Evolución Socioeconómica bajo el Franquismo Tardío
Los Planes de Desarrollo
Durante los años sesenta, la economía española experimentó un notable crecimiento, coincidiendo con la implementación de los Planes de Desarrollo. Se creó la Comisaría del Plan de Desarrollo, un organismo gubernamental dirigido por Laureano López Rodó hasta 1973, fecha en que se transformó en Ministerio de Planificación. El objetivo de estos planes consistía en programar el crecimiento de los subsectores de la economía e impulsar el desarrollo de determinadas zonas geográficas.
El Primer Plan (1964-1967) obtuvo resultados positivos en el crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB), pero no logró la estabilidad deseada: la inflación obligó a adoptar medidas estabilizadoras que culminaron con la devaluación de la peseta.
El Segundo Plan (1968-1971), hecho público, previó un crecimiento que finalmente fue superado. Durante este periodo, la inflación disminuyó y la balanza de pagos mejoró. Sin embargo, se mantuvo el desajuste entre las políticas aplicadas y las necesidades reales, y las señales de alarma previstas no fueron atendidas adecuadamente por los responsables políticos.
En el Tercer Plan (1972-1975) se hacía referencia a factores cualitativos del desarrollo. Se alcanzaron altas tasas de crecimiento, pero estas fueron interrumpidas abruptamente por la crisis económica mundial que generó la súbita subida de los precios del petróleo en 1973.
Las críticas a los Planes de Desarrollo han sido múltiples. Para economistas como Ramón Tamames, los planes no fueron ni verdaderamente indicativos ni vinculantes para el sector privado, no consiguieron reducir los desequilibrios sociales y regionales, y adolecían de no representar los intereses de todas las partes implicadas.
A pesar de las críticas, la economía española alcanzó cotas de crecimiento muy altas. Este boom económico se debió en gran medida al aporte que supusieron el turismo y las remesas de los emigrantes, factores que reequilibraron la balanza de pagos. Además, se incrementaron las exportaciones y hubo cambios significativos en su estructura, diversificándose más allá de los productos agrícolas tradicionales.
El aumento de los intercambios comerciales con Europa impulsó al gobierno español a iniciar conversaciones exploratorias con la Comunidad Económica Europea (CEE). En 1970, España y la CEE firmaron un acuerdo preferencial que estuvo en vigor hasta la integración definitiva de nuestro país en la CEE en 1986.
La Crisis Mundial y la Agonía del Régimen
En 1973 se desencadenaba la llamada crisis del petróleo, que tuvo un impacto global. Apenas dos meses después, en diciembre de 1973, moría el presidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, en un atentado terrorista perpetrado por ETA. Estos dos hechos marcaron el inicio de la descomposición interna del régimen franquista.
La política económica de los años finales del franquismo se caracterizó por una cierta permisividad y falta de respuesta contundente ante la crisis. Esto se debió, en parte, a la creencia inicial de que la crisis era transitoria, a la existencia de una considerable reserva de divisas acumulada durante los años de crecimiento y a una inicial subestimación de la caída del Producto Interior Bruto (PIB).
Los efectos de la crisis y la inacción fueron severos:
- Hundimiento del crecimiento del PIB.
- Aceleración de la inflación (estanflación).
- Resultados negativos crecientes en la balanza de pagos.
La crisis económica puso de manifiesto las contradicciones y debilidades subyacentes del modelo de crecimiento de la década anterior. Entre estas destacaban:
- La débil base industrial y tecnológica de la economía española.
- Una fuerte dependencia tecnológica del exterior.
- El elevado endeudamiento de la empresa española.
- La ineficacia de la empresa pública (el INI).
- Las rigideces institucionales heredadas del régimen franquista, que dificultaban la adaptación a la nueva situación.
La España Democrática: Gobiernos y Políticas
La Hegemonía del PSOE (1982-1996)
Llegada al Poder y Consolidación
En las elecciones generales de octubre de 1982, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo un triunfo histórico que le otorgó la mayoría absoluta tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Diversas circunstancias explican esta victoria aplastante: la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido que había liderado la transición, se hallaba en plena descomposición interna y carecía de cohesión.
El PSOE, por su parte, se había preparado concienzudamente para alcanzar el poder, adaptando su discurso y programa a las necesidades y actitudes de la sociedad española del momento. Bajo el liderazgo de Felipe González, el partido moderó sus posturas radicales iniciales. El marxismo, como definición ideológica del partido, quedó aparcado en el Congreso de 1979, siendo sustituido por un programa socialdemócrata que aceptaba el sistema económico capitalista y la economía de mercado, aunque con aspiraciones de intervención y regulación estatal.
El PSOE volvió a triunfar en las tres elecciones generales siguientes (1986, 1989 y 1993), aunque en la última legislatura (1993-1996) perdió la mayoría absoluta, lo que le llevó a necesitar acuerdos parlamentarios con los partidos nacionalistas moderados, principalmente Convergència i Unió (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
En las elecciones generales de 1996, el PSOE fue superado por el Partido Popular (PP), liderado por José María Aznar.
Desgaste y Oposición
Si hasta 1993 el PSOE fue ampliamente apoyado por los ciudadanos, uno de los motivos fue la percepción de debilidad y falta de alternativa en la oposición. Sin embargo, la oposición conservadora, liderada inicialmente por Alianza Popular (AP), llevó a cabo una serie de acciones internas de reorganización y modernización. Esta formación pasó a llamarse Partido Popular (PP) en 1989, proceso que culminó con la elección de José María Aznar como presidente del partido en 1990, consolidando una alternativa de gobierno.
Esa hegemonía de la que gozó el PSOE durante trece años le permitió realizar una ingente labor legislativa y asentar definitivamente la democracia en España. Sin embargo, con el tiempo, faltaron mecanismos de control eficaces que impidieran la aparición de irregularidades. Fueron apareciendo diversos casos de corrupción (como el caso Filesa, el caso Ibercorp o el caso Roldán) cuya gravedad, especialmente la huida del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, provocó un considerable desgaste y la pérdida de apoyo de una parte importante de la ciudadanía.
Labor Legislativa y Social del Gobierno Socialista
Entre las primeras actuaciones del gobierno socialista destacaron medidas económicas como la devaluación de la peseta para mejorar la competitividad exterior y el establecimiento de la jornada laboral de 40 horas semanales.
En el ámbito de la educación, tuvieron gran importancia varias leyes:
- La Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, que permitió la democratización de la universidad española y amplió los presupuestos para investigación.
- La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, que regulaba la coexistencia de la enseñanza pública y la privada concertada.
- La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990, que reformaba en profundidad las enseñanzas primarias y medias, estableciendo la enseñanza secundaria obligatoria (ESO) hasta los 16 años y reestructurando la formación profesional.
Se remitió también a las Cortes una ley de despenalización parcial del aborto (Ley Orgánica 9/1985), que fue aprobada, pero fue mal acogida por la Iglesia Católica y los sectores más conservadores de la sociedad.
La política antiterrorista contra ETA se benefició de un cambio de actitud del gobierno francés respecto a la colaboración, lo que facilitó la labor de las fuerzas de seguridad españolas y las extradiciones de terroristas. Sin embargo, la aparición de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), vinculados a funcionarios del Ministerio del Interior, dio lugar a una”guerra suci” contra ETA que generó graves problemas políticos y judiciales años después.
El gobierno socialista también se ocupó de completar el desarrollo del Estado de las Autonomías, aprobándose los estatutos de las doce comunidades autónomas restantes que aún no lo tenían. No obstante, en los años 90 se empezó a observar un cierto desequilibrio institucional por la percepción de una excesiva influencia del poder ejecutivo en órganos clave como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que el nombramiento de muchos de sus miembros dependía de las mayorías presentes en las Cortes Generales.
La Política Económica del PSOE en el Gobierno
La primera fase de la política económica del gobierno socialista (1982-1985), bajo la dirección del ministro Miguel Boyer, se centró en una operación de saneamiento económico. Se dio prioridad absoluta a la reducción de la elevada inflación heredada, aplicando políticas monetarias y fiscales restrictivas. Esto se consiguió, pero a costa de un fuerte aumento del paro, agravado por el inicio de la reconversión industrial.
Le sucedió como ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga, quien dirigió la fase principal del duro Plan de Reconversión Industrial, necesario para adaptar la industria española a la competencia europea, pero que afectó a sectores como el naval, la siderurgia o el textil. Aunque la reconversión dio lugar a situaciones sociales muy graves y conflictividad laboral, la economía española empezó a crecer con fuerza a partir de 1985, coincidiendo con la entrada en la CEE. Al mismo tiempo, la inflación se situaba por debajo del 10%, pero el paro continuaba siendo muy elevado, superando el 20% en algunos momentos.
Esta política económica, especialmente las reformas laborales que introducían mayor flexibilidad en el mercado de trabajo y la reforma de las pensiones, enfrentó a los grandes sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), con el gobierno y con el propio PSOE (del que UGT era sindicato hermano). Esta tensión culminó en la convocatoria de una huelga general el 14 de diciembre de 1988, que tuvo un gran seguimiento.
Paralelamente, se puso en marcha la consolidación del Estado del Bienestar, con un importante crecimiento del gasto público social (sanidad, educación, pensiones, prestaciones por desempleo) y el aumento de las prestaciones sociales. Para lograrlo, hubo que aumentar considerablemente los impuestos, especialmente los directos (IRPF), y también recurrir al endeudamiento del Estado (déficit público).
La reforma fiscal iniciada por UCD y profundizada por el PSOE permitió un aumento significativo de la recaudación y de los ingresos del Estado, imprescindibles para financiar las prestaciones y servicios que exigía la consolidación de un sistema democrático moderno y un estado social.
La Política Exterior
Un hecho fundamental de la política exterior durante el mandato socialista fue el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), que se materializó el 1 de enero de 1986, tras largas y complejas negociaciones.
Otro asunto clave fue la relación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El PSOE había llegado al poder prometiendo un referéndum sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica (a la que España se había adherido en 1982 bajo el gobierno de UCD). La actitud inicial del PSOE era contraria a la permanencia, pero fue cambiando gradualmente. Finalmente, se celebró un referéndum en marzo de 1986 sobre la permanencia en la OTAN, en el que el gobierno de Felipe González defendió el ‘sí’ bajo ciertas condiciones (no integración en la estructura militar, prohibición de armas nucleares). El resultado fue positivo a la permanencia.
El Gobierno del Partido Popular (Desde 1996)
Llegada al Poder y Pactos
Previamente a las elecciones generales de 1996, se habían celebrado elecciones europeas (1994), municipales y autonómicas (1995), y en todas ellas el Partido Popular había superado al PSOE, mostrando una clara tendencia al cambio político.
En las elecciones generales de marzo de 1996, el PP ganó las elecciones, pero no obtuvo mayoría absoluta. Por ello, se vio obligado a pactar para asegurar la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno. Aznar pactó con los partidos nacionalistas moderados: Convergència i Unió (CiU), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC).
Mayoría Absoluta y Políticas
En las elecciones generales posteriores, celebradas en marzo de 2000, el PP consolidaba su posición en el poder al obtener una amplia mayoría absoluta. Esto le permitió gobernar en solitario durante la legislatura 2000-2004, sin necesidad del apoyo parlamentario de los partidos nacionalistas.
Durante este periodo de mayoría absoluta, se ha legislado en ocasiones sin buscar amplios consensos con la oposición, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la polémica Ley de Extranjería o la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que introducía cambios significativos en la LOGSE socialista y que también generó un fuerte rechazo en parte de la comunidad educativa y la oposición política.
Economía: Euro y Crisis Posterior
En el ámbito económico, un hito fundamental durante el gobierno del PP fue el cumplimiento de los criterios de convergencia de Maastricht, lo que permitió a España formar parte del grupo de países fundadores de la moneda única europea. Cabe destacar la entrada en vigor del euro como moneda de curso legal el 1 de enero de 2002, tras haber logrado moderar la inflación y el déficit público en los años previos.
Sin embargo, a partir de la crisis económica internacional iniciada en 2008 (ya bajo gobierno socialista posterior, pero con raíces en el modelo de crecimiento anterior), han aumentado algunos problemas estructurales y nuevos desafíos, como el drástico crecimiento del paro (especialmente juvenil) y los retos asociados a la gestión de la llegada masiva de inmigrantes en busca de trabajo durante los años de bonanza económica previos a la crisis.