El Bienio Radical-Cedista y el Triunfo del Frente Popular
Tras la dimisión de Azaña, Alcalá Zamora convocó elecciones para noviembre de 1933. La campaña electoral se desarrolló en un ambiente de fuerte confrontación política, entre, sobre todo, la CEDA y el PSOE. Los anarquistas CNT y FAI emprendieron una campaña a favor de la abstención. Las elecciones dieron el triunfo a la CEDA y al partido radical.
El partido radical formó gobierno con el apoyo de la CEDA. Se tomaron medidas acerca de la política religiosa, como la suspensión del cierre de colegios religiosos y una ley por la que el estado costearía parte de los sueldos de los sacerdotes. Respecto a la legislación laboral y la reforma agraria, el poder fue desplazado de los sindicatos a los empresarios. Estas medidas de rectificación tuvieron consecuencias en el gobierno y el partido radical se acabó dividiendo.
Los mayores problemas fueron los conflictos sociales. Los propietarios agrarios aprovecharon el triunfo de la derecha para incumplir las reglamentaciones laborales y bajar los salarios. En 1934, la UGT, bajo el control de Largo Caballero, había aprobado en enero un programa revolucionario. Más tarde se formó una alianza entre UGT y PSOE con el objetivo de establecer una república federal socialista. En octubre, entraron en el gobierno 3 ministros de la CEDA y los republicanos de izquierda lo consideraron como una traición a la república debido a que los comparaban con el partido nazi de Hitler, que se había anexionado Austria. El comité revolucionario socialista comenzó la insurrección el 5 de octubre con la convocatoria de una huelga general en las principales ciudades. Fracasó el intento de tomar Madrid y no contaron con el apoyo de la policía y el ejército.
En Cataluña, la entrada en el gobierno de los ministros de la CEDA fue interpretada como una amenaza al estatuto de autonomía.
En Asturias se produjo una revolución, se creó una alianza entre la UGT, CNT y los comunistas. Se produjeron actos de violencia contra los propietarios y el clero, pero la intervención del ejército y la guardia civil consiguió sofocar la rebelión. La CEDA quiso llevar la represión hasta sus últimas consecuencias, Gil Robles fue ministro de guerra.
Se planteaba una reforma constitucional, estalló una crisis en el partido Radical por corrupción, Alcalá Zamora disolvió las cortes y convocó elecciones en febrero de 1936.
La campaña electoral fue tensa y agitada. Los partidos de izquierda constituyeron el Frente Popular. Presentaron un programa basado en una amnistía para los encarcelados por la revolución de octubre y la recuperación de la política reformista del bienio azañista. Los resultados electorales arrojaron una victoria del Frente Popular, Azaña formó gobierno. El gobierno trató de desarticular el ejército realizando traslados en los altos mandos. Franco fue enviado a Canarias. En marzo se reunió en Madrid un grupo de generales que acordaron un alzamiento militar para restablecer el orden. El asesinato de Calvo Sotelo, como represalia por el asesinato del teniente Castillo, aceleró el proceso. El 17 de junio se produjo la sublevación en Melilla, y al día siguiente se sumaron las demás guarniciones de la península.
El Bienio de Gobiernos de Azaña (1931-1933)
Tras aprobar la constitución de 1931, Alcalá Zamora (quien encargó a Azaña formar gobierno) rechazó seguir en el gobierno si seguían los socialistas.
En cuanto a la economía, la república coincidió con la crisis mundial (1929-1933). Las dificultades se debieron principalmente a los problemas tradicionales de la economía española. Las reformas aumentaron los gastos y los recursos fueron insuficientes, lo que aumentó la conflictividad social. Durante esta etapa se iniciaron reformas como la separación iglesia-estado, la ley de divorcio (1932) y la ley de confesiones con la que se cerraron todas las escuelas religiosas.
En el ámbito educativo, se crearon 27.000 escuelas por el cierre de religiosas, de las cuales se construyeron 10.000, y se extendió la cultura popular.
En cuanto a la reforma laboral, se aprobó la Ley de contratos de trabajo, la Ley de jurados mixtos y la ley de asociaciones obreras que regulaba los sindicatos. El último objetivo era el establecimiento del socialismo.
Otra cuestión era la organización territorial para satisfacer a las regiones nacionalistas, en Cataluña, el estatuto de Nuria. Su debate en las cortes se alargó por la oposición que provocó su contenido federalista. El estatuto sufrió importantes recortes y su principal limitación fue la reducida capacidad de autofinanciación.
Otro asunto fue la reforma agraria, con la crisis económica mundial el problema social del sector agrario había sido mayor.
Durante este bienio el gobierno se enfrentó a una dura oposición (la CNT y la FA). Pretendían establecer el anarquismo mediante la acción directa. Desde finales de 1931, los anarquistas protagonizaron huelgas e insurrecciones con las que el gobierno actuó con la Ley de Defensa de la República (que permitía suspender las garantías constitucionales).
La CNT dirigió el primer intento revolucionario. Pero más graves fueron los sucesos de Casas Viejas (1933), que enfrentaron a grupos campesinos de la CNT con la Guardia Civil y la guardia de asalto.
Por otro lado, la oposición de la derecha adoptó dos posturas. Los sectores monárquicos trataron de derribar la república. Los carlistas formaron la Comunión Tradicionalista y los alfonsinos el partido Renovación Española.
La derecha católica optó por una vía pacífica.
A mediados de 1933, el gobierno comenzó a desestabilizarse. El PSOE fue afianzando la postura de Largo Caballero de poner fin a su colaboración en el gobierno, el progreso de CEDA y de los radicales terminó por llevar a Alcalá Zamora a forzar la dimisión de Azaña.
Alcalá Zamora disolvió las cortes y convocó elecciones en noviembre de 1933.