La Segunda República Española: Reformas, Conflictos y Preludio a la Guerra Civil (1931-1936)
Contexto Histórico y Proclamación de la República
La Segunda República supone el intento de establecer un sistema democrático en España en un contexto europeo de crisis económica y auge del totalitarismo político. A principios del siglo XX, España se encontraba sumida en una profunda crisis, marcada por la convulsión social y el deterioro económico, lo que generaba una gran inestabilidad. En este contexto, surge la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). El rey Alfonso XIII dio su consentimiento a la Dictadura, por lo que el fracaso de esta supuso el rechazo a la monarquía.
En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, planteadas como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía, la coalición republicano-socialista, que defendía la República como alternativa, se consideró vencedora a pesar de obtener una minoría de concejales frente a los monárquicos, debido a su triunfo en las grandes ciudades. El 14 de abril, en Guipúzcoa, se proclama la República, extendiéndose hasta llegar a Madrid. Se dirige un ultimátum al Rey, que acaba abdicando y exiliándose a Francia. Ese mismo día se proclama la II República Española, formándose un Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora, basado en el Programa del Pacto de San Sebastián, que debía dirigir al país hasta que unas nuevas Cortes Constituyentes dieran forma al nuevo régimen.
El Programa de Reformas del Gobierno Provisional
Se inicia un programa de reformas para intentar solucionar diferentes problemas españoles:
- Cuestiones autonómicas: El Estat Català se sustituye por la Generalitat, redactándose un Estatuto de Autonomía que debía ser aprobado por las Cortes.
- Reforma agraria: Como anticipo, el ministro de Trabajo, Largo Caballero, toma medidas como el Decreto de Laboreo Forzoso o el Decreto de Términos Municipales. Se establece la jornada de ocho horas y los seguros de accidente, lo que lleva a un alejamiento de los terratenientes del Gobierno.
- Reforma educativa: El ministro de Educación, Marcelino Domingo, lleva a cabo una reforma educativa con el fin de reducir el analfabetismo, creando escuelas y promoviendo novedades pedagógicas como la coeducación y la enseñanza laica, lo que supone la oposición de la Iglesia y los sectores más conservadores.
- Amnistía y reforma militar: Se concede la amnistía a los presos políticos y se realiza una reforma militar en la que Manuel Azaña, ministro de Guerra, toma medidas como la exigencia de un juramento de fidelidad a los oficiales y el ofrecimiento del retiro cobrando el sueldo íntegro, con el fin de garantizar el apoyo del estamento militar y su sometimiento al poder civil. Para solucionar el exceso de oficiales, se cierra la Academia Militar de Zaragoza (algo que no contenta al general Franco). Sin embargo, la falta de recursos impide lograr la pretendida modernización y eficacia, y un sector importante del ejército ve en las medidas del Gobierno un intento para acabar con él, lo que provoca su oposición. Se crea la Guardia de Asalto (policía urbana moderna y fiel a la República).
Las Elecciones a Cortes Constituyentes y el Pluralismo Político
El 28 de junio, el Gobierno Provisional convoca elecciones (con sufragio universal masculino) a Cortes Constituyentes para redactar una nueva Constitución. Se presenta una gran pluralidad de partidos:
- Izquierda:
- CNT: Sindicato anarquista al margen de la legalidad republicana.
- Partido Comunista de España: Grupo minoritario con ideología revolucionaria.
- Al Servicio de la República: De Ortega y Gasset.
- PSOE: Fundado por Pablo Iglesias, con una vertiente marxista liderada por Largo Caballero y una corriente más moderada encabezada por Indalecio Prieto.
- Izquierda Republicana: Reformista pero no revolucionaria, liderada por Manuel Azaña.
- Centro:
- Partido Republicano Radical: De Alejandro Lerroux.
- Derecha Liberal Republicana: De Niceto Alcalá Zamora.
- Derecha:
- CEDA: De José María Gil-Robles, con una ideología conservadora.
- Falange Española de las JONS: Dirigido por José Antonio Primo de Rivera.
- Renovación Española: Partido monárquico dirigido por Calvo Sotelo.
- Comunión Tradicionalista: Que engloba a los carlistas.
- Partidos Regionalistas:
- PNV: En el País Vasco, dirigido por José Antonio Aguirre.
- Esquerra Republicana de Catalunya: Con líderes como Lluís Companys.
La Constitución de 1931
El PSOE es el partido más votado y los firmantes del Pacto de San Sebastián obtienen el triunfo, lo que da a la Constitución de 1931 un tinte claramente izquierdista y progresista. Bajo la afirmación “España es una República democrática de trabajadores de toda clase”, se manifiesta la soberanía popular y el importante papel de las clases medias. Se establece una extensa declaración de derechos y libertades, incluyendo el sufragio universal para mayores de 23 años y, por primera vez en España, el femenino (lo que origina un gran debate referido al voto más tradicionalista de la mujer). También se establece el matrimonio civil, el divorcio, la igualdad en educación, el trabajo como obligación social protegida por la ley y la subordinación de la propiedad privada al interés público (aunque se prohibía la expropiación).
Se declara la división de poderes:
- Poder legislativo: Corresponde a las Cortes, unicamerales y renovadas cada cuatro años.
- Poder ejecutivo: Corresponde al presidente de la República, elegido cada seis años, que nombra al jefe de Gobierno con ratificación de las Cortes.
- Poder judicial: Corresponde al Tribunal de Garantías Constitucionales.
Se establece la posibilidad de formación de comunidades autónomas, con ciertas competencias, a través de un Estatuto de Autonomía aprobado por las Cortes, pero se prohíbe su federación. En cuestión religiosa, se establece la libertad de culto y conciencia, se disuelven las congregaciones religiosas con obediencia distinta al Estado, desaparece la financiación del culto y se prohíbe a las congregaciones el ejercicio de la enseñanza, la industria, el comercio y la jurisdicción sobre cementerios (que pasa a ser civil). Esto ocasiona la oposición de la Iglesia y de la derecha, provocando la dimisión de varios ministros.
El Bienio Reformista (1931-1933)
Tras aprobarse la Constitución el 9 de diciembre, se inicia un nuevo período conocido como Bienio Reformista (1931-1933). Se elige a Alcalá Zamora como Presidente y se forma un gobierno presidido por Manuel Azaña. Con el fin de solucionar graves problemas heredados, se lleva a cabo un programa de reformas profundas.
La Cuestión Religiosa
La religión comienza a verse, por parte de un gran sector, como un freno para el desarrollo del país. Se produce la separación de la Iglesia y el Estado, conformando un Estado laico en el que se decreta la libertad religiosa. Se disuelve la Compañía de Jesús y se incautan sus bienes. Se establece la Ley de Congregaciones, que prohíbe a la Iglesia mantener centros docentes y la obliga a pagar impuestos. Se generaliza un sistema de enseñanza público y laico en el que la religión deja de ser obligatoria y se retiran los crucifijos de las escuelas.
Las reacciones no tardan en llegar: cartas pastorales del cardenal Segura en contra de la República, creación de un club monárquico que provoca que un grupo de republicanos exaltados asalten el diario ABC, muriendo dos personas; incendios de iglesias y conventos ante una gran pasividad del Gobierno, que acaban con la destitución del Director General de Seguridad y el exilio del cardenal Segura.
La Reforma Agraria
Para atajar el problema agrario, arrastrado desde muchos años atrás, que hacía que muchos campesinos vivieran en la miseria debido al mal reparto de las tierras sumado al atraso de las técnicas agrícolas, Largo Caballero, ministro de Trabajo, propone la Ley de Reforma Agraria. Esta ley es debatida en las Cortes desde marzo de 1932 hasta septiembre, tras la presión ejercida por el levantamiento militar fracasado de Sanjurjo (10 de agosto) y el estallido de violentos levantamientos campesinos impacientes por las reformas (Castilblanco, Arnedo).
Con la aprobación de la Ley de Reforma Agraria se pretende la redistribución y expropiación de las tierras mal explotadas de los latifundios y el asentamiento en ellas de los campesinos. Se crea para ello el IRA (Instituto para la Reforma Agraria), con un gran presupuesto, que confiscará las tierras y las pasará a las Juntas Provinciales y estas, a los campesinos. Sin embargo, los resultados prácticos de esta ley son escasos debido a la falta de datos, a la oposición de los terratenientes y de la derecha, a las reacciones de la patronal agraria (amenaza a arrendatarios, ignorancia de la Ley, etc.), a la asociación legal para defender sus intereses (Unión Nacional Económica y Bloque Agrario) y a la estrategia de obstruir la aprobación de la ley en las Cortes a través de las herramientas legales de la legislación.
El Problema Nacionalista
La República intenta hacer frente también al problema nacionalista con planteamientos democráticos:
- Cataluña: A pesar de la oposición de las fuerzas de derechas estatales a partir de las pretensiones federalistas del Estatuto de Nuria, el golpe de Estado de Sanjurjo precipita la aprobación del Estatuto Catalán, con Francesc Macià como presidente de la Generalitat y Lluís Companys del Parlamento.
- País Vasco: Con una raíz popular y rural, el PNV y los carlistas se reúnen en Estella (Navarra) en 1931 para redactar un anteproyecto de Estatuto de Autonomía. Sin embargo, el gran vínculo de este nacionalismo con la religión hace que su aprobación sea aplazada debido a la dimisión de ministros vascos de las Cortes estatales frente a las decisiones sobre asuntos religiosos de las mismas. Posteriormente, un nuevo anteproyecto aprobado por las tres provincias vascongadas será rechazado por Navarra. Habrá que esperar hasta el triunfo del Frente Popular en 1936 para que se apruebe definitivamente.
- Otros conatos nacionalistas: Existen más conatos nacionalistas (Andalucía, Galicia, etc.), aunque no se llegan a aprobar estatutos.
La Caída del Gobierno de Azaña
La política reformista de Azaña provoca el descontento de muchos sectores de la población: la concesión de Estatutos de Autonomía genera la oposición de la derecha y, sobre todo, del ejército; la pérdida de poder de la Iglesia descontenta a católicos y conservadores. Pero no sólo se polariza la derecha, sino también la izquierda: el carácter no revolucionario de la Constitución, sumado a los obstáculos que deben afrontar las reformas, llevan a un posicionamiento extremista de organizaciones de izquierda como la UGT y la CNT, que promueven la conflictividad obrera y campesina. Esta conflictividad culmina en los sucesos de Casas Viejas, un levantamiento campesino en Cádiz, en enero de 1933, donde la Guardia de Asalto protagoniza una brutal represión que desprestigia al Gobierno y lleva a los socialistas a retirar su apoyo.
Ante esta situación, el gobierno de Azaña cae en septiembre de 1933 y el presidente de la República, Alcalá Zamora, disuelve las Cortes y convoca elecciones para el 19 de noviembre.
El Bienio Radical-Cedista (1933-1936)
En estas elecciones, mientras que la izquierda se presenta muy fragmentada, la derecha lo hace bastante organizada y unificada, lo que facilita su triunfo, puesto que la Ley Electoral favorece las coaliciones electorales y castiga la dispersión del voto. Se inicia así un nuevo período en la República, el Bienio Derechista o Radical-Cedista. Entre las bases sociales del cambio operado se encuentra la oligarquía latifundista, que se organiza inmediatamente; la patronal, que se aglutina en la Unión Económica Nacional; y las fuerzas republicanas conservadoras, que se unen primero en torno a Acción Popular y, posteriormente, en torno a la CEDA, en la que se unen grupos hasta entonces dispersos (fuerzas católicas, oligarquía). Por último, nuevas formaciones extremistas como la JONS o la Falange Española.
Aunque el ganador de las elecciones es la CEDA, Alcalá Zamora encarga formar gobierno al Partido Radical de Lerroux (período radical), que necesita del apoyo parlamentario de la CEDA para mantenerse en el poder, por lo que debe aceptar los planteamientos ideológicos de esta coalición y poner freno a las reformas anteriores: no se aplica la Ley de Congregaciones, se mantiene el culto y los colegios católicos siguen funcionando con normalidad. Se deroga la Ley de Términos Laborales y se devuelve un gran poder a los terratenientes. En el ámbito militar, se indulta a los militares que participaron en la Sanjurjada y el Partido Radical se divide en los partidos republicanos de izquierda, que forman Izquierda Republicana, y los movimientos obreros y campesinos, que se radicalizan aún más. Todo esto, sumado al conflicto con los nacionalistas catalanes (con la Generalitat) y vascos (se bloquea la propuesta de Estatuto).
La Revolución de 1934
La creciente tensión entre los dos polos políticos culmina con la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934 (período radical-cedista), visto por la izquierda como una traición a la República. Se inicia así la Revolución del 34, con una campaña de huelgas por todo el país, que da paso a alzamientos armados, con gran gravedad en áreas latifundistas y en Cataluña y Asturias.
- Cataluña: El conflicto tiene características más políticas que sociales, por lo que, aunque las Alianzas Obreras convocan la huelga, cuenta con escasas simpatías obreras. El presidente Companys proclama la República Catalana, que es disuelta a partir de unos cañonazos del ejército, dirigido por el general Batet (Companys es detenido).
- Asturias: La sublevación es una revolución obrera que persigue el control del poder político por parte de los trabajadores. Se producen grandes matanzas y enfrentamientos entre elementos civiles y un ejército traído desde África, liderado por el general Franco, para sofocar la revuelta. La CNT y la UGT participan unidas bajo la UHP (Unión de Hermanos Proletarios), que incluye otras fuerzas de extrema izquierda, llegando incluso a la ocupación de Oviedo, que queda parcialmente destruida.
Como consecuencia, se produce el recrudecimiento de la política del Gobierno: la CEDA encarcela a Azaña y a los responsables de las sublevaciones, se suspende el Estatuto Catalán, se plantea un proyecto de reforma de la Ley de Reforma Agraria y se encumbra a militares de dudosa lealtad republicana como Fanjul, Goded o Franco.
El Frente Popular y el Camino Hacia la Guerra Civil
La gran inestabilidad queda patente a través de estas tensiones y revoluciones, que, sumado a las divisiones internas entre radicales y cedistas y al escándalo de corrupción política conocido como “estraperlo”, en el que importantes miembros del Partido Radical (entre ellos el hijo adoptivo de Lerroux) son acusados de cobrar sobornos para introducir en los casinos españoles una ruleta trucada. Antes de que el asunto salga a luz pública, el presidente de la República cambia al presidente del Gobierno, rechazando al líder del partido más votado (CEDA), Gil-Robles, tachado de fascista. Tras tantear la posibilidad de un golpe de Estado, este acaba retirando su apoyo parlamentario, imprescindible para cualquier gobierno. Como única salida, se convocan elecciones el 16 de febrero de 1936 en las que la izquierda y el progresismo, agrupados en torno al Frente Popular, triunfan.
El Frente Popular surge como una alianza electoral entre republicanos y socialistas, tomando como modelo los frentes populares en los que comunistas y socialistas, proletariado y clases medias se unen en defensa de la democracia frente al creciente fascismo en el panorama internacional. En su programa se pretende restablecer la política de reformas del primer Bienio. Se lleva a cabo la restauración de la autoridad de todos los apartados de la Constitución Republicana, se reforman las Cortes y la Ley de Orden Público y se aprueba una legislación orgánica para el funcionamiento de los gobiernos provinciales y municipales. Se reforma el Tribunal de Garantías Constitucionales para garantizar su independencia; se concede amnistía total para los insurrectos de 1934 y para todos los acusados de atentados político-sociales desde 1933, y procesamiento de todos los culpables de “actos de violencia” al reprimir los atentados políticos; y la reposición en sus puestos de todos los trabajadores y empleados públicos despedidos por causas políticas. Este programa es, fundamentalmente, socialdemócrata reformista, pero alejado de la obsesión anticlerical que, en el pasado, le había restado tantas energías. Si bien no podemos decir que la derecha estuviese acabada, esta coalición permite al Frente Popular conseguir la mayoría absoluta para gobernar.
Sin embargo, a partir de los resultados electorales, tienen lugar una serie de conatos entre los perdedores. El radicalismo proletario, la degradación del orden público (pistolerismo callejero, quema de iglesias, etc.), la radicalización de la derecha (La Falange, con apoyo italiano, multiplica sus atentados) y los continuos rumores de golpe de Estado se ven sumados a la destitución del cargo de presidente de la República de Alcalá Zamora (acusado de disolver las Cortes de manera ilegal) y su sustitución, a partir de 1936, por Manuel Azaña. En los meses siguientes, una gran agitación revolucionaria asola el campo y la ciudad. El 12 de julio, unos pistoleros falangistas asesinan al teniente Castillo de la Guardia Civil de Asalto y, al día siguiente, como venganza, Calvo Sotelo, líder de la derecha, es asesinado.
En este clima, se suceden además distintas maniobras que no presagian nada bueno para la República que, en su deseo de alejar de Madrid a los militares sospechosos, destina al general Mola a Pamplona, desde donde este se alía con el carlismo y dirige la conspiración ya puesta en marcha por dirigentes monárquicos desde el triunfo del Frente Popular. También los generales Franco y Goded, en sus destinos de Canarias y Baleares, respectivamente, se suman a la estrategia. El 17 de julio de 1936, la guarnición de Melilla se subleva y declara el estado de guerra en Marruecos, disparándose el mecanismo que llevará a España a su más cruel guerra civil. Desde Canarias, Franco vuela a Tetuán para ponerse al mando del ejército “africano”, mientras el levantamiento se pone en marcha en la Península ante el desconcierto del gobierno de Casares Quiroga, que pierde unas horas decisivas sin tomar medida alguna. En pocos días, ante el fracaso del levantamiento en las principales ciudades de España, con una población que lucha por su poder, el enfrentamiento entre las fuerzas sublevadas y las leales al Gobierno se convierte en una guerra civil, en la que el general Franco adquiere pronto un protagonismo decisivo.