B7-1 Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas

La Restauración (1875-1931) supuso el retorno de la monarquía y el liberalismo doctrinario en España, estableciendo un sistema político diseñado por Antonio Cánovas del Castillo. Su principal característica fue la estabilidad política, lograda mediante la limitación de la participación ciudadana y el control del proceso electoral.

Tras el pronunciamiento de Martínez Campos en 1874, Alfonso XII fue proclamado rey y se creó un Ministerio-Regencia dirigido por Cánovas. Este diseñó un sistema basado en el bipartidismo, la marginación de partidos antidinásticos y la Constitución de 1876. La monarquía tenía un papel central, considerada esencial para la historia de España y con amplios poderes compartidos con las Cortes.

El bipartidismo se estructuró en torno al Partido Conservador, liderado por Cánovas y apoyado por las clases altas, y el Partido Liberal, encabezado por Sagasta y respaldado por la burguesía industrial y las clases medias urbanas. Estos partidos carecían de diferencias ideológicas marcadas, lo que facilitaba su alternancia en el poder.

El sistema electoral se basaba en el fraude, asegurando la alternancia mediante el turno pacífico y el caciquismo. En 1885, con el Pacto de El Pardo, se institucionalizó el mecanismo: el gobierno dimitía, el rey nombraba al líder opositor y este organizaba elecciones amañadas para obtener la mayoría.

El caciquismo garantizaba el control electoral a través del pucherazo (fraude en el recuento) y la presión sobre los votantes rurales. Los caciques, figuras con gran influencia local, manipulaban los comicios asegurando la victoria de los candidatos pactados.

Este sistema, aunque estable, limitó la democracia real y excluyó a gran parte de la población del poder político, generando descontento y futuras tensiones.

B7-2 Características esenciales de la Constitución de 1876

La Constitución de 1876 buscó estabilidad y consenso entre las grandes fuerzas políticas para evitar la inestabilidad del período isabelino. Fue elaborada por una comisión y aprobada tras elecciones con mayoría canovista. Su base fue la Constitución de 1845, con algunos elementos de la de 1869.

Sus principales características fueron la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, una lista de derechos y libertades que podían ser limitados por leyes ordinarias, y la tolerancia religiosa, aunque el catolicismo se estableció como religión oficial. El Rey tenía amplios poderes, incluyendo la función ejecutiva, la facultad de convocar y disolver las Cortes, y el mando del ejército.

El sistema político era bicameral, con un Senado compuesto por senadores designados por el Rey y corporaciones del Estado, y un Congreso con diputados elegidos (uno por cada 50.000 habitantes). No se estableció un sistema electoral fijo en la Constitución, dejándolo a leyes posteriores; inicialmente fue por sufragio censitario hasta que en 1890 se instauró el sufragio universal masculino.

El poder judicial no se definía claramente, aunque se administraba justicia en nombre del Rey. La Constitución restauró la monarquía y el liberalismo doctrinario, manteniendo el predominio del monarca sobre el gobierno y las Cortes, facilitado por el fraude electoral.

Durante el reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, la alternancia política se basó en el turno pacífico entre conservadores y liberales. Tras la muerte de Alfonso XII (1885), el Pacto de El Pardo garantizó la continuidad del sistema. En la regencia se promulgaron reformas como la abolición de la esclavitud en Cuba (1886) y la Ley de Asociaciones (1887). Alfonso XIII asumió el trono en 1902.

B7-3 Origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego

Nacionalismo Catalán

Cataluña fue pionera en el regionalismo debido a su desarrollo económico y cultural en el siglo XIX (Renaixença). En 1891 se creó la Unión Catalanista, que presentó las Bases de Manresa, defendiendo la autonomía catalana. En 1901 nació la Lliga Regionalista, liderada por Prat de la Riba y Francesc Cambó, con fuerte apoyo burgués y conservador, gobernando la Mancomunidad de Cataluña (1914-1923). Paralelamente, se desarrolló un catalanismo republicano que, en 1931, formó Esquerra Republicana de Catalunya, ganando las elecciones.

Nacionalismo Vasco

Surge en la década de 1890 como reacción a la pérdida de fueros y la llegada de inmigrantes a la industrializada Bilbao. Su fundador, Sabino Arana, promovió la defensa de la lengua, costumbres y etnia vasca, con un fuerte componente católico y xenófobo. En 1895 fundó el Partido Nacionalista Vasco (PNV), popularizando el término Euzkadi y el lema “Dios y ley antigua”. Durante el siglo XX, el nacionalismo vasco osciló entre independentismo, autonomismo y catolicismo. En 1911 creó el sindicato Solidaridad de Obreros Vascos y en 1917 obtuvo representación parlamentaria.

Regionalismo Gallego

El galleguismo comenzó como un movimiento cultural ligado a la recuperación de la lengua en el siglo XIX (Rexurdimento), con Rosalía de Castro como figura clave. A finales de la Restauración, algunos intelectuales denunciaron el atraso económico de Galicia y su subordinación política. En la segunda década del siglo XX, Vicente Risco consolidó el nacionalismo gallego con una vertiente más política.

B7-5 Diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX

Los inicios del movimiento obrero en España (1820-1868) estuvieron marcados por la industrialización, aunque limitada, que generó una concentración obrera, especialmente en Barcelona. Las duras condiciones laborales provocaron revueltas espontáneas como el ludismo y los motines por el pan. En 1840 surgió la Asociación Mutua de Tejedores de Barcelona, pero fue prohibida en 1841. A partir de 1839, las huelgas se volvieron frecuentes, y en 1844 tuvo lugar la primera huelga general. Durante el Bienio Progresista (1854-1856) se legalizaron asociaciones obreras, pero con el regreso de los moderados fueron ilegalizadas. En 1868 se introdujo en España la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), dando mayor organización al movimiento.

El anarquismo fue la corriente predominante, con presencia en el campo andaluz y en la industria catalana. En 1868, José Fanelli introdujo el anarquismo en España, fundando la Federación Regional Española (FRE), vinculada a la AIT. En 1874, con el golpe de Pavía, la Internacional fue disuelta y pasó a la clandestinidad. Los anarquistas rechazaban la política parlamentaria y promovieron la huelga general y, en algunos sectores, la violencia.

El marxismo llegó con Paul Lafargue en 1871, defendiendo la participación política del proletariado. En 1879, Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y en 1888 surgió su sindicato, la Unión General de Trabajadores (UGT). Sin embargo, hasta el siglo XX, el socialismo fue minoritario frente al anarquismo.

El sindicalismo católico surgió con los Círculos Católicos de Obreros, fundados en 1864 por el jesuita Antonio Vicent. En 1895 se creó el Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras, aunque su impacto fue menor comparado con los sindicatos de clase anarquistas y socialistas.

B7-6 Política española respecto al problema de Cuba

La Paz de Zanjón de 1878 puso fin a la Guerra de los Diez Años en Cuba, tras promesas de reformas políticas y autonomía para la isla, que no se cumplieron. Esto llevó a la Guerra Chiquita de 1879 y a una nueva insurrección en 1895, impulsada por el Partido Revolucionario Cubano de José Martí. Este partido contaba con el apoyo de la burguesía criolla, la mayoría de la población negra y mulata, y sectores económicos vinculados a Estados Unidos, que apoyaba la independencia de Cuba para fortalecer su control sobre el Caribe.

El 24 de febrero de 1895 comenzó la guerra, con Máximo Gómez y Antonio Maceo como líderes independentistas. La respuesta española fue la pacificación bajo Martínez Campos, sustituido por Weyler, quien estableció campos de concentración. A pesar de la represión, los independentistas resistieron con apoyo popular y estadounidense, lo que intensificó el conflicto. Tras el asesinato de Cánovas, Sagasta intentó una solución con autonomía, pero ya era tarde.

La intervención de Estados Unidos fue decisiva. En 1898, tras la voladura del acorazado Maine, Estados Unidos declaró la guerra a España (Guerra Hispanoamericana). La flota española fue derrotada en Cuba, y las tropas estadounidenses invadieron Cuba y Puerto Rico. En Filipinas, la insurrección de 1896 y la derrota en Cavite en 1898 también significaron la caída de la soberanía española.

El Tratado de París de 1898 puso fin a la guerra, con España renunciando a Cuba, y Estados Unidos anexionando Puerto Rico, Guam y Filipinas. España perdió sus últimas colonias en el Pacífico, lo que generó una crisis nacional, aunque la economía no sufrió grandes secuelas gracias a los capitales repatriados.

B7-7 Consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e ideológico

La derrota en la Guerra Hispanoamericana y la pérdida de las colonias fueron conocidas en España como el “desastre del 98” o la crisis del 98. Aunque se esperaba una crisis económica y política profunda, las repercusiones inmediatas fueron menores. La crisis económica en la metrópoli fue leve, ya que los capitales repatriados desde las colonias estimularon la economía. El sistema de la Restauración política sobrevivió, pero algunos gobiernos intentaron aplicar ideas del Regeneracionismo, una corriente crítica con el sistema político y social español.

La crisis fue principalmente moral e ideológica, lo que causó un gran impacto psicológico en la población. La derrota destruyó el mito del Imperio español y relegó a España a un papel secundario en el contexto internacional. La prensa extranjera presentó a España como una nación decadente, con un ejército ineficaz y una clase política corrupta.

Esta situación impulsó la aparición de movimientos regeneracionistas que criticaban el sistema y propugnaban la modernización de la política española. El regeneracionismo fue apoyado por las clases medias y se ejemplificó en el pensamiento de Joaquín Costa, quien promovió la modernización de la economía y la alfabetización, además de la necesidad de reformas políticas.

El desastre también dio cohesión a la Generación del 98 (Unamuno, Valle-Inclán, Pío Baroja, Azorín), un grupo de intelectuales pesimistas que reflexionaron sobre el atraso de España. Además, la derrota afectó a la mentalidad de los militares, quienes adoptaron posturas autoritarias, lo que llevó a un regreso de la injerencia militar en la política, responsabilizando a los políticos de la derrota y abogando por un sistema más autoritario.

B8-1 Factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX

Durante el siglo XIX, el crecimiento demográfico en España fue menor que en otros países europeos debido a una alta mortalidad (28 por mil), lo que redujo la esperanza de vida y el crecimiento vegetativo.

Las causas principales de esta mortalidad fueron:

• Crisis de subsistencias por malas cosechas y un sistema agrícola atrasado, que dificultaba la distribución de alimentos.
• Epidemias periódicas como el cólera y la fiebre amarilla.
• Enfermedades endémicas (tuberculosis, viruela, sarampión, etc.), agravadas por la mala alimentación y la falta de higiene y atención sanitaria.

La economía española seguía dependiendo del sector agrícola, que representaba entre el 67 y el 70 % de la población activa. Esto llevó a una superpoblación rural, con campesinos obligados a trabajar en condiciones precarias o emigrar. La desamortización perjudicó a los jornaleros, quienes, sin acceso a tierras comunales, quedaron en una situación de explotación y bajos salarios.

La estructura económica estaba desequilibrada: el sector primario predominaba (70 %), mientras que el sector secundario (12 %) y el sector terciario (18 %) se concentraban en las ciudades. Este desequilibrio impulsó el éxodo rural, favoreciendo el crecimiento urbano, especialmente en Madrid, Barcelona y Bilbao. En estas ciudades surgieron barrios obreros periféricos, con escasos servicios, y ensanches burgueses bien planificados.

Ante la falta de oportunidades, muchos españoles emigraron a Iberoamérica, especialmente gallegos, asturianos, vascos y canarios. Cataluña fue la única región con una transición demográfica más temprana, mientras que en el resto de España no se produjo hasta el siglo XX, reflejando su retraso respecto a Europa.

B8-2 Evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX

Durante el siglo XIX, Cataluña fue la única región española donde la industrialización se desarrolló con capitales autóctonos, destacando la industria textil catalana, especialmente la algodonera. Su éxito se debió al temprano despegue industrial, la iniciativa de la burguesía catalana y la protección arancelaria. En cambio, la industria lanera, antes predominante, quedó relegada y se trasladó a Sabadell y Terrassa, beneficiándose de su proximidad a Barcelona.

La siderurgia española tuvo un desarrollo inestable debido a la escasez de carbón de calidad y a la falta de demanda. Se distinguieron tres etapas: la andaluza (hasta los años 60), centrada en Málaga pero limitada por el uso de carbón vegetal; la asturiana (años 60-80), que utilizó carbón local pero de baja calidad; y la vizcaína, que, tras la Restauración, consolidó su crecimiento gracias a la exportación de hierro a Cardiff y la importación de carbón galés de mejor calidad, destacando la fundación de Altos Hornos de Vizcaya en 1902.

España contaba con abundantes recursos minerales (hierro, plomo, cobre, mercurio y cinc), ubicados cerca de puertos, lo que facilitaba su exportación. Sin embargo, la minería fue tardía y su desarrollo se vio limitado por la falta de capital, tecnología y demanda interna. La Ley de Minas de 1868 permitió la inversión extranjera, lo que impulsó la explotación de yacimientos por empresas francesas e inglesas, que repatriaban los beneficios. España se convirtió en el mayor productor mundial de plomo y el segundo de cobre y mercurio. A pesar del crecimiento del sector, la minería sirvió principalmente para la exportación de materias primas sin transformación, beneficiando a inversores extranjeros más que a la economía nacional.

B8-3 Comparación de la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa

La industrialización española fue limitada y concentrada en Cataluña y el País Vasco, manteniéndose como un país agrario a finales del siglo XIX. Factores geográficos dificultaron el transporte y el comercio interior, como la meseta central elevada, montañas, ríos poco navegables y la escasez de puertos naturales, lo que restringió el comercio marítimo.

Otros obstáculos incluyen la baja productividad de las manufacturas tradicionales, la falta de un mercado nacional unificado y la escasez de capitales españoles, que en su mayoría se invirtieron en tierras desamortizadas en lugar de en la industria. Como resultado, la industria moderna se desarrolló mayormente con capital extranjero.

La industria textil catalana se benefició de la acumulación de capital por el comercio de vinos y negocios coloniales, mientras que en el País Vasco, desde 1874, los ingresos de la exportación de hierro a Gran Bretaña permitieron el desarrollo de la banca y la industria siderúrgica. Madrid tuvo un cierto crecimiento como centro financiero y administrativo, pero el resto del país apenas vio desarrollo industrial significativo.

La falta de competitividad exterior obligó a España a adoptar políticas proteccionistas para sostener su mercado interno. Como consecuencia, el país permaneció fragmentado en mercados aislados, lo que limitó su desarrollo económico e industrial en comparación con otros.

B8-4 Objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855

La construcción del ferrocarril en España fue clave para reducir costos de transporte y fomentar un mercado interior. En 1844 se decidió un ancho de vía superior al europeo, justificándolo por la necesidad de locomotoras más potentes debido al relieve montañoso y, según algunos, por razones estratégicas para evitar invasiones. Sin embargo, el desarrollo ferroviario fue lento hasta la Ley General de Ferrocarriles de 1855, que impulsó la inversión, especialmente extranjera, con incentivos como subvenciones estatales y facilidades para la importación de material ferroviario.

Gracias a esta ley, entre 1856 y 1866 se construyeron 4.500 kilómetros de vías, pero el ferrocarril no estimuló la industria siderúrgica nacional, ya que se importaron materiales. Además, la planificación de la red fue defectuosa, con una disposición radial centrada en Madrid en lugar de favorecer las conexiones entre las zonas periféricas más dinámicas. La construcción se realizó precipitadamente para aprovechar las subvenciones, sin considerar la baja demanda de transporte, lo que llevó a la quiebra de muchas compañías y a la crisis financiera de 1866.

A pesar de los problemas iniciales, la construcción ferroviaria se reactivó en 1875. Para 1900, España contaba con 13.168 kilómetros de vías, controladas en su mayoría por compañías con capital extranjero, como MZA y la Compañía del Norte. El ancho de vía mayor al europeo se mantuvo, lo que dificultó los intercambios comerciales con el resto del continente. En definitiva, aunque se construyó una extensa red ferroviaria, su impacto en la industrialización y en la economía nacional fue limitado debido a la falta de planificación, la dependencia del capital extranjero y la ausencia de una demanda suficiente para hacer rentable su explotación.

B8-6 Política económica de España en la segunda mitad del siglo XIX: proteccionismo, librecambismo, unidad monetaria y banca moderna

Durante la segunda mitad del siglo XIX, España adoptó diversas políticas económicas que marcaron su desarrollo industrial y financiero, con enfoques proteccionistas y librecambistas, unificación monetaria y la consolidación de la banca moderna.

Proteccionismo

Esta política, centrada en proteger la producción nacional frente a la competencia extranjera, se refleja en la imposición de aranceles aduaneros altos que dificultaron la entrada de productos foráneos. El objetivo era fomentar la producción interna mediante subvenciones y medidas que favorecieran a los sectores industriales locales. Los principales defensores de esta política fueron los fabricantes textiles catalanes, que temían la competencia extranjera, los productores de cereales castellanos, que querían asegurar el mercado para sus cosechas, y los industriales siderúrgicos vascos. A lo largo del siglo XIX, el proteccionismo se consolidó, especialmente durante la Restauración, cuando Cánovas del Castillo promovió un sistema económico proteccionista como un dogma fundamental del Partido Conservador. Esta política fue una de las causas de la debilidad del sistema industrial español, pues limitó el desarrollo de la industria local y creó una dependencia de productos importados. A pesar de los intentos de algunos sectores de flexibilizar las medidas arancelarias, el proteccionismo predominó hasta bien entrado el siglo XX.

Librecambismo

Frente al proteccionismo, los defensores del librecambismo, como comerciantes y compañías ferroviarias, abogaron por un menor intervencionismo estatal en la economía, favoreciendo la apertura al comercio internacional. Creían que la competencia extranjera beneficiaría a los consumidores y estimularía la innovación. En España, las medidas librecambistas fueron limitadas, destacando el Arancel Figuerola de 1869, que redujo los aranceles a las importaciones, aunque sin eliminarlos por completo. Sin embargo, esta política no llegó a implementarse completamente debido a la resistencia de los sectores industriales y la política proteccionista vigente.

Unidad monetaria

A principios del siglo XIX, España sufría de una gran fragmentación monetaria, con monedas de distintas regiones y épocas que dificultaban el comercio. En 1868, se instauró la peseta como la nueva unidad monetaria, siguiendo un sistema decimal y con un valor equiparado al del franco francés. Esta reforma facilitó el comercio interior y la estabilidad económica, contribuyendo al desarrollo del mercado interno.

Banca moderna

En paralelo a la unificación monetaria, España dio pasos hacia la creación de un sistema bancario moderno. El Banco Nacional de San Carlos, fundado en 1782, fue el primer banco de emisión oficial, y con el tiempo surgieron nuevas instituciones como el Banco de España (1856). El sistema bancario se centró en financiar el desarrollo de infraestructuras, especialmente el ferrocarril, aunque las crisis financieras, como la de 1866, afectaron su estabilidad. A finales de siglo, el sistema bancario español estaba más consolidado, aunque con desafíos persistentes.

Estas políticas reflejan un proceso de modernización y contradicción económica, que dejó una huella profunda en la economía española.