La Proclamación de la Segunda República, el Gobierno Provisional y la Constitución de 1931. El Sufragio Femenino
La proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931 fue el resultado de la crisis del sistema de la Restauración y la incapacidad de la monarquía de Alfonso XIII para responder a las demandas populares. La crisis económica mundial de 1929, el auge de ideologías antiliberales en Europa y el desgaste del sistema monárquico allanaron el camino para el cambio de régimen.
El detonante fue la celebración de elecciones municipales el 12 de abril de 1931. Aunque los monárquicos obtuvieron más concejales, los republicanos triunfaron en las principales ciudades, lo que fue interpretado como un apoyo mayoritario a la República. Ante la presión popular y la falta de respaldo, Alfonso XIII abandonó el país sin abdicar. Ese mismo día, se proclamó la Segunda República en varias ciudades, y en Barcelona, Francesc Macià declaró la República Catalana, aunque más tarde aceptó su integración dentro del nuevo régimen con la promesa de autonomía.
Se formó un Gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora, compuesto por republicanos y socialistas. Este gobierno impulsó reformas urgentes en el ámbito agrario, militar y educativo, sentando las bases del Bienio Reformista (1931-1933). Se estableció la obligatoriedad de contratar jornaleros locales y se promovió el laboreo forzoso de tierras, lo que generó el rechazo de los grandes propietarios. En lo militar, se intentó reducir la influencia del Ejército, cerrando la Academia Militar de Zaragoza dirigida por Francisco Franco. En educación, se impulsó un modelo laico con la construcción de escuelas y la mejora de las condiciones del profesorado, lo que provocó el enfrentamiento con la Iglesia.
Desde el principio, la República enfrentó conflictos sociales y políticos. La Iglesia adoptó una postura hostil, y el cardenal Segura denunció el nuevo régimen, lo que generó ataques a iglesias y conventos. La crisis económica mundial provocó huelgas y enfrentamientos, deteriorando la imagen de la República.
La Constitución de 1931, aprobada el 9 de diciembre, estableció un Estado democrático, laico y descentralizado. Inspirada en la Constitución de Weimar, reconocía la soberanía popular, derechos individuales, igualdad ante la ley y autonomía regional. Se estableció un sistema unicameral y un presidente de la República con funciones de control sobre el Gobierno. También se garantizaron derechos sociales como la educación gratuita y la igualdad en el matrimonio.
Uno de los aspectos más innovadores fue la inclusión del sufragio femenino, impulsado por Clara Campoamor. Su aprobación el 1 de octubre de 1931 convirtió a España en el primer país latino en reconocer el derecho al voto de las mujeres. Sin embargo, la medida generó un intenso debate, ya que sectores como el de Victoria Kent temían que las mujeres fueran influenciadas por la Iglesia. El voto femenino se ejerció por primera vez en las elecciones de 1933, beneficiando a la derecha, lo que generó críticas dentro del propio sector republicano.
A pesar de sus avances democráticos, la Segunda República enfrentó una fuerte oposición de la Iglesia, el Ejército y sectores conservadores. El intento de golpe del general Sanjurjo en 1932, la radicalización política y el enfrentamiento entre derecha e izquierda agravaron la situación, desembocando en la Guerra Civil en 1936.
El Bienio Reformista (1931-1933)
El Bienio Reformista (1931-1933) fue una fase clave de la Segunda República Española, impulsada por el gobierno de Manuel Azaña con el respaldo del Partido Socialista y sectores republicanos. Su objetivo era modernizar el país y democratizar sus instituciones mediante reformas en la política, el ejército, la educación, la agricultura y la cuestión territorial.
La Constitución de 1931 sentó las bases legales para estos cambios, pero su aplicación dependió del gobierno. Azaña, tras la salida del Partido Radical de Lerroux, lideró un ambicioso programa bajo el lema “rectificar lo tradicional por lo racional”. Sin embargo, las reformas encontraron una fuerte oposición de sectores conservadores, la Iglesia y los grandes propietarios, lo que provocó una creciente conflictividad social y política.
Principales reformas
Política: Se consolidó el sistema democrático con el sufragio universal (incluyendo el voto femenino) y el reconocimiento de la autonomía regional.
Territorial: Cataluña obtuvo su Estatuto de Autonomía en 1932, pero el proceso en el País Vasco y Galicia quedó inconcluso.
Militar: Se redujo la influencia del Ejército mediante la Ley del Retiro de la Oficialidad y el cierre de la Academia Militar de Zaragoza, lo que generó malestar y el fallido golpe de Sanjurjo (1932).
Agraria: La Ley de Bases para la Reforma Agraria buscó redistribuir tierras, pero su lenta aplicación provocó frustración entre los campesinos y ocupaciones de fincas.
Educativa: Se promovió una educación laica, gratuita y mixta, con la construcción de miles de escuelas y las Misiones Pedagógicas, lo que generó un choque con la Iglesia.
Laboral: Se estableció la jornada de ocho horas en el campo, leyes de negociación colectiva y jurados mixtos para resolver conflictos laborales.
Secularizadora: Se disolvió la Compañía de Jesús y se limitó la influencia de la Iglesia en la educación y la economía.
Conflictos y Oposición
Las reformas encontraron fuerte resistencia:
La Iglesia, por las medidas laicistas.
Los grandes propietarios, por la reforma agraria.
El Ejército, por la reducción de su poder.
La derecha política, que se organizó en la CEDA, Renovación Española y Falange.
Los anarquistas, que promovieron insurrecciones como Casas Viejas (1933), duramente reprimida.
Crisis del Gobierno y Elecciones de 1933
El Gobierno de Azaña se debilitó en 1933 tras la represión de Casas Viejas, que dañó su imagen y alejó al PSOE. En septiembre, el rechazo de sus candidatos al Tribunal de Garantías Constitucionales lo llevó a dimitir.
El presidente Alcalá Zamora disolvió las Cortes y convocó elecciones en noviembre. La derecha, unida en la CEDA y el Partido Radical, venció ante una izquierda dividida.
El Bienio Reformista terminó con un giro conservador, paralizando reformas y aumentando la radicalización, lo que llevó a la Revolución de Octubre de 1934 y a la futura Guerra Civil.
El Bienio Radical-Cedista y el Frente Popular (1933-1936)
Tras las elecciones de noviembre de 1933, el gobierno pasó a manos del Partido Radical de Alejandro Lerroux, con el apoyo parlamentario de la CEDA de José María Gil Robles. Este periodo supuso una reacción conservadora contra las reformas del Bienio Reformista (1931-1933), lo que llevó a la paralización de la reforma agraria, la devolución de tierras a sus antiguos propietarios y la restauración de la influencia de la Iglesia en la educación. También se suspendió la Ley de Contratos de Cultivo en Cataluña, lo que generó tensiones con la Generalitat.
El 4 de octubre de 1934, la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno fue vista por la izquierda como un intento de instaurar un régimen autoritario. En respuesta, el PSOE y los sindicatos llamaron a la insurrección. La revuelta fracasó en la mayoría del país, pero en Asturias los mineros y obreros instauraron un gobierno revolucionario que fue reprimido por el ejército bajo el mando de Francisco Franco, con un saldo de 1.500 muertos y miles de detenidos. En Cataluña, Lluís Companys proclamó el “Estado Catalán dentro de la República Federal”, pero fue sofocado rápidamente. La Generalitat fue suspendida y sus líderes encarcelados.
La represión posterior endureció las posturas de la izquierda, mientras la derecha se fortalecía. Sin embargo, en 1935, la crisis del gobierno se agravó con escándalos de corrupción como el Caso Estraperlo, que debilitó al Partido Radical. La pérdida de confianza llevó a la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones en febrero de 1936.
En este contexto, la izquierda se unió en el Frente Popular, una coalición de republicanos, socialistas y comunistas, que defendía la amnistía para los presos políticos de 1934 y la reactivación de las reformas. La derecha, sin embargo, no logró un frente común.
Las elecciones fueron muy ajustadas: la izquierda obtuvo 278 diputados, la derecha 124 y el centro 51. Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República y Casares Quiroga, jefe de Gobierno. Se reactivaron las reformas, se liberó a los presos de 1934 y se restauró la autonomía catalana.
Sin embargo, el clima político se deterioró con huelgas, ocupaciones de tierras y violencia callejera entre militantes de izquierda y grupos de extrema derecha, como la Falange.
El 12 de julio de 1936, el asesinato del teniente José del Castillo, de ideología socialista, a manos de la extrema derecha, y la posterior represalia con el asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo, precipitaron el golpe militar.
El 17 de julio, tropas en Marruecos se sublevaron y al día siguiente el levantamiento se extendió por España. Aunque fracasó en algunas ciudades clave, la negativa de los insurrectos a rendirse llevó al inicio de la Guerra Civil Española (1936-1939).
El Bienio Radical-Cedista no logró estabilizar la República, sino que profundizó la polarización política. La represión tras la Revolución de Octubre, la corrupción y el creciente enfrentamiento entre derecha e izquierda hicieron inevitable el estallido del conflicto.