El Manifiesto de los Persas
Los firmantes del Manifiesto de los Persas pertenecían a los sectores absolutistas, encabezados por la nobleza y el clero, que habían visto cómo desaparecían sus derechos y privilegios. Nobleza y clero exigían un retorno a la situación anterior a la aprobación de la Constitución de 1812. La monarquía se fundamentaba en una voluntad divina y en una necesidad humana, y no se hallaba sujeta al control del pueblo ni a ninguna ley. Basándose en estos argumentos, los firmantes del Manifiesto de los Persas solicitan a Fernando VII la reinstauración de las leyes, fueros, usos y costumbres imperantes en España antes de la guerra y que suspenda la totalidad de las disposiciones derivadas de la Constitución de Cádiz. Ante estas declaraciones, Fernando VII, que había declarado que acataría el nuevo régimen liberal por temor a verse desplazado nuevamente del poder, no dudó en dar un golpe de Estado y declarar nulos y sin ningún efecto la Constitución y los decretos de Cádiz, que según el monarca atentaban contra las prerrogativas de su soberanía.
Las Cortes de Cádiz
Las Cortes de Cádiz, surgidas durante la Guerra de la Independencia y en las que se aprobó la Constitución de 1812, aprobaron unos decretos previos destinados a acabar con el Antiguo Régimen, como la supresión de los señoríos jurisdiccionales y los mayorazgos. El decreto de supresión de los señoríos, firmado en Cádiz en 1811, supuso la incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la propiedad del Estado, el fin de los privilegios señoriales, la abolición de la condición de vasallaje y de las prestaciones a las que estaban sometidos los campesinos. La pretensión de este decreto era implantar la reforma agraria, enmarcada en una profunda transformación de las estructuras socioeconómicas. La Constitución de 1812 supuso una transformación radical de la sociedad y de la política española. Sus pilares básicos eran la aplicación del concepto liberal de nación y la creación de un Estado de Derecho.
Carlos IV Recurre a Napoleón
El 18 de marzo de 1808, en Aranjuez, se produjo un alzamiento contra la monarquía representada por Carlos IV que terminó con la abdicación de este a favor de su hijo Fernando. Manuel Godoy, favorito del Rey, se había granjeado la enemistad de dichos sectores por varios motivos: su origen plebeyo, sus intentos reformistas, su política exterior o la marginación que supuso para la nobleza y el clero. Toda esta oposición a su política se reunió en torno a la figura de Fernando, resentido con Godoy porque competía con él en el favor del Rey. A través de esta carta, Napoleón recibe la impresión de que la monarquía española está debilitada y dividida en su interior. Destaca el tono suplicante utilizado por Carlos IV, sus lamentos y la petición de ayuda que dirige a Napoleón, así como el hecho mismo de que declare haber sido forzado a abdicar en favor de su propio hijo. Este hecho afectó gravemente a la monarquía. Tras estas declaraciones, Napoleón debió tener pocas dudas sobre la facilidad de hacerse con el trono de España.
Manifiesto del Absolutismo
En este manifiesto, Fernando VII se muestra comprensivo con las reivindicaciones de los sublevados en 1820. Sin abandonar el paternalismo característico del régimen absolutista, da a entender que ya en su fuero interno se hallaba madurando la posibilidad de realizar cambios significativos en el gobierno de la Nación. La actitud de Fernando VII debe entenderse como un acto del más puro instinto de supervivencia, ante unos acontecimientos que no puede controlar. Su intencionalidad, sin embargo, contrasta con la inocencia de un liberalismo aún inmaduro que volverá a creer en las promesas del Monarca de “caminar juntos por la senda constitucional”. Los acontecimientos posteriores mostraron la falsedad de esas promesas, pues tres años después, en 1823, Fernando VII protagonizó un nuevo retorno al absolutismo.
Firma de la Constitución de 1812
En la imagen, el coronel Riego, a la derecha, entrega un ejemplar de la Constitución de 1812 a Fernando VII (sentado), para obligar al monarca a jurarla. Se trata de una caricatura elaborada entre 1820 y 1823, en pleno trienio liberal, en la que se observa al rey rechazando jurar la Constitución. En estos momentos existía un lógico revanchismo contra los sectores absolutistas, responsables de la traición que Fernando VII había infligido a los liberales en 1814 y de la persecución que estos sufrieron en los años siguientes, caracterizados por el retorno al Antiguo Régimen. En 1820, gracias al pronunciamiento del general Rafael del Riego, al apoyo que obtuvo de la población y a la pasividad del ejército, fue nuevamente proclamado el régimen liberal y Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de 1812.