- La Nobleza: Gracias al mayorazgo (institución castellana que vinculaba bienes familiares de primogénito en primogénito), acumuló un inmenso patrimonio territorial.
- La Iglesia: Propietaria de grandes extensiones de tierra por donaciones, estas tierras estaban “amortizadas”, es decir, no podían venderse ni parcelarse.
- Los Municipios: Eran propietarios de las “tierras comunales”, a menudo improductivas o mal cultivadas.
Las tierras de la Iglesia y los municipios se denominaban “manos muertas”, ya que no podían venderse. Estas tierras amortizadas representaban un lastre para la economía nacional.
El Impulso Ilustrado y Liberal
Los ilustrados del siglo XVIII criticaron los bienes raíces amortizados. Posteriormente, los liberales del siglo XIX impulsaron la venta de estas tierras, creyendo que los nuevos propietarios aumentarían la productividad y modernizarían el campo. Esperaban que:
- El aumento de la producción incrementara la recaudación de impuestos.
- La mayor producción aumentara los ingresos de la población y su poder adquisitivo.
El Proceso Desamortizador
Primeros Intentos
La primera tentativa desamortizadora se realizó durante el reinado de Carlos IV. En 1798, la deuda pública obligó a desamortizar una sexta parte de los bienes de la Iglesia, con permiso papal. Sin embargo, los beneficios se destinaron a la guerra contra Inglaterra.
Durante el primer tercio del siglo XIX, hubo otros intentos con escasa repercusión:
- Las Cortes de Cádiz promulgaron leyes de desamortización civil (tierras comunales) y eclesiástica.
- Durante el reinado de Fernando VII se permitió la venta de tierras baldías y el cercamiento de tierras comunales.
La “década ominosa” (restauración absolutista) paralizó estos procesos.
Desamortización de Mendizábal (1836)
A partir de 1833, durante el reinado de Isabel II y con los gobiernos progresistas, la desamortización se intensificó debido a:
- El aumento de los gastos del Estado y la disminución de los ingresos.
- El apoyo del clero al carlismo.
- La resistencia del campesinado a los viejos derechos feudales.
La desamortización implicaba la apropiación de bienes eclesiásticos, civiles o colectivos, desvinculándolos de sus propietarios y poniéndolos a la venta en subasta. Con Mendizábal como Ministro de Hacienda, se buscaba:
- Financiar la guerra carlista.
- Saneear la deuda pública.
- Recuperar la confianza en la economía.
- Aumentar los ingresos del Estado.
Se desamortizó el 62% de las propiedades de la Iglesia. También se abolieron los mayorazgos nobiliarios.
Desamortización de Madoz (1855)
Durante el Bienio Progresista, la Ley General de Desamortización de Madoz puso a la venta todos los bienes de propiedad colectiva. En dos años recaudó el doble que la de Mendizábal, destinándose principalmente a financiar obras públicas.
Consecuencias de las Desamortizaciones
- Cambio en la propiedad de la tierra: 3/5 partes de las tierras de la Iglesia y el 40% de la tierra en general cambió de manos.
- Los campesinos no pudieron acceder a la compra por falta de recursos, lo que provocó la proletarización del campesinado.
- Expansión de la superficie cultivada y aumento de la producción agraria.
- Acentuación de la polarización política.
Conclusión
Si bien la desamortización logró algunos objetivos, no cumplió las expectativas del liberalismo progresista. La tierra se concentró en manos de la oligarquía agraria, que ejerció el poder político y económico durante el siglo XIX. En última instancia, las desamortizaciones priorizaron la financiación de la deuda pública.