1. El Sector Primario en España

La economía española presenta tres graves problemas durante el siglo XVIII y el primer tercio del XIX, que explican el fenómeno desamortizador:

1. Deuda pública: El Estado necesita ingresos. Emite vales reales como inversión a largo plazo. Sin embargo, carece de recursos para garantizar su pago.
2. Tamaño de la propiedad agraria: El minifundio (norte) es poco productivo. El latifundio (sur) provoca una masa de jornaleros pobres.
3. Falta de productividad del sector primario: La agricultura sigue siendo de subsistencia y periódicamente se producen malas cosechas producto de la climatología.

A estos tres grandes factores, podríamos añadir la progresiva despoblación del campo, a causa de la dureza de las condiciones de vida del campesino y los escasos beneficios. Por otro lado, la ganadería trashumante presiona sobre la agricultura. Los privilegios de los que gozaba la Mesta desde la Baja Edad Media impedían roturar tierras de pasos y cercar fincas.

La España del XIX es un país predominantemente agrario. En 1900 acapara dos tercios de la población activa y más de la mitad de la renta nacional. Las políticas económicas de los sucesivos gobiernos durante el siglo XIX practican el proteccionismo, favoreciendo los productos nacionales sobre los extranjeros, cuyas importaciones grava con importantes aranceles. Pero estas políticas también les resta competitividad, desincentivando la inversión en mejoras productivas y propiciando precios más altos. Por último, la desviación de capitales hacia la adquisición de fincas y la deuda pública, que promete altos intereses, impide las inversiones en la industria.

1.1. Cultivos

El sistema agrario es dual. Pese a que las reformas buscan convertirlo en una agricultura capitalista, solo se logra en parte. Coexisten dos sistemas:

• Tradicional: es el mayoritario. Consiste en una agricultura de subsistencia centrada en el cultivo de cereales panificables (trigo) con técnicas tradicionales (arado romano, escasez de abonos). Los sistemas de cultivo más frecuentes son:
  • Rotación trienal (cereal de invierno, primavera y barbecho)
  • Cultivo de año y vez (cereal y barbecho).
• Moderno: se da principalmente en Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía. Es un sistema intensivo, aunque se utilizan técnicas tradicionales. Produce aceite, vino, naranjas o corcho, que tienen una demanda interior y exterior creciente.

En general, por tanto, se trata de un sector atrasado. Periódicamente se producen crisis alimentarias o de subsistencia. Ni la supresión de los señoríos ni las desamortizaciones mejoran notablemente los rendimientos, en buena medida porque los nuevos propietarios no invierten en mejoras.

La mejora del transporte y el proteccionismo estatal orienta la producción fundamentalmente de trigo, al autoabastecimiento nacional: desde 1820 no es necesario importar trigo y desde 1870 se consideran superadas las crisis de subsistencia, reduciéndose el cultivo de cereal por la competencia del grano ruso y americano tras liberalizar aranceles (1869), expandiéndose tres cultivos:

• Vid: Su extensión se triplica en la primera mitad del siglo XIX y sus exportaciones crecen vertiginosamente en la segunda por la plaga de la filoxera en Francia, que afectará a España en la transición al siglo XX. Su progreso se frena por la falta de reinversión de beneficios en las explotaciones.
• Aceite de oliva: La producción también crece, estimulada por la demanda exterior gracias a la mejora de la calidad: la modernización de las almazaras (máquina de vapor y prensa hidráulica) agilizan el proceso evitando la fermentación del fruto. Las medidas de 1887 que prohíben la importación de aceites, previas al arancel de 1891, aumentan la extensión de olivar un 68%.
• Regadíos y frutales: proliferan en el área mediterránea. La remolacha azucarera crece tras la pérdida de Cuba.

1.2. Ganadería

La ganadería entra en decadencia en el XVIII por la presión demográfica que incrementa los cultivos alimenticios y desplaza los forrajeros. La desamortización estimula esta tendencia:

• Directamente: se roturan tierras comunales y baldíos que antes habían sido pastos o forrajes (algunas reservadas a la Mesta, abolida en 1836).
• Indirectamente: cercamiento que obstaculiza la trashumancia, base de la cabaña ovina, menos rentable conforme el algodón se impone.

2. Las Desamortizaciones

El proceso de desamortización supone el paso de la propiedad institucional a la individual. Señoríos, mayorazgos, bienes propios y comunes dejan de estar vinculados a instituciones.

Las desamortizaciones tienen motivaciones de varios tipos:

1. Fiscales: La Hacienda ha de afrontar gastos bélicos (Mendizábal) o inversiones públicas (Madoz). Las tierras confiscadas que no tributaban como señoríos, al pasar a propiedad individual sí lo hacen.
2. Políticas: Crear una masa de propietarios ligada al liberalismo. Se consigue, pero a costa de enturbiar las relaciones con la Iglesia.
3. Económicas: La modernización de la estructura de la propiedad debería lograr el autoabastecimiento y la modernización del resto de los sectores económicos. Pero no hay reinversión.
4. Sociales: Se pretende reformar la estructura de la propiedad, fomentando la mediana propiedad. Pero la propiedad se concentra.

2.2. Primeros Intentos Desamortizadores

El proceso se inicia durante el reinado de Carlos IV y reaparece discontinuamente durante el primer tercio del XIX:

• 1798: Cayetano Soler, ministro de Hacienda de Godoy, desamortiza un cuarto de los bienes eclesiásticos y confisca una novena parte del diezmo de América para evitar la bancarrota del Estado.
• 1808: José I suprime comunidades religiosas y confisca sus bienes, pasando una parte a sus colaboradores afrancesados. Su alcance es limitado, pues se revierten tras la derrota napoleónica.
• La verdadera obra desvinculadora y desamortizadora comienza con los decretos de las Cortes de Cádiz, que introducen el liberalismo y la revolución burguesa en España:
  • Elimina los señoríos jurisdiccionales (6-8-1811). Gran parte de la nobleza se acoge a él aportando los títulos de propiedad o a través de los tribunales y obteniendo así su propiedad efectiva.
  • Nacionalización de tierras de las órdenes religiosas y militares, conventos y monasterios destruidos durante la guerra, tierras baldías y de realengo y confiscadas a los afrancesados.
  • Supresión de los mayorazgos, que las Cortes de Cádiz solo insinúa y se desarrolla durante el Trienio Liberal. Son derogados por Fernando VII durante el Sexenio Absolutista y se retoma de nuevo durante el Trienio Liberal (1820-1823).

2.3. La Desamortización de Mendizábal (1836)

Juan Álvarez Méndez, Mendizábal, liberal progresista, es nombrado Presidente del Gobierno a fines de 1835. Restablece los decretos sobre supresión de mayorazgos del Trienio Liberal y dispone medidas que afectan fundamentalmente a los bienes eclesiásticos:

1. Elimina las órdenes religiosas (salvo las dedicadas a enseñanza y asistencia sanitaria), expropiando sus bienes y subastándolos.
2. La Ley de Desamortización (1836) determina el sistema a seguir para fraccionar y subastar los bienes expropiados a la Iglesia (manos muertas), que se podrán pagar en efectivo o mediante el canje de vales reales.

La propiedad de la Iglesia es incompatible con las bases del concepto liberal de propiedad, que debe estar siempre en manos de un individuo, no de una institución, y en el mercado para poder ser vendidas. Es necesario desvincular la tierra de la Iglesia que estaba amortizada o en manos muertas.

Los objetivos que se buscan con esta medida son:

• Solucionar el problema de la deuda del Estado. Por eso se aceptan los títulos de deuda pública. El Estado está endeudado desde fines del XVIII, principalmente por las guerras. Mendizábal necesita dinero para afrontar la I Guerra Carlista, pagar a los acreedores y fortalecer la posición del Estado ante futuros créditos con instituciones extranjeras.
• Conseguir apoyo político de los compradores, creando una «copiosa familia de propietarios» que defienda la causa liberal frente a la persistencia de una parte de la población que sigue apoyando al absolutismo.
• Mejorar la producción agraria: al pasar la explotación agraria a propiedad privada y modernizándola, se espera que se impulse la industrialización.
• Repartir pequeños lotes entre pequeños agricultores para mejorar su condición social y evitar la concentración en manos de latifundistas.

Espartero promulga la ley de desamortización de bienes del clero secular (1937), aunque con escasa incidencia. Los gobiernos moderados ralentizarán el ritmo de la desamortización a partir de 1841, que cesarán cuando el gobierno de Bravo Murillo suscribe con el Vaticano el Concordato de 1851, que restablece las deterioradas relaciones entre Iglesia y Estado, rotas de nuevo durante el segundo Bienio Progresista.

El grado de cumplimiento de los objetivos iniciales es desigual:

• Disminuye la deuda pero no desaparece. Los bienes expropiados (1836-1841) se tasan en 1.700 millones de reales. Sin embargo, la deuda se estima en 10.000, en parte por el conflicto carlista. Durante la regencia de Espartero (1841-1843), se obtiene una cantidad similar con la desamortización del clero regular.
• No mejora significativamente la producción agraria. Los beneficiarios son capitalistas que tienen títulos de deuda y la burguesía adinerada, que no se preocupan por la inversión productiva ni por la mejora las técnicas de cultivo.
• Se crea una base social liberal (esencialmente de origen burgués) suficiente para mantener el trono de Isabel II y defenderlo frente a los carlistas evitando el retorno del Antiguo Régimen.
• La Iglesia se posiciona contra el Estado y el liberalismo. Se rompen las relaciones con el Vaticano.
• No supera el desigual reparto de la propiedad agraria. Aumentan los latifundios. Aparece una rica burguesía terrateniente y la nobleza aprovecha para incrementar su patrimonio agrícola. Los jornaleros no obtienen tierras y disminuye su apoyo al sistema liberal.

2.4. Desamortización de Madoz (1855)

Entre 1854-1856, durante el Bienio Liberal, el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, reinicia la etapa más importante del proceso desamortizador con la Ley de Desamortización General (1855) que rige durante gran parte de la segunda mitad del XIX. Se centra en los bienes de la Iglesia que aún quedaban sin vender y tierras de los municipios (comunes y propios). El objetivo de sanear la Hacienda Pública queda en un segundo plano, dirigiéndose fundamentalmente a financiar la construcción del ferrocarril.

Los ayuntamientos pierden los bienes que arriendan para financiarse. Sin embargo, las rentas de los bienes desamortizados no van al Estado, sino que permanecen en los ayuntamientos. Además, algunos campesinos de clase media o modesta pueden comprar tierras en mayor medida que en el anterior proceso. Perjudica la inversión de capital en industria, porque se ata a la tierra.

2.5. Valoración de los Procesos Desamortizadores

Los objetivos no se cumplen en su mayoría. Desde el punto de vista político se señalan tres aspectos:

• El liberalismo en general, tanto moderado como progresista, está de acuerdo con el proceso y da su apoyo constante.
• Carlistas absolutistas y moderados más conservadores lo consideran un robo a la Iglesia (Balmes o Donoso Cortés).
• Los progresistas más a la izquierda también la critican. El diputado Flórez Estrada propone que el Estado arriende a los campesinos las tierras en lugar de venderlas. Así se acaba con el problema de la deuda y se reparte mejor la propiedad logrando más apoyos al sistema liberal.

Desde el punto de vista económico:

• El Estado no resuelve su endeudamiento. Se recauda menos dinero del previsto por la corrupción y por un complicado sistema de compra que permite el pago con títulos de deuda pública (depreciada).
• La explotación sigue siendo tradicional. El trasvase de capitales para la compra de tierra olvida la inversión en mejoras técnicas. La productividad aumenta por la roturación de nuevas tierras y por el crecimiento sostenido de la población.

Socialmente, aumenta el protagonismo de la burguesía y, sobre todo, el número de jornaleros. Los sistemas de explotación capitalista retienen mano de obra barata, sobre todo en Andalucía donde se crean grandes latifundios.

Culturalmente, la desaparición de instituciones religiosas supone la destrucción o el deterioro de edificios históricos y la dispersión su patrimonio, aunque parte se recuperó después en archivos y museos.