El Desastre de 1898 produjo una conmoción general en el país. Como consecuencia, el régimen de la Restauración entró en una nueva fase que vino marcada por la subida al trono de Alfonso XIII, al cumplir la mayoría de edad en 1902, y que finalizó en 1931 con la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República.

       Ni el asesinato de Cánovas del Castillo en 1897, ni la pérdida de las últimas colonias de ultramar en 1898, impidieron que la estabilidad generada por el turnismo pacífico continuase durante dos décadas más: hasta 1923 no se puso fin a la alternancia bipartidista y hasta 1931 no sería sustituida la Constitución de 1876. Ahora bien, en esta nueva etapa, conocida como la de la “crisis de la Restauración”, se pueden diferenciar claramente dos periodos: el anterior a 1912 y el posterior a ese año. Entre 1898 y 1912, los partidos dinásticos (Conservador y Liberal), con sus dirigentes principales, Antonio Maura y José Canalejas, intentaron una modernización del sistema.
Sin embargo, a partir de 1912, la continua decadencia y fragmentación del régimen dio lugar al fortalecimiento de la oposición republicana, nacionalista y obrerista.

El problema colonial en Marruecos y el impacto de la Primera Guerra Mundial agudizaron los conflictos, que estallaron en los sucesos revolucionarios de 1917. La incapacidad del sistema de la Restauración para renovarse y democratizarse acabó propiciando la solución militar y, en 1923, el Golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera dio origen a una dictadura que duró hasta 1930. El compromiso de la Corona con el nuevo régimen desembocó en su caída en Abril de 1931.

Las causas del golpe militar

En un contexto de crisis política y social, el 13 de Septiembre de 1923, el oficial Miguel Primo de Rivera se pronunció contra la legalidad constitucional mediante el Manifiesto Inaugural, declaró el Estado de guerra y se dirigíó al rey para exigir que el poder pasase a manos de los militares. Alfonso XIII aceptó entonces un Directorio Militar presidido por Primo de Rivera, quien suspendíó el régimen parlamentario constitucional.

Para los golpistas, las principales razones que justificaban el alzamiento militar eran las siguientes:

La inestabilidad política y el bloqueo del sistema parlamentario.

El aumento de la influencia del republicanismo, los nacionalismos periféricos y el obrerismo.

El auge de la conflictividad obrera y campesina.

El descontento del ejército tras el desastre de Annual.

En el Manifiesto Inaugural, Primo de Rivera criticó la “vieja política”, se comprometíó a acabar con la corrupción política y el caciquismo, propuso poner fin a la indisciplina social y garantizó la unidad nacional.
Este discurso le permitíó ganarse a buena parte de la opinión pública.

No obstante, algunos historiadores apuntan que Primo de Rivera no pretendía eliminar un régimen caduco y anquilosado, sino más bien evitar que el régimen político acabara por democratizarse, ya que el último gobierno de concentración, presidido por García Prieto, pretendía una reforma de la Constitución de 1876, de la Ley Electoral y del sistema de turno de los partidos dinásticos, así como una limitación de los poderes del monarca.

La reorganización del Estado

La dictadura de Primo de Rivera atravesó por dos fases bien diferenciadas: entre 1923 y 1925 gobernó un Directorio Militar, cuyos miembros eran exclusivamente militares; sin embargo, entre 1925 y 1930 el Directorio Militar dio paso a un Directorio Civil en el que, aunque el peso de los militares siguió siendo importante y el carácter del régimen no abandonó su estilo autoritario, el gobierno dictatorial incluyó entre sus ministros a personalidades civiles, como José Calvo Sotelo en Hacienda y Eduardo Aunós en el Ministerio de Trabajo.

Las primeras medidas del Directorio Militar mostraron su carácter dictatorial:

Fue suspendido el régimen constitucional.

Fueron disueltas las cámaras legislativas (Congreso y Senado).

Fueron cesadas las autoridades civiles.

Fueron prohibidos los partidos políticos y los sindicatos.

Para acabar con el caciquismo, se elaboró un Estatuto Municipal y un Estatuto Provincial y se disolvieron los Ayuntamientos y las Diputaciones. Los nuevos alcaldes del régimen pasaron a ser los mayores contribuyentes de cada localidad elegidos por los gobernadores civiles.

Durante la primera etapa de la dictadura, el conflicto de Marruecos centró el interés de Primo de Rivera, que asumíó personalmente el Alto Comisionado de Marruecos en 1924. Al año siguiente, en colaboración con Francia, se organizó el desembarco de Alhucemas (1925), que se saldó con gran éxito. Tras varias derrotas, Abd el-Krim, cabecilla rifeño, se rindió y se entregó a las tropas francesas. En 1927 el ejército español pudo dar por concluida la ocupación efectiva de todo el protectorado marroquí. Lu

Ese mismo año se convocó una Asamblea Nacional Consultiva (1927), muy influida por el fascismo italiano. Se trataba de una nueva institución, de carácter marcadamente corporativo, cuyos miembros no serían elegidos por sufragio sino por designación entre los ciudadanos pertenecientes a las grandes instituciones públicas: municipios, universidades, patronales y representantes obreros. Para promover la adhesión al nuevo sistema se creó un partido único, la Uníón Patriótica, cuya misión primordial era la de proporcionar apoyo social a la dictadura y seguir las directrices del poder. También se reactivó la antigua institución del Somatén (ciudadanos armados voluntarios) para colaborar en el mantenimiento del orden público.

La política económica y social

La dictadura se benefició de la bulena coyuntura económica internacional surgida tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Eran los “Felices Años Veinte”. En este contexto, el régimen puso en marcha un programa de fomento de la economía española en el terreno industrial y en las infraestructuras. La idea rectora fue la nacionalización de importantes sectores de la economía y el aumento de la intervención estatal. El Estado tuvo un protagonismo notable gracias a la construcción de muchas obras públicas: carreteras, ferrocarriles y planes hidroeléctrico..

El gobierno aprobó el Decreto de Protección de la Industria Nacional, que prevéía la concesión de ayudas estatales a las empresas que no podían competir con el exterior. También se concedieron grandes monopolios, como el de telefonía, a la Compañía Telefónica Nacional de España, y la exclusividad en la importación, refinado, distribución y venta de petróleo a la compañía Campsa.

El mundo agrario, en cambio, siguió en manos de los grandes propietarios sin que se emprendiera reforma alguna, aunque sí se promovíó el regadío a través de la creación de las Confederaciones Hidrográficas, que pretendían el máximo aprovechamiento de los recursos hidráulicos en las cuencas de los grandes ríos españoles.

Esta prosperidad económica quedó reflejada en la celebración de dos grandes exposiciones internacionales en 1929: la Exposición Iberoamericana de Sevilla y la Exposición Internacional de Barcelona.

En el terreno social, la dictadura puso en marcha un modelo de regulación del trabajo que pretendía eliminar los conflictos laborales mediante la intervención del Estado, la integración de los sectores moderados del movimiento obrero en el nuevo régimen y la represión de las organizaciones más radicales. Con este fin se creó la Organización Corporativa Nacional, que agrupaba a patronos y obreros en grandes corporaciones (sindicalismo vertical) y regulaba los conflictos laborales por medio de los Comités Paritarios, formados en igual número por patronos y obreros. Su misión era la reglamentación de los salarios y de las condiciones de trabajo, así como la mediación y arbitraje en caso de conflicto. El sistema fue bien visto en líneas generales, aunque no en todos sus aspectos: si la UGT pudo desenvolverse con cierta libertad bajo el régimen (Largo Caballero llegó a formar parte del Consejo de Estado, lo que desató una tormenta política en el seno del socialismo español), los anarcosindicalistas (CNT) y los comunistas fueron perseguidos y obligados a operar en la clandestinidad.

La oposición a la dictadura

La oposición a la dictadura estuvo integrada por algunos líderes de los partidos dinásticos, determinados sectores del ejército, los republicanos, los nacionalistas, los comunistas, los anarquistas y, sobre todo, los intelectuales.

Los antiguos partidos del turno criticaron la excesiva duración del régimen y varios dirigentes participaron en conspiraciones militares como el complot de la “sanjuanada”, en Junio de 1926. Otra intentona similar fue la dirigida por el político conservador José Sánchez Guerra (1929), que también contó con cierto apoyo militar.

Sin embargo, el conflicto político más persistente se produjo con el republicanismo y los nacionalismos, especialmente el catalán. La oposición de los republicanos fue permanente y organizaron la Alianza Republicana, que logró unir a las distintas facciones del movimiento. En Cataluña, algunas medidas tomadas por Primo de Rivera, como la liquidación de la Mancomunidad de Cataluña (1925) o la prohibición del uso público de la lengua catalana y del baile de la sardana, provocaron una reacción por parte del catalanismo: la Lliga Regionalista de Cambó, que había acogido a la dictadura con cierta simpatía, se fue distanciado del régimen; y el Estat Català de Macià intentó invadir Cataluña mediante las armas en 1926.

Por otra parte, la CNT se mostró desde el principio contraria al régimen y fue intensamente perseguida. En 1927 la facción más radical de la asociación creó la Federación Anarquista Ibérica (FAI). También el PSOE cambió su posición hacia 1929, cuando rechazó abiertamente los intentos continuistas y se pronunció a favor de la República.

Finalmente, la dictadura controló férreamente a los intelectuales y al mundo universitario mediante la censura, el destierro y el cierre de universidades. El conflicto derivó en protestas estudiantiles y de ahí nacíó un gran sindicato, la Federación Universitaria Española (FUE), de carácter republicano. El enfrentamiento de los intelectuales con la dictadura estuvo protagonizado por figuras como Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez y el gran historiador Ramón Menéndez Pidal. La reacción no se hizo esperar: Unamuno fue desterrado a Fuerteventura y Blasco Ibáñez se trasladó al extranjero desde donde promovíó una campaña contra el dictador y contra el propio monarca.

La caída de Primo de Rivera

La creciente oposición a Primo de Rivera se intensificó cuando el rey y su camarilla se convencieron de que la dictadura era un peligro para la permanencia de la monarquía. En esta tesitura, Alfonso XIII optó por retirarle su confianza y Primo de Rivera acabó dimitiendo el 30 de Enero de 1930.

El general Berenguer fue el encargado de sustituirle, con la misión de celebrar unas elecciones que permitieran retornar a la normalidad constitucional. A este gobierno se le conoce con el nombre de la Dictablanda.

La oposición comenzó a organizarse y los republicanos, los catalanistas de izquierda y el PSOE acordaron la firma conjunta del Pacto de San Sebastián (Agosto de 1930), un programa para presentarse a las elecciones y constituir un comité revolucionario que debería convertirse en el gobierno provisional de la futura república. Berenguer fue incapaz de organizar las elecciones y, en Febrero de 1931, fue sustituido por el almirante Aznar. Aznar puso en marcha unos comicios en los tres niveles establecidos: municipales, provinciales (diputaciones) y nacionales (legislativos). 

El gobierno decidíó convocar en primer lugar las elecciones municipales, al considerarlas las menos peligrosas para la monarquía, y las fijó para el 12 de Abril de 1931. Se intentaba volver a la normalidad como si nada hubiese sucedido, pero Alfonso XIII se había comprometido excesivamente con la dictadura y las elecciones fueron entendidas por los votantes, no tanto como una elección de los nuevos gobiernos locales, sino más bien como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía. Ganaron ligeramente los partidos monárquicos pero el rey renunció a la Corona. Comenzaba la Segunda República española.

Conclusión

La dictadura de Primo de Rivera soluciónó, ciertamente, algunos de los problemas que arrastraba España desde la etapa anterior (1899-1923): acabó con el problema de Marruecos, atenuó la conflictividad social y mejoró la economía nacional. Sin embargo, la pérdida definitiva del sistema democrático, parlamentario y constitucional, auspiciado por Primo de Rivera, quien contó para ello con el beneplácito del monarca, intensificó el rechazo no ya sólo al régimen dictatorial sino también a la propia forma de Jefatura del Estado, la monarquía, que en 1931, por segunda vez en España, 58 años después de la primera, volvía a desaparecer.