B9–1: El “revisionismo político” del reinado de Alfonso XIII y sus principales medidas

El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) estuvo marcado por un intento de modernización del sistema político conocido como **revisionismo**, tanto desde la derecha como desde la izquierda. Antonio Maura, del Partido Conservador, impulsó una “revolución desde arriba” con medidas como la creación del Instituto Nacional de Previsión y una Ley de Reforma Electoral para frenar el fraude y fortalecer el sistema parlamentario. Su objetivo era mejorar la eficiencia del Estado y promover una mayor participación política de la ciudadanía. Sin embargo, su mandato estuvo marcado por la **Semana Trágica de Barcelona** en 1909, que provocó su dimisión. Por su parte, José Canalejas, del Partido Liberal, buscó una regeneración democrática con reformas laborales, la Ley del Candado para limitar la influencia eclesiástica y la supresión del impuesto de consumos. Canalejas también impulsó una política autonomista moderada y mejoras en la educación. No obstante, su asesinato en 1912 truncó sus iniciativas reformistas. A pesar de estos esfuerzos, las estructuras caciquiles y la corrupción persistieron, lo que debilitó la credibilidad del sistema político y favoreció el crecimiento de la oposición republicana y obrera. Con el tiempo, la monarquía se vio cada vez más desgastada por las crisis políticas y sociales, allanando el camino hacia la dictadura de Primo de Rivera en 1923 y, posteriormente, la proclamación de la Segunda República en 1931.

B9–2: Evolución de las fuerzas políticas de oposición

Durante el reinado de Alfonso XIII, las fuerzas políticas opositoras al sistema de la Restauración se fortalecieron y diversificaron. Los **republicanos**, divididos en varias corrientes, defendían una democratización del país y el fin del turnismo entre conservadores y liberales. La Unión Republicana de Nicolás Salmerón y el Partido Radical de Alejandro Lerroux fueron los más influyentes. Lerroux, en particular, atrajo a las clases populares con un discurso anticlerical y populista, aunque con el tiempo moderó su postura para atraer sectores burgueses.

El **nacionalismo** también creció durante este periodo. En Cataluña, la Lliga Regionalista, liderada por Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó, representó a la burguesía catalana y defendió una mayor autonomía dentro de España. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), fundado por Sabino Arana, promovía un nacionalismo conservador basado en la defensa de la identidad vasca y el catolicismo. Ambos movimientos nacionalistas adquirieron peso en la política española y fueron clave en la posterior configuración del autonomismo en la Segunda República.

El **movimiento obrero** se consolidó como una de las principales fuerzas de oposición. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su sindicato, la Unión General de Trabajadores (UGT), promovían la lucha por los derechos laborales a través de vías políticas y sindicales. Por otro lado, el **anarquismo**, representado por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), defendía la acción directa y la revolución social, organizando huelgas y protestas. Con el tiempo, las tensiones entre estas fuerzas y el sistema político llevaron a un aumento de la conflictividad social y política, que culminó en la crisis del sistema monárquico en los años 30.

B9–3: Repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España

España se mantuvo neutral en la **Primera Guerra Mundial** (1914-1918), lo que le permitió beneficiarse económicamente gracias al aumento de las exportaciones de materias primas y productos manufacturados. La industria y la agricultura vivieron un auge sin precedentes, generando enormes beneficios para las clases empresariales y los grandes terratenientes. Sin embargo, la bonanza económica no llegó a las clases trabajadoras, ya que la inflación redujo su poder adquisitivo y empeoró sus condiciones de vida. Esto provocó un aumento de la conflictividad social y de las huelgas, organizadas principalmente por la CNT y la UGT.

La **Revolución Rusa de 1917** tuvo un fuerte impacto en España. Inspiró a sectores del movimiento obrero y reforzó el temor de la burguesía y la aristocracia a una revolución similar en el país. Como consecuencia, el gobierno reprimió con dureza las protestas obreras y aumentó la censura. En 1921, una escisión del PSOE dio lugar al Partido Comunista de España (PCE), que abogaba por la revolución proletaria siguiendo el modelo soviético. La creciente polarización política y social generada por estos acontecimientos contribuyó a la inestabilidad del país y al debilitamiento del sistema de la Restauración. La influencia del comunismo en los sectores obreros provocó también una reacción violenta por parte de las fuerzas conservadoras, lo que acentuó la radicalización de la política española. A largo plazo, estos factores contribuyeron a la caída de la monarquía y al advenimiento de la Segunda República en 1931.

B9–4: La crisis general de 1917: causas, manifestaciones y consecuencias

La crisis de 1917 fue uno de los episodios más graves del reinado de Alfonso XIII y marcó un punto de inflexión en la descomposición del sistema de la Restauración. Se trató de una crisis múltiple, con manifestaciones en tres frentes distintos: el militar, el político y el social. La coincidencia de estos tres conflictos durante el mismo año dejó en evidencia la debilidad del régimen y su incapacidad para dar respuesta a los problemas estructurales del país.

En el plano **militar**, el conflicto fue protagonizado por las **Juntas de Defensa**, formadas por oficiales del cuerpo de Infantería descontentos con la política de ascensos, que favorecía a los destinados en Marruecos, y con la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación. Estas Juntas se constituyeron en asambleas ilegales que el gobierno trató de disolver sin éxito. Su manifiesto de junio de 1917, con tono regeneracionista, evidenciaba un intento del ejército peninsular por recuperar poder político.

En el ámbito **político**, la Lliga Regionalista convocó la **Asamblea de Parlamentarios** en Barcelona, con el objetivo de forzar la convocatoria de Cortes Constituyentes que reconocieran la autonomía de Cataluña y promovieran una profunda reforma del sistema. Aunque se sumaron republicanos y socialistas, la falta de apoyo del ejército, las divisiones internas y la cooptación de los catalanistas por el gobierno acabaron por desactivar el movimiento.

En lo **social**, la CNT y la UGT convocaron una **huelga general** en agosto como protesta contra el deterioro de las condiciones de vida y el sistema político. La huelga fue especialmente intensa en centros industriales, pero fue duramente reprimida por el ejército, con decenas de muertos y miles de detenidos.

En conjunto, la crisis de 1917 mostró el agotamiento del régimen de la Restauración y anticipó su progresiva deslegitimación. Aunque el sistema logró sobrevivir algunos años más, ya no fue capaz de recuperar su anterior estabilidad.

B9–5: Análisis de la crisis general de 1917

La crisis general de 1917 fue una de las más significativas del sistema de la Restauración, ya que por primera vez coincidieron tres tipos de conflicto: militar, político y social. Aunque cada uno tenía sus causas y desarrollo propio, en conjunto reflejaban el agotamiento del régimen y la multiplicación de los frentes de oposición. Este episodio mostró la incapacidad del sistema para evolucionar y responder a las nuevas demandas sociales, políticas y económicas de la sociedad española.

El conflicto **militar** estalló con las **Juntas de Defensa**, formadas por oficiales del Ejército peninsular, principalmente de Infantería, descontentos con el sistema de ascensos, que favorecía a los destinados en Marruecos, y por la pérdida del poder adquisitivo de sus sueldos por la inflación. Estas juntas, que comenzaron como reuniones informales en 1916, se extendieron por toda España en 1917. Cuando el gobierno intentó disolverlas, los oficiales publicaron un manifiesto exigiendo mejoras profesionales. El apoyo del rey Alfonso XIII fue decisivo para que el gobierno cediera a sus demandas, debilitando así su propia autoridad.

En el ámbito **político**, la Lliga Regionalista, liderada por Francesc Cambó, promovió la convocatoria de una **Asamblea de Parlamentarios** en Barcelona. Su objetivo era reclamar la convocatoria de Cortes Constituyentes para una reorganización territorial del Estado y el reconocimiento de la autonomía catalana. Aunque logró cierto apoyo de republicanos y socialistas, el movimiento fracasó por la negativa del ejército a respaldarlo, las divisiones internas y la posterior colaboración de los catalanistas con el gobierno.

Por último, la crisis **social** culminó con la **huelga general de agosto**, convocada por la UGT y la CNT. Aunque inicialmente estaba planificada como una huelga revolucionaria contra el sistema, se precipitó por un conflicto ferroviario en Valencia. La huelga fue muy seguida en Madrid, Barcelona, Asturias y el País Vasco, pero tuvo poco éxito en las zonas rurales. La respuesta del gobierno fue contundente: el ejército reprimió violentamente la protesta, con 71 muertos y más de 2.000 detenidos.

En resumen, la crisis de 1917 evidenció la falta de respuestas del régimen ante el creciente malestar social, el descontento militar y las aspiraciones regionalistas. Aunque el sistema sobrevivió, quedó profundamente debilitado y deslegitimado.

B9–6: Evolución de la dictadura de Primo de Rivera

La dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923–1930) supuso la clausura del sistema parlamentario de la Restauración y la instauración de un régimen autoritario con el respaldo del rey Alfonso XIII. Su llegada al poder se produjo mediante un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, cuando Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, alegó la necesidad de restablecer el orden y combatir el caciquismo y la corrupción. Alfonso XIII aceptó el pronunciamiento y lo nombró presidente del Gobierno, inaugurando así el **Directorio Militar**.

Durante el **Directorio Militar** (1923–1925), Primo de Rivera suspendió la Constitución de 1876, disolvió las Cortes y prohibió la actividad de partidos políticos y sindicatos. Implantó el estado de guerra y gobernó por decreto. Reprimió con dureza a la CNT y al recién creado Partido Comunista, al tiempo que promovió una política regeneracionista bajo el lema “menos política y más administración”. Uno de sus mayores éxitos fue la resolución del conflicto marroquí, gracias al desembarco de Alhucemas en 1925, realizado conjuntamente con tropas francesas, que puso fin a la guerra del Rif y elevó su popularidad.

Consolidado en el poder, en 1925 Primo de Rivera sustituyó el Directorio Militar por un **Directorio Civil**, que pretendía institucionalizar la dictadura. Fundó un partido único, la Unión Patriótica, de inspiración tradicionalista y católica, y en 1927 creó la Asamblea Nacional Consultiva, sin funciones legislativas reales, que preparó un anteproyecto de Constitución que nunca llegó a promulgarse. El régimen apostó por el intervencionismo económico, protegiendo a la industria nacional con aranceles, fomentando monopolios estatales como CAMPSA y Telefónica, e impulsando obras públicas.

Sin embargo, a partir de 1928 el régimen comenzó a deteriorarse. La crisis económica mundial, la falta de apoyos políticos, el descontento de los intelectuales y sectores del ejército y la oposición cada vez más activa erosionaron su autoridad. En enero de 1930, enfermo y aislado, Primo de Rivera dimitió y se exilió. Su caída dejó al rey Alfonso XIII sin apoyos sólidos, precipitando el final de la monarquía y la llegada de la Segunda República en 1931.

B9–7: Evolución del movimiento obrero durante el reinado de Alfonso XIII

Durante el reinado de Alfonso XIII (1902–1931), el movimiento obrero en España experimentó un crecimiento notable tanto en organización como en capacidad de movilización. Este periodo estuvo marcado por el aumento de la conflictividad laboral, la consolidación de los sindicatos y la creciente politización de la clase trabajadora, en un contexto de profundas desigualdades sociales, industrialización desigual y represión estatal.

El movimiento obrero se articuló en torno a dos grandes corrientes ideológicas: el **socialismo** y el **anarquismo**. La corriente socialista se organizó principalmente a través del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su sindicato vinculado, la Unión General de Trabajadores (UGT), ambos con una estrategia reformista y parlamentaria. Bajo el liderazgo de Pablo Iglesias, el PSOE logró por primera vez representación parlamentaria en 1910, cuando el propio Iglesias obtuvo un escaño como diputado. La UGT, por su parte, creció progresivamente, especialmente entre trabajadores industriales y ferroviarios, y adoptó una política de negociación colectiva y participación institucional.

La corriente anarquista, de gran arraigo en Cataluña, Andalucía y el Levante, rechazaba toda colaboración con el Estado y defendía la acción directa. Su principal órgano organizativo fue la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fundada en 1910 en Barcelona. A diferencia de la UGT, la CNT no se vinculó a ningún partido político y adoptó una línea revolucionaria y antiparlamentaria. Durante este periodo, se fortaleció notablemente, sobre todo tras la influencia de la Revolución Rusa, y protagonizó numerosas huelgas, sabotajes y enfrentamientos con las autoridades.

Durante la I Guerra Mundial, la neutralidad de España provocó un crecimiento económico desigual que agravó las tensiones sociales. Esto culminó en 1917 con una huelga general revolucionaria convocada conjuntamente por la UGT y la CNT, que fue duramente reprimida. El auge del movimiento obrero continuó en los años siguientes, impulsado por la repercusión de la Revolución Rusa de 1917 y el llamado “trienio bolchevique” (1918–1920), un periodo de intensa movilización campesina y obrera, especialmente en Andalucía, donde se ocuparon tierras, se formaron comités revolucionarios y se exigieron reformas agrarias inmediatas.

Ante el incremento de las huelgas y la violencia social, especialmente en Cataluña, se desarrolló una guerra social entre el movimiento obrero y la patronal, que respondió con el lock-out y la contratación de pistoleros (el llamado “terrorismo blanco”), al que los anarquistas respondieron con su propio “terrorismo rojo”. La creciente radicalización del conflicto obrero-patronal fue uno de los factores que justificaron el golpe de Primo de Rivera en 1923.

Durante la dictadura, se reprimió duramente a la CNT, mientras que la UGT, bajo la dirección de Largo Caballero, optó por colaborar con el régimen a través de los comités paritarios. A pesar de esta represión, el movimiento obrero sobrevivió y se preparó para protagonizar un papel fundamental durante la Segunda República y la Guerra Civil.

B10–1: Causas de la proclamación de la Segunda República

La proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 fue consecuencia del desgaste del sistema monárquico de la Restauración y del desprestigio que supuso la dictadura de Primo de Rivera (1923–1930). Tras su dimisión, el rey Alfonso XIII encargó al general Berenguer formar un gobierno de transición, pero la falta de reformas efectivas y el descontento popular hicieron que esta etapa fuese conocida como la “Dictablanda”.

En este contexto, los partidos republicanos y regionalistas firmaron el **Pacto de San Sebastián** (1930), al que más tarde se sumaron socialistas y anarquistas. Este acuerdo impulsó un plan para proclamar la República, aunque los primeros intentos de insurrección, como la Sublevación de Jaca, fracasaron. El paso decisivo fue el resultado de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, en las que los republicanos ganaron en la mayoría de las capitales. Alfonso XIII abandonó el país y se proclamó la República.

La nueva República tuvo que enfrentarse a las consecuencias de la crisis económica mundial iniciada en 1929. Aunque España estuvo parcialmente aislada, la caída de las exportaciones, el fin de las inversiones extranjeras y el retorno masivo de emigrantes agravaron el desempleo. Estos factores dificultaron la aplicación de reformas sociales y económicas. Sin embargo, los mayores obstáculos procedieron del enfrentamiento entre una élite conservadora que temía perder privilegios y unas clases populares que exigían transformaciones profundas y rápidas.

B10–2: Fuerzas de apoyo y oposición a la República

La Segunda República, proclamada en abril de 1931, fue apoyada por una amplia mayoría social y política que deseaba una transformación profunda del país. Entre las fuerzas de apoyo destacaban los partidos republicanos de izquierda (Acción Republicana de Azaña, el Partido Radical-Socialista, la ORGA y Esquerra Republicana de Catalunya), además del PSOE y la UGT. Estos grupos compartían el deseo de acabar con el sistema corrupto de la monarquía y modernizar España, aunque con matices distintos: los obreros aspiraban a reformas revolucionarias, mientras que los republicanos querían un cambio progresivo y legal. También hubo sectores centristas (como el Partido Radical de Lerroux) e incluso de derecha liberal (Niceto Alcalá Zamora), que vieron en la República una oportunidad de regeneración. El PNV también apoyó el nuevo régimen por su carácter autonomista.

Por otro lado, las fuerzas de oposición eran diversas. Los anarquistas, aunque inicialmente esperanzados, pronto consideraron a la República enemiga de la clase obrera, especialmente por la lentitud de la reforma agraria, y promovieron insurrecciones como la de Casas Viejas. Entre las derechas, existía una derecha posibilista, como la CEDA de Gil Robles, que buscaba ganar poder por medios legales; una derecha monárquica, con Renovación Española y los carlistas, que conspiraban contra el régimen; y una extrema derecha fascista, con Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, que apostaba por la violencia. También hubo conspiraciones dentro del ejército y una fuerte oposición eclesiástica, agravada por las medidas laicistas de la República.

B10–3: Reformas del bienio reformista de la República

Durante el primer bienio de la Segunda República (1931–1933), el gobierno, formado por republicanos y socialistas, impulsó un ambicioso programa de reformas con el objetivo de modernizar y democratizar el país. La base legal fue la **Constitución de 1931**, que definía a España como una república democrática y laica, estableciendo el sufragio universal, incluidos por primera vez los derechos políticos de la mujer.

En **política religiosa**, se aprobó la separación Iglesia-Estado, se disolvió la Compañía de Jesús y se prohibió a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza. Estas medidas provocaron el rechazo de amplios sectores católicos. En **educación**, se promovió una escuela pública, gratuita, laica y obligatoria, construyéndose más de 10.000 escuelas y contratando miles de maestros. Se organizaron también las Misiones Pedagógicas para llevar cultura a las zonas rurales.

En el ámbito **laboral**, el ministro socialista Largo Caballero impulsó leyes como la de Jurados Mixtos (para resolver conflictos laborales) y la Ley de Contratos de Trabajo. Se redujo la jornada laboral en el campo y se promovieron seguros sociales. También se impulsó un ambicioso plan de obras públicas para mitigar el desempleo.

La **reforma agraria** fue una de las prioridades del gobierno, pero también uno de sus mayores fracasos. Aunque se aprobó una ley en 1932, su aplicación fue lenta y burocrática, frustrando las expectativas de los campesinos. Por último, se inició la descentralización con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, mientras que los proyectos vascos y gallegos no prosperaron en esta etapa.

B10–4: Características esenciales de la Constitución de 1931

La Constitución de 1931 fue aprobada en diciembre de ese año por las Cortes Constituyentes elegidas tras la proclamación de la Segunda República. Supuso una ruptura con el modelo liberal oligárquico de la Restauración y marcó el inicio de una nueva etapa democrática. Fue una de las más avanzadas de su tiempo, inspirada en los principios del constitucionalismo democrático europeo.

Entre sus características esenciales destacaba la definición de España como una “república democrática de trabajadores de toda clase”, que se organizaba en un régimen de libertad y justicia. Se establecía la soberanía popular, el sufragio universal (por primera vez también femenino), el sistema unicameral y la separación de poderes. Las Cortes obtenían un gran protagonismo, con capacidad para legislar y controlar al gobierno.

El texto recogía una amplia declaración de derechos y libertades, como la libertad de expresión, de conciencia, de asociación y de enseñanza. Se reconocía el derecho al divorcio y al matrimonio civil. El Estado se declaraba laico, prohibiendo a las órdenes religiosas ejercer el comercio o la educación, y establecía la disolución de la Compañía de Jesús. Estas disposiciones generaron una fuerte oposición en los sectores conservadores.

Además, la Constitución preveía la posibilidad de autonomía para las regiones que así lo solicitaran, sentando las bases para los estatutos de Cataluña y, más adelante, del País Vasco y Galicia. Por último, se subordinaba la propiedad privada al interés social, lo que permitía la intervención del Estado en la economía. Aunque ambiciosa, la Constitución también generó tensiones políticas que marcarían toda la etapa republicana.

B10–5: Causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934

La Revolución de Asturias de octubre de 1934 fue uno de los acontecimientos más graves durante la Segunda República. Sus causas principales se encuentran en la creciente polarización política tras la entrada de la CEDA, un partido de derecha católica, en el gobierno presidido por el Partido Radical. La izquierda, especialmente los socialistas, interpretó esta participación como un giro hacia el fascismo, similar al de Alemania o Austria, y decidió responder con una insurrección.

El levantamiento fue convocado el 5 de octubre por la UGT y el PSOE, con escasa participación de la CNT. La huelga general fracasó en la mayoría del país, salvo en Asturias, donde la Alianza Obrera (socialistas, anarquistas y comunistas) organizó una auténtica revolución. Los mineros tomaron pueblos, destruyeron cuarteles de la Guardia Civil y proclamaron un régimen revolucionario con comités obreros que gestionaron el suministro, el orden público y los servicios básicos.

El gobierno respondió con una durísima represión. Envió desde Marruecos tropas de la Legión y regulares africanos bajo el mando del general Franco. La represión fue brutal: se bombardearon pueblos, hubo miles de detenidos y entre 1.000 y 2.000 muertos, incluidos civiles, militares y religiosos.

Las consecuencias fueron profundas. Políticamente, el régimen se derechizó aún más, la autonomía de Cataluña fue suspendida por la implicación de la Generalitat en el conflicto, y los dirigentes obreros fueron encarcelados. La Revolución de Asturias evidenció la radicalización de la vida política española y anticipó el clima de enfrentamiento que desembocaría en la Guerra Civil.

B10–6: Formación del Frente Popular y actuaciones tras su triunfo electoral

El Frente Popular fue una coalición de partidos de izquierda que se formó en enero de 1936 como respuesta al giro conservador del bienio anterior y a la dura represión tras la Revolución de Asturias. Entre sus causas destaca la creciente polarización política en España, el temor al avance del fascismo europeo y la necesidad de unir fuerzas para evitar una contrarrevolución. A nivel internacional, la Internacional Comunista había promovido la estrategia de frentes antifascistas amplios, lo que influyó en la unión de republicanos, socialistas y comunistas, con el apoyo de los anarquistas, aunque sin integrarse formalmente.

En las elecciones de febrero de 1936, el Frente Popular obtuvo una victoria ajustada pero decisiva. Apenas cuatro días después, decretó una amnistía para los presos políticos de octubre de 1934, restauró la autonomía de Cataluña y reincorporó a funcionarios depurados. Además, impulsó de nuevo la reforma agraria, acelerando el reparto de tierras entre marzo y julio. También fue elegido Manuel Azaña como nuevo presidente de la República, sustituyendo a Alcalá Zamora.

Sin embargo, el clima político se deterioró rápidamente. La derecha rechazó el nuevo gobierno, sectores empresariales boicotearon la economía, y Falange Española intensificó la violencia callejera, enfrentándose con grupos de izquierdas. La tensión social creció con ocupaciones de tierras, huelgas, atentados y asesinatos. Este ambiente de creciente crispación favoreció las conspiraciones militares, lideradas por altos mandos como Mola y Franco. Finalmente, el 18 de julio de 1936 estalló el golpe de Estado que dio inicio a la Guerra Civil.

B10–7: La Guerra Civil española y el contexto internacional

La Guerra Civil española (1936–1939) no fue un conflicto aislado, sino que estuvo profundamente influida por el contexto internacional de los años treinta, marcado por la expansión del fascismo y la crisis de las democracias. Existen dos interpretaciones principales: una que ve la guerra como un anticipo de la Segunda Guerra Mundial, y otra que la considera un conflicto interno al que las potencias extranjeras intentaron aislar para evitar su propagación.

El bando sublevado recibió apoyo militar directo de la Alemania nazi, la Italia fascista y el Portugal de Salazar. Alemania aportó la Legión Cóndor, tropas especializadas y ayuda económica. Italia envió más de 70.000 soldados y equipamiento militar, mientras que Portugal ofreció apoyo logístico y voluntarios. Además, la jerarquía eclesiástica católica brindó un fuerte respaldo ideológico a los sublevados, tanto en España como en el extranjero.

La República solo contó con el apoyo material de la Unión Soviética y de México. La URSS envió armas, tanques, aviones, asesores militares y ayuda logística. También favoreció el fortalecimiento del Partido Comunista en la zona republicana. México, por su parte, proporcionó armas, alimentos y apoyo diplomático. Además, miles de voluntarios antifascistas de más de 50 países se unieron a las Brigadas Internacionales, destacando por su participación en batallas clave como la defensa de Madrid.

Sin embargo, las democracias occidentales, lideradas por Reino Unido y Francia, promovieron el Comité de No Intervención, que prohibía el envío de armas a España, perjudicando especialmente a la República. Esta desigual intervención extranjera fue clave en el desarrollo y desenlace del conflicto.

B10–8: Evolución política y situación económica de los dos bandos durante la guerra

Durante la Guerra Civil española (1936–1939), los dos bandos –la España republicana y la sublevada o franquista– desarrollaron sistemas políticos y económicos muy distintos, adaptados a sus respectivas necesidades de guerra y a sus ideologías.

En la zona republicana, la sublevación desarticuló el aparato del Estado. En muchos lugares, el poder fue asumido por comités revolucionarios formados por sindicatos y partidos obreros. Hubo una división interna entre quienes querían ganar primero la guerra (comunistas y socialistas moderados) y quienes aspiraban a hacer la revolución a la vez (anarquistas y marxistas radicales). El gobierno de Largo Caballero intentó crear un ejército regular y recuperar la autoridad del Estado. En 1937, Negrín asumió el poder con el objetivo de resistir hasta que estallase una guerra europea. Pese a los esfuerzos, la fragmentación interna y la presión militar franquista provocaron el colapso final en marzo de 1939.

Económicamente, la República controló las principales zonas industriales (Cataluña, País Vasco, Madrid), pero carecía de una base agrícola suficiente, lo que provocó escasez de alimentos. Hubo colectivizaciones de empresas, especialmente en Cataluña, y una gestión económica cada vez más centralizada y dirigida al esfuerzo bélico.

En el bando sublevado, se impuso rápidamente una fuerte centralización del poder bajo la figura de Franco, que fue proclamado jefe del Estado en octubre de 1936. Políticamente, se instauró un régimen autoritario, sin partidos, con censura y represión. Se creó un partido único (FET y de las JONS) y un gobierno con estructura ministerial.

Económicamente, los sublevados controlaban zonas agrícolas importantes, asegurando el abastecimiento. Contaron además con apoyo financiero y material de Alemania e Italia, lo que fue clave para su victoria final.

B10–9: Consecuencias de la guerra: humanas, económicas, sociales y políticas

La Guerra Civil española (1936–1939) dejó consecuencias profundas y duraderas en todos los ámbitos de la vida nacional. Las pérdidas humanas fueron enormes: se calcula que murieron entre 500.000 y 1.000.000 de personas, entre combates, represalias, bombardeos, ejecuciones y hambre. Además, tras la guerra, se produjo una dura represión en la zona republicana vencida: miles fueron fusilados, encarcelados o enviados a campos de concentración. A ello se sumó el exilio masivo de más de 400.000 personas, muchas de las cuales no regresaron nunca.

Económicamente, España quedó devastada. La guerra destruyó infraestructuras, paralizó la industria, el comercio y la agricultura, y agotó las reservas del Estado. La autarquía económica impuesta por el franquismo tras la victoria agravó la crisis. El hambre, la escasez y el mercado negro marcaron los años cuarenta, conocidos como los “años del hambre”.

Socialmente, la guerra dividió profundamente a la sociedad española. Las represalias, la delación y la vigilancia marcaron la vida cotidiana bajo el nuevo régimen. Se consolidó una sociedad jerárquica y autoritaria, donde los vencedores impusieron su ideología, mientras los vencidos eran marginados o perseguidos. Las mujeres perdieron muchos derechos conquistados durante la República, y el papel de la Iglesia volvió a ser central en la vida social y educativa.

Políticamente, la victoria franquista supuso el establecimiento de una dictadura personal de Francisco Franco, que abolió las instituciones democráticas de la República y prohibió los partidos políticos y sindicatos libres. El régimen se basó en el nacionalcatolicismo, el autoritarismo y la represión, y se prolongó hasta la muerte de Franco en 1975.

B10–10: Apoyos sociales y oposición al franquismo

Durante la Guerra Civil, el bando franquista contó con el apoyo de amplios sectores conservadores de la sociedad española. Entre sus principales apoyos sociales se encontraban el alto clero y gran parte de la Iglesia católica, que vio en Franco un defensor del orden tradicional y de la religión frente al anticlericalismo republicano. También lo respaldaron los grandes propietarios agrarios, la alta burguesía, las clases medias católicas, buena parte del ejército y los monárquicos (alfonsinos y carlistas). Igualmente, la Falange Española, organización fascista liderada por José Antonio Primo de Rivera, proporcionó apoyo ideológico y cuadros políticos.

En la inmediata posguerra, estos apoyos se institucionalizaron en el nuevo régimen. La Iglesia recuperó un papel central en la educación y la moral pública, el ejército consolidó su influencia en el poder y los vencedores se repartieron los principales cargos y beneficios. El régimen se sustentó en un sistema autoritario y represivo, basado en el miedo, la censura, el control social y la exclusión política de los vencidos.

En cuanto a la oposición, durante la guerra resistieron los republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, nacionalistas catalanes y vascos, que fueron derrotados militarmente y duramente reprimidos tras el conflicto. En la posguerra, la oposición quedó muy debilitada. Muchos líderes estaban en el exilio, otros fueron encarcelados o ejecutados. Durante los años cuarenta, algunos grupos como guerrilleros antifranquistas (maquis) intentaron mantener la resistencia armada, aunque sin éxito. La represión, la pobreza y el aislamiento dificultaron la reorganización de una oposición efectiva, que no resurgiría con fuerza hasta la década de 1960.