La Proclamación de la Segunda República y el Bienio Reformista (1931-1933)

El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en España. Aunque los monárquicos lograron más concejales en conjunto, en las grandes ciudades y centros industriales triunfaron los republicanos. Ante la movilización popular, el 13 de abril Alfonso XIII anunció la suspensión del ejercicio del poder real sin abdicar y, al día siguiente, se proclamó la II República. El rey abandonó el país rumbo a París, y el Comité Revolucionario del Pacto de San Sebastián se convirtió en el Gobierno provisional (abril-diciembre de 1931).

Este Gobierno, presidido por Alcalá Zamora, contaba con republicanos de izquierda, radicales, socialistas y nacionalistas catalanes y gallegos. Su objetivo era modernizar España democráticamente, convocando Cortes Constituyentes en junio de 1931 y decretando reformas urgentes. Sin embargo, la República tuvo que enfrentarse a la agitación social, el rechazo de empresarios y propietarios y la oposición de la Iglesia, liderada por el cardenal Segura, lo que aumentó el anticlericalismo.

Las elecciones del 28 de junio dieron la victoria a la coalición republicano-socialista, lo que fortaleció el proyecto reformista. La Constitución, aprobada el 9 de diciembre tras tres meses de debate, tenía un carácter democrático y progresista. España se definía como una “República de trabajadores de todas las clases”, reconociendo el sufragio universal desde los 23 años, incluyendo a las mujeres. Se garantizaban derechos civiles como el matrimonio civil, el divorcio y la igualdad ante la ley. Además, la propiedad privada quedaba subordinada al interés público, permitiendo expropiaciones.

El poder legislativo recaía en unas Cortes unicamerales elegidas por sufragio universal cada cuatro años, mientras que el poder ejecutivo lo encabezaba el Presidente de la República, con funciones limitadas y bajo el control de las Cortes. El poder judicial era independiente, con un Tribunal de Garantías Constitucionales elegido por las Cortes.

España se organizaba como un Estado integral, aunque permitía gobiernos autónomos para regiones con características históricas o culturales comunes, siempre bajo la aprobación de las Cortes y sin posibilidad de federarse. La cuestión religiosa fue muy polémica: se estableció la separación entre Iglesia y Estado, la eliminación del presupuesto para el clero, la disolución de la Compañía de Jesús y la prohibición a órdenes religiosas de ejercer en la enseñanza, comercio o industria. Estas medidas provocaron la dimisión de Alcalá Zamora, siendo sustituido por Manuel Azaña en octubre de 1931.

El 10 de diciembre, Alcalá Zamora fue elegido Presidente de la República y confirmó a Azaña como jefe de Gobierno, consolidando el nuevo régimen republicano.

El Bienio Reformista

Este periodo, de diciembre de 1931 a noviembre de 1933, estuvo marcado por un ambicioso programa de reformas impulsado por el gobierno de Manuel Azaña, compuesto por republicanos de izquierda y socialistas. Sin embargo, las reformas encontraron una fuerte oposición tanto de la derecha, que las boicoteó, como de la izquierda más radical, que exigía cambios más rápidos.

Reforma Militar

Buscó modernizar el ejército y garantizar su lealtad a la República. Se redujeron efectivos, se suprimieron cargos como Capitán General y se cerró la Academia Militar de Zaragoza. Se permitió la retirada voluntaria con sueldo íntegro y se eliminó el fuero militar. La oposición de sectores reaccionarios llevó al intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932, que fracasó y terminó con su exilio en Portugal.

Reforma Agraria

Intentó acabar con el latifundismo y mejorar la situación de los jornaleros. La Ley de Reforma Agraria (1932) permitía la expropiación de tierras sin cultivar, pero la falta de presupuesto limitó su impacto. Solo 10.000 campesinos fueron asentados, lo que generó descontento tanto en jornaleros como en terratenientes. Además, medidas como el laboreo forzoso y la preferencia laboral a trabajadores locales provocaron más tensiones.

Reforma Educativa

Apostó por una escuela pública, laica y mixta, con la construcción de miles de escuelas y el incremento del presupuesto en un 50%. Se prohibió la enseñanza religiosa y se crearon instituciones como las Misiones Pedagógicas para llevar cultura a zonas rurales. La Iglesia se opuso, negándose a cerrar sus colegios y prohibiendo a los católicos matricularse en escuelas públicas.

Reforma Laboral

Impulsada por el ministro Largo Caballero, con mejoras como jornada de ocho horas, vacaciones pagadas y seguros de enfermedad. Se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba la negociación colectiva, pero la patronal se opuso y los sindicatos anarquistas respondieron con huelgas violentas.

Cuestión Autonómica

Cataluña aprobó su Estatuto en 1932 y Francesc Macià asumió la presidencia de la Generalitat. En el País Vasco, el proceso autonómico se vio frenado por el conflicto con la cuestión religiosa y no se aprobó un estatuto hasta la Guerra Civil.

Las reformas generaron una fuerte polarización. La derecha, formada por terratenientes, empresarios, Iglesia y militares descontentos, se reorganizó en torno a grupos como la CEDA, Renovación Española y Falange. En agosto de 1932, Sanjurjo intentó un golpe de Estado, que fracasó. Mientras tanto, el movimiento obrero, desilusionado por la lentitud de las reformas, protagonizó huelgas y levantamientos, destacando la represión en Casas Viejas en 1933.

El gobierno de Azaña se fue debilitando por la falta de apoyo de las clases medias y el rechazo del movimiento obrero. Finalmente, Azaña dimitió en septiembre de 1933 y el presidente Alcalá Zamora convocó elecciones para noviembre de 1933, poniendo fin al Bienio Reformista.