El Proceso de Elaboración y Aprobación de la Constitución de 1978 y sus Características Esenciales

Desde la muerte de Franco en 1975, se inicia un proceso de Transición desde la dictadura militar hacia la democracia. Los factores que facilitaron este proceso fueron: la sociedad española, que ahora miraba hacia Europa; el franquismo en crisis, dividido entre aperturistas e inmovilistas; la oposición al régimen, que en su mayoría apostó decididamente por una transición pacífica; y el rey, que indudablemente había apostado por la democracia. Las acciones terroristas de la izquierda y la derecha radical, y la crisis económica internacional del petróleo de 1973, dificultaron el proceso.

1. Elaboración y Aprobación de la Constitución

El Rey refrendó a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno (1975-76), quien mantuvo el inmovilismo del régimen. La oposición política, unida en la Coordinación Democrática, seguía en aumento, con huelgas y manifestaciones. La respuesta represiva y violenta del gobierno provocó acontecimientos tan dramáticos como los sucesos de Vitoria, en marzo de 1976, con cinco obreros muertos y un centenar de heridos. Esta incapacidad de Arias Navarro de evolucionar hacia la democracia llevó al rey a cesarle y nombrar a Adolfo Suárez nuevo presidente de gobierno en julio de 1976. Suárez, político reformista surgido del franquismo, llevó a cabo rápidamente una serie de medidas que anunciaban su voluntad de reforma política: amnistía para los presos políticos, promesa de diálogo con la oposición y elecciones generales para antes de un año. Sin embargo, la principal iniciativa de Suárez fue la promulgación de la Ley para la Reforma Política en noviembre de 1976, Ley Fundamental que suponía la supresión de las Cortes Franquistas y la convocatoria de elecciones libres. Tras negociar que el nuevo régimen no autorizaría ningún tipo de represalia, las propias Cortes aprobaron su disolución. En diciembre de 1976, y a pesar de que la oposición democrática la consideró insuficiente, la Ley de Reforma Política obtuvo un apoyo popular mayoritario en el Referéndum de diciembre de 1976.

El proceso de transición a la democracia estuvo entorpecido por la escalada terrorista. Grupos de extrema izquierda (ETA, GRAPO) y de extrema derecha (Matanza de Atocha, enero de 1977) pretendían con sus acciones terroristas desestabilizar la vida política española y boicotear el tránsito a la democracia, seguramente para provocar un golpe de estado militar, dado que la mayor parte de las víctimas de los terroristas de izquierdas eran militares.

El otro gran problema de la Transición Democrática fue la cuestión del PCE. Amplios sectores franquistas consideraban que el Partido Comunista no cabía en la Ley de Reforma Política, pues argumentaban que no era un partido verdaderamente democrático, pues estaba al servicio de la URSS. Suárez tuvo que negociar con Santiago Carrillo la legalización del PCE, y tomó esta arriesgada medida por sorpresa en abril de 1977. Carrillo se comprometió a aceptar la monarquía y la bandera bicolor. Días después se legalizaban sindicatos y se aceleraba el regreso de exiliados.

Las primeras elecciones democráticas después del franquismo se celebraron el 15 de junio de 1977. Estas fueron ganadas por UCD, partido formado por Suárez tras la fusión de muchos partidos de centro-derecha moderada y que encuadraba a muchos antiguos franquistas moderados. Consecuentemente, Suárez encabezó el primer gobierno de la democracia. El segundo partido más votado fue el PSOE, dirigido por Felipe González y Alfonso Guerra, y asumió la dirección de la oposición. Estos partidos se encontraban en el centro del espectro político, y sus resultados muestran una moderación del electorado. Por el contrario, los partidos de la derecha franquista (AP de Manuel Fraga Iribarne) y de la izquierda (PCE de Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo) obtuvieron unos resultados decepcionantes. A su vez, en el País Vasco y Cataluña vencieron las fuerzas nacionalistas (PNV y EE en el primero; ERC y PDC en la segunda).

El amplio apoyo electoral que obtuvieron las fuerzas nacionalistas en el País Vasco y Cataluña puso sobre la mesa la cuestión de las autonomías. Suárez decidió reconocer las preautonomías de Cataluña y del País Vasco, pues, de hecho, existían ya gobiernos vascos y catalanes que habían permanecido en el exilio durante el franquismo.

Otra cuestión urgente es que el gobierno acometiera el problema de la crisis económica, pues el número de parados y la inflación aumentaban año tras año. El gobierno de Suárez consiguió acordar con el PSOE y otras fuerzas sindicales y patronales los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977, un consenso sobre la política económica del gobierno que evitara en lo posible la conflictividad laboral hasta que se consolidara la democracia. Las medidas más importantes fueron la contención salarial y la devaluación de la peseta, que contribuyeron a frenar el déficit exterior y la inflación. Sin embargo, el paro no dejaba de crecer.

Las Cortes elegidas se convierten en constituyentes. Para la redacción de la constitución se eligió una ponencia de siete miembros en la que no se incluyó al PNV. La Constitución fue apoyada por la mayor parte del Congreso y fue aprobada en referéndum en diciembre de 1978, con un alto grado de abstención.

2. Características de la Constitución de 1978

(Extensa y en algunos casos ambigua)

• España se define como un “Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
• Amplia declaración de derechos y libertades: religiosa, de expresión, de asociación, huelga, etc.
• “Estado Social” con un importante papel del estado en materia de empleo y prestaciones sociales, salud pública, educación, medio ambiente, etc.
• España es una monarquía parlamentaria y democrática en la que el rey prácticamente no tiene poder. Se decreta la soberanía nacional que reside en las Cortes Bicamerales, elegidas por sufragio universal directo. El presidente del gobierno es elegido por el Congreso. El poder judicial es independiente.
• Estado unitario de las autonomías: Se reconoce el derecho a la autonomía a las regiones españolas, con órganos de gobierno propios y amplias competencias (educación, sanidad, vivienda, etc.). El tema de las autonomías es algo inconcreto y poco definido.
• Estado aconfesional, pero con una referencia expresa al catolicismo como religión mayoritaria, nuevo aspecto ambiguo.