A lo largo del Siglo XIX comenzó un lento despliegue industrial en España, pero dista mucho de otros países europeos como Inglaterra, donde el desarrollo agrario fue el motor de la industrialización. La agricultura española no logró una apreciable modernización, por tanto, en nuestro país no se dio una reforma agraria pero sí en el sistema de propiedad debido a los procesos desamortizadores. La desamortización según Tomás y Valiente es la incautación por parte del Estado de bienes (tierras) de propiedad colectiva, bien eclesiástica o bien civil, que, tras la correspondiente nacionalización y posterior venta en subasta, pasan a formar una propiedad nueva, privada, con plena libertad de uso y disposición, saneando así la Hacienda. Estos procesos desamortizadores tuvieron numerosos antecedentes, tales como, la desamortización de Godoy, desamortizaciones durante la Guerra de la Independencia, y desamortizaciones en el Trienio Liberal. Además, hubo varios motivos para llevarlos a cabo, como la necesidad de obtener recursos económicos para hacer frente a la guerra carlista, el clima anticlerical, y la presión de los compradores desamortizados en el Trienio Liberal. Con el objetivo de poder financiar la guerra, así como para poder respaldar las futuras peticiones de préstamos a instituciones extranjeras con las que financiar los proyectos de desarrollo liberales, era necesario disminuir la deuda pública existente. Estos fueron motivos suficientes para que el ministro Mendizábal promulgara el Decreto Desamortizador en 1836, a través del que se ponían en venta todos los bienes del clero regular. Como consecuencia de la desamortización se desarrolló en España una nueva clase propietaria, una burguésía agraria, que identificó sus intereses con el mantenimiento y la estabilidad del nuevo régimen liberal. En las ventas, aparte de efectivo, se admitían los títulos de deuda pública por su valor nominal. Esto benefició en gran medida a los compradores, ya que los títulos de deuda se encontraban muy devaluados en el mercado, mientras que el campesinado no pudo participar en las subastas debido a su incapacidad económica. Las desamortizaciones fueron suspendidas durante la Década Moderada, aunque se garantizaron las ventas ya realizadas. La siguiente desamortización fue la de Madoz. A través de la Ley de Desamortización general, se pusieron en venta los bienes eclesiásticos que no habían sido afectados anteriormente, así como los bienes de los pueblos, con cuyo arrendamiento se sufragaban los gastos de los concejos, y los bienes comunales o baldíos, que eran aprovechados libremente por los vecinos. Salvo en contadas ocasiones, sólo se aceptó el pago en efectivo, y al pagarse los bienes por su valor real, la burguésía no mostró tanto interés como en la desamortización anterior. Además, a partir de 1870, comenzaron a aparecer en España nuevas opciones de inversión que ofrecen intereses más altos a la burguésía. El campesinado participó en mayor medida en las compras en el centro y norte peninsular. La desamortización tuvo dos importantes problemas. Primero, si la desamortización sirve para reducir la deuda pública, las propiedades se pueden comprar con títulos de deuda, algo que solo tienen las clases más pudientes. Y segundo, se vendíó tierra pública en subasta, hecho que inhibe a los campesinos y que favorece la postura de la elite financiera. Además, este proceso tuvo como consecuencia el desmantelamiento casi total de la propiedad de la iglesia, (que deja ser un estamento privilegiado) y la pérdida de gran parte del patrimonio histórico. Además, no resolvíó la deuda del Estado y tampoco produjo un aumento de la productividad agraria debido al refuerzo de la estructura de la propiedad y al hecho de que los campesinos no puedan acceder a la propiedad de la tierra. La desamortización no fue una reforma agraria, sino una reforma fiscal. En la España rural del s. XIX, la expansión agrícola se caracterizó por la ampliación de las superficies dedicadas a los cultivos. Tras la desamortización se llegó a duplicar la superficie total de la tierra trabajada, pero no siempre el aumento de los cultivos estuvo acompañado de un incremento de la productividad. En cuanto a la producción, el trigo fue uno de los cultivos que más crecieron, amparado por las leyes proteccionistas, que consiguió el abastecimiento pero a costa de utilizar tierras marginales, y de mantener al campesinado en un estado de pobreza casi permanente. El cultivo de la vid también fue importante, aprovechando la llegada de la filoxera a las viñas francesas aunque no supimos cómo prevenir la llegada a España de dicha plaga. También fueron productos importantes los cítricos, el aceite y el arroz. En cuanto a la industria, siguiendo a Jordi Nadal, podemos decir que no hubo una revolución industrial en España ya que no se produjo un éxodo rural y la mayor parte de la población vivía en el campo. No obstante, debemos destacar el desarrollo de la industria textil catalana y la siderurgia vasca. La industria textil no era lo suficientemente competente para hacerle frente a los productos británicos por lo que fue impulsada a base de aranceles y proteccionismo. En cuanto a la siderurgia, el principal problema era que donde abundaban las menas de hierro, escaseaba el carbón y transportarlo por tierra era muy complicado por culpa del pronunciado relieve peninsular, por lo que debían exportar carbón inglés a las industrias del país vasco. También tuvo importancia la industria vitivinícola y la minería, ya que nuestro subsuelo es rico en metales y minerales de interés industrial, aunque su explotación quedó en manos de industrias extranjeras por lo que no aportó a levantar la economía. En el sector terciario, destaca principalmente un intento de mejorar las redes de comunicación mediante la implantación del ferrocarril. La primera línea ferroviaria se inauguró en Cuba en 1837, pero no llegó a la península hasta 1848 con la línea de Mataró a Barcelona. El ferrocarril tuvo como impedimento nuestro acusado relieve y la escasez de materia prima para producir vías y locomotoras. Además se usó un ancho de vía diferente al estándar europeo para evitar invasiones francesas lo que obstaculizó el comercio internacional.
En resumen, el proceso de desamortización de la tierra fue un proceso largo, que duró aproximadamente cien años y supuso la abolición de las instituciones jurídicas que sosténían el Antiguo Régimen, un gran trasvase de la propiedad y la consolidación de una estructura agraria que se mantendrá vigente hasta el Siglo XX.En cuanto a la industria, habrá que esperar a los años 60 para que se produzca el éxodo rural y poder así hablar de una industrialización