5.El triunfo del Frente Popular 5.1. Las elecciones de febrero de 1936 Para presentarse a las elecciones, los partidos de izquierda (republicanos, socialistas y comunistas) se agruparon en el Frente Popular, una coalición electoral basada en un programa común que defendía la concesión de una amnistía para los encarcelados por la revolución de octubre de 1934, la reintegración en cargos y puestos de trabajo para los represaliados por razones políticas y la aplicación de la legislación reformista suspendida por la coalición radical-cedista. La CNT no participó en el pacto, pero esta vez no pidió la abstención, lo que de hecho significaba el apoyo al Frente Popular. Los partidos de derecha formaron distintas coaliciones, constituidas por la CEDA, los monárquicos y los tradicionalistas (Bloque Nacional) y en algunas provincias se incluyó a los radicales y a la Lliga Catalana. Pero las derechas no lograron confeccionar una candidatura única para toda España ni redactar un programa electoral consensuado. En las elecciones, el Frente Popular obtuvo el 48% de los votos y se convirtió en la fuerza ganadora. Las derechas obtuvieron el 46,5% de los sufragios y las fuerzas de centro sólo un 5,4%. La derecha tuvo buenos resultados y aumentó su fuerza en las dos Castillas, León, Navarra y parte de Aragón, mientras que la izquierda obtuvo la mayoría en las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, etc.), en las zonas industriales y en las regiones del litoral. De acuerdo con lo firmado en el programa del Frente Popular, el nuevo gobierno quedó formado exclusivamente por republicanos (Izquierda Republicana y Unión Republicana), mientras que los socialistas y el resto de partidos de la coalición se comprometieron a prestarles apoyo parlamentario. Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República, con gran oposición de la derecha y de buena parte del ejército, y Casares Quiroga, jefe del gobierno. 5.2. El Frente Popular El nuevo gobierno puso rápidamente en marcha el programa pactado en la coalición electoral. Se decretó una amnistía -fueron excarcelados unos 30000 presos políticos- y se obligó a las empresas a readmitir a los obreros despedidos a raíz de la huelgas de octubre de 1934. El gobierno de la Generalitat volvió de nuevo al poder y se restableció el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en el País Vasco y Galicia se iniciaron las negociaciones para la aprobación de sus respectivos estatutos. El nuevo gobierno reanudó el proceso reformista interrumpido en 1933 y presentó un proyecto para la devolución de los bienes comunales a los municipios y la reanudación de los asentamientos de campesinos. Esperanzados con las nuevas perspectivas de cambio, los partidos de izquierda y los sindicatos se lanzaron a una movilización popular. Los anarquistas defendían la necesidad de acciones revolucionarias, y también un sector del socialismo, encabezado por Largo Caballero, se orientaba hacia soluciones radicales cercanas a las del PCE. En las ciudades se convocaron huelgas para pedir la mejora de las condiciones laborales; en el campo, especialmente en Andalucía y Extremadura, los jornaleros se adelantaban a la legislación y ocupaban las tierras. La nueva situación fue recibida por las derechas con absoluto rechazo: muchos propietarios de tierras se opusieron a las medidas del gobierno; algunos empresarios industriales cerraron fábricas y expatriaron capitales y la Iglesia volvió a lanzar campañas contra la República. Falange Española asumió un fuerte protagonismo y fomentó un clima de enfrentamiento civil y crispación política. Utilizando la “dialéctica de los puños y las pistolas”, en palabras de José Antonio, grupos de falangistas formaron patrullas armadas que iniciaron acciones violentas contra los líderes izquierdistas, respondidas del mismo modo por los militantes más radicales de la izquierda. A excepción de Cataluña y de las zonas del Norte, los enfrentamientos se propagaron, entre febrero y julio de 1936, por todo el país. 5.3. Hacia el golpe de Estado La creación de un clima de violencia era una estrategia que favorecía a los sectores decididos a organizar un golpe de Estado militar contra la República. La misma noche de las elecciones de febrero, el general Franco intentó declarar el Estado de guerra. En marzo, un grupo de generales acordó “un alzamiento que restableciese el orden”. En los primeros momentos, la conspiración militar tuvo escasa fuerza y mala organización hasta que se puso al frente el general Emilio Mola, verdadero jefe del golpe de Estado hasta julio de 1936. Su plan consistía en organizar un pronunciamiento militar simultáneo en todas las guarniciones posibles, siendo claves las de Madrid y Barcelona, con protagonismo especial del ejército de África, el mejor preparado, al mando del general Franco. Para frenar los rumores golpistas, el gobierno trasladó de destino a los generales más directamente implicados en los complots (Franco, a Canarias, y Mola, a Navarra), pero no se atrevió a destituirlos. La conspiración militar contaba con el apoyo de las fuerzas políticas de la derecha (sectores monárquicos, carlistas, cedistas, falangistas, etc.). También se establecieron contactos con la Italia fascista y la Alemania nazi. Pero las discrepancias entre los conspiradores en cuanto al tipo de régimen a instaurar tras el golpe de Estado hacían aplazar la fecha del levantamiento. El día 14 de julio se produjo en Madrid el asesinato, a manos de un grupo de izquierdistas, del dirigente monárquico José Calvo Sotelo en respuesta al asesinato del teniente Castillo, que colaboraba con las milicias de izquierda. Su muerte aceleró los planes golpistas y la sublevación se inició en Marruecos el día 17 de julio dando origen a una guerra civil que se prolongaría durante tres años.