La Restauración del Absolutismo y el Trienio Liberal (1814-1823)
La Restauración del Absolutismo (1814-1820)
Los liberales, desconfiando de la predisposición de Fernando VII para aceptar el nuevo orden constitucional, organizaron su viaje a Madrid para jurar la Constitución. Fernando VII, inicialmente temeroso, acató las condiciones. Sin embargo, los absolutistas (nobleza y clero) vieron en su regreso la oportunidad de restaurar el Antiguo Régimen. Se organizaron, demandaron la restauración del absolutismo mediante el “Manifiesto de los Persas” y movilizaron al pueblo.
Fernando VII, seguro del apoyo, traicionó sus promesas. Mediante el Real Decreto de 4 de mayo de 1814, anuló la Constitución y las leyes de Cádiz, reinstaurando el absolutismo. Se produjo una fuerte represión contra los liberales, con detenciones, asesinatos y exilios.
La monarquía restauró las antiguas instituciones, el régimen señorial y la Inquisición. Este retorno al Antiguo Régimen se produjo en un contexto internacional marcado por la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena (1815) y la creación de la Santa Alianza, que garantizaba la defensa del absolutismo.
A partir de 1815, Fernando VII intentó reconstruir un país devastado por la guerra, con una economía en ruinas y las colonias en lucha por su independencia. Sus gobiernos fracasaron. Las pérdidas humanas (255.000 a 375.000 muertos) y materiales arruinaron al campesinado. La Hacienda real entró en bancarrota por la falta de recursos y los gastos militares en las colonias americanas.
Además, los acontecimientos de 1808-1814 habían cambiado la mentalidad de muchos. El campesinado dejó de pagar rentas señoriales. La burguesía urbana reclamaba el régimen constitucional. La integración de jefes guerrilleros en el ejército creó un sector liberal que protagonizaría pronunciamientos. La represión fue la única respuesta de la monarquía.
El Trienio Liberal (1820-1823)
El 1 de enero de 1820, el coronel Rafael del Riego se sublevó en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), proclamando la Constitución de 1812. La pasividad del ejército, la acción liberal en las ciudades y la neutralidad campesina obligaron a Fernando VII a aceptar la Constitución el 10 de marzo. Se formó un nuevo gobierno, se proclamó una amnistía y se convocaron elecciones a Cortes.
Los diputados liberales, en mayoría, iniciaron una importante obra legislativa. Restauraron reformas de Cádiz: libertad de industria, abolición de gremios, supresión de señoríos y mayorazgos, y venta de tierras de monasterios. Redujeron el diezmo y reformaron el sistema fiscal, el código penal y el ejército. Impulsaron la liberalización de la industria y el comercio. Iniciaron la modernización política y administrativa, formando ayuntamientos y diputaciones electivos, y reconstruyendo la Milicia Nacional.
Estas reformas generaron la oposición de la monarquía. Fernando VII, que había aceptado el nuevo régimen forzado por las circunstancias, paralizó leyes y conspiró contra el gobierno, buscando la intervención de las potencias absolutistas.
Las medidas liberales provocaron el descontento campesino. Se abolieron los señoríos jurisdiccionales, pero no se facilitó el acceso a la tierra. Los antiguos señores se convirtieron en propietarios, y los campesinos, en arrendatarios. No hubo rebaja de impuestos, y la monetarización de las rentas obligaba a los campesinos a conseguir dinero, algo difícil en una economía de autosuficiencia. Los campesinos se sumaron a la agitación antiliberal.
La nobleza y la Iglesia, perjudicadas por la supresión del diezmo y la venta de bienes, impulsaron la revuelta. En 1822, se alzaron partidas absolutistas en Cataluña, Navarra, Galicia y el Maestrazgo, llegando a dominar amplias zonas y estableciendo una regencia absolutista en Seo de Urgel en 1823. Los Voluntarios Realistas sumaron 280.000 miembros.